El tamaño y la forma del hielo pueden cambiar la velocidad de enfriamiento y la dilución de una bebida, convirtiendo una función cotidiana en una elección según cada momento

Por Luisa Esther Suárez Díaz / Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 01 octubre 2026.-

No todas las bebidas necesitan el mismo tipo de hielo. Un café frío para disfrutar por más tiempo, una limonada para una tarde calurosa o una bebida que se disfruta lentamente pueden beneficiarse de distintos tipos de hielo. El tamaño y la forma del hielo pueden influir en la experiencia de cada bebida.

Las piezas más pequeñas tienen más superficie expuesta en relación con su volumen, por lo que pueden enfriar con rapidez, aunque también tienden a derretirse antes. Las piezas de mayor tamaño se derriten más lentamente y pueden ayudar a reducir la velocidad de dilución de una bebida. Esa diferencia ha convertido una función, hacer hielo, en una experiencia cada vez más personalizable.

La evolución también se refleja dentro de las refrigeradoras. LG introdujo en 2006 un sistema de fabricación de hielo integrado en la puerta y, con el tiempo, amplió su propuesta con soluciones como Slim SpacePlus™ y Craft Ice™, presentado en 2019. Actualmente, el portafolio de LG ofrece diferentes alternativas según el modelo, desde refrigeradoras Top Freezer con Auto Ice Maker hasta modelos InstaView™ capaces de ofrecer 2, 3 y hasta 4 tipos de hielo. Esta variedad permite elegir entre distintas opciones de hielo de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada hogar.

“La innovación también ocurre en esos pequeños detalles que forman parte de la rutina. Poder escoger el tipo de hielo según lo que estamos preparando es una manera sencilla de adaptar la tecnología a diferentes hábitos dentro del hogar”, María Fernanda Robles , Home Solutions Marketing Specialist de LG Electronics.

El hielo también se puede elegir según la ocasión

No existe un único formato ideal para todas las bebidas. Los cubos tradicionales siguen siendo una alternativa versátil para agua, jugos y refrescos; el hielo triturado y los formatos pequeños aumentan el contacto con el líquido y pueden resultar útiles cuando se busca enfriar más rápido o incorporar textura; mientras que las piezas de mayor tamaño permiten mantener la bebida fría por más tiempo sin alterar rápidamente su sabor.

En ese último grupo se encuentra Craft Ice™, una solución que produce hielo esférico de mayor tamaño. Gracias a su diseño y proceso de formación, este tipo de hielo se derrite más lentamente que cubos de hielo del mismo peso bajo las condiciones evaluadas. Sin embargo, más que establecer una opción como la ideal, la elección dependerá de la bebida, la ocasión y la experiencia que se busca disfrutar.

Cinco aspectos que vale la pena revisar antes de elegir una refrigeradora con sistema de producción de hielo

• Pensar en cuánto hielo se consume realmente. Un hogar que utiliza hielo ocasionalmente tiene necesidades diferentes a uno que recibe visitas con frecuencia o prepara bebidas todos los días.

• Revisar los tipos de hielo disponibles. Los cubos tradicionales pueden resolver el consumo diario, mientras que otros formatos añaden versatilidad para bebidas específicas, reuniones o preparaciones especiales.

• Considerar dónde está ubicado el sistema de hielo. Los sistemas integrados en la puerta pueden liberar espacio dentro del congelador, algo importante cuando se busca aprovechar mejor la capacidad de almacenamiento.

• Consultar la capacidad de producción. No todas las máquinas producen la misma cantidad de hielo por día. También conviene considerar si el equipo incorpora un solo sistema o una configuración con doble sistema de producción de hielo, ya que esto puede influir tanto en la disponibilidad como en la variedad de formatos de hielo que puede producir.

• Tomar en cuenta la limpieza y el mantenimiento. Es importante seguir las recomendaciones del fabricante para el dispensador, los depósitos y, cuando corresponda, el sistema de filtración de agua, ya que estos elementos influyen en el funcionamiento cotidiano del equipo.

En algunos modelos, la conectividad a través de LG ThinQ™ permite monitorear o gestionar determinadas opciones relacionadas con la producción de hielo desde un dispositivo móvil, aunque su disponibilidad puede variar según el producto y el mercado.

“Pasar de simplemente tener hielo disponible a poder escogerlo según la bebida, la ocasión o la cantidad que necesita el hogar muestra cómo la tecnología puede evolucionar a partir de hábitos muy cotidianos”, agregó Robles.

Así, la evolución de las refrigeradoras no solo se mide en capacidad o conservación. También aparece en funciones aparentemente sencillas que se vuelven más flexibles. En el caso del hielo, la posibilidad de elegir tamaño, forma y uso transforma una tarea automática en una decisión más ajustada a la vida diaria.

 

Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 01 octubre 2026.-

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), encabezado por su juez presidente, Henry Molina, juramentó a un grupo de 120 jueces y juezas ascendidos y promovidos en su jerarquía, en un acto en el que fue reconocida la trayectoria, estudio y el compromiso ético de los magistrados y magistradas que asumen nuevas responsabilidades en el sistema de administración de justicia.

Durante la audiencia de juramentación, el magistrado Molina destacó la independencia y valentía de los jueces y juezas, quienes además de trabajar arduamente para combatir la mora judicial, les ha tocado decidir casos sometidos a una intensa atención pública.

Asimismo, el magistrado Molina felicitó a los jueces y juezas ascendidos y recordó que la autoridad conferida mediante el juramento impacta directamente la libertad, patrimonio y las relaciones interpersonales de la ciudadanía.

En ese escenario, Henry Molina destacó el rol fundamental de los equipos de apoyo, secretarías y abogados ayudantes que permiten convertir el esfuerzo judicial en una respuesta efectiva.

“Reconozco su valentía para ejercer esa función, la independencia se demuestra al escuchar a las partes, valorar las pruebas y motivar la decisión, incluso cuando el resultado pueda ser impopular. La crítica forma parte de la vida democrática; corresponde recibirla con respeto y preservar la libertad de juzgar conforme a la Constitución y las leyes”, expresó Molina, subrayando que la igualdad ante la ley debe garantizarse tanto a quienes tienen notoriedad pública como a los ciudadanos anónimos que acuden a los tribunales.

El magistrado hizo un balance de los avances alcanzados desde 2019, resaltando la labor sostenida para enfrentar la mora judicial, la adaptación durante la pandemia y la reorganización de los despachos.

En el plano de la carrera judicial y el bienestar de los servidores, destacó la implementación del modelo de escalafón y la mejora en las condiciones salariales, lo que incluyó la movilidad progresiva por desempeño de excelencia.

Asimismo, resaltó la modernización de la evaluación del desempeño mediante sistemas digitales y la formación continua impulsada por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), a esto se sumó el fortalecimiento del fondo de retiro, pensiones y seguridad social, junto con la adopción del Código de Comportamiento Ético para guiar la función judicial.

Finalmente, valoró el uso de herramientas tecnológicas como la firma digital y los avances del Plan Justicia del Futuro 2034, iniciativa que incluye las mesas de gestión departamental para acercar la administración a las necesidades territoriales. Como muestra concreta del impacto de la tecnología, destacó que la automatización en la prescripción de multas de tránsito logró reducir el tiempo de gestión de 21 a solo tres días.

“También mejoramos las condiciones salariales; a los ajustes realizados en 2022, se sumó, la movilidad salarial progresiva que reconoció a 607 jueces y juezas con evaluaciones de excelencia durante tres años consecutivos”, precisó Molina.

De cara al futuro, Henry Molina reiteró la necesidad de consolidar reformas claves, entre ellas una Ley Orgánica que unifique de manera coherente y sistémica la organización del Poder Judicial, su gobernanza y la carrera de los jueces. Esta debe articular las responsabilidades de los órganos y establecer incentivos adecuados para prestar un mejor servicio, en consonancia con la Constitución y con las necesidades del país.

De los 120 jueces y juezas juramentados, 104 corresponden a 50 ascensos y 54 aumentos de jerarquía, como parte del proceso de provisión y movilidad de la Carrera Judicial desarrollado durante los últimos meses. A estas decisiones se suman 16 traslados o movimientos solicitados por jueces y juezas y previamente autorizados por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), con lo que el proceso beneficia en total a 120 integrantes de la Carrera Judicial.

Competencias de la SCJ y el Consejo del Poder Judicial

La Constitución y la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, establecen competencias distintas para ambos órganos según el tipo de movimiento dentro de la Carrera Judicial.

En los casos de designación como juez o jueza, ascenso a una categoría superior o aumento de jerarquía, intervienen ambos órganos. El Consejo del Poder Judicial desarrolla el proceso y presenta la propuesta, mientras que corresponde a la Suprema Corte de Justicia adoptar la decisión sobre la designación, el ascenso o la determinación de jerarquía, conforme a los artículos 154.4 y 156.1 de la Constitución y los artículos 8.3 y 28 de la Ley núm. 28-11.

 

Por Lisandro Prieto Femenía

Diario Azua / 01 octubre 2026.-

“La Hispanidad no es un mero accidente geográfico o histórico, sino una vocación universal, una forma de entender y ordenar la vida política y social”

Miguel Ayuso, La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto (2014), p. 12.

Comienza octubre y, antes de empezar a soportar barbaridades en los medios, se me hace necesario ofrecer esta humilde reflexión. Hemos escuchado un millar de veces esta sentencia: “la historia siempre la redacta y la cuenta el vencedor”, y sí, es cierto, porque aquellos cuyas ideologías han prevalecido, suelen velar verdades incómodas y construir relatos que justifican ciertos paradigmas. Como ya hemos proclamado en otras oportunidades, la persistencia de la Leyenda Negra sobre la conquista española es un ejemplo paradigmático de cómo una narrativa, nutrida desde los albores de la modernidad, ha logrado arraigarse en el imaginario colectivo, eclipsando la riqueza y la complejidad de la hispanidad. Esta operación ideológica no fue fortuita; constituyó, en rigor, una de las primeras campañas formales de guerra psicológica y de desprestigio geopolítico de la historia humana, diseñada por las potencias emergentes del norte de Europa para erosionar el prestigio de la monarquía hispánica. Para comprender un poco mejor esta trama, la mirada de un excelentísimo pensador como Miguel Ayuso resulta invaluable. Su agudo discernimiento sobre los males de la modernidad liberal y su reivindicación de la tradición hispánico-cristiana nos ofrecen una mirada crítica para reinterpretar no sólo el pasado, sino también las implicaciones del presente.

Ayuso, figura prominente del pensamiento tradicionalista, no se limita a realizar una revisión histórica, sino que su análisis es una profunda crítica a los cimientos ideológicos que moldearon el Estado moderno, y con él, la forma en que se ha interpretado la aventura transatlántica de España. Para él, el liberalismo, con su énfasis puesto únicamente en el individuo atomizado y un contractualismo desprovisto de ligazones naturales y trascendentes, ha disuelto la noción de una verdadera comunidad política. Frente a la visión organicista aristotélico-tomista, en la que el ser humano es por naturaleza un ser social emparejado con cuerpos intermedios (gremios, municipios, familias y reinos), el liberalismo hobbesiano y lockeano impuso una ficción antropocéntrica basada en el egoísmo utilitario. Como bien lo explicita en su obra titulada “La constitución cristiana de los Estados”, “el liberalismo desvertebra la sociedad, haciendo de la suma de individuos la única realidad política admisible, sin atender a los cuerpos intermedios o a las relaciones comunitarias naturales” (Ayuso, 2008, p. 57). Esta “atomización” es crucial, pues contrasta vivamente con la visión orgánica de la sociedad que subyacía en la monarquía hispánica, que buscaba integrar, aunque con normales imperfecciones, a diversas realidades en un todo armónico bajo principios trascendentes.

Frente a la despersonalización y el utilitarismo del Estado liberal, Ayuso postula la hispanidad como una comunidad política natural y enraizada en el derecho natural y el derecho público cristiano. Esta concepción se opone diametralmente a la visión de una “tabula rasa” sobre la cual se construirían sociedades ex novo, propia del pensamiento ilustrado y luego liberal. Mientras que el proyecto anglosajón en Norteamérica se inclinó por el desplazamiento y la segregación de los nativos, partiendo de una lógica de apropiación de tierras vacías para individuos que buscaban su fortuna, la empresa española incorporó una dimensión misional y de integración. La Corona, influenciada por juristas y teólogos, debatió sin cesar sobre la condición del indio, llegando a reconocer su humanidad y sus derechos inalienables (discusión que en Inglaterra jamás se dio, por cierto). Conviene destacar aquí la trascendencia insoslayable de la Escuela de Salamanca, con figuras tutelares como Francisco de Vitoria (Relectio de Indis) y Domingo de Soto, quienes sentaron las bases primigenias del derecho internacional moderno. Eventos inéditos en las anaglifas de la historia universal, como la Junta de Valladolid (1550-1551), llevaron a la Monarquía a paralizar sus conquistas para discernir sobre la justicia de sus títulos y el trato debido a los aborígenes. El mestizaje, tanto biológico como cultural, lejos de ser una anécdota, fue un pilar fundamental de la nueva sociedad hispanoamericana, una realidad que no encuentra parangón en otras conquistas de la historia de la humanidad.

La concepción de Ayuso pone el foco en que la hispanidad no fue un mero conglomerado territorial, sino una civilización con una vocación universalista, impulsada por principios católicos. Esta vocación se manifestó en la fundación de universidades, hospitales y ciudades, y en la temprana promulgación de leyes para la protección de los indígenas. Las estructuras virreinales no actuaban simplemente como “colonias” de extracción sumisa, sino como reinos e instituciones con personalidad jurídica propia, reflejadas en las Leyes de Indias y en instituciones como la Real Audiencia o los Cabildos, garantizando incluso cátedras universitarias en lenguas vernáculas como el quechua y el náhuatl. Mientras la modernidad liberal europea comenzaba a gestar las ideas de la segregación racial y el positivismo jurídico que justificaría, siglos después, la exclusión de minorías en sus propios territorios -recordemos que la integración educativa de afroamericanos en Estados Unidos no se concretó sino hasta mediados del siglo XX-, la monarquía hispánica ya había establecido marcos legales que, aunque a los ojos de presente pueden acusarse de imperfectos, al menos reconocían la dignidad de todos sus súbditos, independientemente de su origen étnico. Al respecto, José Antonio Escudero, en su estudio sobre el derecho indiano, resalta que “la preocupación de la Corona por el buen tratamiento de los indios y por su evangelización fue constante, dando lugar a una legislación casuística de una magnitud sin precedentes” (Escudero, 2005, p. 112). Esta preocupación, emanada de una concepción teocéntrica de la justicia, dista bastante de la fría racionalidad utilitarista que caracterizaría a las demás potencias coloniales, cuya máxima fue y sigue siendo “cuánto tienes, cuánto vales” y la adoración de un billete verde en lugar de una cruz.

La imposición del Estado liberal no fue un simple cambio de régimen, sino que representó una ruptura epistémica y ontológica para los vastos territorios que conformaban el reino español. Lo que se presentó como un proceso emancipador de “independencia” fue, en no pocas ocasiones, la disolución forzada de una unidad orgánica y policéntrica, dando paso a la fragmentación de una comunidad civilizatoria que se extendía desde Ushuaia hasta California. Ayuso, en su ardua e incisiva crítica a la Modernidad, ha sostenido con vehemencia que el liberalismo, al desmantelar las estructuras naturales de la sociedad y sustituirlas por un contrato social abstracto, minó los fundamentos de la verdadera comunidad política. Para él, “el Estado liberal es el resultado de la atomización social y la consiguiente despolitización de la vida pública, donde los lazos naturales de pertenencia son reemplazados por una agregación de individuos desvinculados” (Ayuso, 2011, p. 89). Esta intencional disgregación, importada acríticamente, contrastaba totalmente con la concepción hispánica de un orden jerárquico y orgánico, donde los cuerpos intermedios y las leyes divinas y naturales daban cohesión al conjunto.

Asimismo, el precitado desmembramiento no fue un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de la importación de modelos políticos ajenos, diseñados bajo premisas individualistas y contractualistas opuestas a la tradición hispánica. La promesa de libertad y progreso, vehiculizada por las nuevas élites criollas imbuidas del pensamiento ilustrado y liberal, se tradujo paradójicamente en una era de caudillismo, guerras civiles y una inestabilidad crónica que aún resuena en el presente. Los siglos XIX y XX son testigos de las consecuencias devastadoras de esta imposición foránea. La disolución política derivó en la creación de múltiples repúblicas, muchas veces con fronteras artificiales, que rápidamente se vieron envueltas en conflictos fratricidas por cuestiones territoriales, aduaneras o ideológicas. Esta división, lejos de fortalecer, debilitó estructuralmente a los nuevos Estados, haciéndolos vulnerables a la injerencia de potencias externas que veían en la fragmentación hispanoamericana una oportunidad fantástica para consolidar su propia hegemonía económica, política y cultural. Como bien señala Vicente Gonzalo Quesada en su obra sobre la historia de la América del Sur, “la desintegración política, consecuencia del influjo de las ideas liberales y de la ambición de los caudillos, dejó a estas naciones a merced de los intereses extranjeros, incapaces de forjar una verdadera unidad de propósitos” (Quesada, 1876, vol. II, p. 345). En este punto, la crítica de Ayuso se vuelve muy pertinente, ya que al comprender que la debilidad de estos nuevos Estados radicaba precisamente en su origen desvinculado de las raíces históricas y sociales de los pueblos que pretendían representar, inaugurando un ciclo de ingobernabilidad y dependencia que dura hasta nuestros días.

El legado de esta fractura es un continente dividido, empobrecido y en constante conflicto interno. La promesa de prosperidad liberal, se trocó en la consolidación de oligarquías, la explotación de los recursos naturales en beneficio de metrópolis externas, y una persistente desigualdad social orquestada intencionalmente. Los sistemas educativos, herederos de la narrativa de la Leyenda Negra y de la glorificación de la “independencia” disgregadora, han perpetuado una visión que ignora la profunda herida que supuso la disolución de la unidad. Hoy, los territorios que otrora compartieron un mismo idioma, una misma fe, una misma moneda (como el Real de a ocho, primigenia divisa de cambio global) y un mismo marco jurídico-político, se encuentran segregados por fronteras aduaneras, visiones nacionalistas estrechas y, en muchos casos, por un empobrecimiento endémico que contrasta con la inmensa riqueza natural de la región. En pocas palabras, la imposición del modelo liberal, que desestructuró la organicidad hispánica, puede ser vista, en retrospectiva, no como el amanecer de la libertad, sino como el inicio de una era de vulnerabilidad y fragmentación cuyas cicatrices son visibles todavía en la América hispánica contemporánea.

Llegando a este punto de la reflexión, queda claro que la Leyenda Negra no es sólo una tergiversación histórica, sino que representa un arma ideológica gestada en el seno de la modernidad liberal para desacreditar un modelo de civilización alternativo. Al presentar a España como el epítome de la crueldad y el genocidio, se buscaba no sólo justificar la propia expansión de otras potencias, sino también eclipsar los principios de comunidad, tradición y derecho natural que el imperio hispánico, con todas las falencias que pudo tener, intentó encarnar. La pervivencia de esta leyenda nefasta en la currícula de los sistemas educativos actuales tampoco es casual, porque responde a la hegemonía de una visión del mundo que prefiere la anulación de lo diferente a la comprensión de lo complejo.

Es fundamental reconocer que la expansión y la imposición de ciertos modelos hegemónicos no siempre se manifiestan a través de la ocupación militar directa o la anexión territorial. Si bien la historia registra episodios de invasión con ejércitos y cañones, la influencia y el control pueden ejercerse de maneras más sutiles y, a menudo, más perdurables. El caso de la influencia anglosajona en Hispanoamérica ofrece un contrapunto crucial a la narrativa de la conquista española. A excepción de episodios como la contienda por las Islas Malvinas, la dominación británica no se concretó primariamente mediante la invasión militar masiva de territorios americanos, sino a través de un dominio económico y cultural estratégicamente orquestado.

Este predominio se materializó en la imposición de restricciones comerciales y productivas que limitaban el desarrollo autónomo de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Mediante acuerdos comerciales leoninos y la consolidación de deudas externas, se configuró una dependencia económica que ahogó la posibilidad de una industrialización propia y diversificada. Paralelamente, se desplegó una eficaz agenda cultural que, a lo largo del tiempo, ha permeado las instituciones, los sistemas educativos y los medios masivos de comunicación. Esta agenda no sólo promovió una visión particular del progreso y la civilización, sino que también ha dictado -y en muchos casos, sigue dictando- lo que se considera políticamente correcto, estableciendo paradigmas de pensamiento y comportamiento que invisibilizan o deslegitiman otras cosmovisiones, incluyendo la propia herencia hispánica. Esta forma de “invasión invisible” ha demostrado ser extraordinariamente efectiva en moldear identidades y en perpetuar dependencias que trascienden la ausencia de una ocupación militar formal. En la posmodernidad, esta hegemonía ha derivado en la imposición del constructivismo social atómico y la ingeniería cultural anglosajona. Sólo alcanza con explicitar que, entre tantas agendas culturales impuestas, la agenda LGBT y el movimiento WOKE no fueron fundados en Lima, Santiago, Buenos Aires o Asunción, sino en naciones donde se habla la lengua inglesa y francesa, actuando como la continuación refinada del mismo proyecto individualista y desvinculante que ataca las raíces tradicionales de los pueblos.

En definitiva, queridos lectores, queda claro que en un mundo globalizado que tiende a homogeneizar y a disolver las identidades, la reflexión de Miguel Ayuso nos interpela de manera crucial: ¿estamos condenados a aceptar la historia que nos ha sido impuesta, o tenemos la responsabilidad de desenterrar las capas de silencio y tergiversación que ocultan la verdadera esencia de nuestra herencia? ¿Acaso la crítica a la modernidad liberal, tan lúcidamente expuesta por Ayuso, no nos ofrece una clave para comprender no sólo el pasado, sino también los desafíos contemporáneos que enfrenta la noción misma de comunidad y pertenencia? Pues bien, caros amigos, la desmitificación de la Leyenda Negra no es un mero ejercicio de revisionismo, sino un acto de honestidad intelectual que busca reconciliarnos con nuestra compleja identidad y abrir caminos hacia una comprensión más profunda de la humanidad misma.

Referencias Bibliográficas

· Ayuso, M. (2008). La constitución cristiana de los Estados. Ediciones Criterio Libros.

· Ayuso, M. (2011). El concepto de Estado en la Monarquía tradicional. Ciudadela Libros.

· Ayuso, M. (2014). La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto. Marcial Pons.

· Escudero, J. A. (2005). Curso de Historia del Derecho: Fuentes y grandes instituciones. Editorial Colex.

· Gullo, M. (2021). Madre Patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Espasa.

· Quesada, V. G. (1876). La vida intelectual en la América del Sur (Vol. II). Imprenta de Mayo.

· Vitoria, F. de. (1934). Relectio de Indis (L. Getino, Ed.). Imprenta de San Esteban. (Obra original publicada en 1539).

El autor es docente

Escritor y filósofo

San Juan - Argentina (2026)

Néstor Estévez

Diario Azua / 01 octubre 2026.-

Los seres humanos necesitamos creer. Distintas aproximaciones antropológicas, psicológicas, sociológicas y neurológicas han examinado esa necesidad. Dispersión, desesperanza y hasta vértigo son solo algunas de las consecuencias que vivimos cuando dejamos de creer.

En el ámbito de las sociedades, el hecho de creer en algo o en alguien sirve para alimentar la confianza que opera a modo de “pegamento” para quienes forman parte de una colectividad.

Durante mucho tiempo, el periodismo ayudó a las sociedades a saber qué ocurría, vigilar a quienes tenían poder y tomar mejores decisiones. Cierto es que no siempre cumplió bien esa tarea; cometió errores y también sufrió presiones. Pero su aporte ha sido clave para construir y ayudar a mantener sociedades democráticas.

Hoy ese papel enfrenta una prueba difícil. No porque falten noticias, sino porque tenemos demasiada “información” y cada vez resulta más complicado saber en cuál confiar.

El Digital News Report 2026, del Reuters Institute, estudió casi 100,000 personas en 48 mercados. República Dominicana no está incluida, pero el informe ofrece un “espejo para mirarnos”: solo 37 % dice confiar en las noticias, el nivel más bajo desde que comenzó esa medición. Según el reporte 2026, también aumentó la preocupación por las noticias falsas.

El cambio no ocurre solamente en la confianza. También está cambiando la manera de informarnos. Por primera vez, las redes sociales y plataformas de video son usadas para noticias por 54 % de las personas consultadas, ligeramente por encima de la televisión, con 52 %. Entre los jóvenes, esa transformación es todavía mayor.

Un reto dominicano

En República Dominicana es muy útil prestar atención a este fenómeno. El informe Digital 2026 estima 10.5 millones de usuarios de internet, equivalentes al 91 % de la población. TikTok reportaba un alcance publicitario de 7.89 millones de adultos y YouTube de 7.50 millones de usuarios.

Esto significa que una parte enorme de nuestra conversación pública ocurre en pantallas pequeñas. Muchas personas ya no entran primero a la página de un periódico ni esperan un noticiario. La información aparece mientras miran videos, revisan mensajes o recorren las redes.

Hay quienes se empeñan en echar la culpa a las redes sociales virtuales. Pero, como dice el saber popular, “la fiebre no está en la sábana”. El problema surge cuando desaparecen los filtros que ayudan a separar un hecho comprobado de un rumor, una investigación de una opinión y una noticia de un contenido creado únicamente para provocar miedo, rabia o sorpresa. Ahí, la pérdida de confianza deja de ser un problema exclusivo del periodismo.

Una sociedad necesita hechos compartidos para convivir. Podemos pensar distinto sobre un problema, pero primero necesitamos saber qué ocurrió. Cuando cada grupo tiene su propia “verdad”, dialogar se hace más difícil. Ahí es donde crecen la confusión, los enfrentamientos y la posibilidad de manipulación.

En República Dominicana eso puede afectar asuntos muy cercanos: unas elecciones, una emergencia, una denuncia de corrupción, una decisión económica o una crisis sanitaria. Si el ciudadano no sabe a quién creer, también pierde herramientas para decidir.

Reconstruir la confianza

La salida no consiste en regresar al periodismo de hace treinta años porque ese mundo ya no existe. Tampoco basta con publicar más. El desafío es recuperar credibilidad en los lugares y formatos donde ahora está la gente.

Los medios necesitan explicar mejor, corregir con transparencia y diferenciar claramente información, opinión y publicidad. Los periodistas deben verificar antes de publicar, incluso cuando la velocidad de las redes presione en sentido contrario. Y las plataformas tienen responsabilidades frente a la desinformación que ayudan a distribuir.

Pero el público es determinante. Antes de creer y compartir debemos preguntarnos quién publica, qué pruebas presenta y si otras fuentes confiables confirman la información. Esa sencilla costumbre puede convertirse en una nueva forma de ciudadanía.

En otro artículo preguntaba quién gana cuando el periodismo pierde. Ahora pregunto: ¿qué pierde una sociedad cuando sus integrantes dejan de confiar en la información? Sencillamente, pierde capacidad para dialogar, entenderse y decidir en común.

Por eso, defender un periodismo confiable no significa defender empresas ni profesiones. Significa cuidar algo mucho más cercano: nuestra capacidad para convivir y la posibilidad de reconocer y transformar nuestra realidad.

Por Anneris Hernández / Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 01 octubre 2026.-

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) conmemoró el Día Nacional del Adulto Mayor con una jornada dedicada a reconocer la trayectoria, los aportes y el valor de los jubilados y pensionados, reafirmando su compromiso de brindar servicios con calidad, sensibilidad humana y respeto a la dignidad de las personas mayores.

Durante la actividad, el director general de la DGJP, licenciado Juan Rosa, destacó que la celebración constituye una oportunidad para expresar respeto, admiración y gratitud a quienes, con sus aportes a las familias, comunidades y al desarrollo del país, forman parte de la historia viva de la República Dominicana.

Rosa resaltó que el llamado de las Naciones Unidas para este 2026 invita a prestar especial atención a la longevidad y a la necesidad de adaptar los sistemas y las sociedades a una realidad en la que las personas viven más años. En ese sentido, afirmó que este planteamiento guarda una relación directa con la misión de la DGJP de fortalecer una institución moderna, eficiente y cercana al ciudadano.

“Nuestro compromiso es que cada pensionado encuentre en la DGJP una institución que escucha, orienta y responde; que pueda realizar sus trámites con mayor facilidad y reciba un trato basado en la dignidad, el respeto y la empatía”, expresó el funcionario.

Asimismo, sostuvo que una sociedad verdaderamente desarrollada no se mide únicamente por cuánto produce, sino también por cuánto protege, respeta y reconoce a quienes han contribuido a su construcción. Enfatizó que el gran desafío consiste en promover una nueva cultura sobre la vejez, que valore los años como una acumulación de experiencias y reconozca a las personas mayores como ciudadanos con derechos y plena capacidad de participación.

Como parte de la jornada conmemorativa, la DGJP realizó un operativo médico dirigido a los envejecientes presentes, mediante el cual se ofrecieron servicios de evaluación preventiva, incluyendo analíticas y toma de presión arterial, como muestra del interés institucional por promover el bienestar integral de sus jubilados y pensionados.

La actividad fue coordinada por la División de Relaciones Interinstitucionales, a cargo de Laury Magallanes, con el apoyo de las distintas áreas de la institución. En la jornada participaron el subdirector general, licenciado Félix Joel Almonte, junto a directores, encargados y colaboradores de la DGJP, quienes acompañaron a los jubilados y pensionados durante esta jornada especial.

La celebración concluyó con un encuentro de confraternidad, en el que los asistentes disfrutaron de música en vivo, amenizada por los colaboradores José Acevedo y Chantal Rodriguez, además de poesía y un brindis, propiciando un ambiente de alegría, integración y reconocimiento.

 

Los procesados por el Ministerio Público, que incluyen a un empleado en suspensión del Poder Judicial, trataron de favorecer a uno de los imputados de la Operación Discovery

Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 01 septiembre 2026.-

Respondiendo a una solicitud del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a tres hombres, incluyendo a un empleado en suspensión del Poder Judicial, que falsificaron documentos judiciales para facilitar la libertad irregular de imputados de delitos graves.

Ariel Antonio Bencosme Reyes, supervisor en estado de suspensión del archivo central del Poder Judicial en Santiago, recibió una condena de cinco años de cárcel, al igual que el vendedor de fianzas Francisco de Jesús Comprés Rodríguez. También, fue sentenciado a dos años de prisión Jonathan Francisco Vásquez Ventura, uno de los imputados de la Operación Discovery.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, dispuso la absolución del procesado Francisco Antonio Vásquez Pichardo (Frank), padre del sentenciado Vásquez Ventura.

La estructura criminal perseguía agenciar la libertad irregular de Vásquez Ventura, quien permanecía encarcelado tras enfrentar imputaciones por la comisión de delitos del cibercrimen y lavado de activos, entre otros hechos graves investigados y judicializados por el Ministerio Público a partir de la Operación Discovery.

Vásquez Ventura fue condenado en el primer proceso tras acogerse a un proceso penal abreviado por los delitos cibernéticos.

Los fiscales Liliana Guillén y Juan Elías Pérez hicieron un recuento minucioso de las pruebas documentales, periciales y materiales, detalladas en el escrito de acusación. Los procesados, dos de ellos ejerciendo funciones dentro del sistema judicial, abusaron de la confianza del órgano de justicia, incurrieron en la falsificación de sentencias, resoluciones, contratos de fianza y otros documentos judiciales, para lograr la libertad irregular de imputados, a cambio de altas sumas de dinero.

Comprés Rodríguez se desempeñaba como vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, en tanto que Bencosme Reyes ejercía como supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago.

El Ministerio Público presentó cargos penales por falsificación de documentos públicos y privados, y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado, los que contemplan violación a los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, falsedad en escritura auténtica o pública, uso de documentos falsos, y el soborno.

 

Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 01 septiembre 2026

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Ministerio de Justicia suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional con el propósito de fortalecer la formación académica, la investigación científica, la educación continua y el desarrollo de competencias profesionales de los servidores públicos.

El convenio fue firmado por el director general del INAP, Gregorio Montero, y el ministro de Justicia, Dr. Antoliano Peralta Romero, y contempla el diseño y desarrollo de programas académicos y de educación continua, así como iniciativas vinculadas a los programas de capacitación ejecutados por el Ministerio de Justicia para fortalecer las competencias los servidores del Estado en materia de gestión pública.

Asimismo, el acuerdo procura impulsar la formación científica y metodológica de profesores, investigadores, facilitadores y auxiliares académicos, mediante iniciativas orientadas al fortalecimiento de sus capacidades profesionales.

Durante el acto de firma, el titular del INAP valoró la importancia del convenio con el Ministerio de Justicia para desarrollar programas de capacitación dirigidos a sus servidores, al tiempo que manifestó la disposición de la institución de colaborar con el proceso de reconfiguración que experimenta el órgano administrativo dentro del organigrama gubernamental.

De su lado, el ministro de Justicia y exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Peralta Romero, relató algunos de los desafíos organizacionales enfrentados durante las etapas iniciales de creación de la institución y destacó los avances alcanzados por la entidad constitucional.

Peralta resaltó, además, la importancia de fortalecer las capacidades del recurso humano mediante procesos de formación, a fin de responder de manera efectiva a las exigencias de la Administración Pública y de la sociedad en general.

Además de los programas de capacitación contemplados, la alianza establece la realización conjunta de actividades académicas, entre ellas conversatorios, paneles, charlas, seminarios, congresos y otras iniciativas afines.

Asimismo, ambas instituciones acordaron desarrollar acciones conjuntas destinadas a promover la investigación y divulgación de las ciencias administrativas y de las políticas públicas.

En el marco de la celebración del acuerdo, Montero concluyó anunciando otros programas de formación que serán impartidos posteriormente de manera conjunta por ambas instituciones, entre los que se encuentran Gestión Integral de los Servicios Notariales y Oficiales, y Análisis Registral de Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), ambos con una vigencia de tres años para su ejecución.

En la actividad estuvieron presentes la Sra. Rosa Rivera, subdirectora general; el Sr. Ángel Familia, subdirector de Educación a Distancia; Sra. Sonia López, subdirectora de Mejoramiento Institucional; Sr. Federico Martí, director Operativo de la Formación; Sra. Dahiana Barrientos, encargada del Departamento Jurídico; y la Sra. Elsa Carrasco, encargada del Departamento de Formación Docente.

Entretanto que, por el Ministerio de Justicia, participaron la Sra. Delta Paniagua, viceministra de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía; el Sr. Freymi Collado, director Jurídico; Sr. William Dietsch, director de Recursos Humanos;la Sra. Karina Rodríguez, directora de Atención a la Ciudadanía; Sra. Jennifer Cedeño, directora de Registros y Certificación de Documentos Oficiales y Notariales; Sra. Margaret Santos, encargada del Departamento de Elaboración de Documentos Legales; y la Sra. Karen Peña, encargada de Evaluación del Desempeño y Capacitación.

Diario Azua / 1 de octubre 2026

Santo Domingo. — El Consejo Nacional de la Seguridad Social (#CNSS) aprobó la creación del Fondo de Medicamentos de Alto Costo (#FOMAC), una iniciativa diseñada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (#SISALRIL) que garantizará cobertura al 100 %, sin copagos ni límites anuales, para fármacos destinados al tratamiento de enfermedades catastróficas y complejas.

El nuevo mecanismo beneficiará a cientos de pacientes diagnosticados con diversos tipos de cáncer (como mama, pulmón y neoplasias infantiles como leucemias y linfomas), así como a persona con artritis reumatoide, psoriasis, atrofia muscular espinal, enfermedad inflamatoria intestinal y acromegalia.

El superintendente de #SISALRIL, Miguel Ceara Hatton, calificó la medida como una conquista histórica que fortalece el derecho a la salud y alivia la carga económica de los hogares dominicanos. El programa será financiado íntegramente con recursos del Seguro Familiar de Salud (#SFS), sin representar aumentos en los descuentos a los trabajadores ni aportes adicionales para los empleadores.

El #FOMAC contempla un catálogo inicial de 13 medicamentos y entrará en funcionamiento en un plazo máximo de un año a partir de su aprobación. Su implementación busca asegurar la continuidad de los tratamientos, reducir el gasto de bolsillo en salud y descongestionar las listas de espera en la Dirección de Medicamentos de Alto Costo (#DAMAC) del Ministerio de Salud Pública.

La iniciativa es fruto de un consenso entre sectores públicos y privados, incluyendo sociedades médicas, administradoras de riesgos de salud (#ARS), la industria farmacéutica y asociaciones de pacientes, bajo la regulación y supervisión permanente de la #SISALRIL.

Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 01 septiembre 2026.-

La Junta Central Electoral (JCE) aprobó este miércoles la Resolución núm. 08-2026, mediante la cual dispone la integración preliminar de las 162 juntas electorales que operarán en todo el territorio nacional, como parte de los preparativos para la organización de las Elecciones Generales Ordinarias de 2028.

La resolución establece, además, un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de su publicación, para presentar impugnaciones contra las propuestas sometidas.

Vencido este plazo, ocho días después se celebrará una audiencia pública con la participación de las organizaciones políticas reconocidas por la JCE.