El gabinete presidencial se ha visto con papel protagónico en la ejecución, o proposición, de las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader. (Fuente Externa)

Diario Azua / 22 de julio 2026

Entre la aprobación constitucional, fusiones estatales y proyectos paralizados en el Congreso, el ambicioso paquete de reformas institucionales muestra avances desiguales.

El ambicioso plan de reformas institucionales presentado por el presidente Luis Abinader en agosto de 2021 que inició con 12 propuestas y se extendió a 16 registra un avance dispar tras casi un lustro de ejecución. Mientras que la modificación constitucional y la reorganización de la administración pública lograron materializarse, otros proyectos clave como la reforma laboral o la Ley de Agua permanecen estancados o relegados.

Los avances concretados: Constitución y reorganización estatal

El logro más relevante de la agenda presidencial ha sido la Reforma Constitucional, proclamada por la Asamblea Nacional a finales de octubre. Esta modificación introdujo cambios estructurales como la reducción de la matrícula de diputados de 190 a 170, la prohibición de extender el mandato presidencial más allá de dos períodos y la unificación de los procesos electorales. Asimismo, modificó el mecanismo de selección del procurador general a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Paralelamente, la Reforma y Modernización de la Administración Pública ha avanzado mediante 21 procesos de reorganización ejecutados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) desde septiembre de 2024. Entre las medidas destacan:

La fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo en una sola entidad.

La creación de la Dirección de Desarrollo Social Supérate y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria.

En el ámbito educativo, se estableció mediante el Decreto 309-26 la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa para coordinar políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad del sector.

Proyectos en debate y procesos complejos

A pesar de los avances institucionales, otras reformas continúan en proceso de discusión o han enfrentado fricciones sociales y legislativas:

Reforma Policial: Aunque la Policía Nacional ha incorporado cambios operativos y tecnológicos, la vía legislativa aún está pendiente. El Senado aprobó recientemente en primera discusión la nueva Ley Orgánica del cuerpo armado, marco que busca crear un régimen especial de carrera y regular el uso legítimo de la fuerza. La iniciativa se debate en un contexto de escrutinio público tras incidentes recientes que han generado protestas y cuestionamientos sobre los patrullajes.

Fusión Educativa: La propuesta de integrar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) no ha logrado concretarse debido a objeciones reiteradas en el Congreso Nacional.

Reforma Fiscal: Tras el retiro a finales de 2024 de la propuesta original de Ley de Modernización Fiscal por rechazo social, el Gobierno implementó ajustes tributarios mediante el denominado "Plan Anticrisis" aprobados de forma acelerada ante la coyuntura económica internacional.

Reformas estancadas y en el olvido

Por otro lado, varias de las promesas de 2021 no han logrado progresar en el ámbito legislativo:

Código Laboral: Las discusiones permanecen paralizadas debido a la falta de consenso entre los sectores empresarial y sindical sobre la continuidad de la cesantía laboral.

Ley de Agua: Los proyectos legislativos destinados a regular la gestión del recurso hídrico perimieron en el Congreso a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo.

Otras iniciativas: Propuestas vinculadas a la modificación de la Ley de Hidrocarburos y normativas sobre cambio climático no superaron la fase inicial de anuncio.

Salir del mapa del hambre de la FAO es un hito importante para la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 21 de julio 2026

SANTO DOMINGO. — La República Dominicana ha alcanzado un hito decisivo en su política de seguridad alimentaria tras salir oficialmente del mapa de subalimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (#FAO). El organismo internacional confirmó que el país redujo la prevalencia del hambre crónica a menos del 2.5 % de su población, situándose por debajo del umbral mínimo global.

Este avance coloca a la nación en una posición de liderazgo regional en el camino hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (#ODS) 2: Hambre Cero, trazado en la agenda internacional para 2030.

Una década de reducción sostenida

Los indicadores de la #FAO reflejan una constante disminución de la subalimentación en el país durante los últimos diez años, logrando una reducción total de 5.1 puntos porcentuales:

Período 2014–2016: La prevalencia afectaba al 7.6 % de los dominicanos.

Período 2019–2021: Se estabilizó en un 5.0 %, superando las presiones económicas globales de la pandemia.

Período 2023–2025: Alcanzó el mínimo histórico de 2.5 %, umbral que permite la salida del mapa de subalimentación.

🇺🇳 Reconocimiento internacional de las Naciones Unidas

El director general de la #FAO, Qu Dongyu, elogió el desempeño dominicano y valoró las alianzas entre el sector público, los productores agrícolas y la sociedad civil como clave del éxito.

"La gran lección que se puede aprender de la República Dominicana es que, sin importar el tamaño de la nación, se requiere un fuerte compromiso político [...] para luchar contra el hambre mediante políticas confiables", destacó Dongyu.

La #FAO subrayó que este logro cobra mayor relevancia en un contexto global marcado por la inflación, el cambio climático y los desafíos en las cadenas de suministro alimentarias.

El Congreso de Estados Unidos. (AFP)

Diario Azua / 20 de julio 2026

El mandatario exige a los republicanos condicionar el presupuesto federal para imponer reglas más estrictas al voto de cara a las elecciones de noviembre.

WASHINGTON. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este lunes la presión sobre la bancada republicana en el Congreso. A través de un mensaje directo, el mandatario instó a los legisladores a condicionar la aprobación del próximo presupuesto federal a la validación de la "America Save Act", la estancada reforma que busca endurecer sustancialmente los requisitos para el registro e identificación de votantes.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deben unirse y luchar por la America Save Act", manifestó el gobernante en su plataforma Truth Social. El objetivo de la Casa Blanca es que estas nuevas directrices entren en vigor antes de los comicios de medio mandato programados para noviembre.

La estrategia presupuestaria frente al Senado

La propuesta impulsada por Trump busca implementar la obligatoriedad de presentar identificaciones con fotografía y pruebas de ciudadanía para ejercer el sufragio a nivel federal. Asimismo, el mandatario reiteró su intención de limitar de forma drástica el voto por correo, restringiéndolo únicamente a excepciones como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes justificados.

Para viabilizar la medida, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, integró la reforma electoral dentro del paquete del presupuesto general. Esta maniobra técnica eleva las apuestas políticas:

Bloqueo en el Senado: La "America Save Act" ya cuenta con el visto bueno de la Cámara Baja, pero lleva meses frenada en el Senado debido al rechazo de la mayoría demócrata.

Riesgo de cierre de Gobierno: Al estar atada a los fondos federales, si los demócratas deciden bloquear el paquete en el Senado, asumirían el costo político de un potencial cierre de la administración pública (government shutdown).

Voces de alerta ante las restricciones de voto

"La normativa implicaría que millones de ciudadanos enfrenten serias dificultades para ejercer su derecho al voto, llegando incluso a excluir a segmentos importantes de la población". Advertencia de coaliciones de derechos humanos y el Partido Demócrata.

Diversas organizaciones civiles y legisladores de la oposición sostienen que los nuevos requisitos de registro e identidad representan una barrera burocrática que afecta de manera desproporcionada a minorías, mujeres y personas transgénero, limitando el acceso equitativo a las urnas.

Con los plazos legislativos en contra y las elecciones de noviembre en el horizonte, la votación de esta semana en el Congreso se perfila como un termómetro decisivo para la estabilidad política y fiscal de la nación.

Aunque el documento no identifica los sectores que formularon las propuestas acogidas, indica que el análisis se centró en aquellas que aún no habían sido respondidas. (Fuente Externa)

Diario Azua / 18 de julio 2026

Un equipo técnico de tres legisladores de la República Dominicana presentó un informe clave que reduce drásticamente las solicitudes de cambio al proyecto del Código Penal. Tras analizar más de 90 propuestas enviadas por diversos sectores de la sociedad civil, la subcomisión determinó que la gran mayoría ya habían sido contempladas, por lo que solo recomiendan modificar seis artículos específicos.

El documento, elaborado por el senador Pedro Catrain y los diputados Mayobanex Martínez y Rosendy Polanco, se centró en las observaciones que aún no tenían respuesta. Ahora, el informe está en manos de la comisión bicameral, que busca agilizar los consensos para rendir su informe final ante la Cámara de Diputados.

Los cambios sugeridos impactan directamente áreas sensibles como la violencia de género, el perjurio, la ocupación de propiedades y la responsabilidad de las empresas.

1. El giro en la definición de violencia de género

El cambio más notable se propone para el artículo 127. Mientras que el texto actual del proyecto define la violencia de género de forma amplia (cualquier daño físico, sexual o psicológico por razón de sexo), la subcomisión plantea limitar estrictamente este delito a los casos donde la víctima sea una mujer.

Por otro lado, el artículo 124 (violencia doméstica o intrafamiliar) se mantiene intacto, castigando la violencia física con penas de 5 a 10 años de prisión mayor, y las variantes psicológicas, verbales o económicas con 2 a 5 años de prisión menor.

2. Nuevas reglas y penas para las empresas (Personas Jurídicas)

A diferencia del Código Penal vigente, el nuevo proyecto busca establecer un régimen claro para sancionar a las empresas. Las modificaciones sugeridas a los artículos 8 y 11 buscan afinar cómo se atribuye esta responsabilidad:

Cumplimiento normativo: Las empresas podrían mitigar o evitar sanciones si demuestran que implementaron programas eficaces de prevención, cooperaron con las autoridades o repararon el daño.

Empresas matrices: La responsabilidad penal se extenderá a las corporaciones controladoras si se prueba que autorizaron, toleraron o se beneficiaron de los delitos cometidos por sus filiales.

3. Castigos al perjurio y la violación de propiedad

Perjurio (Artículo 207): Mentir bajo juramento tendrá penas diferenciadas. Si el daño es estrictamente económico, la sanción será de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 15 salarios mínimos. Para otros escenarios, la pena baja de 15 días a 2 años de prisión.

Violación de propiedad (Artículo 269): Entrar sin autorización a terrenos o inmuebles (públicos o privados, urbanos o rurales) se castigará con 1 a 2 años de prisión y multas de 3 a 6 salarios mínimos del sector público.

¿Quiénes enviaron las propuestas?

El debate del Código Penal movilizó a todo el país. Según el informe, el 30.3% de las propuestas provino de gremios y ciudadanos particulares; el 21.3% de ONG y fundaciones; seguidos por un 7.9% sometido por legisladores y otro 7.9% por personal médico. Los temas que más pasiones y observaciones levantaron fueron el aborto (artículo 111), la difamación (artículo 208) y el delito de ultraje (artículo 310).

El obispo coadjutor de la arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Morel DiplánRaúl Asencio

Diario Azua / 15 de julio 2026

Al acto litúrgico asistieron los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

SANTO DOMINGO, R.D. – En el marco de la conmemoración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Morel Diplán, lanzó un enérgico llamado a los miembros del Congreso Nacional para que actúen con determinación y agilicen la aprobación definitiva del nuevo Código Penal de la República Dominicana.

Durante la celebración de la eucaristía, el prelado católico instó a los legisladores a asumir su rol con firmeza y sin dilaciones frente a una pieza legislativa que la sociedad dominicana demanda con urgencia para combatir la criminalidad y fortalecer la justicia.

Presencia de la cúpula del Poder Legislativo

La homilía contó con una relevante representación política del país. En primera fila estuvieron presentes los máximos líderes de ambas cámaras legislativas: el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes escucharon directamente el exhorto de la Iglesia católica para avanzar en la agenda legislativa del país.

Para la comunidad eclesiástica, el marco del homenaje a Juan Pablo Duarte representó el escenario idóneo para apelar a la responsabilidad patria y al compromiso social de los congresistas en la modernización de las leyes penales vigentes.

                                                                                                                                                                    

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Dr. Román Jáquez Liranzo. (Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Dr. Román Jáquez Liranzo, aclaró de manera categórica que el reglamento que regula las encuestas de carácter político y electoral en la República Dominicana continúa plenamente vigente y en vigor, desmintiendo de forma rotunda las versiones que aseguraban que la normativa había sido suspendida, inhabilitada o anulada.

El titular del órgano de comicios explicó detalladamente el estatus jurídico de la norma tras los recursos de reconsideración interpuestos por la firma encuestadora ACD Media y el movimiento cívico Participación Ciudadana, señalando que lo adoptado por el pleno de la institución fue una decisión técnica de sobreseimiento (posposición temporal).

Coordinación con el Tribunal Superior Electoral

Jáquez Liranzo argumentó que, de forma paralela a las solicitudes recibidas en la JCE, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de dos acciones de impugnación y nulidad contra el mismo reglamento, promovidas por la Fundación Sin Fronteras.

"Como el Tribunal Superior Electoral está conociendo de acciones que persiguen el mismo objeto y los mismos efectos, el Pleno de la JCE decidió el pasado 18 de junio el sobreseimiento del conocimiento de esos dos recursos", precisó el magistrado. Agregó que la medida se tomó para esperar el fallo del TSE (cuyas decisiones son vinculantes para la JCE) y así evitar la emisión de resoluciones contradictorias entre ambos órganos.

Sin presiones en el diccionario de la JCE: Al ser cuestionado sobre posibles presiones políticas para detener la aplicación de la norma, Román Jáquez fue tajante: "Presión no existe en el lenguaje ni en el diccionario de la Junta Central Electoral. Eso es en lo absoluto". Del mismo modo, recordó que la resolución se tomó hace casi un mes.

¿Quiénes pueden ser sancionados?

El presidente de la JCE también aprovechó para delimitar el alcance del régimen de consecuencias previsto en la regulación, aclarando a quiénes afectan las penalidades:

Sujetos regulados y sancionables: El reglamento y sus penalidades están dirigidos exclusivamente a las firmas encuestadoras y a los partidos u organizaciones políticas que incumplan con las disposiciones.

Exclusión total a la prensa: Jáquez Liranzo aclaró expresamente que la norma no impacta de ninguna manera a los medios de comunicación, periodistas o comunicadores, garantizando así el libre ejercicio de la libertad de prensa en el país.

 

 Keiko Fujimori (EFE/ Fuente Externa)

Diario Azua/ 15 de julio 2026

LIMA. – Un nuevo capítulo en la historia política de Perú se sella de manera oficial. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibe este miércoles las credenciales que la acreditan formalmente como presidenta electa de la República para el período constitucional 2026-2031.

La sesión solemne, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se llevará a cabo en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Durante el acto, que marca la antesala de su toma de posesión prevista para el próximo 28 de julio coincidiendo con las Fiestas Patrias, también recibirán sus credenciales constitucionales Luis Galarreta y Miguel Torres como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.

Un desenlace de infarto por el control del Ejecutivo

La entrega de credenciales pone fin a un extenso y complejo proceso electoral que inició el pasado 12 de abril y concluyó con un balotaje de infarto el 7 de junio. La derechista se impuso en segunda vuelta sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con un margen sumamente estrecho:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 9,223,396 votos.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 9,173,755 votos.

La ajustada diferencia de menos de 50,000 votos obligó a un riguroso conteo antes de la proclamación oficial del JNE el pasado 3 de julio.

Un hito para las mujeres peruanas: Keiko Fujimori se convierte formalmente en la primera mujer electa de forma directa por voto popular para gobernar el país. Aunque Dina Boluarte ejerció la presidencia (2022-2025), lo hizo mediante la vía de sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo.

El reto de gobernar en democracia

El presidente del JNE, Roberto Burneo, valoró este proceso electoral como "uno de los mayores desafíos institucionales de la historia reciente de Perú", en gran medida por la fragmentación política reflejada en la participación récord de 35 fórmulas presidenciales en la primera vuelta.

Burneo hizo un llamado a la unidad de cara al nuevo quinquenio gubernamental, enfatizando que la verdadera democracia no se agota en las urnas, sino en el respeto mutuo, el diálogo y el fortalecimiento de las instituciones estatales.

Por su parte, la hija del expresidente Alberto Fujimori declaró tras su proclamación que asume este enorme reto gubernamental con "responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber", consciente de las fuertes tensiones políticas y de representación social que persisten en la nación andina.

Ana María Díaz, representante del PNUD en el país. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana se consolida como uno de los sistemas democráticos más estables y robustos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta posición de liderazgo regional convive con importantes desafíos estructurales que amenazan la calidad de su gobernanza.

Así lo analiza Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, quien destaca que, a pesar de contar con bajos niveles de polarización y una fuerte libertad de expresión, la nación no está exenta de las presiones globales que afectan a las democracias modernas.

Las alertas en el radar democrático

Para la diplomática, el panorama dominicano presenta fortalezas indiscutibles, pero convive con riesgos latentes que requieren atención inmediata. Entre las principales señales de alerta identificadas por el PNUD se encuentran:

Brechas de representación: Persiste una deuda histórica en la inclusión política de sectores vulnerables, especialmente las mujeres.

La erosión de la confianza: Aunque se celebran elecciones regulares, existe un desencanto ciudadano debido a la baja confianza en los partidos políticos.

Nuevas amenazas globales: El impacto de la Inteligencia Artificial (IA), las campañas de desinformación en redes sociales, el crimen organizado y los efectos del cambio climático ya forman parte de las preocupaciones cotidianas de la población.

"Una parte importante del desencanto ciudadano no proviene de la ausencia de elecciones, sino de la percepción de que las instituciones no responden al interés general", explica Ana María Díaz.

El "antídoto" contra la desconfianza y la corrupción

Díaz enfatiza que la corrupción en la región ha dejado de ser un asunto de faltas aisladas para convertirse en un problema sistémico que distorsiona las funciones del Estado en favor de intereses privados.

Ante esto, la receta del PNUD es clara: transparencia absoluta y rendición de cuentas. Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones públicas se toman con opacidad, la legitimidad democrática se resiente. Por el contrario, procesos claros y abiertos devuelven la confianza en las reglas del juego.

Economía: De la reducción de pobreza a la consolidación de la clase media

En el plano económico, la representante del PNUD valora positivamente que la República Dominicana registre uno de los niveles más bajos de desigualdad de ingresos en la región, habiendo sido sumamente efectiva en reducir la pobreza extrema.

Sin embargo, el reto actual no es solo sacar a las personas de la pobreza, sino garantizar que la nueva clase media no sufra retrocesos ante crisis externas. Para ello, es urgente corregir las marcadas brechas de desarrollo que aún existen entre las distintas provincias y regiones del país.

El reto del debate digital

Consultada sobre el auge de la participación política en plataformas digitales, Díaz ve una gran oportunidad para integrar a la juventud y a sectores tradicionalmente excluidos de los canales formales.

No obstante, advierte que el gran desafío consiste en evitar que el debate se quede en la simple "reacción inmediata" o el insulto. La clave está en fomentar la alfabetización digital y crear herramientas que conecten el debate de las redes sociales con la toma de decisiones públicas reales en el Estado.

"El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, detalla la ruta crítica para sancionar las modificaciones al Código Penal en la sesión de este jueves."(Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El Congreso Nacional ha entrado en una fase de máxima aceleración. Con apenas dos reuniones de trabajo y poco más de una semana recibiendo sugerencias, la Cámara de Diputados se dispone a aprobar este jueves las modificaciones al nuevo Código Penal, empujada por el inminente cierre de la legislatura ordinaria.

El plan de ruta trazado es agresivo: la comisión bicameral presentará su informe final el jueves por la mañana, la pieza se debatirá y aprobará en el hemiciclo esa misma tarde, y de inmediato será despachada al Senado para que los senadores completen el trámite correspondiente la próxima semana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó formalmente a sesión para este jueves a la 1:00 p.m. y advirtió que, de ser necesario, habilitará una jornada extraordinaria el viernes para dejar el proyecto totalmente cerrado.

¿Qué se está modificando en el Código?

Aunque la revisión avanza a contrarreloj, el presidente de la comisión bicameral, Wandy Batista, aseguró que el proceso se encuentra prácticamente a la mitad tras analizar los primeros siete artículos de la pieza, corrigiendo desde aspectos de fondo hasta simples errores ortográficos.

Entre los puntos que concentran la mayor atención y debate de los sectores sociales se encuentran:

Artículos relacionados con la libertad de expresión.

Tipificaciones sobre difamación, injuria y ultraje.

Propuestas de ajuste enviadas por la ciudadanía y legisladores, cuya recepción formal cierra este miércoles a las 6:00 p.m.

La advertencia de Finjus: La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) urgió al Congreso a aplazar la entrada en vigencia del Código (prevista para el 3 de agosto). La entidad señala que el tiempo es "insuficiente" para corregir delitos que califican de "ambiguos y desproporcionados", advirtiendo sobre posibles vicios de inconstitucionalidad.

La presión del calendario legislativo

A pesar de los llamados a la prudencia de organismos jurídicos como la Finjus, la dirección del Congreso insiste en que el país no puede seguir postergando la sustitución del obsoleto Código Penal de 1884. Con el cierre de la legislatura fijado para el 26 de julio, el oficialismo busca asegurar que las reformas queden selladas antes de que termine el mes, asumiendo el reto de legislar bajo una enorme presión de tiempo.

Luis Abinader, presidente de la República. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader parece haber consolidado una especie de blindaje político en su segundo mandato. Según los datos más recientes de la encuesta ACD Media correspondientes al mes de julio, el jefe de Estado mantiene un sólido nivel de aprobación cercano al 50 %, logrando desmarcarse del progresivo desgaste que hoy castiga de forma severa a su gabinete de ministros.

El estudio revela una curiosa paradoja en el electorado dominicano: mientras el 52 % de los ciudadanos valora la situación general del país como negativa, la figura del mandatario apenas se inmuta. Abinader cuenta con un 50 % de aprobación frente a un 47.9 % que desaprueba su gestión, números casi idénticos a los que registró en mayo pasado.

La brecha entre el líder y sus ministros

La realidad es drásticamente opuesta para el equipo de Gobierno. El desgaste de la administración pública se está concentrando directamente en los ministerios. Mientras en mayo un 41.2 % valoraba de manera positiva el trabajo del gabinete, en julio esa cifra se desplomó al 32 %. Es decir, los funcionarios perdieron más de nueve puntos de aprobación en apenas dos meses, dejando un contundente 58 % de desaprobación sobre sus hombros.

Este fenómeno demuestra que la ciudadanía sigue separando la imagen del presidente del día a día de la gestión pública, cargando las deficiencias del alto costo de la vida y la inseguridad sobre las carteras correspondientes.

La lista de los ministros: Juan Manuel Méndez (COE) sigue liderando la valoración pública con 7.6 puntos, seguido por David Collado (6.9) y Kelvin Cruz (6.5). En la acera contraria, Faride Raful se mantiene como la funcionaria peor evaluada tras caer de 4.7 a 4.4 puntos.

Crecen el pesimismo y las preocupaciones ciudadanas

La persistencia de los problemas cotidianos ayuda a entender por qué el gabinete sufre tanto castigo. Aunque la percepción negativa sobre el rumbo del país bajó sutilmente de un 54 % a un 52 %, sentimientos como la preocupación (28.7 %) y la desilusión (26.7 %) ganaron terreno frente a la confianza, que retrocedió al 13.3 %. El alto costo de la vida y la delincuencia se mantienen inamovibles a la cabeza de las inquietudes ciudadanas.

Caos en el transporte: Los motoristas en la mira

Más allá de la economía y la delincuencia, la encuesta ACD Media arrojó un dato revelador sobre la movilidad urbana: la imprudencia de los motoristas es identificada por el 27.4 % de los encuestados como el principal problema del transporte, superando ampliamente las quejas por el costo del pasaje (16.4 %) y los tapones (14.1 %).

Hasta el momento, Luis Abinader continúa presentándose como el principal activo político del oficialismo. Sin embargo, analistas coinciden en que la gran incógnita del Gobierno es cuánto tiempo más podrá el presidente resistir la presión y contener el desgaste de un gabinete que no le sigue el ritmo.

"Diputados durante la sesión del martes 14 de julio, donde acordaron de manera unánime reducir a una semana el análisis para la aprobación de la reforma policial." (Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha decidido meter el acelerador. En una sesión clave, los legisladores acordaron un plazo fijo de apenas siete días para estudiar y dictaminar sobre el proyecto de reforma a la Ley de la Policía Nacional, una iniciativa del Poder Ejecutivo que en el Senado requirió de siete meses de intensos debates.

De no presentarse inconvenientes ni modificaciones en la cámara baja, el proyecto de ley pasará de inmediato al despacho del presidente Luis Abinader para su posterior promulgación u observación.

Carrera contra el reloj legislativo

La urgencia de los diputados responde al inminente cierre de la actual legislatura ordinaria, pautado para el próximo 26 de julio. La comisión permanente a cargo del proyecto se ha autoimpuesto el próximo martes como fecha límite para entregar el informe final.

Cabe destacar que el avance de esta reforma impulsada originalmente en diciembre de 2025 cobró una fuerza determinante en el Senado tras la trágica muerte del joven Darlin Mercado a manos de un agente del orden durante una requisa en el sector de Herrera.

La reforma policial se debatirá en paralelo con las polémicas modificaciones al Código Penal, concentrando la totalidad de la agenda legislativa de cara al cierre del periodo.

Los pilares del cambio: ¿Qué contempla la nueva reforma?

El proyecto de ley busca transformar de raíz el comportamiento de los uniformados a través de un régimen de consecuencias mucho más estricto:

Golpe al bolsillo y freno de carrera: Aquellos agentes que cometan infracciones éticas o abuso de autoridad sufrirán recortes directos en sus salarios y el bloqueo inmediato de cualquier ascenso.

Límites estrictos en las requisas corporales: El polémico artículo 155 prohíbe de forma explícita que los agentes realicen tocamientos en zonas erógenas o exijan a los ciudadanos desnudarse durante las revisiones de rutina en la vía pública.

Adiós al rango de "raso": En un esfuerzo por profesionalizar la institución, se elimina por completo la figura y el reclutamiento de nuevos "rasos". Quienes completen su formación académica ingresarán de manera directa con el rango y la categoría de agente patrullero.

Si la Cámara de Diputados decide dar luz verde a la pieza tal y como llegó desde el Senado, el país contará con un nuevo marco jurídico para su Policía Nacional antes de que termine el mes.

presidente Nayib Bukele se alzó con la nominación presidencial del partido oficialista Nuevas Ideas

Diario Azua / 14 de julio 2026

Tras ganar las primarias de Nuevas Ideas, el mandatario salvadoreño se prepara para inscribir su postulación bajo el nuevo marco constitucional que extendió el periodo de gobierno a seis años.

San Salvador. – El camino hacia una nueva reelección consecutiva en El Salvador ha quedado formalmente trazado. El presidente Nayib Bukele se alzó con la nominación presidencial del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) con miras a los comicios generales de 2027, un paso que lo coloca a las puertas de asegurar un tercer mandato consecutivo en el poder.

La comisión electoral del partido oficialista publicó los resultados de sus votaciones primarias internas, donde Bukele figura como el ganador indiscutible en la categoría presidencial, aunque la organización no ofreció detalles sobre los porcentajes de votación ni aclaró si el mandatario enfrentó algún rival en la contienda interna.

El cronograma electoral rumbo a 2027

Con la candidatura asegurada en su partido, el mandatario salvadoreño deberá cumplir con los plazos institucionales exigidos por la ley:

Inscripción oficial: Bukele tendrá que presentar formalmente su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el período comprendido entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.

Adelanto de elecciones: La cita con las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes se llevará a cabo en 2027, un año antes del cronograma tradicional.

La reforma constitucional de 2025: El escudo legal

Esta nueva postulación es posible gracias a la profunda reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa (controlada por el oficialismo) el 31 de julio de 2025. Los cambios clave que blindan el proyecto político de Bukele incluyen:

Reelección consecutiva ilimitada.

Ampliación del período presidencial de cinco a seis años.

Eliminación de la segunda vuelta electoral (balotaje).

Bukele, quien inició su segundo mandato el pasado 1 de junio de 2024 tras una interpretación judicial de la Sala de lo Constitucional, ya había asomado sus intenciones a finales de 2025, cuando confesó en una entrevista internacional su deseo de gobernar el país por "diez años más".

La paradoja de su popularidad: Seguridad frente a economía

Aunque Nayib Bukele conserva niveles extraordinarios de aprobación popular sustentados principalmente en su drástica estrategia de seguridad y el combate a las pandillas que transformó el clima social del país, el panorama para 2027 presenta nuevos matices.

Los más recientes sondeos de opinión pública reflejan que, con la delincuencia en mínimos históricos, la principal preocupación del electorado se ha trasladado al terreno económico, marcada por el alto costo de la vida, la falta de empleo y la necesidad de dinamismo financiero en las familias salvadoreñas.

Abel Martínez habla durante su encuentro con  dirigencia del sector empresarial en Santiago Rodriguez (Fuente Externa)

Diario Azua / 14 de julio 2026

El líder peledeísta se reúne con la dirigencia y el sector empresarial de Santiago Rodríguez, donde llamó a la unidad nacional y criticó las promesas incumplidas del PRM.

Sabaneta, Santiago Rodríguez. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, ratificó su convicción de que encabezará el próximo gobierno de la República Dominicana, asegurando que su proyecto político se cimentará sobre tres ejes fundamentales: honestidad administrativa, soberanía nacional y orden público.

Las declaraciones de Martínez se produjeron durante un encuentro político y almuerzo privado celebrado en la residencia del empresario Candelario Báez, en el municipio de Sabaneta. La actividad sirvió de plataforma para congregar a la alta dirigencia provincial y municipal del partido morado en la Línea Noroeste.

Defensa de la transparencia pública

El exalcalde de Santiago defendió con vehemencia su hoja de servicio en el Estado, señalándola como la principal garantía de su capacidad para dirigir los destinos del país.

«¿Qué es lo que necesita este país? Que se gobierne bien. Que se administre cada centavo de los recursos públicos con honestidad, como lo hemos hecho dondequiera que hemos estado», enfatizó Martínez, agregando que su trayectoria le permite "mirar a los ojos a la gente" sin temor a reclamos.

Frenesí contra el PRM y llamado a la unidad

Durante su intervención, el líder opositor arremetió contra el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), acusándolo de haber defraudado las expectativas de la ciudadanía. A su juicio, las familias dominicanas fueron víctimas de un engaño político basado en promesas que no se han traducido en soluciones reales para los problemas del día a día.

Ante esta situación, Martínez hizo un llamado urgente a la cohesin, no solo de las bases del PLD, sino de todos los sectores sociales que consideran que el país "la está pasando mal". Insistió en que el retorno de su organización al Poder Ejecutivo es indispensable para levantar la nación y restablecer el control institucional.

El evento contó con el respaldo de destacados miembros del Comité Central y liderazgóos de la zona, entre quienes figuraron Iván Peña, Andino Jiménez, Omar Medina, Rubén Medina y Santo Luciano, consolidando el respaldo estructural a sus aspiraciones presidenciales en la provincia.

Diario Azua / 14 de julio 2026

Crónica de un aniversario: Del pragmatismo del "pedazo de papel" a la construcción masiva y el control político que transformaron la República Dominicana.

Santo Domingo. – El 14 de julio de 2002, la historia dominicana cerraba uno de sus capítulos más extensos y debatidos con el fallecimiento, a los 95 años de edad, de Joaquín Balaguer. Hoy, al cumplirse 24 años de aquella madrugada en la Clínica Abreu, la figura del líder histórico del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sigue despertando pasiones encontradas, consolidándose como el político más polarizante de nuestra era contemporánea.

Balaguer no solo gobernó el país durante 22 años no consecutivos; el doctor, ensayista y estadista dictó el ritmo de la transición postrujillista (1960-1962), sobrevivió y se impuso en los turbulentos "Doce Años" (1966-1978) y retornó con el pragmatismo económico de los "Diez Años" (1986-1996).

La fisonomía del cemento y el resguardo verde

El balaguerismo dejó una huella física imborrable. Sus administraciones basaron el desarrollo económico en la industria de la construcción, impulsando una infraestructura masiva que sacó al país de la ruralidad decimonónica. Sistemas de riego estratégicos, carreteras troncales, hospitales de referencia y las principales presas hidroeléctricas que hoy sustentan el sistema energético nacional nacieron bajo su rúbrica.

Paralelamente, su gestión desarrolló una faceta conservacionista férrea, casi militar. Consciente del valor del agua y los bosques, Balaguer implementó políticas ecológicas drásticas: clausuró aserraderos, persiguió la tala indiscriminada y delineó los primeros pulmones urbanos del Distrito Nacional, incluyendo el emblemático Parque Mirador Sur, protegiendo las cuencas fluviales con un celo que sentó precedente.

El costo democrático: Persecución y pragmatismo

Sin embargo, el hormigón y los parques nacionales tuvieron un alto costo político. Las páginas más oscuras de su era se escribieron durante el periodo de los "Doce Años", un escenario marcado por la intolerancia democrática, la represión brutal contra la disidencia de izquierda, exilios forzados y asesinatos políticos que enlutaron a cientos de familias dominicanas.

La institucionalidad electoral también sufrió el peso de su astucia. Cuestionado constantemente por fraudes en las urnas y célebre por su concepción de que las leyes debían supeditarse a la realidad del poder, su frase "la Constitución es un pedazo de papel" quedó grabada como el lema de su pragmatismo caudillista.

A más de dos décadas de su desaparición, Joaquín Balaguer sigue siendo un espejo donde la República Dominicana mira sus propias contradicciones: el progreso material frente al sacrificio de las libertades públicas.

Reunión de la comisión de diputados que iniciará los estudios de las modificaciones al Código Penal. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 14 de julio 2026

A horas de que venza el plazo en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, partidos y gremios periodísticos coinciden en tumbar o suavizar las penas por difamación y ultraje.

Santo Domingo. – La presión social y los recientes reclamos ciudadanos han calado en el Congreso Nacional. De las aproximadamente 20 propuestas de modificación depositadas para corregir el nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia en agosto, la gran mayoría tiene un objetivo común: blindar la libertad de expresión y modificar los polémicos delitos de difamación y ultraje.

El Palacio Congreso se encuentra en una carrera contra el reloj, ya que la Cámara de Diputados recibirá propuestas de enmiendas solo hasta este miércoles a las 6:00 de la tarde.

Las tres grandes propuestas sobre la mesa

El debate principal gira en torno a cómo evitar que el nuevo texto legal sea utilizado como una herramienta mordaza contra la prensa y la ciudadanía:

La propuesta del Poder Ejecutivo: Entregada a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, plantea reducir la pena máxima por difamación de cinco a dos años de cárcel, eliminando los agravantes por el uso de redes sociales. Además, propone que el "ultraje" solo aplique cuando se cometa contra jueces o fiscales, excluyendo a los funcionarios del Gobierno.

El consenso de los diputados: Los voceros de los diferentes partidos políticos unificaron criterios para someter un proyecto que despenaliza la difamación cuando se trate de temas de interés público. Asimismo, exigen añadir un párrafo que aclare que el ultraje no se configurará en casos de críticas, sátiras, denuncias o protestas.

El gremio periodístico y la sociedad civil: Tanto el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) como la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) han solicitado formalmente que se aclare el alcance de la ley para proteger de forma irrestricta el periodismo de investigación.

Otros cambios en la lista

Aunque la libertad de prensa acapara la atención, la comisión legislativa también evalúa otras modificaciones de alto impacto social, tales como la inclusión de la violencia vicaria, la responsabilidad penal de los partidos políticos y la despenalización del aborto bajo circunstancias especiales.

Con el reloj corriendo hacia el cierre del plazo de recepción, los legisladores se preparan para una jornada intensa de consenso que defina el rumbo de la justicia penal en la República Dominicana.

Diario Azua / 13 de julio 2026

El debate sobre los derechos reproductivos de la mujer vuelve a encender los pasillos del Congreso Nacional. Aprovechando la ventana de modificaciones abierta por los legisladores, un colectivo de abogadas y académicas depositó ante la Cámara de Diputados una propuesta formal para incorporar las tres causales que despenalizarían el aborto en el nuevo Código Penal, antes de su inminente entrada en vigencia.

A pesar de que el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, ha reiterado que las revisiones se limitarán a "aspectos puntuales" y de consenso, las juristas afirmaron que este proceso de enmiendas representa "el momento idóneo" para saldar una deuda histórica con la salud de las mujeres y adolescentes dominicanas.

Los argumentos: "La vida de la madre también cuenta"

La propuesta entregada por las especialistas busca que la interrupción del embarazo no sea considerada un delito bajo tres eximentes específicas:

Cuando la vida de la madre se encuentre en peligro inminente.

Si el embarazo es el resultado de una violación sexual o incesto.

Cuando el feto presente malformaciones que hagan inviable su vida fuera del útero.

La reconocida abogada Mary Fernández advirtió que los artículos 110 y 111 del nuevo texto legal mantienen a la población femenina en un estado de "incertidumbre jurídica". Fernández recordó además las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la necesidad de corregir baches en la ley, argumentando que la protección de la gestante debe ser prioritaria: "La vida de la madre también es una vida", sentenció.

El debate constitucional sobre la mesa

Al ser cuestionadas sobre el artículo 37 de la Constitución dominicana que consagra la protección de la vida desde la concepción, la jurista Fabiola Medina rechazó que exista una contradicción legal.

Medina explicó que una gran corriente de constitucionalistas locales sostiene que las causales no violan la Carta Magna, puesto que el principio supremo del texto constitucional es salvaguardar el derecho a la vida de las mujeres y, sobre todo, su dignidad humana ante situaciones extremas.

Cuenta regresiva en la Cámara de Diputados

La iniciativa llega en una semana crucial para el futuro judicial del país. La comisión bicameral encargada de las revisiones, coordinada por el diputado oficialista Wandy Batista, tiene fijada la fecha límite para recibir propuestas de enmienda hasta este miércoles a las 6:00 p. m.

El Congreso corre contrarreloj, ya que la meta del Gobierno y el sector legislativo es subsanar los errores del Código Penal antes del 3 de agosto, día pautado para su entrada en vigor definitiva.