lunes, 14 de septiembre de 2026
domingo, 13 de septiembre de 2026
miércoles, 9 de septiembre de 2026
sábado, 5 de septiembre de 2026
Dos personas caminan por una calle recogiendo envases vacíos para reciclarlos, este martes en la Habana (Cuba). (EFE)
Diario Azua / 5 de septiembre 2026
La Habana — En lo que economistas califican como la confirmación del viraje de Cuba hacia una economía de mercado, el Gobierno cubano comenzó a plasmar en normativas oficiales un conjunto de 176 reformas que transforman el panorama productivo y comercial de la isla.
Entre las medidas más destacadas figura la autorización para constituir empresas privadas con plantillas superiores a los 100 trabajadores, expandiendo el esquema de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) vigente desde 2021. Estas entidades podrán formar cadenas de distribución nacional e ingresar en asociaciones con capital extranjero.
El nuevo marco legal introduce además profundos cambios para la inversión internacional y la diáspora:
Contratación directa: Las firmas extranjeras operarán sin intermediación de las agencias de empleo estatales y podrán otorgar incentivos en divisas a sus empleados.
Capital en el exterior: Se habilita la participación de cubanos residentes fuera de la isla como socios de empresas privadas nacionales.
Tierras en usufructo: El Estado otorgará terrenos a personas jurídicas de forma indeterminada o bajo plazos de hasta 99 años renovables, emulando estrategias aplicadas en países como China y Vietnam.
Pese a que autoridades como el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, confían en un impacto económico a corto plazo, analistas señalan que la efectividad del paquete normativo estará condicionada por las sanciones financieras internacionales y la falta de reformas en el sistema bancario y cambiario local.
martes, 1 de septiembre de 2026
lunes, 31 de agosto de 2026
domingo, 30 de agosto de 2026
viernes, 28 de agosto de 2026
Diario Azua / 28 de agosto 2026
SANTO DOMINGO — El Poder Ejecutivo sometió ante el Senado de la República una propuesta de reforma a la Ley General de Alianzas Público-Privadas (Ley 47-20) que busca recortar de forma drástica los tiempos de tramitación, evaluación, licitación y adjudicación de proyectos de infraestructura y servicios.
La iniciativa, entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, busca reducir los trámites actuales que toman entre 24 y 76 meses a un período estimado de entre 10 y 18 meses. Según Paliza, la reforma condensa la experiencia operativa acumulada en los últimos seis años y se enmarca en la meta estatal de acelerar el crecimiento económico hacia el año 2036.
Entre los puntos más destacados de la pieza legislativa figuran:
Optimización de activos estatales: Permite identificar bienes e infraestructura pública subutilizados con potencial para generar mayor valor socioeconómico en alianza con el sector privado.
Fondo especializado de estudios: Crea un fondo reembolsable (asumido posteriormente por el adjudicatario) para financiar los estudios de factibilidad, técnicos y legales de las propuestas desde sus fases iniciales.
Procesos especiales: Establece normativas específicas para casos en los que solo concurra un oferente y faculta formalmente a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) a estructurar los proyectos desde su origen.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmó la recepción de la pieza e indicó que será enviada a una comisión legislativa para su oportuno estudio y dictamen en el pleno.
martes, 25 de agosto de 2026
viernes, 21 de agosto de 2026
![]() |
| Greysy Ávila, encargada Administrativa de Gisef, entrega un procesador de alimentos a Isolina Pérez, ganadora del tercer premio |












.jpeg)






Social Buttons