Diario Azua / 15 de abril 2026
Criterio de elegibilidad: Podrán aplicar extranjeros que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten cinco meses de estancia continuada y no tengan antecedentes penales.
Un salvavidas ante el envejecimiento poblacional Más allá de la ética social, el Gobierno justifica la medida con cifras económicas. En un país donde los nacimientos han caído un 25.6 % en la última década, la inmigración es vista como el motor necesario para la sostenibilidad de las pensiones y el crecimiento económico. Sectores como la agricultura, la hostelería y los cuidados donde se concentra la mayoría de los 840,000 irregulares censados a inicios de 2025 serán los más beneficiados.
Polarización política Como era de esperarse, la medida ha encendido el debate político. Mientras Sánchez cuenta con el respaldo de la Iglesia y los sindicatos, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), acusó al Gobierno de "exportar un problema" al resto de Europa. Por su parte, la extrema derecha de Vox tildó la política de "suicida" y prometió revertirla en el futuro.
España repite así una fórmula que ya utilizó en 2005 bajo el gobierno de Zapatero, posicionándose como la excepción progresista en una región que, en su mayoría, opta por el cierre de fronteras.







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