miércoles, 9 de septiembre de 2026
sábado, 5 de septiembre de 2026
Dos personas caminan por una calle recogiendo envases vacíos para reciclarlos, este martes en la Habana (Cuba). (EFE)
Diario Azua / 5 de septiembre 2026
La Habana — En lo que economistas califican como la confirmación del viraje de Cuba hacia una economía de mercado, el Gobierno cubano comenzó a plasmar en normativas oficiales un conjunto de 176 reformas que transforman el panorama productivo y comercial de la isla.
Entre las medidas más destacadas figura la autorización para constituir empresas privadas con plantillas superiores a los 100 trabajadores, expandiendo el esquema de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) vigente desde 2021. Estas entidades podrán formar cadenas de distribución nacional e ingresar en asociaciones con capital extranjero.
El nuevo marco legal introduce además profundos cambios para la inversión internacional y la diáspora:
Contratación directa: Las firmas extranjeras operarán sin intermediación de las agencias de empleo estatales y podrán otorgar incentivos en divisas a sus empleados.
Capital en el exterior: Se habilita la participación de cubanos residentes fuera de la isla como socios de empresas privadas nacionales.
Tierras en usufructo: El Estado otorgará terrenos a personas jurídicas de forma indeterminada o bajo plazos de hasta 99 años renovables, emulando estrategias aplicadas en países como China y Vietnam.
Pese a que autoridades como el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, confían en un impacto económico a corto plazo, analistas señalan que la efectividad del paquete normativo estará condicionada por las sanciones financieras internacionales y la falta de reformas en el sistema bancario y cambiario local.
martes, 1 de septiembre de 2026
lunes, 31 de agosto de 2026
domingo, 30 de agosto de 2026
viernes, 28 de agosto de 2026
Diario Azua / 28 de agosto 2026
SANTO DOMINGO — El Poder Ejecutivo sometió ante el Senado de la República una propuesta de reforma a la Ley General de Alianzas Público-Privadas (Ley 47-20) que busca recortar de forma drástica los tiempos de tramitación, evaluación, licitación y adjudicación de proyectos de infraestructura y servicios.
La iniciativa, entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, busca reducir los trámites actuales que toman entre 24 y 76 meses a un período estimado de entre 10 y 18 meses. Según Paliza, la reforma condensa la experiencia operativa acumulada en los últimos seis años y se enmarca en la meta estatal de acelerar el crecimiento económico hacia el año 2036.
Entre los puntos más destacados de la pieza legislativa figuran:
Optimización de activos estatales: Permite identificar bienes e infraestructura pública subutilizados con potencial para generar mayor valor socioeconómico en alianza con el sector privado.
Fondo especializado de estudios: Crea un fondo reembolsable (asumido posteriormente por el adjudicatario) para financiar los estudios de factibilidad, técnicos y legales de las propuestas desde sus fases iniciales.
Procesos especiales: Establece normativas específicas para casos en los que solo concurra un oferente y faculta formalmente a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) a estructurar los proyectos desde su origen.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmó la recepción de la pieza e indicó que será enviada a una comisión legislativa para su oportuno estudio y dictamen en el pleno.
martes, 25 de agosto de 2026
viernes, 21 de agosto de 2026
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| Greysy Ávila, encargada Administrativa de Gisef, entrega un procesador de alimentos a Isolina Pérez, ganadora del tercer premio |
jueves, 20 de agosto de 2026
domingo, 16 de agosto de 2026
sábado, 15 de agosto de 2026
Diario Azua / 15 de agosto de 2026
La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) encendieron las alarmas ante lo que definen como una preocupante tendencia del Ministerio de Medio Ambiente a ceder espacios en áreas protegidas para inversiones y proyectos privados. Las instituciones advirtieron que estas acciones ponen en riesgo la preservación del patrimonio natural del país y el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes.
Entre los casos más críticos denunciados se encuentra el Parque Nacional Valle Nuevo, donde instalaciones públicas construidas con fondos estatales habrían sido entregadas a la administración de un gestor privado sin los debidos procesos de transparencia ni explicaciones públicas. Asimismo, señalaron que el reciente plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná autoriza infraestructuras comerciales privadas en su zona núcleo y plantea una zonificación de amortiguamiento que contradice la Resolución 0010/2018 del propio ministerio.
Por último, las entidades manifestaron profunda inquietud por el Monumento Natural Isla Catalina, donde se ha proyectado la creación de un centro para actividades hoteleras y turísticas mediante capital privado. La ACRD y la UASD criticaron que los pormenores de esta intervención se mantengan al margen del escrutinio público mientras la obra avanza, lo que podría consolidar un hecho consumado en detrimento de la conservación ambiental.











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