El presidente de la República, Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 27 de julio 2026

En las próximas semanas, el presidente Luis Abinader deberá emitir los decretos para la Gobernación del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, mientras tiene pendiente la evaluación de 11 jueces de la alta corte.

SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, afronta un calendario de decisiones institucionales decisivas para el rumbo económico y judicial del país. En las próximas semanas, el mandatario deberá decidir la permanencia o sustitución de los principales ejecutivos del sistema financiero nacional y definir la evaluación pendiente del Poder Judicial.

En el área económica, los compromisos inician en agosto con el vencimiento del período legal para los titulares del Banco Central (BCRD) y la Superintendencia de Bancos (SB).

El timón financiero del país

La atención del sector bancario se centra en las ratificaciones o renovaciones de cargos clave:

Gobernación del Banco Central: Encabezada por Héctor Valdez Albizu, quien acumula más de 28 años al frente de la institución monetaria tras ser ratificado por distintas administraciones desde 2004.

Superintendencia de Bancos: Ocupada por Alejandro Fernández W. desde 2020, habiendo sido ratificado previamente en los años 2022 y 2024.

Junta Monetaria: Para el mes de noviembre, el Ejecutivo deberá evaluar a los seis miembros designados de este órgano rector: Julio César Llibre Salcedo, Arturo Martínez Moya, Eduardo De Jesús Tejera Curbelo, Sergia Elena Mejía de Peña, Ricardo Rojas León y José Manuel Mallén.

Aunque la práctica habitual desde el inicio del actual mandato presidencial en 2020 ha sido la ratificación de los funcionarios de esta área para dar continuidad y estabilidad a la política económica, cada período requiere formalmente la emisión de un nuevo decreto ejecutivo.

Pendiente: Evaluación en la Suprema Corte de Justicia

A las decisiones del sector monetario se suma un proceso institucional de alto calado: la evaluación de 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período legal de desempeño venció el pasado mes de abril. Entre los jueces pendientes de revisión figura el presidente de la alta corte, Luis Henry Molina.

Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) órgano constitucional presidido por el propio jefe de Estado llevar a cabo el proceso de evaluación de desempeño y decidir la permanencia o sustitución de los jueces.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados e integrante del CNM, Alfredo Pacheco, ha señalado recientemente que la posposición del proceso ha obedecido a la atención prioritaria que el Gobierno ha tenido que destinar a emergencias provocadas por fenómenos naturales y a las repercusiones de la crisis internacional en Oriente Medio.

 

Abelardo de la Espriella (EFE/ARCHIVO)

Diario Azua / 27 de julio 2026

El presidente electo de Colombia solicitó formalmente al Congreso convocar la sesión del 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca, argumentando problemas logísticos provocados por la actividad del volcán Puracé.

BOGOTÁ.– En un hecho sin antecedentes recientes en la política colombiana, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que solicitará formalmente a la Cámara de Representantes trasladar la ceremonia de su investidura del próximo 7 de agosto a la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

La decisión representa un giro en sus planes iniciales, que contemplaban asumir el mando en un batallón militar en Popayán (Cauca). Dicha propuesta previa había generado un intenso debate político y logístico por el mensaje de subordinación del poder civil al militar y los retos de seguridad que planteaba.

Actividad volcánica obligó al cambio de sede

A través de un mensaje dirigido al país por redes sociales, el mandatario electo explicó que la modificación de la sede responde a razones de fuerza mayor vinculadas al clima y la geología del suroccidente colombiano.

"Las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de esa ceniza pueden generar sobre la operación logística, me obligan a tomar una decisión responsable", afirmó De la Espriella, haciendo referencia a los cierres preventivos en el aeropuerto de Popayán por la emisión de cenizas del volcán Puracé.

Homenaje a la fuerza pública y prioridad en seguridad

A pesar del cambio de ciudad, el futuro jefe de Estado enfatizó que mantiene su compromiso de rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y de enfocar su mensaje en la recuperación del orden en el suroeste del país, una de las zonas más impactadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

De la Espriella adelantó que, tras culminar el acto de posesión en Cali, encabezará su primer consejo de seguridad nacional en la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

"La seguridad volverá a ser la prioridad nacional, cuenten con eso", prometió el presidente electo.

Un hito protocolar en la historia de Colombia

Tradicionalmente, la toma de posesión presidencial en Colombia se celebra ante el Congreso en pleno en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional o en la emblemática Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

El traslado de la sesión parlamentaria a la ciudad de Cali requerirá la aprobación formal del Congreso, marcando un hito atípico en el protocolo constitucional del país.

Diario Azua / 27 de julio 2026

El proyecto de ley, que fue frenado en el Senado para una última revisión, contempla hasta 10 años de cárcel para organizadores clandestinos y crea la Dirección General de Juegos de Azar.

SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional se encuentra en la fase final de discusión de una profunda reforma al sector de las apuestas. El nuevo proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana establece medidas drásticas para contener la expansión del sector, destacando una veda de diez años para otorgar licencias a nuevas bancas de lotería, casinos y salas de tragamonedas.

La iniciativa, que ya recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados con modificaciones, retornó al Senado donde se decidió enviar a comisión para un análisis detallado. Su revisión final quedará pendiente para la legislatura que inicia este 16 de agosto.

Cárcel y regulación para el juego ilícito

Uno de los pilares del proyecto es el endurecimiento del régimen sancionador contra los llamados "riferos" y plataformas no autorizadas:

Penas de 1 a 2 años de prisión para quienes operen negocios de apuestas sin licencia formal o fuera de las zonas autorizadas.

Condenas de hasta 10 años de cárcel para infracciones graves como la evasión mediante el uso de testaferros u ocultamiento de ingresos.

Control digital: Se aplicará un impuesto del 10 % sobre ventas brutas a plataformas de apuestas por internet y se faculta el bloqueo de direcciones IP y dominios a sitios web no regulados.

Para fiscalizar estas medidas, la normativa crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como un ente autónomo regulador, además de implementar un Sistema Único de Registro para rastrear operaciones de apuestas y prevenir el lavado de activos.

Distancias mínimas, ludopatía y reglas de operación

La ley también fija reglas claras de convivencia y funcionamiento comercial para los establecimientos:

Aspecto Regulado	Medida o Restricción
Distancia a escuelas/iglesias	Mínimo 500 metros para bancas deportivas; 200 metros para bancas de lotería.
Protección al jugador	Prohibido el ingreso a menores de edad, personas armadas o en estado de ebriedad.
Prohibición de empeños	Se prohíbe a dueños otorgar préstamos o aceptar joyas y vehículos como pago de apuestas.
Combate a la ludopatía	Creación de un Registro de Autoexclusión y destino del 10 % de las multas cobradas a programas de prevención.
Tragamonedas	Deben retornar al menos el 85 % de lo apostado y se limita a un máximo de 15 máquinas por banca deportiva.

Tensiones e inquietudes del sector

A pesar de las restricciones, el proyecto ha generado debates entre diversos sectores. Entidades como Fenapadres habían expresado preocupación por la distancia fijada entre bancas y centros educativos, mientras que la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) ha cuestionado que el Consejo Técnico de la DGJA esté compuesto de manera exclusiva por funcionarios del Estado, limitando la presencia del sector privado a invitaciones puntuales.

Como incentivo a la formalización, el texto legal incluye un régimen temporal de descuentos sobre deudas tributarias acumuladas en el sector hasta el año 2025.

 La líder opositora venezolana, María Corina Machado. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 26 de julio 2026

Junto a Edmundo González Urrutia, la líder opositora aclaró que no forma parte de las conversaciones respaldadas por EE. UU. y exigió que sus promotores rindan cuentas sobre sus objetivos.

La política venezolana registra una nueva fisura en el bloque opositor. La galardonada con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia confirmaron que no participarán en el mecanismo de diálogo previsto para agosto entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la Asamblea Nacional electa en 2015.

A través de un comunicado conjunto difundido en redes sociales, los líderes opositores marcaron distancia de las conversaciones promovidas por la dirigente en el exilio Dinorah Figuera, las cuales cuentan con el aval de Estados Unidos.

"Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma", expresaron Machado y González Urrutia, enfatizando que no formaron parte del diseño ni de la creación de este canal de negociación.

Un escenario político convulso

Las negociaciones que Washington ha calificado como un "paso importante hacia la reconciliación" ocurren tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, evento que derivó en la asunción de Delcy Rodríguez al frente del ejecutivo bajo una fuerte presión internacional.

A pesar de desvincularse de este proceso en particular, Machado aclaró que no se opondrá a iniciativas que generen "avances reales" para la nación. Tanto ella como González Urrutia reiteran que la salida a la crisis requiere la celebración de elecciones presidenciales transparentes, sosteniendo la postura de que ganaron los comicios de 2024.

Exilio y obstáculos para el retorno

La postura de Machado coincide con sus denuncias desde el exilio en Panamá, donde asegura que el régimen de Rodríguez ha bloqueado el espacio aéreo para impedirle reingresar al territorio nacional. La dirigente abandonó el país clandestinamente en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y desde entonces ha reiterado su intención de regresar a Venezuela, incluso en medio del complejo panorama humanitario dejado por los devastadores sismos de junio.

La Comisión Electoral de la corriente Dignidad Jurídica fija fecha del 6 de septiembre para elecciones internas que escogerá el candidato a las elecciones del CARD.

Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 25 julio 2026.-

La Comisión Nacional Electoral de la corriente gremial Dignidad Jurídica, fijó el día 6 de septiembre del presente año para la celebración del proceso interno que escogerá el candidato que encabezará la plancha de esa corriente en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)

Además de la fecha en el encuentro de la dirección de Dignidad Jurídica con la Comisión Electoral y la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, se abordaron aspectos esenciales del proceso como la lista de los abogados y abogadas con derecho al voto, la ubicación de mesas electorales a nivel nacional y la conformación de las sub comisiones provinciales, entre otros puntos.

Las elecciones serán celebradas el domingo 06 de septiembre del presente año, en horario de: 09: 00 am, hasta las 5:00 pm, en todas las provincias y el gran Santo Domingo.

La Semana en curso en rueda de prensa, Dignidad Jurídica reclamó de la presidencia del CARD convocar sus órganos competentes para conformar la Comisión Electoral en el gremio de los abogados y abogadas.

Se recordó que la Ley número 3-19 establece de manera expresa en su artículo 34, que las elecciones del Colegio de Abogados deberán celebrarse el primer sábado del mes de diciembre del año correspondiente.

En la reunión de Dignidad Jurídica participaron el titular de la secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales( SAGP), Francisco Mosquea, igual que Leonardo Reynoso, presidente de Dignidad Jurídica los miembros de la comisión, electoral presidida por Gamalier Montás y como testigo Miriam Cabral, integrante del Comité Político del PLD.

Diario Azua / 22 de julio 2026

El productor y creador de contenido iniciará la recolección de firmas tras rechazar propuestas de organizaciones tradicionales como el #PRSC.

SANTO DOMINGO.— El empresario de los medios de comunicación y creador de contenido Santiago Matías (Alofoke) dio este miércoles 22 de julio de 2026 un paso definitivo en la escena pública al anunciar la creación de una nueva plataforma política con miras a competir en las elecciones presidenciales de 2028.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el ejecutivo de Alofoke Media Group adelantó que comenzará en los próximos días el proceso de recolección de firmas ciudadanas para solicitar formalmente el reconocimiento legal ante la Junta Central Electoral (#JCE). Matías prometió documentar cada paso de esta etapa organizativa y recorrer el territorio nacional en busca del aval de los votantes.

Distanciamiento de las estructuras tradicionales

En su mensaje, el empresario argumentó que su decisión responde a la necesidad de renovar el sistema político dominicano con "ideas y principios innovadores", apartándose de los métodos de la política tradicional.

Aunque reveló haber recibido ofertas para encabezar candidaturas presidenciales por parte de más de 15 organizaciones políticas incluyendo al Partido Reformista Social Cristiano (#PRSC) y su presidente Quique Antún, Matías optó por construir un proyecto propio desde cero. Como primer paso de esta convocatoria, solicitó a su comunidad de seguidores proponer nombres para la futura entidad partidaria.

Un salto impulsado por el alcance digital

La incursión formal de Matías en el ámbito partidario ocurre tras un periodo de creciente presencia en el debate sociopolítico local. Recientemente, su figura figuró en los primeros lugares de simpatía y proyección política en un estudio de opinión de la firma ACD Media, medición que generó discusiones en diversos espacios informativos y redes sociales.

Al frente de un ecosistema de medios con millones de seguidores en plataformas digitales y llegada a la diáspora dominicana, Matías ha combinado el entretenimiento con el análisis de temas de coyuntura social y económica. Con este anuncio, el comunicador inicia la etapa más ambiciosa de su proyección pública, marcando un hito en el panorama político de cara a la contienda de 2028.

El gabinete presidencial se ha visto con papel protagónico en la ejecución, o proposición, de las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader. (Fuente Externa)

Diario Azua / 22 de julio 2026

Entre la aprobación constitucional, fusiones estatales y proyectos paralizados en el Congreso, el ambicioso paquete de reformas institucionales muestra avances desiguales.

El ambicioso plan de reformas institucionales presentado por el presidente Luis Abinader en agosto de 2021 que inició con 12 propuestas y se extendió a 16 registra un avance dispar tras casi un lustro de ejecución. Mientras que la modificación constitucional y la reorganización de la administración pública lograron materializarse, otros proyectos clave como la reforma laboral o la Ley de Agua permanecen estancados o relegados.

Los avances concretados: Constitución y reorganización estatal

El logro más relevante de la agenda presidencial ha sido la Reforma Constitucional, proclamada por la Asamblea Nacional a finales de octubre. Esta modificación introdujo cambios estructurales como la reducción de la matrícula de diputados de 190 a 170, la prohibición de extender el mandato presidencial más allá de dos períodos y la unificación de los procesos electorales. Asimismo, modificó el mecanismo de selección del procurador general a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Paralelamente, la Reforma y Modernización de la Administración Pública ha avanzado mediante 21 procesos de reorganización ejecutados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) desde septiembre de 2024. Entre las medidas destacan:

La fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo en una sola entidad.

La creación de la Dirección de Desarrollo Social Supérate y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria.

En el ámbito educativo, se estableció mediante el Decreto 309-26 la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa para coordinar políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad del sector.

Proyectos en debate y procesos complejos

A pesar de los avances institucionales, otras reformas continúan en proceso de discusión o han enfrentado fricciones sociales y legislativas:

Reforma Policial: Aunque la Policía Nacional ha incorporado cambios operativos y tecnológicos, la vía legislativa aún está pendiente. El Senado aprobó recientemente en primera discusión la nueva Ley Orgánica del cuerpo armado, marco que busca crear un régimen especial de carrera y regular el uso legítimo de la fuerza. La iniciativa se debate en un contexto de escrutinio público tras incidentes recientes que han generado protestas y cuestionamientos sobre los patrullajes.

Fusión Educativa: La propuesta de integrar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) no ha logrado concretarse debido a objeciones reiteradas en el Congreso Nacional.

Reforma Fiscal: Tras el retiro a finales de 2024 de la propuesta original de Ley de Modernización Fiscal por rechazo social, el Gobierno implementó ajustes tributarios mediante el denominado "Plan Anticrisis" aprobados de forma acelerada ante la coyuntura económica internacional.

Reformas estancadas y en el olvido

Por otro lado, varias de las promesas de 2021 no han logrado progresar en el ámbito legislativo:

Código Laboral: Las discusiones permanecen paralizadas debido a la falta de consenso entre los sectores empresarial y sindical sobre la continuidad de la cesantía laboral.

Ley de Agua: Los proyectos legislativos destinados a regular la gestión del recurso hídrico perimieron en el Congreso a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo.

Otras iniciativas: Propuestas vinculadas a la modificación de la Ley de Hidrocarburos y normativas sobre cambio climático no superaron la fase inicial de anuncio.

Salir del mapa del hambre de la FAO es un hito importante para la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 21 de julio 2026

SANTO DOMINGO. — La República Dominicana ha alcanzado un hito decisivo en su política de seguridad alimentaria tras salir oficialmente del mapa de subalimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (#FAO). El organismo internacional confirmó que el país redujo la prevalencia del hambre crónica a menos del 2.5 % de su población, situándose por debajo del umbral mínimo global.

Este avance coloca a la nación en una posición de liderazgo regional en el camino hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (#ODS) 2: Hambre Cero, trazado en la agenda internacional para 2030.

Una década de reducción sostenida

Los indicadores de la #FAO reflejan una constante disminución de la subalimentación en el país durante los últimos diez años, logrando una reducción total de 5.1 puntos porcentuales:

Período 2014–2016: La prevalencia afectaba al 7.6 % de los dominicanos.

Período 2019–2021: Se estabilizó en un 5.0 %, superando las presiones económicas globales de la pandemia.

Período 2023–2025: Alcanzó el mínimo histórico de 2.5 %, umbral que permite la salida del mapa de subalimentación.

🇺🇳 Reconocimiento internacional de las Naciones Unidas

El director general de la #FAO, Qu Dongyu, elogió el desempeño dominicano y valoró las alianzas entre el sector público, los productores agrícolas y la sociedad civil como clave del éxito.

"La gran lección que se puede aprender de la República Dominicana es que, sin importar el tamaño de la nación, se requiere un fuerte compromiso político [...] para luchar contra el hambre mediante políticas confiables", destacó Dongyu.

La #FAO subrayó que este logro cobra mayor relevancia en un contexto global marcado por la inflación, el cambio climático y los desafíos en las cadenas de suministro alimentarias.

El Congreso de Estados Unidos. (AFP)

Diario Azua / 20 de julio 2026

El mandatario exige a los republicanos condicionar el presupuesto federal para imponer reglas más estrictas al voto de cara a las elecciones de noviembre.

WASHINGTON. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este lunes la presión sobre la bancada republicana en el Congreso. A través de un mensaje directo, el mandatario instó a los legisladores a condicionar la aprobación del próximo presupuesto federal a la validación de la "America Save Act", la estancada reforma que busca endurecer sustancialmente los requisitos para el registro e identificación de votantes.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deben unirse y luchar por la America Save Act", manifestó el gobernante en su plataforma Truth Social. El objetivo de la Casa Blanca es que estas nuevas directrices entren en vigor antes de los comicios de medio mandato programados para noviembre.

La estrategia presupuestaria frente al Senado

La propuesta impulsada por Trump busca implementar la obligatoriedad de presentar identificaciones con fotografía y pruebas de ciudadanía para ejercer el sufragio a nivel federal. Asimismo, el mandatario reiteró su intención de limitar de forma drástica el voto por correo, restringiéndolo únicamente a excepciones como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes justificados.

Para viabilizar la medida, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, integró la reforma electoral dentro del paquete del presupuesto general. Esta maniobra técnica eleva las apuestas políticas:

Bloqueo en el Senado: La "America Save Act" ya cuenta con el visto bueno de la Cámara Baja, pero lleva meses frenada en el Senado debido al rechazo de la mayoría demócrata.

Riesgo de cierre de Gobierno: Al estar atada a los fondos federales, si los demócratas deciden bloquear el paquete en el Senado, asumirían el costo político de un potencial cierre de la administración pública (government shutdown).

Voces de alerta ante las restricciones de voto

"La normativa implicaría que millones de ciudadanos enfrenten serias dificultades para ejercer su derecho al voto, llegando incluso a excluir a segmentos importantes de la población". Advertencia de coaliciones de derechos humanos y el Partido Demócrata.

Diversas organizaciones civiles y legisladores de la oposición sostienen que los nuevos requisitos de registro e identidad representan una barrera burocrática que afecta de manera desproporcionada a minorías, mujeres y personas transgénero, limitando el acceso equitativo a las urnas.

Con los plazos legislativos en contra y las elecciones de noviembre en el horizonte, la votación de esta semana en el Congreso se perfila como un termómetro decisivo para la estabilidad política y fiscal de la nación.

Aunque el documento no identifica los sectores que formularon las propuestas acogidas, indica que el análisis se centró en aquellas que aún no habían sido respondidas. (Fuente Externa)

Diario Azua / 18 de julio 2026

Un equipo técnico de tres legisladores de la República Dominicana presentó un informe clave que reduce drásticamente las solicitudes de cambio al proyecto del Código Penal. Tras analizar más de 90 propuestas enviadas por diversos sectores de la sociedad civil, la subcomisión determinó que la gran mayoría ya habían sido contempladas, por lo que solo recomiendan modificar seis artículos específicos.

El documento, elaborado por el senador Pedro Catrain y los diputados Mayobanex Martínez y Rosendy Polanco, se centró en las observaciones que aún no tenían respuesta. Ahora, el informe está en manos de la comisión bicameral, que busca agilizar los consensos para rendir su informe final ante la Cámara de Diputados.

Los cambios sugeridos impactan directamente áreas sensibles como la violencia de género, el perjurio, la ocupación de propiedades y la responsabilidad de las empresas.

1. El giro en la definición de violencia de género

El cambio más notable se propone para el artículo 127. Mientras que el texto actual del proyecto define la violencia de género de forma amplia (cualquier daño físico, sexual o psicológico por razón de sexo), la subcomisión plantea limitar estrictamente este delito a los casos donde la víctima sea una mujer.

Por otro lado, el artículo 124 (violencia doméstica o intrafamiliar) se mantiene intacto, castigando la violencia física con penas de 5 a 10 años de prisión mayor, y las variantes psicológicas, verbales o económicas con 2 a 5 años de prisión menor.

2. Nuevas reglas y penas para las empresas (Personas Jurídicas)

A diferencia del Código Penal vigente, el nuevo proyecto busca establecer un régimen claro para sancionar a las empresas. Las modificaciones sugeridas a los artículos 8 y 11 buscan afinar cómo se atribuye esta responsabilidad:

Cumplimiento normativo: Las empresas podrían mitigar o evitar sanciones si demuestran que implementaron programas eficaces de prevención, cooperaron con las autoridades o repararon el daño.

Empresas matrices: La responsabilidad penal se extenderá a las corporaciones controladoras si se prueba que autorizaron, toleraron o se beneficiaron de los delitos cometidos por sus filiales.

3. Castigos al perjurio y la violación de propiedad

Perjurio (Artículo 207): Mentir bajo juramento tendrá penas diferenciadas. Si el daño es estrictamente económico, la sanción será de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 15 salarios mínimos. Para otros escenarios, la pena baja de 15 días a 2 años de prisión.

Violación de propiedad (Artículo 269): Entrar sin autorización a terrenos o inmuebles (públicos o privados, urbanos o rurales) se castigará con 1 a 2 años de prisión y multas de 3 a 6 salarios mínimos del sector público.

¿Quiénes enviaron las propuestas?

El debate del Código Penal movilizó a todo el país. Según el informe, el 30.3% de las propuestas provino de gremios y ciudadanos particulares; el 21.3% de ONG y fundaciones; seguidos por un 7.9% sometido por legisladores y otro 7.9% por personal médico. Los temas que más pasiones y observaciones levantaron fueron el aborto (artículo 111), la difamación (artículo 208) y el delito de ultraje (artículo 310).

El obispo coadjutor de la arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Morel DiplánRaúl Asencio

Diario Azua / 15 de julio 2026

Al acto litúrgico asistieron los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

SANTO DOMINGO, R.D. – En el marco de la conmemoración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Morel Diplán, lanzó un enérgico llamado a los miembros del Congreso Nacional para que actúen con determinación y agilicen la aprobación definitiva del nuevo Código Penal de la República Dominicana.

Durante la celebración de la eucaristía, el prelado católico instó a los legisladores a asumir su rol con firmeza y sin dilaciones frente a una pieza legislativa que la sociedad dominicana demanda con urgencia para combatir la criminalidad y fortalecer la justicia.

Presencia de la cúpula del Poder Legislativo

La homilía contó con una relevante representación política del país. En primera fila estuvieron presentes los máximos líderes de ambas cámaras legislativas: el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes escucharon directamente el exhorto de la Iglesia católica para avanzar en la agenda legislativa del país.

Para la comunidad eclesiástica, el marco del homenaje a Juan Pablo Duarte representó el escenario idóneo para apelar a la responsabilidad patria y al compromiso social de los congresistas en la modernización de las leyes penales vigentes.

                                                                                                                                                                    

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Dr. Román Jáquez Liranzo. (Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Dr. Román Jáquez Liranzo, aclaró de manera categórica que el reglamento que regula las encuestas de carácter político y electoral en la República Dominicana continúa plenamente vigente y en vigor, desmintiendo de forma rotunda las versiones que aseguraban que la normativa había sido suspendida, inhabilitada o anulada.

El titular del órgano de comicios explicó detalladamente el estatus jurídico de la norma tras los recursos de reconsideración interpuestos por la firma encuestadora ACD Media y el movimiento cívico Participación Ciudadana, señalando que lo adoptado por el pleno de la institución fue una decisión técnica de sobreseimiento (posposición temporal).

Coordinación con el Tribunal Superior Electoral

Jáquez Liranzo argumentó que, de forma paralela a las solicitudes recibidas en la JCE, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de dos acciones de impugnación y nulidad contra el mismo reglamento, promovidas por la Fundación Sin Fronteras.

"Como el Tribunal Superior Electoral está conociendo de acciones que persiguen el mismo objeto y los mismos efectos, el Pleno de la JCE decidió el pasado 18 de junio el sobreseimiento del conocimiento de esos dos recursos", precisó el magistrado. Agregó que la medida se tomó para esperar el fallo del TSE (cuyas decisiones son vinculantes para la JCE) y así evitar la emisión de resoluciones contradictorias entre ambos órganos.

Sin presiones en el diccionario de la JCE: Al ser cuestionado sobre posibles presiones políticas para detener la aplicación de la norma, Román Jáquez fue tajante: "Presión no existe en el lenguaje ni en el diccionario de la Junta Central Electoral. Eso es en lo absoluto". Del mismo modo, recordó que la resolución se tomó hace casi un mes.

¿Quiénes pueden ser sancionados?

El presidente de la JCE también aprovechó para delimitar el alcance del régimen de consecuencias previsto en la regulación, aclarando a quiénes afectan las penalidades:

Sujetos regulados y sancionables: El reglamento y sus penalidades están dirigidos exclusivamente a las firmas encuestadoras y a los partidos u organizaciones políticas que incumplan con las disposiciones.

Exclusión total a la prensa: Jáquez Liranzo aclaró expresamente que la norma no impacta de ninguna manera a los medios de comunicación, periodistas o comunicadores, garantizando así el libre ejercicio de la libertad de prensa en el país.

 

 Keiko Fujimori (EFE/ Fuente Externa)

Diario Azua/ 15 de julio 2026

LIMA. – Un nuevo capítulo en la historia política de Perú se sella de manera oficial. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibe este miércoles las credenciales que la acreditan formalmente como presidenta electa de la República para el período constitucional 2026-2031.

La sesión solemne, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se llevará a cabo en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Durante el acto, que marca la antesala de su toma de posesión prevista para el próximo 28 de julio coincidiendo con las Fiestas Patrias, también recibirán sus credenciales constitucionales Luis Galarreta y Miguel Torres como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.

Un desenlace de infarto por el control del Ejecutivo

La entrega de credenciales pone fin a un extenso y complejo proceso electoral que inició el pasado 12 de abril y concluyó con un balotaje de infarto el 7 de junio. La derechista se impuso en segunda vuelta sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con un margen sumamente estrecho:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 9,223,396 votos.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 9,173,755 votos.

La ajustada diferencia de menos de 50,000 votos obligó a un riguroso conteo antes de la proclamación oficial del JNE el pasado 3 de julio.

Un hito para las mujeres peruanas: Keiko Fujimori se convierte formalmente en la primera mujer electa de forma directa por voto popular para gobernar el país. Aunque Dina Boluarte ejerció la presidencia (2022-2025), lo hizo mediante la vía de sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo.

El reto de gobernar en democracia

El presidente del JNE, Roberto Burneo, valoró este proceso electoral como "uno de los mayores desafíos institucionales de la historia reciente de Perú", en gran medida por la fragmentación política reflejada en la participación récord de 35 fórmulas presidenciales en la primera vuelta.

Burneo hizo un llamado a la unidad de cara al nuevo quinquenio gubernamental, enfatizando que la verdadera democracia no se agota en las urnas, sino en el respeto mutuo, el diálogo y el fortalecimiento de las instituciones estatales.

Por su parte, la hija del expresidente Alberto Fujimori declaró tras su proclamación que asume este enorme reto gubernamental con "responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber", consciente de las fuertes tensiones políticas y de representación social que persisten en la nación andina.

Ana María Díaz, representante del PNUD en el país. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana se consolida como uno de los sistemas democráticos más estables y robustos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta posición de liderazgo regional convive con importantes desafíos estructurales que amenazan la calidad de su gobernanza.

Así lo analiza Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, quien destaca que, a pesar de contar con bajos niveles de polarización y una fuerte libertad de expresión, la nación no está exenta de las presiones globales que afectan a las democracias modernas.

Las alertas en el radar democrático

Para la diplomática, el panorama dominicano presenta fortalezas indiscutibles, pero convive con riesgos latentes que requieren atención inmediata. Entre las principales señales de alerta identificadas por el PNUD se encuentran:

Brechas de representación: Persiste una deuda histórica en la inclusión política de sectores vulnerables, especialmente las mujeres.

La erosión de la confianza: Aunque se celebran elecciones regulares, existe un desencanto ciudadano debido a la baja confianza en los partidos políticos.

Nuevas amenazas globales: El impacto de la Inteligencia Artificial (IA), las campañas de desinformación en redes sociales, el crimen organizado y los efectos del cambio climático ya forman parte de las preocupaciones cotidianas de la población.

"Una parte importante del desencanto ciudadano no proviene de la ausencia de elecciones, sino de la percepción de que las instituciones no responden al interés general", explica Ana María Díaz.

El "antídoto" contra la desconfianza y la corrupción

Díaz enfatiza que la corrupción en la región ha dejado de ser un asunto de faltas aisladas para convertirse en un problema sistémico que distorsiona las funciones del Estado en favor de intereses privados.

Ante esto, la receta del PNUD es clara: transparencia absoluta y rendición de cuentas. Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones públicas se toman con opacidad, la legitimidad democrática se resiente. Por el contrario, procesos claros y abiertos devuelven la confianza en las reglas del juego.

Economía: De la reducción de pobreza a la consolidación de la clase media

En el plano económico, la representante del PNUD valora positivamente que la República Dominicana registre uno de los niveles más bajos de desigualdad de ingresos en la región, habiendo sido sumamente efectiva en reducir la pobreza extrema.

Sin embargo, el reto actual no es solo sacar a las personas de la pobreza, sino garantizar que la nueva clase media no sufra retrocesos ante crisis externas. Para ello, es urgente corregir las marcadas brechas de desarrollo que aún existen entre las distintas provincias y regiones del país.

El reto del debate digital

Consultada sobre el auge de la participación política en plataformas digitales, Díaz ve una gran oportunidad para integrar a la juventud y a sectores tradicionalmente excluidos de los canales formales.

No obstante, advierte que el gran desafío consiste en evitar que el debate se quede en la simple "reacción inmediata" o el insulto. La clave está en fomentar la alfabetización digital y crear herramientas que conecten el debate de las redes sociales con la toma de decisiones públicas reales en el Estado.

"El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, detalla la ruta crítica para sancionar las modificaciones al Código Penal en la sesión de este jueves."(Fuente Externa)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El Congreso Nacional ha entrado en una fase de máxima aceleración. Con apenas dos reuniones de trabajo y poco más de una semana recibiendo sugerencias, la Cámara de Diputados se dispone a aprobar este jueves las modificaciones al nuevo Código Penal, empujada por el inminente cierre de la legislatura ordinaria.

El plan de ruta trazado es agresivo: la comisión bicameral presentará su informe final el jueves por la mañana, la pieza se debatirá y aprobará en el hemiciclo esa misma tarde, y de inmediato será despachada al Senado para que los senadores completen el trámite correspondiente la próxima semana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó formalmente a sesión para este jueves a la 1:00 p.m. y advirtió que, de ser necesario, habilitará una jornada extraordinaria el viernes para dejar el proyecto totalmente cerrado.

¿Qué se está modificando en el Código?

Aunque la revisión avanza a contrarreloj, el presidente de la comisión bicameral, Wandy Batista, aseguró que el proceso se encuentra prácticamente a la mitad tras analizar los primeros siete artículos de la pieza, corrigiendo desde aspectos de fondo hasta simples errores ortográficos.

Entre los puntos que concentran la mayor atención y debate de los sectores sociales se encuentran:

Artículos relacionados con la libertad de expresión.

Tipificaciones sobre difamación, injuria y ultraje.

Propuestas de ajuste enviadas por la ciudadanía y legisladores, cuya recepción formal cierra este miércoles a las 6:00 p.m.

La advertencia de Finjus: La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) urgió al Congreso a aplazar la entrada en vigencia del Código (prevista para el 3 de agosto). La entidad señala que el tiempo es "insuficiente" para corregir delitos que califican de "ambiguos y desproporcionados", advirtiendo sobre posibles vicios de inconstitucionalidad.

La presión del calendario legislativo

A pesar de los llamados a la prudencia de organismos jurídicos como la Finjus, la dirección del Congreso insiste en que el país no puede seguir postergando la sustitución del obsoleto Código Penal de 1884. Con el cierre de la legislatura fijado para el 26 de julio, el oficialismo busca asegurar que las reformas queden selladas antes de que termine el mes, asumiendo el reto de legislar bajo una enorme presión de tiempo.

Luis Abinader, presidente de la República. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 15 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader parece haber consolidado una especie de blindaje político en su segundo mandato. Según los datos más recientes de la encuesta ACD Media correspondientes al mes de julio, el jefe de Estado mantiene un sólido nivel de aprobación cercano al 50 %, logrando desmarcarse del progresivo desgaste que hoy castiga de forma severa a su gabinete de ministros.

El estudio revela una curiosa paradoja en el electorado dominicano: mientras el 52 % de los ciudadanos valora la situación general del país como negativa, la figura del mandatario apenas se inmuta. Abinader cuenta con un 50 % de aprobación frente a un 47.9 % que desaprueba su gestión, números casi idénticos a los que registró en mayo pasado.

La brecha entre el líder y sus ministros

La realidad es drásticamente opuesta para el equipo de Gobierno. El desgaste de la administración pública se está concentrando directamente en los ministerios. Mientras en mayo un 41.2 % valoraba de manera positiva el trabajo del gabinete, en julio esa cifra se desplomó al 32 %. Es decir, los funcionarios perdieron más de nueve puntos de aprobación en apenas dos meses, dejando un contundente 58 % de desaprobación sobre sus hombros.

Este fenómeno demuestra que la ciudadanía sigue separando la imagen del presidente del día a día de la gestión pública, cargando las deficiencias del alto costo de la vida y la inseguridad sobre las carteras correspondientes.

La lista de los ministros: Juan Manuel Méndez (COE) sigue liderando la valoración pública con 7.6 puntos, seguido por David Collado (6.9) y Kelvin Cruz (6.5). En la acera contraria, Faride Raful se mantiene como la funcionaria peor evaluada tras caer de 4.7 a 4.4 puntos.

Crecen el pesimismo y las preocupaciones ciudadanas

La persistencia de los problemas cotidianos ayuda a entender por qué el gabinete sufre tanto castigo. Aunque la percepción negativa sobre el rumbo del país bajó sutilmente de un 54 % a un 52 %, sentimientos como la preocupación (28.7 %) y la desilusión (26.7 %) ganaron terreno frente a la confianza, que retrocedió al 13.3 %. El alto costo de la vida y la delincuencia se mantienen inamovibles a la cabeza de las inquietudes ciudadanas.

Caos en el transporte: Los motoristas en la mira

Más allá de la economía y la delincuencia, la encuesta ACD Media arrojó un dato revelador sobre la movilidad urbana: la imprudencia de los motoristas es identificada por el 27.4 % de los encuestados como el principal problema del transporte, superando ampliamente las quejas por el costo del pasaje (16.4 %) y los tapones (14.1 %).

Hasta el momento, Luis Abinader continúa presentándose como el principal activo político del oficialismo. Sin embargo, analistas coinciden en que la gran incógnita del Gobierno es cuánto tiempo más podrá el presidente resistir la presión y contener el desgaste de un gabinete que no le sigue el ritmo.