Diario Azua / 15 de julio 2026

Por Carlos Beira

 El rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Jorge Asjana David, sostuvo un encuentro con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Rafael Santos Badía, con el objetivo de reafirmar el compromiso de ambas instituciones con el fortalecimiento de la educación superior en el país.

Durante la reunión, celebrada en la sede del Mescyt, las autoridades coincidieron en la necesidad de impulsar una UASD más articulada con las demandas del desarrollo nacional.

El rector electo aseguró que la gestión 2026-2030 estará enfocada en garantizar una formación de calidad en grado y postgrado, y en acompañar a los profesionales en su inserción al aparato productivo. Para ello, la UASD promoverá mecanismos de vinculación con los sectores productivos, facilitará oportunidades de empleo y respaldará iniciativas de emprendimiento de sus egresados.

"La UASD, con el respaldo del Ministerio y bajo la visión del presidente Luis Abinader, reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo nacional mediante una educación superior pertinente y de calidad", expresó Asjana David. Agregó que este acercamiento forma parte de la agenda institucional que ha venido consolidando de cara al inicio de su gestión.

En tanto que, el ministro Rafael Santos Badía manifestó la disposición del Mescyt de continuar apoyando el fortalecimiento académico de la Primada de América.

"Este ministerio se siente distinguido con la visita de nuestro rector magnífico, recién electo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hemos reiterado el compromiso de apoyar las carreras de grado y de postgrado que nuestra más antigua universidad del Nuevo Mundo ofrecerá al estudiantado dominicano", señaló el funcionario.

El maestro Jorge Asjana David será juramentado como rector de la UASD este jueves 16 de julio, para dirigir la institución durante el período 2026-2030.

                                                                                                                                                                    

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Dr. Román Jáquez Liranzo. (Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Dr. Román Jáquez Liranzo, aclaró de manera categórica que el reglamento que regula las encuestas de carácter político y electoral en la República Dominicana continúa plenamente vigente y en vigor, desmintiendo de forma rotunda las versiones que aseguraban que la normativa había sido suspendida, inhabilitada o anulada.

El titular del órgano de comicios explicó detalladamente el estatus jurídico de la norma tras los recursos de reconsideración interpuestos por la firma encuestadora ACD Media y el movimiento cívico Participación Ciudadana, señalando que lo adoptado por el pleno de la institución fue una decisión técnica de sobreseimiento (posposición temporal).

Coordinación con el Tribunal Superior Electoral

Jáquez Liranzo argumentó que, de forma paralela a las solicitudes recibidas en la JCE, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de dos acciones de impugnación y nulidad contra el mismo reglamento, promovidas por la Fundación Sin Fronteras.

"Como el Tribunal Superior Electoral está conociendo de acciones que persiguen el mismo objeto y los mismos efectos, el Pleno de la JCE decidió el pasado 18 de junio el sobreseimiento del conocimiento de esos dos recursos", precisó el magistrado. Agregó que la medida se tomó para esperar el fallo del TSE (cuyas decisiones son vinculantes para la JCE) y así evitar la emisión de resoluciones contradictorias entre ambos órganos.

Sin presiones en el diccionario de la JCE: Al ser cuestionado sobre posibles presiones políticas para detener la aplicación de la norma, Román Jáquez fue tajante: "Presión no existe en el lenguaje ni en el diccionario de la Junta Central Electoral. Eso es en lo absoluto". Del mismo modo, recordó que la resolución se tomó hace casi un mes.

¿Quiénes pueden ser sancionados?

El presidente de la JCE también aprovechó para delimitar el alcance del régimen de consecuencias previsto en la regulación, aclarando a quiénes afectan las penalidades:

Sujetos regulados y sancionables: El reglamento y sus penalidades están dirigidos exclusivamente a las firmas encuestadoras y a los partidos u organizaciones políticas que incumplan con las disposiciones.

Exclusión total a la prensa: Jáquez Liranzo aclaró expresamente que la norma no impacta de ninguna manera a los medios de comunicación, periodistas o comunicadores, garantizando así el libre ejercicio de la libertad de prensa en el país.

 

Diario Azua / 15 de julio 2026

CARACAS. – La magnitud de la tragedia que sacudió al norte de Venezuela el pasado 24 de junio sigue revelando su peor cara. El balance oficial de víctimas mortales se ha elevado a 4,734 personas, luego de que las autoridades confirmaran el fallecimiento de 173 ciudadanos en las últimas horas, según el reporte ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

A casi un mes del doble sismo, la emergencia humanitaria no da tregua. El informe gubernamental mantiene el registro de heridos en 16,740, mientras que la cifra de personas que perdieron la totalidad de sus hogares asciende a 17,907.

Refugios saturados y réplicas sin fin

El impacto social del desastre mantiene a miles de familias en vilo:

20,903 personas continúan viviendo en condiciones de vulnerabilidad dentro de los 107 campamentos temporales habilitados de emergencia en Caracas y estados aledaños.

El miedo sigue latente en las calles tras registrarse un acumulado de 1,275 réplicas desde el día del desastre. La última de ellas, un temblor de magnitud 3.9 localizado el pasado viernes cerca de Naiguatá (estado de La Guaira), provocó pánico generalizado y nuevas evacuaciones preventivas.

El plan habitacional: Ante el déficit de hogares, el Gobierno venezolano inició un censo biométrico para evaluar los daños. Se calcula que será necesaria la construcción de unas 25,000 nuevas viviendas para los damnificados. Las autoridades prometieron la entrega de las primeras 200 estructuras en el transcurso de esta semana.

Asistencia y una tregua política frente a la crisis

El reporte oficial indica que se ha brindado asistencia logística y alimentaria a 128,324 familias y atención médica a 33,652 pacientes en las zonas del desastre, aunque el Ejecutivo no ha ofrecido detalles específicos sobre el alcance de estas operaciones.

En medio del dolor colectivo, la catástrofe parece haber forzado un histórico punto de encuentro político. El Gobierno y un sector clave de la oposición anunciaron que, a partir del 1 de agosto, pondrán en marcha un plan de coordinación conjunta enfocado tanto en la atención de las secuelas del desastre como en el fortalecimiento institucional de la democracia venezolana.

 

 Keiko Fujimori (EFE/ Fuente Externa)

Diario Azua/ 15 de julio 2026

LIMA. – Un nuevo capítulo en la historia política de Perú se sella de manera oficial. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibe este miércoles las credenciales que la acreditan formalmente como presidenta electa de la República para el período constitucional 2026-2031.

La sesión solemne, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se llevará a cabo en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Durante el acto, que marca la antesala de su toma de posesión prevista para el próximo 28 de julio coincidiendo con las Fiestas Patrias, también recibirán sus credenciales constitucionales Luis Galarreta y Miguel Torres como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.

Un desenlace de infarto por el control del Ejecutivo

La entrega de credenciales pone fin a un extenso y complejo proceso electoral que inició el pasado 12 de abril y concluyó con un balotaje de infarto el 7 de junio. La derechista se impuso en segunda vuelta sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con un margen sumamente estrecho:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 9,223,396 votos.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 9,173,755 votos.

La ajustada diferencia de menos de 50,000 votos obligó a un riguroso conteo antes de la proclamación oficial del JNE el pasado 3 de julio.

Un hito para las mujeres peruanas: Keiko Fujimori se convierte formalmente en la primera mujer electa de forma directa por voto popular para gobernar el país. Aunque Dina Boluarte ejerció la presidencia (2022-2025), lo hizo mediante la vía de sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo.

El reto de gobernar en democracia

El presidente del JNE, Roberto Burneo, valoró este proceso electoral como "uno de los mayores desafíos institucionales de la historia reciente de Perú", en gran medida por la fragmentación política reflejada en la participación récord de 35 fórmulas presidenciales en la primera vuelta.

Burneo hizo un llamado a la unidad de cara al nuevo quinquenio gubernamental, enfatizando que la verdadera democracia no se agota en las urnas, sino en el respeto mutuo, el diálogo y el fortalecimiento de las instituciones estatales.

Por su parte, la hija del expresidente Alberto Fujimori declaró tras su proclamación que asume este enorme reto gubernamental con "responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber", consciente de las fuertes tensiones políticas y de representación social que persisten en la nación andina.

"Bajo estricta custodia: Santiago Hazim a su llegada al tribunal, en momentos en que el caso SeNaSa toma un nuevo rumbo con las negociaciones de culpabilidad." (Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El caso de corrupción administrativa que sacude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha dado un giro radical. La mitad de los imputados en el expediente ha decidido arrojar la toalla y buscar una salida rápida al proceso judicial mediante una negociación directa con el Ministerio Público.

De los diez encartados señalados en la presunta red que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos, cinco ya han iniciado acercamientos formales con el objetivo de acogerse a un acuerdo de juicio penal abreviado. Este recurso legal implica la admisión formal de culpabilidad a cambio de una reducción sustancial de las penas solicitadas.

Admisión de culpa para evitar la cárcel común

El desmantelamiento de la red de corrupción en SeNaSa ha puesto contra las cuerdas a los exfuncionarios involucrados. Entre los principales imputados que enfrentan este proceso legal se encuentra el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, a quien el órgano persecutor señala como una de las piezas clave en las supuestas irregularidades financieras y operativas de la ARS estatal.

Con este movimiento estratégico, la mitad del grupo acusado busca:

Abreviar el proceso judicial y evitar un largo y mediático juicio de fondo.

Negociar condenas suspendidas o penas mínimas de prisión a cambio de colaborar con las autoridades.

Agilizar la recuperación de activos por parte del Ministerio Público, lo que suele ser un requisito obligatorio para validar estos convenios.

¿Qué es un acuerdo penal abreviado? Es un mecanismo procesal donde el imputado acepta los cargos imputados por la Fiscalía. A cambio de evitar un juicio largo, se pacta una pena consensuada que debe ser validada y homologada por un juez.

Presión sobre el resto de los implicados

La decisión de estos cinco encartados de pactar con el Ministerio Público coloca en una posición sumamente vulnerable a los cinco acusados restantes que han decidido mantener su postura de inocencia. Históricamente, en los casos de corrupción administrativa en la República Dominicana, las admisiones de culpabilidad de unos imputados suelen ser utilizadas por los fiscales como pruebas demoledoras para terminar de hundir a quienes deciden ir a juicio de fondo.

Se espera que en las próximas audiencias se presenten formalmente los términos y condiciones de estos acuerdos ante el tribunal correspondiente para su conocimiento y validación definitiva.

Ana María Díaz, representante del PNUD en el país. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana se consolida como uno de los sistemas democráticos más estables y robustos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta posición de liderazgo regional convive con importantes desafíos estructurales que amenazan la calidad de su gobernanza.

Así lo analiza Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, quien destaca que, a pesar de contar con bajos niveles de polarización y una fuerte libertad de expresión, la nación no está exenta de las presiones globales que afectan a las democracias modernas.

Las alertas en el radar democrático

Para la diplomática, el panorama dominicano presenta fortalezas indiscutibles, pero convive con riesgos latentes que requieren atención inmediata. Entre las principales señales de alerta identificadas por el PNUD se encuentran:

Brechas de representación: Persiste una deuda histórica en la inclusión política de sectores vulnerables, especialmente las mujeres.

La erosión de la confianza: Aunque se celebran elecciones regulares, existe un desencanto ciudadano debido a la baja confianza en los partidos políticos.

Nuevas amenazas globales: El impacto de la Inteligencia Artificial (IA), las campañas de desinformación en redes sociales, el crimen organizado y los efectos del cambio climático ya forman parte de las preocupaciones cotidianas de la población.

"Una parte importante del desencanto ciudadano no proviene de la ausencia de elecciones, sino de la percepción de que las instituciones no responden al interés general", explica Ana María Díaz.

El "antídoto" contra la desconfianza y la corrupción

Díaz enfatiza que la corrupción en la región ha dejado de ser un asunto de faltas aisladas para convertirse en un problema sistémico que distorsiona las funciones del Estado en favor de intereses privados.

Ante esto, la receta del PNUD es clara: transparencia absoluta y rendición de cuentas. Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones públicas se toman con opacidad, la legitimidad democrática se resiente. Por el contrario, procesos claros y abiertos devuelven la confianza en las reglas del juego.

Economía: De la reducción de pobreza a la consolidación de la clase media

En el plano económico, la representante del PNUD valora positivamente que la República Dominicana registre uno de los niveles más bajos de desigualdad de ingresos en la región, habiendo sido sumamente efectiva en reducir la pobreza extrema.

Sin embargo, el reto actual no es solo sacar a las personas de la pobreza, sino garantizar que la nueva clase media no sufra retrocesos ante crisis externas. Para ello, es urgente corregir las marcadas brechas de desarrollo que aún existen entre las distintas provincias y regiones del país.

El reto del debate digital

Consultada sobre el auge de la participación política en plataformas digitales, Díaz ve una gran oportunidad para integrar a la juventud y a sectores tradicionalmente excluidos de los canales formales.

No obstante, advierte que el gran desafío consiste en evitar que el debate se quede en la simple "reacción inmediata" o el insulto. La clave está en fomentar la alfabetización digital y crear herramientas que conecten el debate de las redes sociales con la toma de decisiones públicas reales en el Estado.

"El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, detalla la ruta crítica para sancionar las modificaciones al Código Penal en la sesión de este jueves."(Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El Congreso Nacional ha entrado en una fase de máxima aceleración. Con apenas dos reuniones de trabajo y poco más de una semana recibiendo sugerencias, la Cámara de Diputados se dispone a aprobar este jueves las modificaciones al nuevo Código Penal, empujada por el inminente cierre de la legislatura ordinaria.

El plan de ruta trazado es agresivo: la comisión bicameral presentará su informe final el jueves por la mañana, la pieza se debatirá y aprobará en el hemiciclo esa misma tarde, y de inmediato será despachada al Senado para que los senadores completen el trámite correspondiente la próxima semana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó formalmente a sesión para este jueves a la 1:00 p.m. y advirtió que, de ser necesario, habilitará una jornada extraordinaria el viernes para dejar el proyecto totalmente cerrado.

¿Qué se está modificando en el Código?

Aunque la revisión avanza a contrarreloj, el presidente de la comisión bicameral, Wandy Batista, aseguró que el proceso se encuentra prácticamente a la mitad tras analizar los primeros siete artículos de la pieza, corrigiendo desde aspectos de fondo hasta simples errores ortográficos.

Entre los puntos que concentran la mayor atención y debate de los sectores sociales se encuentran:

Artículos relacionados con la libertad de expresión.

Tipificaciones sobre difamación, injuria y ultraje.

Propuestas de ajuste enviadas por la ciudadanía y legisladores, cuya recepción formal cierra este miércoles a las 6:00 p.m.

La advertencia de Finjus: La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) urgió al Congreso a aplazar la entrada en vigencia del Código (prevista para el 3 de agosto). La entidad señala que el tiempo es "insuficiente" para corregir delitos que califican de "ambiguos y desproporcionados", advirtiendo sobre posibles vicios de inconstitucionalidad.

La presión del calendario legislativo

A pesar de los llamados a la prudencia de organismos jurídicos como la Finjus, la dirección del Congreso insiste en que el país no puede seguir postergando la sustitución del obsoleto Código Penal de 1884. Con el cierre de la legislatura fijado para el 26 de julio, el oficialismo busca asegurar que las reformas queden selladas antes de que termine el mes, asumiendo el reto de legislar bajo una enorme presión de tiempo.

Luis Abinader, presidente de la República. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader parece haber consolidado una especie de blindaje político en su segundo mandato. Según los datos más recientes de la encuesta ACD Media correspondientes al mes de julio, el jefe de Estado mantiene un sólido nivel de aprobación cercano al 50 %, logrando desmarcarse del progresivo desgaste que hoy castiga de forma severa a su gabinete de ministros.

El estudio revela una curiosa paradoja en el electorado dominicano: mientras el 52 % de los ciudadanos valora la situación general del país como negativa, la figura del mandatario apenas se inmuta. Abinader cuenta con un 50 % de aprobación frente a un 47.9 % que desaprueba su gestión, números casi idénticos a los que registró en mayo pasado.

La brecha entre el líder y sus ministros

La realidad es drásticamente opuesta para el equipo de Gobierno. El desgaste de la administración pública se está concentrando directamente en los ministerios. Mientras en mayo un 41.2 % valoraba de manera positiva el trabajo del gabinete, en julio esa cifra se desplomó al 32 %. Es decir, los funcionarios perdieron más de nueve puntos de aprobación en apenas dos meses, dejando un contundente 58 % de desaprobación sobre sus hombros.

Este fenómeno demuestra que la ciudadanía sigue separando la imagen del presidente del día a día de la gestión pública, cargando las deficiencias del alto costo de la vida y la inseguridad sobre las carteras correspondientes.

La lista de los ministros: Juan Manuel Méndez (COE) sigue liderando la valoración pública con 7.6 puntos, seguido por David Collado (6.9) y Kelvin Cruz (6.5). En la acera contraria, Faride Raful se mantiene como la funcionaria peor evaluada tras caer de 4.7 a 4.4 puntos.

Crecen el pesimismo y las preocupaciones ciudadanas

La persistencia de los problemas cotidianos ayuda a entender por qué el gabinete sufre tanto castigo. Aunque la percepción negativa sobre el rumbo del país bajó sutilmente de un 54 % a un 52 %, sentimientos como la preocupación (28.7 %) y la desilusión (26.7 %) ganaron terreno frente a la confianza, que retrocedió al 13.3 %. El alto costo de la vida y la delincuencia se mantienen inamovibles a la cabeza de las inquietudes ciudadanas.

Caos en el transporte: Los motoristas en la mira

Más allá de la economía y la delincuencia, la encuesta ACD Media arrojó un dato revelador sobre la movilidad urbana: la imprudencia de los motoristas es identificada por el 27.4 % de los encuestados como el principal problema del transporte, superando ampliamente las quejas por el costo del pasaje (16.4 %) y los tapones (14.1 %).

Hasta el momento, Luis Abinader continúa presentándose como el principal activo político del oficialismo. Sin embargo, analistas coinciden en que la gran incógnita del Gobierno es cuánto tiempo más podrá el presidente resistir la presión y contener el desgaste de un gabinete que no le sigue el ritmo.

"Diputados durante la sesión del martes 14 de julio, donde acordaron de manera unánime reducir a una semana el análisis para la aprobación de la reforma policial." (Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha decidido meter el acelerador. En una sesión clave, los legisladores acordaron un plazo fijo de apenas siete días para estudiar y dictaminar sobre el proyecto de reforma a la Ley de la Policía Nacional, una iniciativa del Poder Ejecutivo que en el Senado requirió de siete meses de intensos debates.

De no presentarse inconvenientes ni modificaciones en la cámara baja, el proyecto de ley pasará de inmediato al despacho del presidente Luis Abinader para su posterior promulgación u observación.

Carrera contra el reloj legislativo

La urgencia de los diputados responde al inminente cierre de la actual legislatura ordinaria, pautado para el próximo 26 de julio. La comisión permanente a cargo del proyecto se ha autoimpuesto el próximo martes como fecha límite para entregar el informe final.

Cabe destacar que el avance de esta reforma impulsada originalmente en diciembre de 2025 cobró una fuerza determinante en el Senado tras la trágica muerte del joven Darlin Mercado a manos de un agente del orden durante una requisa en el sector de Herrera.

La reforma policial se debatirá en paralelo con las polémicas modificaciones al Código Penal, concentrando la totalidad de la agenda legislativa de cara al cierre del periodo.

Los pilares del cambio: ¿Qué contempla la nueva reforma?

El proyecto de ley busca transformar de raíz el comportamiento de los uniformados a través de un régimen de consecuencias mucho más estricto:

Golpe al bolsillo y freno de carrera: Aquellos agentes que cometan infracciones éticas o abuso de autoridad sufrirán recortes directos en sus salarios y el bloqueo inmediato de cualquier ascenso.

Límites estrictos en las requisas corporales: El polémico artículo 155 prohíbe de forma explícita que los agentes realicen tocamientos en zonas erógenas o exijan a los ciudadanos desnudarse durante las revisiones de rutina en la vía pública.

Adiós al rango de "raso": En un esfuerzo por profesionalizar la institución, se elimina por completo la figura y el reclutamiento de nuevos "rasos". Quienes completen su formación académica ingresarán de manera directa con el rango y la categoría de agente patrullero.

Si la Cámara de Diputados decide dar luz verde a la pieza tal y como llegó desde el Senado, el país contará con un nuevo marco jurídico para su Policía Nacional antes de que termine el mes.