domingo, 13 de septiembre de 2026
sábado, 12 de septiembre de 2026
Miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y representantes del IIDH/Capel durante la presentación, el miércoles, de los resultados del estudio sobre la abstención electoral en República Dominicana. (DL/AS)
Un estudio coordinado por el IIDH/Capel y la JCE recoge propuestas partidarias que van desde descuentos en pasaportes hasta la gratuidad de peajes el día de los comicios.
SANTO DOMINGO.— Frente al incremento sostenido del abstencionismo en las urnas que alcanzó un 45.6 % en los comicios presidenciales de 2024, partidos políticos dominicanos han puesto sobre la mesa una serie de medidas de incentivo ciudadano y reformas tecnológicas para contrarrestar este fenómeno.
Las iniciativas están contenidas en el Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), en colaboración con la Junta Central Electoral (JCE).
Descuentos y facilidades como estímulo al voto
Entre las principales sugerencias recopiladas para reducir las barreras económicas y de movilidad de los votantes destacan:
Incentivos en trámites públicos: Aplicación de descuentos en las tarifas de expedición de pasaportes, licencias de conducir y actas del estado civil para quienes certifiquen haber votado.
Prioridad en programas sociales: Otorgar mayor ponderación o facilidades a los votantes dentro de programas de asistencia social y becas educativas.
Exención de peajes: Permitir el paso gratuito por los peajes de las carreteras del país durante la jornada electoral para reducir los costos de traslado.
Cédulas gratuitas previa elección: Emitir duplicados del documento de identidad sin costo durante el mes previo a las votaciones, medida orientada a neutralizar la compra o retención ilegal de cédulas.
El retorno gradual del voto electrónico
Además de las compensaciones directas al ciudadano, el informe recoge la sugerencia de retomar el debate sobre el voto automatizado mediante planes piloto progresivos, auditables y con consenso político.
Esta propuesta reabre una discusión compleja en el país, tras la suspensión de las elecciones municipales de febrero de 2020 por fallas informáticas y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0484/22), que declaró inconstitucional la facultad delegada a la JCE para automatizar el sufragio sin un marco legislativo detallado.
Transparencia y control institucional
El diagnóstico del IIDH-Capel plantea que el abstencionismo responde a factores estructurales, logísticos y de desencanto político. Por ello, las organizaciones consultadas sugirieron también reforzar la equidad en el acceso a los medios de comunicación, endurecer la fiscalización del uso de fondos públicos en campañas y formalizar protocolos para grabar el escrutinio en las mesas electorales.
domingo, 6 de septiembre de 2026
sábado, 5 de septiembre de 2026
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| Zoraima Cuello, vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) |
Son las limitaciones y dificultades que sufre la población lo que le ha llevado a anhelar el regreso del PLD al Gobierno, destaca Zoraima Cuello
Diario Azua/ 5 de septiembre 2026
Washington — Los venezolanos que soliciten asilo político en Estados Unidos se enfrentan a un nuevo y severo obstáculo legal. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó este viernes que los solicitantes deberán demostrar de manera explícita que su vida o libertad corren peligro bajo la administración de Delcy Rodríguez, al considerar que la captura y salida de Nicolás Maduro supuso un cambio significativo en las condiciones políticas del país sudamericano.
El dictamen judicial vinculado al Departamento de Justicia de EE. UU. sienta un precedente tras la anulación del asilo que le había sido concedido a una opositora venezolana. Aunque un juez inferior determinó en su momento que la mujer sufría persecución por su abierta oposición a Maduro, la junta ordenó revisar el caso bajo el argumento de que la destitución del antiguo líder transforma los fundamentos de la persecución futura.
La postura ha desatado una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos y abogados de inmigración, quienes sostienen que el aparato represivo estatal se mantiene inalterado bajo la presidencia interina de Rodríguez, en un contexto además agravado por la crisis humanitaria e infraestructura tras los devastadores sismos de junio pasado.
Esta resolución llega en un momento de estrechamiento del cerco migratorio impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que abarca la cancelación del Estatus de Protección Temporal (#TPS) para más de 500,000 venezolanos y una tasa de rechazo de asilo que se ubica en un 94%. El fallo se produce, asimismo, mientras Washington y el nuevo ejecutivo en Caracas negocian acuerdos bilaterales de alto nivel, incluyendo la gestión conjunta de importantes reservas petroleras y la eventual convocatoria a elecciones.
miércoles, 2 de septiembre de 2026
Diario Azua / 2 de septiembre 2026
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió suspender la divulgación de los informes de auditoría sobre las instituciones estatales y mantuvo bajo reserva los hallazgos de las evaluaciones practicadas en los últimos cuatro años. Con esta medida, la entidad supeditó la difusión de los documentos a la autorización explícita del Poder Ejecutivo.
La determinación se hizo pública tras el rechazo sistemático a solicitudes de acceso a la información tramitadas durante este año. Ante los requerimientos, el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, sostuvo mediante una comunicación oficial que la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno no contempla la obligación legal de publicar los resultados de las inspecciones. Según argumentó el titular, la finalidad de dichos análisis es corregir fallas administrativas internas, por lo que la remisión de los informes finales le corresponde al presidente de la República y a las entidades involucradas.
Esta postura representa un giro drástico frente a los compromisos asumidos en 2020 y 2022, cuando el Ejecutivo dispuso auditar la administración pública y divulgar las revisiones presupuestarias en favor de la rendición de cuentas. De las 390 auditorías ejecutadas por la Contraloría entre 2023 y 2025, únicamente el 9.7 % figura de acceso público en su portal institucional. Asimismo, permanecen inaccesibles los estudios realizados a administraciones anteriores, los cuales requirieron inversión de recursos del Estado para la contratación de firmas privadas especializadas.
El bloqueo informativo afecta incluso a procesos en los que se concluyó la etapa de réplica por parte de las entidades examinadas, como ocurrió con dos evaluaciones aplicadas al Ministerio de Agricultura correspondientes a los períodos 2020-2023 y 2024. La CGR rehusó referirse a dichos expedientes alegando su carácter preliminar, a pesar de que la falta de objeción por parte del ministerio auditado convirtió las observaciones en definitivas.
El criterio esgrimido por la CGR choca con las disposiciones de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Esta legislación establece el carácter público de la documentación financiera vinculada al presupuesto estatal y limita la reserva exclusivamente a borradores de procedimientos no concluidos. La normativa estipula además sanciones penales e inhabilitación para el ejercicio de la función pública a los funcionarios que obstaculicen el derecho ciudadano a la información de manera arbitraria.
lunes, 31 de agosto de 2026
Diario Azua / 31 de agosto 2026
SANTO DOMINGO. — La televisión dominicana amplía su oferta de análisis con el estreno del programa "Juego Político", una nueva propuesta conducida por los periodistas Melvinson Almánzar y Joel Suero. El espacio se transmitirá los lunes y miércoles de 9:00 p. m. a 10:00 p. m. a través de RTVISA (canal 58 en Santo Domingo), XTHOM (canal 145 en Santiago), Canal América para Estados Unidos, y vía streaming por las plataformas de @Info24RD, @YouMediaRD y @juegopolitico.
El programa busca ofrecer una mirada estratégica a la coyuntura nacional e internacional, abordando temas de gobierno, congreso, municipalidad, geopolítica y procesos electorales. Según explicó Suero, el espacio combinará entrevistas y debates para analizar el contexto detrás de las decisiones y alianzas de la agenda pública, contando en su entrega inaugural con la participación del analista Luisin Jiménez.
Por su parte, Almánzar destacó que la propuesta busca elevar el nivel del debate sobre el Estado y la política, enfocándose en la orientación ciudadana con rigor y profesionalismo. El estreno marca además el reencuentro en televisión de ambos comunicadores tras 14 años de haber compartido pantalla en sus inicios profesionales.
El elenco del programa está integrado por profesionales con amplia trayectoria en los medios y la comunicación institucional:
Joel Suero: Egresado de la UASD, especialista en comunicación política y director de medios digitales como SDE Today y Censo Turístico.
Melvinson Almánzar: Periodista con más de dos décadas de experiencia en prensa, radio, televisión y comunicación institucional, con maestría en Comunicación Estratégica.
Mihail García: Politólogo, analista internacional y exvicepresidente de la COPPPAL, quien participará como especialista en temas de geopolítica.
domingo, 30 de agosto de 2026
viernes, 28 de agosto de 2026
A partir de este viernes 28 de agosto, toda la ciudadanía podrá acudir a los centros de cedulación a nivel nacional sin importar su fecha de nacimiento.
Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) anunció que, a partir de este viernes 28 de agosto, queda oficialmente eliminada la restricción del mes de nacimiento para el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral en República Dominicana.
La medida permite que cualquier ciudadano o ciudadana acuda a los centros de servicios habilitados en todo el país a renovar su documento, sin tener que esperar al mes de su cumpleaños, como se exigía en las etapas iniciales del cronograma.
Durante el anuncio, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, instó a la población a acudir a los centros de atención sin dejar el trámite para último momento. "A partir de este viernes 28 de agosto, toda la ciudadanía podrá acudir a nuestros centros de servicios a renovar su documento, independientemente de su mes de nacimiento. ¡Ya no hay excusas, ya no hay restricciones!", enfatizó el titular del órgano electoral.
La institución recordó a los usuarios que el trámite de renovación es gratuito y recomendó consultar previamente los lugares y horarios de atención disponibles en los portales oficiales para agilizar la asistencia.
sábado, 22 de agosto de 2026
Diario Azua / 22 de agosto 2026
Santo Domingo, R.D. – A las puertas del inicio del año escolar 2026-2027, el partido Fuerza del Pueblo (FP) lanzó una dura advertencia sobre las "profundas fallas estructurales" que padece el sistema educativo dominicano. Pese a manejar un presupuesto histórico que supera los RD$332 mil millones para 2026, la organización opositora denuncia que existe una "desconexión total" entre los recursos invertidos y los resultados de aprendizaje reales en las aulas.
En una rueda de prensa encabezada por Josefina Pimentel, titular de la Secretaría de Educación de la FP y exministra del ramo, el partido presentó un diagnóstico sombrío basado en la distribución del gasto y en una consulta directa a más de dos mil actores del sistema educativo a nivel nacional.
El nudo gordiano: Gasto Corriente vs. Inversión de Capital
El argumento central de la Fuerza del Pueblo no radica en la falta de fondos, sino en la calidad de su ejecución. Según los datos presentados por Pimentel, de cada RD$100 asignados al Ministerio de Educación (MINERD), RD$93.25 se destinan exclusivamente a gastos corrientes (nómina, operatividad diaria), dejando menos de RD$7 para inversiones destinadas a modernizar y ampliar el sistema.
El análisis presupuestario revela cifras alarmantes para áreas críticas:
Inversión en obras: Solo recibe el 4.21 % del total.
Capacitación docente e investigación: Áreas vitales para la calidad, apenas obtienen en conjunto un 2.09 %.
“El problema no es la cantidad de recursos, sino la ausencia de una visión estratégica. Los renglones relacionados directamente con la calidad educativa son, precisamente, los que tienen menor participación dentro del presupuesto”, sentenció Pimentel.
La exministra contrastó la situación actual con el año 2013: mientras el presupuesto era tres veces menor, se invertía más en mantenimiento preventivo (RD$1,839 millones) que en 2025, donde apenas se destinaron RD$267.5 millones a este fin. Esto, a juicio de la FP, explica el deterioro acumulado de los planteles y la paralización de obras.
La realidad de las aulas: Un estudio de percepción
Para sustentar su denuncia, la Secretaría de Educación de la FP realizó un estudio en junio de 2026 que consultó a 2,016 docentes, directores y orientadores de todo el país. Los resultados pintan un panorama de precariedad en los centros educativos:
83% reportó falta de seguridad y espacios recreativos.
77% señaló insuficiencia de equipos tecnológicos.
76% manifestó dificultades con baños funcionales.
72% identificó problemas de acceso al agua potable.
53% informó deficiencias en el suministro eléctrico.
Pimentel citó casos extremos de escuelas funcionando bajo carpas, ranchetas o con aulas subdivididas con madera y zinc en diversas provincias del país. Alertó que la falta de aulas está provocando hacinamiento y el retorno de las tandas divididas, lo que causa la "desaparición paulatina" de la Jornada Escolar Extendida en muchos centros.
Más allá de la infraestructura
La advertencia de la Fuerza del Pueblo también abarcó aspectos pedagógicos y humanos. El estudio evidenció persistentes problemas de comprensión lectora y matemáticas, incremento de la indisciplina, uso excesivo de celulares y bajo acompañamiento familiar.
Asimismo, se reportó una preocupante sobrecarga administrativa y altos niveles de estrés laboral entre los maestros, lo que estaría llevando a muchos a considerar el abandono de las aulas antes de tiempo. Pimentel cuestionó además la politización en la designación de personal técnico y las deficiencias en la formación continua.
Exigencia de transparencia
Ante el inminente inicio de clases, la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno informar con transparencia cuáles planteles están realmente preparados, el déficit real de cupos y personal, y el calendario de ejecución de las obras paralizadas.
“Abrir formalmente las escuelas no basta. Un año escolar comienza bien cuando cada estudiante encuentra un cupo para aprender, y un docente, un espacio seguro y materiales oportunos para enseñar”, concluyó Pimentel, instando a reorientar el gasto hacia la calidad, la equidad y la innovación.
viernes, 21 de agosto de 2026
Escrutinio de boletas en un colegio electoral del Distrito Nacional en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024. (Foto: D L/NC)
Una reciente actualización en las reglas de distribución de fondos públicos administrados por la Junta Central Electoral (JCE) ha reavivado la controversia sobre el uso de los recursos estatales destinados a la política. Bajo este esquema, organizaciones y movimientos con un respaldo en las urnas inferior al 1 % perciben asignaciones millonarias.
Para este año, el presupuesto general distribuido a los partidos suma 1,620 millones de pesos. De este monto, 129.6 millones de pesos se dividen equitativamente entre las agrupaciones con menor volumen de votantes, otorgando a cada una RD$3,927,272.73 anuales.
Escrutinio de boletas en un colegio electoral del Distrito Nacional en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024. (Foto: D L/NC)
Cambio en el criterio de reparto
Anteriormente, la repartición se fijaba tomando como referencia únicamente la elección principal precedente. Sin embargo, tras revisiones judiciales y la ratificación del Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0746/2026, el criterio se expandió para abarcar la sumatoria de los siete niveles de elección del ciclo electoral (presidencial, senatorial, diputaciones, alcaldías, regidurías, direcciones distritales y vocalías).
Impacto en los partidos y movimientos con menor porcentaje
Esta modificación permite que agrupaciones con bajo desempeño electoral accedan a la misma asignación de casi 4 millones de pesos:
Partidos emergentes: Formaciones como el Partido de Unidad Nacional (PUN, 0.97 %), Justicia Social (JS, 0.92 %) o Alianza País (Alpaís, 0.66 %), entre otras con porcentajes menores al 0.50 % (como OD, PQDC, Frente Amplio, Verde Dominicano o FNP), reciben el monto fijado.
Movimientos locales: Agrupaciones municipales como el Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP, 1,902 votos) o el Movimiento Cívico Cabrereño (156 votos) perciben la misma cifra, al igual que entidades registradas con 0.00 % en el cómputo total general.
Distribución en las cúpulas partidarias
En el extremo opuesto, los partidos con mayor representación concentran la tajada principal del financiamiento:
Mayoría de fondos: El Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perciben 432 millones de pesos cada uno.Segundo bloque: Agrupaciones como el PRD, PRSC, DxC, País Posible y el BIS reciben 38.8 millones de pesos individualmente.
El panorama evidencia cómo la interpretación judicial sobre los criterios de equidad y participación ha reestructurado la asignación presupuestaria, garantizando ingresos millonarios a estructuras políticas con escasa representatividad en las urnas.



















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