Titulares

martes, 4 de agosto de 2026



La funcionaria señaló que la institución no esperó a la aprobación final para adecuar su estructura técnica. (Fuente Externa)

Diario Azua / 4 de agosto 2026

SANTO DOMINGO.– Ante la próxima entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25), la Procuraduría General de la República garantizó que la institución cuenta con el equipamiento, la logística y la capacitación técnica necesaria para su plena aplicación en todo el territorio nacional.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que el órgano persecutor no esperó la promulgación definitiva de la norma para adecuar sus estructuras, sino que mantuvo un proceso continuo de reestructuración operativa y formación de fiscales que superó los 12 meses de trabajo.

"Estamos 100% preparados para asumir los retos que plantea este marco normativo", aseveró la titular del Ministerio Público.

Jornada de socialización con la prensa

Las declaraciones de la funcionaria se dieron en el marco del taller "Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación", una jornada académica diseñada para actualizar a periodistas de la fuente judicial y caricaturistas de opinión sobre los alcances, tipificaciones y procedimientos que introduce la Ley 74-25.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de que los medios de comunicación comprendan a fondo las novedades procesales para garantizar una cobertura objetiva y rigurosa sobre los procesos judiciales que iniciarán bajo el nuevo texto legal.

Diario Azua
Santo Domingo, Rep. Dom. / 04 agosto 2026.–

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), a través de su Director Ejecutivo, Cándido De Jesús, informó que esa institución recibió una denuncia presentada por inversionistas y abogados españoles relacionada con una transferencia irregular de aproximadamente 18 millones de metros cuadrados de terrenos ubicados en la provincia La Altagracia, Municipio De Higüey (Punta Cana), cuyo valor estimado superaría los US$3,000 Millones de dólares al día de hoy, concretamente por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),en el año 2023.

El dirigente de sociedad civil explicó que la Fundación Justicia y Transparencia carece de facultades para investigar y enjuiciar los hechos denunciados y que su actuación consiste en canalizar formalmente la denuncia vía un llamado a la Procuraduría General de la República, solicitando que se dispongan de las diligencias correspondientes. Precisó que el caso en principio es de naturaleza privada, pero ya con la agravante de la participación y posible corrupción administrativa de estamentos gubernamentales y jurisdiccionales.

Según las informaciones recibidas por la FJT, los denunciantes sostienen que en 2023 se produjo una transferencia irregular de terrenos vinculados a la compañía El Cabo S.A. ubicados en las parcelas 392 y 393 del Distrito Catastral 11/9na del municipio de Higüey, colindantes con desarrollos de la zona de Cap Cana y que posteriormente, en 2025, se habría formalizado un presunto acuerdo transaccional, cuya legalidad es cuestionada por los abogados españoles y sus representantes en el país, incluso el referido acuerdo contando con la santificación de abogados muy prestantes del país. De Jesús aclaró que esas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser verificadas por las autoridades competentes, donde también plantea la ilegalidad de consentimientos y asambleas y otros actos utilizados para el supuesto acto transaccional.

La entidad cívica lamento que todas estas tratativas hayan involucrados tribunales del más alto nivel, homologando y dándole aquiescencia a ilegalidades, las cuales una vez comprobadas, tendría implicaciones para el turismo, la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en la República Dominicana, Maxime por tratarse también de la justicia, Poder del Estado, que en teoría es el garante de los derechos fundamentales, el debido proceso de ley, la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes.

Asimismo, la FJT exhortó a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Justicia, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y demás instituciones competentes a esclarecer los hechos y actuar en consecuencia. Asimismo, informó que la fundación ampliará la recolección de datos vía la ley de acceso a la información pública, con el objetivo de seguir haciendo las denuncias y remitirlos a las autoridades competentes

El dirigente cívico indicó que los denunciantes sostienen que el conflicto judicial relacionado con la compañía El Cabo S.A. se extiende por más de dos décadas, siendo el propietario original un nacional español radicado en el país y actualmente su hija, una abogada española, continúa representando los intereses familiares en los procesos judiciales, hoy en litis con los familiares de un nacional cubano que alegaba que antes del 1991, él era el propietario, fecha en que la compañía El Cabo obtuvo los derechos de propiedad.

Lo cierto es que el litigio en cuestión involucra prácticamente todas las instancias jurisdiccionales incluyendo el Tribunal Constitucional y la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, además de la implicación de altos funcionarios gubernamentales, hoy con fuertes cuestionamientos alrededor de la referida transacción. De Jesús afirmó que la finalidad de la institución es contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la seguridad jurídica, permitiendo que las autoridades competentes investiguen los hechos denunciados y adopten las decisiones que correspondan conforme a la ley.

Finalmente, la FJT cree que estas señaladas inconductas ponen a prueba la entrada en vigor del Nuevo Código Penal, que trae penas reforzadas y nuevos tipos penales en materia de combate a la corrupción administrativa, un escenario más que oportuno para verificar los avances y efectividad del Código Penal.


Diario Azua / 4 de agosto 2026

NUEVA YORK. — Un voraz incendio registrado la madrugada de este martes en la estación de Astor Place, en el sector East Village de Manhattan, dejó un saldo preliminar de  al menos 12 personas heridas y provocó una intensa humareda que obligó a la evacuación inmediata del área subterránea y de la superficie.

De acuerdo con datos ofrecidos en rueda de prensa por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), la emergencia comenzó alrededor de las 2:00 a. m. en una unidad de trabajo de la línea IRT.

El fuego se originó en un tren aspirador de cuatro vagones (conocido como vacuum train), una maquinaria utilizada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) durante el turno nocturno para limpiar los rieles.

Estado de los heridos y labores de socorro

Entre los afectados por el siniestro se cuentan cinco bomberos y siete trabajadores de la MTA, de los cuales uno presenta lesiones de gravedad considerable. La mayoría de los asistidos por los servicios sanitarios sufrieron cuadros de intoxicación por inhalación de humo.

Aunque el cuerpo de bomberos logró sofocar la mayor parte del siniestro, las unidades de rescate permanecieron en la escena combatiendo focos de fuego persistentes concentrados en el área de filtros de la maquinaria.

Impacto en el transporte de la ciudad

La MTA confirmó que el servicio de los trenes de las líneas 4 y 6 fue restablecido en ambas direcciones entre las estaciones Grand Central–42 St y Brooklyn Bridge–City Hall.

No obstante, las autoridades alertaron a los usuarios sobre retrasos significativos y desviaciones en los trayectos habituales, recomendando la búsqueda de rutas alternativas durante las próximas horas.





Militares como refuerzo de seguridad en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. (Fuente L/D)

Diario Azua / 4 de agosto 2026

SANTO DOMINGO. — Un contingente mixto de la Policía Nacional y la Dirección de Protección Judicial fue desplegado de emergencia este martes en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que ayer se registrara un grave incidente en el que desconocidos intentaron sustraer a un testigo clave durante un juicio por intento de asesinato.

Extrema vigilancia en las salas de audiencias

El reforzamiento de la seguridad se concentra principalmente frente al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde militares armados y agentes policiales acordonaron la zona para evitar nuevos altercados entre los familiares de las partes involucradas.

El incidente de ayer generó momentos de alta tensión y zozobra en el edificio judicial, cuando un grupo de personas intentó llevarse por la fuerza al testigo mientras se desarrollaba la audiencia de fondo.

Continuación del proceso judicial

Pese al clima de hostilidad y las brechas de seguridad evidenciadas en la jornada previa, el tribunal reanudó los debates la mañana de este martes bajo estrictos controles de acceso:

Filtros de revisión: Verificación rigurosa de identidad para todo el que ingresa al pasillo del tribunal.

Presencia militar permanente: Agentes custodiando las puertas de la sala de audiencias.

Separación de las partes: Control estricto del espacio para evitar enfrentamientos verbales o físicos entre familiares de la víctima y del imputado.

Las autoridades judiciales evalúan el hecho para determinar responsabilidades sobre la falla de seguridad de ayer y garantizar la integridad física de las partes, los testigos y el personal del tribunal.




El joven Carlos Rafael Penzo. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 4 de agosto 2026

NUEVA YORK.— Un sangriento hecho de sangre conmociona a la comunidad de Queens tras el hallazgo del cuerpo sin vida del dominicano Carlos Rafael Penzo, de 36 años, quien fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca dentro de su residencia en un exclusivo complejo de apartamentos en Long Island City.

El suceso tuvo lugar la tarde del pasado sábado en la torre residencial The Hayden, ubicada en la calle Hunter de Court Square, un área de alta plusvalía en Nueva York.

Escena del crimen y sospechoso atípico

La intervención policial se desencadenó luego de que la alarma de incendios del edificio se activara en la azotea. Al acudir al llamado, el personal de seguridad y los agentes del NYPD se topó con una escena confusa: un hombre desnudo rociaba con un extintor las cámaras de videovigilancia del pasillo e intentaba forzar la entrada a un departamento.

Tras neutralizar y arrestar al individuo, los agentes inspeccionaron el inmueble y realizaron el macabro hallazgo. Penzo se encontraba sin vida en la bañera con heridas cortantes en la cabeza, el rostro y el tórax. En la escena, las autoridades confiscaron:

Un cuchillo y una pistola Taser: Colocados sobre el regazo de la víctima.

Otras dos armas blancas: Recuperadas por los peritos en una cama y en el fregadero de la cocina.

The Hayden, la lujosa torre de apartamentos de Queens, NY. (FUENTE EXTERNA)

Investigación en curso

Aunque el hombre arrestado permanece bajo custodia como persona de interés, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no ha formalizado cargos en su contra hasta el momento. Las autoridades no descartan que al menos otras dos personas hayan estado dentro del apartamento durante el ataque, por lo que se revisan las cámaras de seguridad para identificarlas.

El móvil del homicidio permanece bajo investigación mientras los peritos forenses avanzan en el levantamiento de pruebas e historial de la víctima.



Según abogados de inmigración citados por el diario, decenas de haitianos recibieron citaciones para presentarse en oficinas de ICE en Ohio y tienen el riesgo de que le colocarán grilletes electrónicos. (Fuente Externa)


Diario Azua / 4 de agosto 2026

WASHINGTON.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha comenzado a implementar el uso de dispositivos de monitoreo electrónico en los tobillos de inmigrantes haitianos en el estado de Ohio, luego de que caducara la protección que les otorgaba el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La medida, revelada por el diario The Washington Post, ha encendido las alarmas entre abogados de inmigración y defensores de los derechos humanos, quienes denuncian que las citas rutinarias de control administrativo están derivando en medidas cautelares severas y citaciones de comparecencia ante tribunales de deportación.

Supervisión estricta a residentes establecidos

Según reportes de juristas en el área, la medida afecta a ciudadanos que llevan años residiendo de manera legal en territorio estadounidense, muchos con empleo formal, sin antecedentes penales e hijos con ciudadanía estadounidense.

Pese a este perfil, el cese del programa TPS por decisión de las autoridades federales ha expuesto a miles de familias a un estado de vulnerabilidad jurídica e inminente expulsión.

"Los grilletes electrónicos suelen reservarse para individuos con riesgo de fuga o con órdenes de deportación ejecutables, no para ciudadanos que han cumplido de forma transparente con sus citas institucionales", señalaron profesionales del derecho consultados por la prensa local, calificando la acción como una estrategia de intimidación.

Postura federal y respuesta comunitaria

Por su parte, voceros del gobierno estadounidense defienden el uso del monitoreo por GPS argumentando que forma parte de las herramientas estándar de supervisión para garantizar que los ciudadanos extranjeros asistan a sus audiencias judiciales.

Ante el clima de incertidumbre, diversas organizaciones comunitarias en Ohio han activado redes de asistencia legal y acompañamiento para orientar a la población haitiana frente a las nuevas citaciones de ICE, mientras se debate en cortes federales el futuro del programa de protección.


El bono a mil es un incentivo que consiste en un pago único de RD$1,000 por cada estudiante inscrito y activo en un centro educativo público de los niveles Inicial, Primaria o Secundaria. (FUENTE EXTERNA.)


Diario Azua / 4 de agosto 2026

SANTO DOMINGO. — Ante la proximidad del inicio del año escolar 2026-2027, fijado para el próximo 24 de agosto, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) habilitó la plataforma de consulta del Bono a Mil por la Educación, un incentivo económico orientado a respaldar los gastos escolares de las familias dominicanas.

El subsidio consiste en un pago único de RD$ 1,000 por cada estudiante matriculado y activo en las escuelas públicas del país, abarcando los niveles Inicial, Primaria y Secundaria. Para este nuevo período lectivo, las autoridades proyectan impactar a más de 948 mil padres y tutores, beneficiando a casi 1.4 millones de alumnos.

Requisitos para la consulta y registro

Para verificar la asignación del incentivo a través del portal oficial (bonoamil.gob.do), los tutores deben contar con los siguientes datos a mano:

Cédula de Identidad: Del padre, madre o tutor responsable.

Teléfono móvil activo: Imprescindible para la recepción de mensajes de texto (SMS).

ID del estudiante: Código de identificación escolar que se solicita directamente en el centro educativo público donde cursa el alumno.

Guía paso a paso para completar el proceso

Acceso al portal: Ingrese a la web oficial bonoamil.gob.do e introduzca la cédula del tutor.

Validación de datos: Si el sistema lo requiere, complete la actualización colocando el número telefónico y el ID individual de cada estudiante a su cargo.

Confirmación: La plataforma verificará automáticamente la inscripción activa del alumno en el sistema público.

    Mecanismo de cobro

    Tras la validación satisfactoria, el beneficiario recibirá un mensaje de texto con un código de Remesas Banreservas, el cual le permitirá retirar el dinero en efectivo en cualquiera de las sucursales del Banco de Reservas.

    El monto final a recibir dependerá de la cantidad de hijos registrados: familias con dos alumnos recibirán RD$ 2,000; con tres, RD$ 3,000, y así sucesivamente, contribuyendo a aliviar la carga económica del regreso a las aulas.



    Diario Azua / 4 de agosto 2026

    Por Elsa Bello, periodista

    Hay una realidad que pocas veces se discute con honestidad: no todas las personas celebran el éxito ajeno. A veces, quienes más se resisten a nuestro crecimiento son precisamente aquellos que caminan a nuestro lado.

    La educación continua debería ser un motivo de orgullo para cualquier institución y, especialmente, para el sector salud. Cada profesional que decide ampliar sus conocimientos representa una oportunidad para mejorar la atención a los pacientes, fortalecer los servicios y elevar la calidad del sistema sanitario. Sin embargo, la realidad demuestra que, en ocasiones, la superación profesional despierta más resistencia que admiración.

    La historia de la licenciada Rossy Bello merece ser contada porque rompe paradigmas. Nacida en el municipio de Cabral, provincia Barahona, hija de la profesora Rosa Lidia Feliz y del señor Freddy Bello, y segunda de cinco hermanas, dedicó casi treinta años de su vida al noble ejercicio de la enfermería. Lo hizo con entrega, responsabilidad y ética, construyendo una trayectoria de servicio que pocos podrían cuestionar.

    Pero llegó un momento en que decidió desafiar los límites que la sociedad suele imponer. Cuando muchos entienden que ya no hay edad para comenzar una carrera tan exigente como Medicina, ella hizo exactamente lo contrario. Apostó por sus sueños.

    No fue una decisión cómoda. Mientras asistía a clases, estudiaba de madrugada y enfrentaba exámenes, también debía cumplir con la responsabilidad de criar 4 hijos tres pequeños y un adolescente, atender a su esposo, conservar su empleo y sostener su hogar. Cualquier persona que haya vivido una realidad similar sabe que estudiar en esas condiciones no es un privilegio; es un acto de sacrificio extraordinario.

    El resultado fue el esperado para quien nunca dejó de esforzarse: obtuvo el título de doctora en Medicina, graduándose con honores Cum Laude y como estudiante meritoria. Como si eso no bastara, pocos meses después inició una maestría en Epidemiología, demostrando que el conocimiento no tiene techo para quien está dispuesto a seguir creciendo.

    Entonces surge una pregunta incómoda: ¿por qué el éxito académico de una enfermera habría de convertirse en un problema para algunos de sus propios compañeros?

    ¿Por qué una profesional que decide prepararse más debería encontrar obstáculos donde debería recibir felicitaciones?

    La experiencia de Rossy Bello refleja una realidad que merece ser debatida. En algunos espacios laborales, el crecimiento profesional puede generar tensiones, resistencia o falta de reconocimiento. Si esas actitudes llegan a manifestarse, el mayor perjudicado no es solo quien se esfuerza por avanzar, sino también la cultura institucional, que pierde la oportunidad de promover el mérito, la excelencia y el aprendizaje permanente.

    Resulta paradójico que quienes comparten una misma vocación de servicio olviden que ninguna profesión pierde valor porque uno de sus miembros decida seguir estudiando. Una enfermera que se convierte en médica no deja de honrar la enfermería; por el contrario, dignifica el principio de que el conocimiento transforma vidas.

    El problema nunca ha sido estudiar. El problema es que todavía existen personas que confunden el crecimiento de otro con una amenaza para sí mismas.

    La envidia ha destruido más oportunidades que la falta de talento. La mezquindad ha cerrado más puertas que la escasez de recursos. Y el miedo al brillo ajeno ha frenado más carreras que cualquier examen universitario.

    Necesitamos instituciones donde el mérito pese más que los intereses personales; donde el esfuerzo sea reconocido y no castigado; donde la preparación académica sea motivo de orgullo y no de confrontación.

    Porque nadie debería pedir permiso para superarse.

    Porque ninguna profesión debería convertirse en una cárcel de aspiraciones.

    Y porque el verdadero profesional no teme al crecimiento de su colega; lo celebra, porque entiende que cuando uno avanza, todo el sistema tiene la oportunidad de mejorar.

    La historia de Rossy Bello no es únicamente la historia de una enfermera que decidió estudiar Medicina. Es la historia de una mujer que se negó a aceptar que la edad, las responsabilidades familiares o los prejuicios definieran el tamaño de sus sueños.

    Ojalá algún día comprendamos que el conocimiento nunca debe dividirnos. El conocimiento, cuando nace del esfuerzo y la vocación de servir, siempre será un motivo para aplaudir, jamás para perseguir.

    lunes, 3 de agosto de 2026


     El plazo vencía este tres de agosto. (FUENTE EXTERNA)


    Diario Azua / 3 de agosto 2026

    SANTO DOMINGO.— El Pleno de la Junta Central Electoral (#JCE) aprobó este lunes una prórroga de 30 días para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos depositen sus padrones de afiliados actualizados. Con esta extensión, la nueva fecha límite fijada por el órgano de comicios será el 2 de septiembre a las 4:00 p. m.

    La decisión del pleno responde a una solicitud formal presentada por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), flexibilizando el plazo original cuya vigencia vencía este 3 de agosto.

    Cero doble militancia: La nueva regla del juego

    El proceso de entrega responde al Reglamento para el Registro de Afiliaciones y Desafiliaciones aprobado en febrero pasado, bajo el amparo de la Ley 33-18 de Partidos Políticos, que busca erradicar la duplicidad de inscripciones y el registro no autorizado de ciudadanos.

    Las direcciones de Informática y de Partidos Políticos de la #JCE someterán las listas presentadas a un riguroso proceso de depuración técnica:

    Estatus "Inactivo": Si el sistema detecta que un ciudadano figura inscrito en dos o más partidos distintos, su registro será automáticamente clasificado como inactivo.

    Proceso de apelación: El elector afectado deberá acudir ante la JCE para validar su militancia mediante la entrega de datos biométricos y las evidencias físicas que certifiquen su afiliación voluntaria.

    Con esta medida, la #JCE busca sanear las bases de datos de las organizaciones políticas y garantizar la transparencia del sistema democrático antes de los próximos certámenes institucionales.