martes, 1 de septiembre de 2026
lunes, 31 de agosto de 2026
domingo, 30 de agosto de 2026
viernes, 28 de agosto de 2026
Diario Azua / 28 de agosto 2026
SANTO DOMINGO — El Poder Ejecutivo sometió ante el Senado de la República una propuesta de reforma a la Ley General de Alianzas Público-Privadas (Ley 47-20) que busca recortar de forma drástica los tiempos de tramitación, evaluación, licitación y adjudicación de proyectos de infraestructura y servicios.
La iniciativa, entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, busca reducir los trámites actuales que toman entre 24 y 76 meses a un período estimado de entre 10 y 18 meses. Según Paliza, la reforma condensa la experiencia operativa acumulada en los últimos seis años y se enmarca en la meta estatal de acelerar el crecimiento económico hacia el año 2036.
Entre los puntos más destacados de la pieza legislativa figuran:
Optimización de activos estatales: Permite identificar bienes e infraestructura pública subutilizados con potencial para generar mayor valor socioeconómico en alianza con el sector privado.
Fondo especializado de estudios: Crea un fondo reembolsable (asumido posteriormente por el adjudicatario) para financiar los estudios de factibilidad, técnicos y legales de las propuestas desde sus fases iniciales.
Procesos especiales: Establece normativas específicas para casos en los que solo concurra un oferente y faculta formalmente a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) a estructurar los proyectos desde su origen.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmó la recepción de la pieza e indicó que será enviada a una comisión legislativa para su oportuno estudio y dictamen en el pleno.
martes, 25 de agosto de 2026
viernes, 21 de agosto de 2026
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| Greysy Ávila, encargada Administrativa de Gisef, entrega un procesador de alimentos a Isolina Pérez, ganadora del tercer premio |
jueves, 20 de agosto de 2026
domingo, 16 de agosto de 2026
sábado, 15 de agosto de 2026
Diario Azua / 15 de agosto de 2026
La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) encendieron las alarmas ante lo que definen como una preocupante tendencia del Ministerio de Medio Ambiente a ceder espacios en áreas protegidas para inversiones y proyectos privados. Las instituciones advirtieron que estas acciones ponen en riesgo la preservación del patrimonio natural del país y el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes.
Entre los casos más críticos denunciados se encuentra el Parque Nacional Valle Nuevo, donde instalaciones públicas construidas con fondos estatales habrían sido entregadas a la administración de un gestor privado sin los debidos procesos de transparencia ni explicaciones públicas. Asimismo, señalaron que el reciente plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná autoriza infraestructuras comerciales privadas en su zona núcleo y plantea una zonificación de amortiguamiento que contradice la Resolución 0010/2018 del propio ministerio.
Por último, las entidades manifestaron profunda inquietud por el Monumento Natural Isla Catalina, donde se ha proyectado la creación de un centro para actividades hoteleras y turísticas mediante capital privado. La ACRD y la UASD criticaron que los pormenores de esta intervención se mantengan al margen del escrutinio público mientras la obra avanza, lo que podría consolidar un hecho consumado en detrimento de la conservación ambiental.
domingo, 9 de agosto de 2026
lunes, 3 de agosto de 2026
El Gobierno planea construir el Monorriel de Santo Domingo, con una inversión aproximada de 900 millones de dólares y un tiempo de ejecución de 48 meses.
Diario Azua / 3 de agosto 2026
SANTO DOMINGO.— Un informe técnico independiente sobre el expediente del proyectado Monorriel de Santo Domingo encendió las alarmas al identificar inconsistencias en los ámbitos técnico, documental, financiero y metodológico. La auditoría concluye que existen indicios suficientes para recomendar una investigación forense antes de asumir compromisos irreversibles en esta obra, valorada en unos 900 millones de dólares.
El análisis fue elaborado por el consultor en Economía del Transporte, Carlos Bonnelly Ginebra, a partir de la documentación del proceso de licitación (FITRAM-CCC-LP-2025-0001) y registros del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), obtenidos a través de la secretaría de Obras Públicas del partido Fuerza del Pueblo.
Alertas técnicas y dudas en la capacidad
Uno de los puntos más críticos señalados en el informe tiene que ver con la selección tecnológica y la capacidad de transporte:
Ajustes en el cálculo: La matriz utilizada para elegir el sistema de monorriel no reproduce los resultados esperados con los datos visibles, lo que los auditores califican como compatible con "error, fórmula oculta o ajuste ad hoc".
Frecuencia de trenes: El proyecto oficial calcula intervalos de 90 segundos entre trenes, pero la reconstrucción técnica indica que con las 17 unidades presupuestadas el intervalo mínimo real sería de 151 segundos, reduciendo sustancialmente la capacidad de pasajeros estimada.
Cronología e inconsistencias financieras
El documento advierte además sobre una supuesta "regularización ex post" (formalización tardía). Según la auditoría, actos clave de la contratación se ejecutaron entre agosto y septiembre de 2025, pero la solicitud formal ante el SNIP ingresó en noviembre de ese año y el código oficial se asignó en marzo de 2026.
En materia económica, el informe señala que la rentabilidad socioeconómica publicada no es reproducible con la información disponible, omitiendo costos operativos fundamentales como subsidios, mantenimiento y el impacto fiscal a largo plazo.
Aunque el informe no atribuye responsabilidades individuales, sugiere a las autoridades competentes profundizar las investigaciones sobre la obra que prevé conectar el Distrito Nacional con Santo Domingo Este.










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