Ciudadanos buscan entre los desechos urbanos el pasado 2 de julio de 2026. Sumergida en una profunda crisis estructural desde 2020, la isla enfrenta colapsos en la actividad económica y una vida cotidiana gravemente afectada por los constantes y prolongados apagones. (Foto: EFE)

Diario Azua / 6 de julio 2026

En medio de una crisis energética y estructural que asfixia su economía, el Gobierno de Cuba hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que acompañe la sesión especial que se celebrará este 7 de julio en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El objetivo de La Habana es denunciar el impacto del embargo económico implementado por los Estados Unidos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que la diplomacia estadounidense ha desplegado "presiones inéditas" que incluyen presuntos chantajes y amenazas a naciones soberanas con el fin de boicotear el debate y evitar que el foro global vote sobre el tema.

La defensa del derecho soberano ante un panorama crítico

Bajo el tema 38 de la agenda de la ONU, titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba", la delegación de la isla busca visibilizar el fuerte deterioro de las condiciones de vida en su territorio.

Rodríguez enfatizó que su país acudirá al organismo con la fuerza del derecho internacional para reclamar soluciones inmediatas. De acuerdo con el jefe de la diplomacia cubana, la defensa se centrará en los siguientes puntos:

Fin del cerco energético: Exigir el cese de las restricciones que limitan el suministro de combustible.

Rechazo a la coerción: Denunciar las medidas punitivas contra terceros que comercialicen con la isla.

Oposición al "castigo colectivo": Calificar el bloqueo económico como una medida de asfixia que afecta directamente a los ciudadanos.

"Defenderemos el derecho soberano a vivir sin cerco energético, sin asfixia externa, sin coerción, sin amenazas de un baño de sangre, sin un castigo colectivo", afirmó el canciller a través de sus canales oficiales.

Sanciones en aumento y parálisis económica

El reclamo de Cuba llega en un momento de extrema vulnerabilidad. Desde mediados de 2024, el país padece una profunda crisis energética que se agravó drásticamente a inicios de este año debido al asedio petrolero implementado por Washington. A este escenario se sumaron nuevas sanciones que penalizan a individuos o empresas extranjeras que operen en sectores estratégicos cubanos como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

A pesar de los esfuerzos estadounidenses por frenar la sesión, el Gobierno cubano manifestó tener la certeza de que la mayoría de los países miembros de la ONU votarán una vez más a favor de la isla en la sesión de este martes.

La primera amnistía aportó RD$29,591.5 millones y la segunda RD$8,164.3 millones. (Fuente Externa)

Diario Azua / 6 de julio 2026

Las amnistías y facilidades de pago otorgadas por el Gobierno dominicano a los contribuyentes morosos están perdiendo su "magia" recaudatoria. Aunque estas medidas alivian la carga de miles de deudores, los datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) revelan que el impacto positivo en las arcas del Estado viene en franco declive.

En los últimos cinco años y medio, la administración tributaria ha recurrido a tres legislaciones excepcionales. Si bien entre 2020 y 2024 las dos primeras amnistías lograron inyectar al fisco 37,755.8 millones de pesos, la brecha entre el éxito de una y otra evidencia que el mecanismo se está agotando.

De mayor a menor: La caída de los ingresos por perdón fiscal

El análisis del comportamiento de las recaudaciones muestra cómo el interés y la efectividad de estas leyes ha mermado drásticamente con el tiempo:

El gran rescate (Ley 46-20): Implementada entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 (sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial), fue un rotundo éxito financiero. Logró que 43,955 contribuyentes se pusieran al día, aportando al Estado la robusta suma de RD$29,591.5 millones.

La desaceleración (Ley 51-23): Promulgada en agosto de 2023 bajo un tratamiento especial transitorio, su impacto fue notablemente menor. Solo atrajo a 15,524 contribuyentes y su recaudación cayó a RD$8,164.3 millones hasta septiembre de 2024.

Esta tendencia a la baja confirma que los programas consecutivos de perdón fiscal generan un efecto de rendimientos decrecientes para el Estado, ya que el universo de grandes deudores que pueden o quieren regularizarse se reduce tras cada convocatoria.

La nueva apuesta: Ley 30-26 y el plan anticrisis

A pesar del evidente desgaste de la fórmula, el Gobierno ha vuelto a jugar la misma carta. Casi tres años después del último proceso, la recién promulgada Ley 30-26 de medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional introduce una nueva facilidad de pago en su artículo 8.

Esta nueva amnistía forma parte de una estrategia más amplia con la que las autoridades económicas buscan recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. Sin embargo, conscientes de que el "perdón" de deudas ya no rinde los mismos frutos que antes, el grueso de esa ambiciosa meta dependerá esta vez del aumento directo en las tasas de diversas figuras impositivas.

Las estaciones de gasolina se quejan de las comisiones que se les cobra cuando los consumidores pagan su servicio con tarjeta. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 6 de julio 2026

La amenaza de no poder pagar el combustible con tarjetas de crédito o débito encendió las alarmas de los conductores en la República Dominicana. Aunque la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) puso la medida en pausa para dar espacio al diálogo, el fantasma de tener que volver al "solo efectivo" sigue latente si no se llega a un acuerdo con el sector financiero y las autoridades.

A continuación, te explicamos los puntos clave detrás de este pulso económico que afecta directamente el bolsillo y la comodidad de los ciudadanos.

Las matemáticas del conflicto: ¿Por qué protestan los detallistas?

El núcleo de la disputa radica en las altas comisiones que las empresas procesadoras de tarjetas cobran a las estaciones de combustible por el uso de los verifones. Según Anadegas, el margen de ganancia actual hace que el negocio sea insostenible bajo el esquema actual:

RD$25.00: Es la ganancia bruta aproximada que obtiene una estación por cada galón de combustible vendido.

RD$7.00: Es el monto promedio que deben pagar en comisiones bancarias cuando el cliente pasa una tarjeta.

27% de pérdida: Ese cargo electrónico representa más de una cuarta parte de la ganancia bruta por galón de los detallistas.

Ante este panorama, Juan Elías Pérez, presidente del gremio, advirtió que las 780 estaciones afiliadas están dispuestas a retirar las terminales de pago si no se renegocian los costos.

¿Qué propone Anadegas y cuál es la postura del Gobierno?

La propuesta del sector de los combustibles es drástica: eliminar los porcentajes variables y sustituirlos por una tarifa fija de apenas 30 centavos por galón vendido mediante canales electrónicos. Para buscar una salida salomónica, han solicitado la mediación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Proconsumidor y la Superintendencia de Bancos.

Por su parte, el Gobierno dominicano ha mostrado optimismo. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, restó dramatismo a la situación asegurando que se encontrará una solución viable para ambas partes.

"Hablando se entiende la gente", manifestó la vicemandataria al ser consultada sobre el conflicto.

El impacto en el ciudadano: ¿Qué pasará si fracasa el diálogo?

Si las negociaciones se rompen, el impacto para el consumidor final será inmediato y caótico. El retiro de los verifones afectaría principalmente a:

Conductores particulares que no acostumbran a cargar dinero en efectivo por motivos de seguridad.

Usuarios que planifican y financian sus presupuestos mensuales a través de tarjetas de crédito.

Empresas con flotillas de vehículos comerciales y choferes de transporte público que dependen de la facturación electrónica.

¿Qué sigue ahora? La reunión oficial convocada para este martes será el escenario definitivo. De este encuentro dependerá si las estaciones mantienen los pagos digitales de forma permanente o si los verifones se apagarán definitivamente en las bombas de gasolina.

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en un recorrido en Santiago de los Caballeros este lunes 6 de julio. (D/L/Fuente Externa)

Diario Azua / 6 de julio 2026

SANTIAGO. – Durante un recorrido político por la Ciudad Corazón, el senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, lanzó una dura crítica al proceso de transformación de la Policía Nacional. El legislador aseguró que, a varios años del inicio de la reforma policial, los avances tangibles para la seguridad ciudadana han sido "pocos o nulos".

Las contundentes declaraciones del congresista se produjeron tras la reciente muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, quien perdió la vida en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, en medio de una polémica intervención de agentes de la uniformada.

Una reforma cuestionada y el reclamo de justicia

Para Fernández, el trágico suceso en Herrera desnuda las debilidades del cuerpo del orden y obliga a cuestionar el rol real del Estado en la protección de los ciudadanos.

Exigencia de justicia: El senador exigió que se esclarezca el caso y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la muerte del adolescente.

Solidaridad familiar: Expresó sus condolencias a los parientes de Mercado Reyes y demandó transformaciones verdaderas y profundas en la doctrina policial.

Balance crítico: Enfatizó que tras seis años de promesas gubernamentales sobre la reforma, los ciudadanos siguen desprotegidos ante la brutalidad y la ineficiencia.

"Es evidente que seis años después los resultados (de la reforma) han sido pocos o nulos", sentenció el dirigente político.

El costo de la vida y el aumento del pasaje en Santiago

Además de la crisis de seguridad, Omar Fernández aprovechó su encuentro con diversos sectores santiagueros para fijar posición sobre el reciente incremento en la tarifa del transporte urbano de la provincia, un golpe directo al bolsillo de los usuarios.

El legislador atribuyó este aumento a las malas decisiones económicas del Gobierno central, criticando que se privilegie el endeudamiento y la subida de impuestos para financiar gastos corrientes en lugar de priorizar inversiones de capital.

"Estamos ante un sistema que está roto y que merece una transformación urgente", apuntó.

A pesar del panorama adverso en lo económico y social, el senador destacó el optimismo y la actitud positiva de los residentes de Santiago, concluyendo que la resiliencia de la población le da esperanza sobre el futuro del país.

Diario Azua / 6 de julio 2026

SANTO DOMINGO ESTE. – En un escenario donde la libertad de prensa y las nuevas regulaciones legales chocan de frente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santo Domingo Este, encendió las alarmas sobre los peligros que representa el nuevo Código Penal para el ejercicio de la comunicación en el país.

Durante una conferencia magistral celebrada en las instalaciones de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (DIGEV), periodistas, fotógrafos y locutores analizaron las drásticas modificaciones que entrarán en vigencia el próximo 3 de agosto.

Penas más severas y el fin de la "inmunidad" periodística

El análisis estuvo a cargo del abogado y periodista José Antonio Beato, quien fue tajante al advertir que el nuevo marco jurídico endurece significativamente las sanciones. Beato explicó que delitos antes dispersos ahora se unifican, obligando a los profesionales de la información a extremar precauciones.

Los puntos que mayor preocupación despertaron entre los asistentes fueron los artículos 186 y 192, los cuales castigan con dureza los atentados a la intimidad y la difusión de contenidos sin consentimiento:

Prisión de 2 a 5 años: Por captar imágenes en espacios privados sin autorización o revisar dispositivos ajenos.

Hasta 10 años de cárcel: En casos donde la difusión involucre extorsión, chantaje o afectación a personas vulnerables.

"El estatus de periodista no exime de responsabilidad legal", recordó el jurista, abriendo un intenso debate sobre la delgada línea entre el derecho a la información y el respeto a la dignidad e imagen de los ciudadanos.

El SNTP recurrirá a los tribunales

Ante lo que consideran una amenaza potencial al libre ejercicio periodístico, el secretario general nacional del SNTP, Manuel Ureña, anunció que el gremio no se quedará de brazos cruzados. Ureña adelantó que someterán un recurso legal para cuestionar formalmente los artículos de la normativa que vulneran derechos fundamentales.

Por su parte, Darío Mañón, secretario general de la filial de Santo Domingo Este, agradeció el respaldo de las autoridades militares para la realización de este encuentro, destacando el valor de estas alianzas estratégicas para la capacitación continua.

El evento contó con el apoyo de la DIGEV, representada por el mayor paracaidista Yamany Fahd Jacobo Salado, quien ofreció las palabras de agradecimiento en nombre del director general de la institución, el coronel José Ramón Reyes Suárez.

Al cierre del encuentro, el SNTP reiteró su compromiso de promover un periodismo ético y responsable, pero firme en la defensa de las libertades democráticas.

 

Diario Azua / 6 de julio 2026

PEDRO BRAND, SANTO DOMINGO.– En un ambiente lleno de entusiasmo juvenil y espíritu deportivo, la Liga Deportiva JM dejó inaugurado de manera oficial su Primer Torneo Interno de Verano en el distrito municipal de La Guayiga, perteneciente al municipio de Pedro Brand.

El evento, que reúne a más de 18 equipos por liga, se consolida como uno de los despliegues deportivos comunitarios más importantes de la zona en lo que va de año.

La ceremonia de apertura contó con el firme respaldo de Roberto Ángel Salcedo (Polanco), director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), quien ha mantenido un compromiso constante con el desarrollo social y deportivo de las comunidades vulnerables.

Un reconocimiento al liderazgo local

Esta primera edición del torneo veraniego está dedicada de manera especial a la alcaldesa de La Guayiga, Mirtha Elena, popularmente conocida como "La Popy", en reconocimiento a su gestión y a su apoyo incondicional a la juventud y al deporte en la demarcación.

Durante el acto protocolar, los directivos de la Liga JM destacaron que la dedicatoria a "La Popy" es un justo tributo a una líder que cree en el deporte como la principal herramienta de transformación social y prevención para los jóvenes.

Impacto comunitario y competencia

Con la participación masiva de decenas de atletas distribuidos en las diferentes categorías, el torneo promete dinamizar la recreación sana en La Guayiga durante toda la temporada de verano. Los organizadores agradecieron tanto el apoyo de la alcaldía como la gestión de Propeep, señalando que este tipo de alianzas son clave para mantener a la juventud enfocada en valores positivos.

Darlin Mercado Reyes, el joven de 19 años, ultimado por un agente de la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 6 de julio 2026

Santo Domingo Oeste.– El trágico asesinato de Darlin Mercado Reyes, un joven de 19 años descrito por su comunidad como "intachable", ha desatado una ola de indignación y protestas en Santo Domingo Oeste. El suceso, perpetrado a quemarropa por un cabo de la Policía Nacional, ha vuelto a poner bajo la lupa la conducta de los agentes del orden y el estado de la reforma policial en el país.

Lo que inició el pasado viernes como la retención de una motocicleta en el sector La Cañada de Guajimía, terminó en tragedia. Un video difundido en redes sociales confirmó que no existió persecución ni forcejeo; el joven simplemente se acercó a la patrulla para explicar que el vehículo era suyo cuando, sin mediar palabras, recibió un disparo mortal en el tórax.

Un sepelio convertido en clamor de justicia

El entierro de Mercado Reyes en el cementerio Cristo Redentor se transformó en una multitudinaria manifestación. Vecinos, jóvenes y antiguos profesores acompañaron el féretro exigiendo que todo el peso de la ley caiga no solo sobre el cabo José Francisco Moreta Heredia (señalado como el autor del disparo), sino también sobre el resto de la patrulla por abandonar al adolescente mientras agonizaba.

La indignación colectiva ha hecho eco en denuncias alarmantes de los residentes de Herrera. Dirigentes comunitarios expresaron sentir más temor que respeto hacia los uniformados, llegando a afirmar de manera tajante que en muchas ocasiones "los policías actúan como los mismos delincuentes". Con el caso de Darlin, la cifra de decesos a manos de la uniformada asciende a 147 en lo que va de año.

Ola de repudio desde el liderazgo político

El impacto social del crimen obligó a pronunciamientos desde los niveles más altos del Estado:

Luis Abinader: El presidente de la República calificó públicamente al cabo responsable como "un animal" y exigió una actuación firme de la justicia.

Faride Raful: La ministra de Interior y Policía tildó el homicidio de "imperdonable".

Andrés Modesto Cruz Cruz: El director general de la Policía Nacional se reunió con el padre de la víctima, garantizando que la institución no encubrirá a los involucrados.

Leonel Fernández: El expresidente atribuyó el trágico hecho al fracaso de la reforma policial, argumentando que los agentes carecen de conocimiento sobre los límites legales de su accionar.

La atención pública se traslada ahora a los tribunales, donde este lunes el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra el cabo imputado.

Comisión especial del Senado que estudió la propuesta de ley sobre libertad de expresión y medios audiovisuales. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 6 de julio 2026

Santo Domingo.– Lo que inició en 2022 como la gran promesa del gobierno de Luis Abinader para sepultar la obsoleta Ley 6132 y blindar la libertad de prensa en la República Dominicana, ha terminado en el fondo del zafacón legislativo. Tras tres años de costosa y extendida redacción, el proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales perimió en el Senado sin pena ni gloria, tras ser abandonado tanto por el Congreso como por el propio Poder Ejecutivo.

La iniciativa nació como un "escudo digital" y democrático en un momento en que el Gobierno enfrentaba duras críticas por la reforma de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y otras propuestas tildadas de "leyes mordaza". Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció por completo.

El distanciamiento de Abinader: "Ni una coma"

El proyecto fue presentado con bombos y platillos por el mandatario en abril de 2024 durante su encuentro con la prensa "La Semanal". Pese a esto, el texto no llegó formalmente al Senado sino hasta mayo de 2025.

A medida que el documento empezó a recibir fuego cruzado por parte de diversos sectores especialmente por sus polémicas intenciones de regular plataformas digitales y redes sociales, el Poder Ejecutivo comenzó a replegarse. En una declaración que marcó el destino de la pieza, el presidente Abinader se distanció públicamente del borrador, asegurando que no tenía "ni una coma" redactada por él y responsabilizando por completo a la Comisión Consultiva (Cclex) que él mismo había creado.

Muerte por letargo en el Senado

A pesar de que una comisión especial encabezada por la senadora Aracelis Villanueva inició rondas de consultas con juristas, comunicadores y entidades como Participación Ciudadana, el proceso se estancó.

La propuesta de la comisión redactora, coordinada por Namphi Rodríguez, de retirar el controversial capítulo de las redes sociales para salvar el resto de la ley no fue suficiente. El Congreso concluyó la legislatura sin que se emitiera un informe definitivo, dejando que los plazos constitucionales vencieran y condenando la pieza al archivo.

Lo que se perdió en el camino

Con el archivo de esta propuesta, quedan en el limbo transformaciones claves para el ecosistema de medios dominicano, tales como:

El reconocimiento constitucional del acceso a internet como un derecho universal e inequívoco.

La creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un ente descentralizado destinado a proteger la libre expresión.

El fortalecimiento legal del acceso a las fuentes informativas sin discriminación estatal.

Por ahora, el país seguirá regido por una legislación de prensa de hace décadas, mientras el proyecto que prometía modernizar los derechos informativos perime en la burocracia legislativa.

El vicepresidente y presidente del Conep, César Dargam y Celso Juan Marranzini, recibieron a un equipo de Diario Libre en las oficinas de la organización. (Fuente Externa)

Diario Azua / 6 de julio 2026

Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) fijó una postura contundente frente a la reciente y acelerada reforma a la Ley 225-20 de Residuos Sólidos aprobada por el Congreso Nacional. Celso Juan Marranzini, presidente de la cúpula empresarial, calificó la experiencia como "funesta para generar confianza hacia el futuro" y criticó la falta de coherencia en la política económica estatal.

El reclamo surge apenas dos semanas después de la entrada en vigor de un plan fiscal destinado a recaudar 50,000 millones de pesos para mitigar la crisis internacional. Para el Conep, este nuevo incremento en la recogida y procesamiento de desechos añade una presión financiera excesiva sobre las empresas y los consumidores dominicanos.

Incrementos de hasta un 1,000%

El proyecto, que ya se encuentra en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, modifica la escala de contribución especial. Bajo este nuevo esquema, los incrementos para algunas empresas alcanzan hasta un 1,000 % en comparación con lo estipulado previamente.

La nueva estructura establece un pago anual de 5,000 pesos para microempresas y escala hasta los 2.2 millones de pesos para corporaciones con ingresos superiores a los 2,500 millones de pesos.

Falta de transparencia y dudas en el fondo

Marranzini cuestionó severamente que el Congreso aprobara la pieza con carácter de urgencia sin una consulta técnica adecuada. Incluso señaló que el propio Fideicomiso DO Sostenible, órgano receptor y administrador de los fondos, pareció estar al margen de las decisiones del hemiciclo.

"El dinero se va a agotar en cualquier momento y tendremos que volver a recurrir a esto", advirtió el líder empresarial, exigiendo que se aclaren los estudios técnicos que justifican el alza y el destino exacto de los recursos.

Un llamado al Poder Ejecutivo

A pesar de reconocer los avances en la instalación de rellenos sanitarios modernos en el país, el Conep advierte que desviar fondos para asumir tareas de recolección municipales pone en riesgo la sostenibilidad del fideicomiso.

El gremio empresarial adelantó que llevará estas preocupaciones directamente ante el presidente Luis Abinader, confiando en la receptividad que ha mostrado el Ejecutivo para buscar un equilibrio y frenar la incertidumbre en el sector privado.