Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
Diario Azua / 20 de septiembre 2026
El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra 25 imputados en la Operación Cobra 2.0, detallando la falsificación masiva de facturas e identidades de afiliados.
SANTO DOMINGO.— La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expuso el modus operandi de la red compuesta por empleados, exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), profesionales de la medicina y particulares, acusados de orquestar un esquema de facturación ficticia por RD$41,125,551.02.
El expediente depositado en la Operación Cobra 2.0, en el que se solicitan 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados y la declaratoria de caso complejo, sostiene que el grupo gestionó 4,363 autorizaciones fraudulentas entre enero de 2021 y febrero de 2025.
Según la acusación presentada ante el tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, la estructura era articulada presuntamente por Ángel Luís Guzmán Vásquez, un extécnico del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa quien actualmente cumple prisión preventiva tras ser arrestado cuando intentaba salir del país en abril de 2026. Guzmán aprovechaba el conocimiento de los sistemas internos para extraer información confidencial de afiliados con poco historial de uso del seguro.
Incongruencias insólitas y cobro de comisiones
La mecánica del fraude consistía en solicitar aprobaciones telefónicas con nombres ficticios pero empleando códigos reales de médicos vinculados a la red. Posteriormente, se elaboraban expedientes con diagnósticos falsos, sellos profesionales y firmas de pacientes suplantadas, hecho confirmado mediante peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Las auditorías sacaron a la luz irregularidades extremas, como consultas ginecológicas facturadas a nombre de hombres, ausencia de historias clínicas y cobros por procedimientos ambulatorios atribuidos a ciudadanos que se encontraban trabajando o fuera del país en las fechas registradas.
Una vez que Senasa desembolsaba los fondos, los médicos involucrados retribuían entre un 40 % y un 60 % del dinero cobrado a los coordinadores de la red, utilizando transferencias bancarias justificadas bajo conceptos como "pago de préstamo" o "san".
Los acusados enfrentan cargos por estafa contra el Estado, asociación de malhechores, falsificación documental, acceso ilícito a sistemas, robo de identidad y lavado de activos.











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