Entre los dirigentes y coordinadores vinculados a este esfuerzo figuraron Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, Gloria Reyes, (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 2 de agosto 2026

SANTO DOMINGO.— Con el objetivo de fortalecer sus bases y adecuar la organización a las nuevas exigencias sociales, un amplio liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este domingo la plataforma "Hablemos PRM", una propuesta orientada a la renovación interna, la consolidación de la unidad y el estrechamiento de vínculos con la ciudadanía.

La iniciativa es el resultado de un exhaustivo proceso de consulta nacional realizado durante varios meses en distintas provincias del país. El ciclo de asambleas y encuentros comunitarios concluyó formalmente en San Cristóbal, recopilando las inquietudes de dirigentes locales, juntas de vecinos, clubes deportivos y diversas organizaciones sociales.

Dirigentes y referentes del proyecto

El movimiento cuenta con el respaldo de destacados funcionarios, legisladores y dirigentes nacionales y territoriales del PRM. Entre los promotores de esta iniciativa figuran Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, Gloria Reyes, Dío Astacio, Príamo Ramírez, Alex Díaz, Agustín Burgos, Benny Metz, Francis Almonte, Wellington Grullón, Rosa Mejía, Pedro Catrín, Monserrat Santana, Julio Peña, Wally Lewis, Ignacio Aracena y Augusto Velázquez, entre otros.

Ejes y compromisos clave

El proyecto plantea una hoja de ruta centrada en adaptar la toma de decisiones políticas a las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales que atraviesa la República Dominicana.

Entre los pilares fundamentales estructurados tras la consulta destacan:

Preservación de la unidad: Consolidar la cohesión interna como eje prioritario del partido.

Inclusión y espacios de liderazgo: Ampliar la participación activa de jóvenes y mujeres dentro de las estructuras de mando.

Conexión con las bases: Perfeccionar las vías de comunicación interna y fortalecer los mecanismos de participación partidaria.

Sintonía social: Convertir las demandas territoriales y comunitarias en propuestas concretas y políticas públicas.

Los coordinadores de "Hablemos PRM" recalcaron que la vigencia de la organización dependerá de su capacidad constante para escuchar a la sociedad y transformar las necesidades de las comunidades en soluciones efectivas.

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo (c), durante la reunión que sostuvo con productores de Santiago Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 2 de agosto 2026

SANTO DOMINGO. — Durante un recorrido político por la Línea Noroeste, el expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó severamente las condiciones operativas e higiénicas en las que se desarrolla el mercado binacional en la provincia de Dajabón, catalogando el escenario actual como un "desorden y caos total".

Fernández advirtió que no se puede permitir en el territorio nacional lo que definió como una "haitianización de la comercialización", al considerar que el deterioro visual, la falta de salubridad y la desorganización representan un importante retroceso para el país.

Propuesta de reordenamiento e infraestructura

Tras inspeccionar la zona fronteriza previo a sostener encuentros con productores e integrantes de sectores productivos en Santiago Rodríguez, el exmandatario anunció que su equipo técnico ya realiza levantamientos audiovisuales del área para diseñar un plan de transformación urbana.

La iniciativa proyectada para una futura gestión gubernamental contempla:

Infraestructura moderna: Rediseño y adecuación de las áreas de venta.

Higiene y salubridad: Implementación de estrictos controles sanitarios.

Ordenamiento del espacio: Reorganización del flujo de comerciantes y visitantes.

Firmeza en los controles migratorios

Asimismo, el presidente de la Fuerza del Pueblo reiteró la necesidad de modernizar los controles en toda la franja fronteriza y defender la soberanía nacional en materia migratoria.

Fernández enfatizó que República Dominicana debe mantener una postura firme contra el ingreso irregular, recordando que el Estado posee el derecho soberano e inalienable de aplicar las leyes y deportar a cualquier ciudadano extranjero que permanezca en situación ilegal dentro del territorio nacional.

El presidente de la República, Luis Abinader (centro), encabeza una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura junto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos (izquierda), y el titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina (derecha). (Foto: Fuente externa).

Diario Azua / 31 de julio 2026

Santo Domingo. — El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, se reunirá este lunes 3 de agosto a las 5:00 p. m. para iniciar el proceso de evaluación de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), entre los que figura su actual titular, Luis Henry Molina.

La reunión se llevará a cabo con casi cuatro meses de retraso respecto al plazo fijado por la Constitución, un tiempo de demora que ha generado cuestionamientos en diversos sectores del sector jurídico nacional. Durante esta jornada, el órgano evaluador deberá ratificar a los magistrados que continuarán en sus puestos, sustituir a quienes no sean confirmados y decidir quién asumirá la presidencia del máximo órgano judicial.

Los magistrados en evaluación Entre los jueces cuyo período de siete años venció el pasado 4 de abril se encuentran:

Luis Henry Molina (Presidente de la SCJ)

Vanessa Acosta Peralta

Samuel Arias Arzeno

Anselmo Alejandro Bello

María Garabito Ramírez

Justiniano Montero Montero (Presidente de la Primera Sala)

Nancy Salcedo Fernández

Rafael Vásquez Goico

A este grupo se suman los magistrados Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Ramón Herrera Carbuccia (Presidente de la Tercera Sala) y Francisco Antonio Jerez Mena (Presidente de la Segunda Sala), quienes completaron en diciembre de 2025 dos ciclos consecutivos en el alto tribunal, acumulando 14 años en sus funciones.

De acuerdo con el artículo 181 de la Carta Magna, los jueces de la SCJ deben someterse a desempeño al cumplir siete años en el cargo. En la historia del CNM desde su creación en 1997, ningún presidente de la Suprema Corte ha sido ratificado en esa misma posición tras completar su período.

Desde el inicio de la gestión del presidente Abinader en 2020, el CNM ha designado o ratificado a 19 magistrados en las altas cortes: nueve en la Suprema Corte de Justicia (cuatro en 2021 y cinco en 2025), cinco en el Tribunal Constitucional en 2023 y cinco titulares en el Tribunal Superior Electoral en 2021.

https://www.youtube.com/live/PEi8wQlemJ8?si=1sRdiNwr5zkgc-9D

Diario Azua / 28 de julio 2026

WASHINGTON. – Durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reabrió la polémica sobre su futuro político al declarar públicamente su intención de competir por un mandato adicional en las elecciones de 2028, desafiando de forma directa las restricciones establecidas en la Carta Magna estadounidense.

Ante la prensa acreditada, el mandatario de 80 años se refirió al eventual proyecto electoral como la búsqueda de un "cuarto mandato", en alusión a sus conocidas e infundadas denuncias sobre el proceso electoral de 2020. Aunque intercaló sus declaraciones con matices de humor y momentos de escepticismo entre la audiencia, el gesto culminó con la colocación de una gorra promocional con la leyenda "TRUMP 2028".

El marco constitucional y las vías legales

Las pretensiones o insinuaciones de una nueva postulación chocan de manera directa con el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. La Enmienda 22 de la Constitución de los EE. UU. es explícita al ratificar que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces".

Para modificar dicha enmienda y permitir una nueva candidatura, el sistema político estadounidense exige un proceso de extrema complejidad: se requeriría el respaldo de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso o la convocatoria de una convención por parte de dos tercios de los estados y la posterior ratificación de al menos 38 de los 50 estados de la Unión.

Tono y antecedentes del mensaje

No es la primera ocasión en la que el jefe de Estado aborda la posibilidad de perpetuarse en el Ejecutivo. Desde su retorno al poder el año pasado, ha alternado entre calificar estas afirmaciones como bromas hacia la prensa y dejar abierta la puerta a mecanismos legales alternativos.

La gala, que debió ser reprogramada meses atrás tras un incidente de seguridad a las afueras del recinto, sirvió como escenario para que el mandatario volviera a cuestionar a los medios de comunicación y a insistir en su narrativa electoral sobre los comicios passados, en un discurso que fluctuó entre el tono satírico y la retórica política habitual de su plataforma.

La presidenta electa recibió sus credenciales el 15 de julio y asume el cargo hoy   28 para suceder al mandatario interino José María Balcázar.AFP

Diario Azua / 28 de julio 2026

LIMA, Perú. – Un cuarto de siglo después de la caída del régimen de su padre, Keiko Fujimori asumió formalmente este martes la Presidencia de la República del Perú para el período 2026-2031, convirtiéndose en la primera mujer elegida por las urnas para dirigir los destinos del país andino.

La investidura de Fujimori representa el noveno cambio de mando presidencial en tan solo diez años, una cifra que refleja la profunda volatilidad institucional que ha atravesado la nación suramericana en la última década. La nueva mandataria, que sucede al interino José María Balcázar, llega a la Casa de Pizarro tras una ajustada victoria en segunda vuelta frente a Roberto Sánchez, definida por un margen inferior a los 50,000 votos.

Regreso al poder y gobernabilidad

A diferencia de los ejecutivos recientes marcados por constantes mociones de vacancia promovidas desde el Poder Legislativo, el nuevo Gobierno arranca con una sólida bancada parlamentaria de su propio partido y alianzas que en principio le garantizarían la estabilidad legislativa necesaria para completar su quinquenio.

La llegada de Fujimori consolida el retorno de su corriente política a la administración del Estado, luego de haber enfrentado tres reveses electorales en balotaje (2011, 2016 y 2021) y haber superado procesos judiciales con prisión preventiva. En su primer mensaje a la nación tras recibir la banda presidencial en el Congreso, se prevé que la mandataria trace el rumbo económico y social de su gestión.

Delegaciones internacionales y gabinete

La ceremonia protocolar contó con la presencia de diez jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay, además de delegaciones diplomáticas y expresidentes de la región.

Tras los actos solemnes en el Congreso, la jefa de Estado procederá a la juramentación de su primer Consejo de Ministros, encabezado por el vicepresidente Luis Galarreta como primer ministro, el economista Elmer Cuba en la cartera de Economía y Finanzas, y Carlos Espá en Relaciones Exteriores.

Diario Azua / 28 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El presidente de la República, Luis Abinader, designó al ministro Víctor -Ito- Bisonó como jefe de la misión especial que representará al Gobierno dominicano en las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en la ciudad de Lima, Perú.

En su calidad de jefe de la delegación, Bisonó liderará la representación dominicana en el acto central de toma de posesión y en la agenda protocolar organizada por las autoridades peruanas para los días 27 y 28 de julio.

La designación de Bisonó responde a su trayectoria en la gestión de asuntos internacionales y la representación del Estado dominicano en el exterior. Su nombramiento busca además consolidar los canales de diálogo y cooperación bilateral entre ambas naciones, sustentados en intercambios institucionales y diplomáticos previos.

La delegación oficial dominicana está integrada, además del ministro Bisonó, por el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en el Perú, César Herrera Díaz, así como por los empresarios Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri. La participación del país en estas actividades protocolares reafirma la política exterior dominicana orientada a consolidar las relaciones con América Latina y promover el entendimiento regional.

Diario Azua/ 28 de julio 2026

SANTO DOMINGO.— El Poder Ejecutivo dio luz verde definitiva a las modificaciones hechas al nuevo Código Penal. Mediante el Decreto 507-26, firmado este 27 de julio, el presidente Luis Abinader oficializó las reformas recientemente aprobadas por el Senado de la República, fijando la entrada en vigencia del texto legal para el próximo lunes 3 de agosto.

Desde la Presidencia se destacó que esta promulgación entrega al país una normativa reforzada a través del consenso democrático y la revisión técnica, con el objetivo de modernizar el marco jurídico nacional y robustecer la protección de los derechos fundamentales y el debido proceso.

Comisión especial evaluará futuras reformas

Junto a la promulgación, el mandatario ordenó la creación de un equipo de trabajo dedicado al seguimiento y socialización de la pieza legislativa para coordinar eventuales mejoras a futuro.

La comisión estará encabezada por el Dr. Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, y contará con la participación de destacados juristas y comunicadores:

Especialistas en derecho: Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra.

Representantes de la prensa: Persio Maldonado y Aníbal de Castro.

 

El presidente de la República, Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 27 de julio 2026

En las próximas semanas, el presidente Luis Abinader deberá emitir los decretos para la Gobernación del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, mientras tiene pendiente la evaluación de 11 jueces de la alta corte.

SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, afronta un calendario de decisiones institucionales decisivas para el rumbo económico y judicial del país. En las próximas semanas, el mandatario deberá decidir la permanencia o sustitución de los principales ejecutivos del sistema financiero nacional y definir la evaluación pendiente del Poder Judicial.

En el área económica, los compromisos inician en agosto con el vencimiento del período legal para los titulares del Banco Central (BCRD) y la Superintendencia de Bancos (SB).

El timón financiero del país

La atención del sector bancario se centra en las ratificaciones o renovaciones de cargos clave:

Gobernación del Banco Central: Encabezada por Héctor Valdez Albizu, quien acumula más de 28 años al frente de la institución monetaria tras ser ratificado por distintas administraciones desde 2004.

Superintendencia de Bancos: Ocupada por Alejandro Fernández W. desde 2020, habiendo sido ratificado previamente en los años 2022 y 2024.

Junta Monetaria: Para el mes de noviembre, el Ejecutivo deberá evaluar a los seis miembros designados de este órgano rector: Julio César Llibre Salcedo, Arturo Martínez Moya, Eduardo De Jesús Tejera Curbelo, Sergia Elena Mejía de Peña, Ricardo Rojas León y José Manuel Mallén.

Aunque la práctica habitual desde el inicio del actual mandato presidencial en 2020 ha sido la ratificación de los funcionarios de esta área para dar continuidad y estabilidad a la política económica, cada período requiere formalmente la emisión de un nuevo decreto ejecutivo.

Pendiente: Evaluación en la Suprema Corte de Justicia

A las decisiones del sector monetario se suma un proceso institucional de alto calado: la evaluación de 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período legal de desempeño venció el pasado mes de abril. Entre los jueces pendientes de revisión figura el presidente de la alta corte, Luis Henry Molina.

Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) órgano constitucional presidido por el propio jefe de Estado llevar a cabo el proceso de evaluación de desempeño y decidir la permanencia o sustitución de los jueces.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados e integrante del CNM, Alfredo Pacheco, ha señalado recientemente que la posposición del proceso ha obedecido a la atención prioritaria que el Gobierno ha tenido que destinar a emergencias provocadas por fenómenos naturales y a las repercusiones de la crisis internacional en Oriente Medio.

 

Abelardo de la Espriella (EFE/ARCHIVO)

Diario Azua / 27 de julio 2026

El presidente electo de Colombia solicitó formalmente al Congreso convocar la sesión del 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca, argumentando problemas logísticos provocados por la actividad del volcán Puracé.

BOGOTÁ.– En un hecho sin antecedentes recientes en la política colombiana, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que solicitará formalmente a la Cámara de Representantes trasladar la ceremonia de su investidura del próximo 7 de agosto a la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

La decisión representa un giro en sus planes iniciales, que contemplaban asumir el mando en un batallón militar en Popayán (Cauca). Dicha propuesta previa había generado un intenso debate político y logístico por el mensaje de subordinación del poder civil al militar y los retos de seguridad que planteaba.

Actividad volcánica obligó al cambio de sede

A través de un mensaje dirigido al país por redes sociales, el mandatario electo explicó que la modificación de la sede responde a razones de fuerza mayor vinculadas al clima y la geología del suroccidente colombiano.

"Las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de esa ceniza pueden generar sobre la operación logística, me obligan a tomar una decisión responsable", afirmó De la Espriella, haciendo referencia a los cierres preventivos en el aeropuerto de Popayán por la emisión de cenizas del volcán Puracé.

Homenaje a la fuerza pública y prioridad en seguridad

A pesar del cambio de ciudad, el futuro jefe de Estado enfatizó que mantiene su compromiso de rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y de enfocar su mensaje en la recuperación del orden en el suroeste del país, una de las zonas más impactadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

De la Espriella adelantó que, tras culminar el acto de posesión en Cali, encabezará su primer consejo de seguridad nacional en la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

"La seguridad volverá a ser la prioridad nacional, cuenten con eso", prometió el presidente electo.

Un hito protocolar en la historia de Colombia

Tradicionalmente, la toma de posesión presidencial en Colombia se celebra ante el Congreso en pleno en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional o en la emblemática Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

El traslado de la sesión parlamentaria a la ciudad de Cali requerirá la aprobación formal del Congreso, marcando un hito atípico en el protocolo constitucional del país.

Diario Azua / 27 de julio 2026

El proyecto de ley, que fue frenado en el Senado para una última revisión, contempla hasta 10 años de cárcel para organizadores clandestinos y crea la Dirección General de Juegos de Azar.

SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional se encuentra en la fase final de discusión de una profunda reforma al sector de las apuestas. El nuevo proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana establece medidas drásticas para contener la expansión del sector, destacando una veda de diez años para otorgar licencias a nuevas bancas de lotería, casinos y salas de tragamonedas.

La iniciativa, que ya recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados con modificaciones, retornó al Senado donde se decidió enviar a comisión para un análisis detallado. Su revisión final quedará pendiente para la legislatura que inicia este 16 de agosto.

Cárcel y regulación para el juego ilícito

Uno de los pilares del proyecto es el endurecimiento del régimen sancionador contra los llamados "riferos" y plataformas no autorizadas:

Penas de 1 a 2 años de prisión para quienes operen negocios de apuestas sin licencia formal o fuera de las zonas autorizadas.

Condenas de hasta 10 años de cárcel para infracciones graves como la evasión mediante el uso de testaferros u ocultamiento de ingresos.

Control digital: Se aplicará un impuesto del 10 % sobre ventas brutas a plataformas de apuestas por internet y se faculta el bloqueo de direcciones IP y dominios a sitios web no regulados.

Para fiscalizar estas medidas, la normativa crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como un ente autónomo regulador, además de implementar un Sistema Único de Registro para rastrear operaciones de apuestas y prevenir el lavado de activos.

Distancias mínimas, ludopatía y reglas de operación

La ley también fija reglas claras de convivencia y funcionamiento comercial para los establecimientos:

Aspecto Regulado	Medida o Restricción
Distancia a escuelas/iglesias	Mínimo 500 metros para bancas deportivas; 200 metros para bancas de lotería.
Protección al jugador	Prohibido el ingreso a menores de edad, personas armadas o en estado de ebriedad.
Prohibición de empeños	Se prohíbe a dueños otorgar préstamos o aceptar joyas y vehículos como pago de apuestas.
Combate a la ludopatía	Creación de un Registro de Autoexclusión y destino del 10 % de las multas cobradas a programas de prevención.
Tragamonedas	Deben retornar al menos el 85 % de lo apostado y se limita a un máximo de 15 máquinas por banca deportiva.

Tensiones e inquietudes del sector

A pesar de las restricciones, el proyecto ha generado debates entre diversos sectores. Entidades como Fenapadres habían expresado preocupación por la distancia fijada entre bancas y centros educativos, mientras que la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) ha cuestionado que el Consejo Técnico de la DGJA esté compuesto de manera exclusiva por funcionarios del Estado, limitando la presencia del sector privado a invitaciones puntuales.

Como incentivo a la formalización, el texto legal incluye un régimen temporal de descuentos sobre deudas tributarias acumuladas en el sector hasta el año 2025.

 La líder opositora venezolana, María Corina Machado. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 26 de julio 2026

Junto a Edmundo González Urrutia, la líder opositora aclaró que no forma parte de las conversaciones respaldadas por EE. UU. y exigió que sus promotores rindan cuentas sobre sus objetivos.

La política venezolana registra una nueva fisura en el bloque opositor. La galardonada con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia confirmaron que no participarán en el mecanismo de diálogo previsto para agosto entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la Asamblea Nacional electa en 2015.

A través de un comunicado conjunto difundido en redes sociales, los líderes opositores marcaron distancia de las conversaciones promovidas por la dirigente en el exilio Dinorah Figuera, las cuales cuentan con el aval de Estados Unidos.

"Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma", expresaron Machado y González Urrutia, enfatizando que no formaron parte del diseño ni de la creación de este canal de negociación.

Un escenario político convulso

Las negociaciones que Washington ha calificado como un "paso importante hacia la reconciliación" ocurren tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, evento que derivó en la asunción de Delcy Rodríguez al frente del ejecutivo bajo una fuerte presión internacional.

A pesar de desvincularse de este proceso en particular, Machado aclaró que no se opondrá a iniciativas que generen "avances reales" para la nación. Tanto ella como González Urrutia reiteran que la salida a la crisis requiere la celebración de elecciones presidenciales transparentes, sosteniendo la postura de que ganaron los comicios de 2024.

Exilio y obstáculos para el retorno

La postura de Machado coincide con sus denuncias desde el exilio en Panamá, donde asegura que el régimen de Rodríguez ha bloqueado el espacio aéreo para impedirle reingresar al territorio nacional. La dirigente abandonó el país clandestinamente en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y desde entonces ha reiterado su intención de regresar a Venezuela, incluso en medio del complejo panorama humanitario dejado por los devastadores sismos de junio.

La Comisión Electoral de la corriente Dignidad Jurídica fija fecha del 6 de septiembre para elecciones internas que escogerá el candidato a las elecciones del CARD.

Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 25 julio 2026.-

La Comisión Nacional Electoral de la corriente gremial Dignidad Jurídica, fijó el día 6 de septiembre del presente año para la celebración del proceso interno que escogerá el candidato que encabezará la plancha de esa corriente en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)

Además de la fecha en el encuentro de la dirección de Dignidad Jurídica con la Comisión Electoral y la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, se abordaron aspectos esenciales del proceso como la lista de los abogados y abogadas con derecho al voto, la ubicación de mesas electorales a nivel nacional y la conformación de las sub comisiones provinciales, entre otros puntos.

Las elecciones serán celebradas el domingo 06 de septiembre del presente año, en horario de: 09: 00 am, hasta las 5:00 pm, en todas las provincias y el gran Santo Domingo.

La Semana en curso en rueda de prensa, Dignidad Jurídica reclamó de la presidencia del CARD convocar sus órganos competentes para conformar la Comisión Electoral en el gremio de los abogados y abogadas.

Se recordó que la Ley número 3-19 establece de manera expresa en su artículo 34, que las elecciones del Colegio de Abogados deberán celebrarse el primer sábado del mes de diciembre del año correspondiente.

En la reunión de Dignidad Jurídica participaron el titular de la secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales( SAGP), Francisco Mosquea, igual que Leonardo Reynoso, presidente de Dignidad Jurídica los miembros de la comisión, electoral presidida por Gamalier Montás y como testigo Miriam Cabral, integrante del Comité Político del PLD.

Diario Azua / 22 de julio 2026

El productor y creador de contenido iniciará la recolección de firmas tras rechazar propuestas de organizaciones tradicionales como el #PRSC.

SANTO DOMINGO.— El empresario de los medios de comunicación y creador de contenido Santiago Matías (Alofoke) dio este miércoles 22 de julio de 2026 un paso definitivo en la escena pública al anunciar la creación de una nueva plataforma política con miras a competir en las elecciones presidenciales de 2028.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el ejecutivo de Alofoke Media Group adelantó que comenzará en los próximos días el proceso de recolección de firmas ciudadanas para solicitar formalmente el reconocimiento legal ante la Junta Central Electoral (#JCE). Matías prometió documentar cada paso de esta etapa organizativa y recorrer el territorio nacional en busca del aval de los votantes.

Distanciamiento de las estructuras tradicionales

En su mensaje, el empresario argumentó que su decisión responde a la necesidad de renovar el sistema político dominicano con "ideas y principios innovadores", apartándose de los métodos de la política tradicional.

Aunque reveló haber recibido ofertas para encabezar candidaturas presidenciales por parte de más de 15 organizaciones políticas incluyendo al Partido Reformista Social Cristiano (#PRSC) y su presidente Quique Antún, Matías optó por construir un proyecto propio desde cero. Como primer paso de esta convocatoria, solicitó a su comunidad de seguidores proponer nombres para la futura entidad partidaria.

Un salto impulsado por el alcance digital

La incursión formal de Matías en el ámbito partidario ocurre tras un periodo de creciente presencia en el debate sociopolítico local. Recientemente, su figura figuró en los primeros lugares de simpatía y proyección política en un estudio de opinión de la firma ACD Media, medición que generó discusiones en diversos espacios informativos y redes sociales.

Al frente de un ecosistema de medios con millones de seguidores en plataformas digitales y llegada a la diáspora dominicana, Matías ha combinado el entretenimiento con el análisis de temas de coyuntura social y económica. Con este anuncio, el comunicador inicia la etapa más ambiciosa de su proyección pública, marcando un hito en el panorama político de cara a la contienda de 2028.

El gabinete presidencial se ha visto con papel protagónico en la ejecución, o proposición, de las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader. (Fuente Externa)

Diario Azua / 22 de julio 2026

Entre la aprobación constitucional, fusiones estatales y proyectos paralizados en el Congreso, el ambicioso paquete de reformas institucionales muestra avances desiguales.

El ambicioso plan de reformas institucionales presentado por el presidente Luis Abinader en agosto de 2021 que inició con 12 propuestas y se extendió a 16 registra un avance dispar tras casi un lustro de ejecución. Mientras que la modificación constitucional y la reorganización de la administración pública lograron materializarse, otros proyectos clave como la reforma laboral o la Ley de Agua permanecen estancados o relegados.

Los avances concretados: Constitución y reorganización estatal

El logro más relevante de la agenda presidencial ha sido la Reforma Constitucional, proclamada por la Asamblea Nacional a finales de octubre. Esta modificación introdujo cambios estructurales como la reducción de la matrícula de diputados de 190 a 170, la prohibición de extender el mandato presidencial más allá de dos períodos y la unificación de los procesos electorales. Asimismo, modificó el mecanismo de selección del procurador general a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Paralelamente, la Reforma y Modernización de la Administración Pública ha avanzado mediante 21 procesos de reorganización ejecutados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) desde septiembre de 2024. Entre las medidas destacan:

La fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo en una sola entidad.

La creación de la Dirección de Desarrollo Social Supérate y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria.

En el ámbito educativo, se estableció mediante el Decreto 309-26 la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa para coordinar políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad del sector.

Proyectos en debate y procesos complejos

A pesar de los avances institucionales, otras reformas continúan en proceso de discusión o han enfrentado fricciones sociales y legislativas:

Reforma Policial: Aunque la Policía Nacional ha incorporado cambios operativos y tecnológicos, la vía legislativa aún está pendiente. El Senado aprobó recientemente en primera discusión la nueva Ley Orgánica del cuerpo armado, marco que busca crear un régimen especial de carrera y regular el uso legítimo de la fuerza. La iniciativa se debate en un contexto de escrutinio público tras incidentes recientes que han generado protestas y cuestionamientos sobre los patrullajes.

Fusión Educativa: La propuesta de integrar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) no ha logrado concretarse debido a objeciones reiteradas en el Congreso Nacional.

Reforma Fiscal: Tras el retiro a finales de 2024 de la propuesta original de Ley de Modernización Fiscal por rechazo social, el Gobierno implementó ajustes tributarios mediante el denominado "Plan Anticrisis" aprobados de forma acelerada ante la coyuntura económica internacional.

Reformas estancadas y en el olvido

Por otro lado, varias de las promesas de 2021 no han logrado progresar en el ámbito legislativo:

Código Laboral: Las discusiones permanecen paralizadas debido a la falta de consenso entre los sectores empresarial y sindical sobre la continuidad de la cesantía laboral.

Ley de Agua: Los proyectos legislativos destinados a regular la gestión del recurso hídrico perimieron en el Congreso a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo.

Otras iniciativas: Propuestas vinculadas a la modificación de la Ley de Hidrocarburos y normativas sobre cambio climático no superaron la fase inicial de anuncio.

Salir del mapa del hambre de la FAO es un hito importante para la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 21 de julio 2026

SANTO DOMINGO. — La República Dominicana ha alcanzado un hito decisivo en su política de seguridad alimentaria tras salir oficialmente del mapa de subalimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (#FAO). El organismo internacional confirmó que el país redujo la prevalencia del hambre crónica a menos del 2.5 % de su población, situándose por debajo del umbral mínimo global.

Este avance coloca a la nación en una posición de liderazgo regional en el camino hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (#ODS) 2: Hambre Cero, trazado en la agenda internacional para 2030.

Una década de reducción sostenida

Los indicadores de la #FAO reflejan una constante disminución de la subalimentación en el país durante los últimos diez años, logrando una reducción total de 5.1 puntos porcentuales:

Período 2014–2016: La prevalencia afectaba al 7.6 % de los dominicanos.

Período 2019–2021: Se estabilizó en un 5.0 %, superando las presiones económicas globales de la pandemia.

Período 2023–2025: Alcanzó el mínimo histórico de 2.5 %, umbral que permite la salida del mapa de subalimentación.

🇺🇳 Reconocimiento internacional de las Naciones Unidas

El director general de la #FAO, Qu Dongyu, elogió el desempeño dominicano y valoró las alianzas entre el sector público, los productores agrícolas y la sociedad civil como clave del éxito.

"La gran lección que se puede aprender de la República Dominicana es que, sin importar el tamaño de la nación, se requiere un fuerte compromiso político [...] para luchar contra el hambre mediante políticas confiables", destacó Dongyu.

La #FAO subrayó que este logro cobra mayor relevancia en un contexto global marcado por la inflación, el cambio climático y los desafíos en las cadenas de suministro alimentarias.

El Congreso de Estados Unidos. (AFP)

Diario Azua / 20 de julio 2026

El mandatario exige a los republicanos condicionar el presupuesto federal para imponer reglas más estrictas al voto de cara a las elecciones de noviembre.

WASHINGTON. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este lunes la presión sobre la bancada republicana en el Congreso. A través de un mensaje directo, el mandatario instó a los legisladores a condicionar la aprobación del próximo presupuesto federal a la validación de la "America Save Act", la estancada reforma que busca endurecer sustancialmente los requisitos para el registro e identificación de votantes.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deben unirse y luchar por la America Save Act", manifestó el gobernante en su plataforma Truth Social. El objetivo de la Casa Blanca es que estas nuevas directrices entren en vigor antes de los comicios de medio mandato programados para noviembre.

La estrategia presupuestaria frente al Senado

La propuesta impulsada por Trump busca implementar la obligatoriedad de presentar identificaciones con fotografía y pruebas de ciudadanía para ejercer el sufragio a nivel federal. Asimismo, el mandatario reiteró su intención de limitar de forma drástica el voto por correo, restringiéndolo únicamente a excepciones como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes justificados.

Para viabilizar la medida, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, integró la reforma electoral dentro del paquete del presupuesto general. Esta maniobra técnica eleva las apuestas políticas:

Bloqueo en el Senado: La "America Save Act" ya cuenta con el visto bueno de la Cámara Baja, pero lleva meses frenada en el Senado debido al rechazo de la mayoría demócrata.

Riesgo de cierre de Gobierno: Al estar atada a los fondos federales, si los demócratas deciden bloquear el paquete en el Senado, asumirían el costo político de un potencial cierre de la administración pública (government shutdown).

Voces de alerta ante las restricciones de voto

"La normativa implicaría que millones de ciudadanos enfrenten serias dificultades para ejercer su derecho al voto, llegando incluso a excluir a segmentos importantes de la población". Advertencia de coaliciones de derechos humanos y el Partido Demócrata.

Diversas organizaciones civiles y legisladores de la oposición sostienen que los nuevos requisitos de registro e identidad representan una barrera burocrática que afecta de manera desproporcionada a minorías, mujeres y personas transgénero, limitando el acceso equitativo a las urnas.

Con los plazos legislativos en contra y las elecciones de noviembre en el horizonte, la votación de esta semana en el Congreso se perfila como un termómetro decisivo para la estabilidad política y fiscal de la nación.

Aunque el documento no identifica los sectores que formularon las propuestas acogidas, indica que el análisis se centró en aquellas que aún no habían sido respondidas. (Fuente Externa)

Diario Azua / 18 de julio 2026

Un equipo técnico de tres legisladores de la República Dominicana presentó un informe clave que reduce drásticamente las solicitudes de cambio al proyecto del Código Penal. Tras analizar más de 90 propuestas enviadas por diversos sectores de la sociedad civil, la subcomisión determinó que la gran mayoría ya habían sido contempladas, por lo que solo recomiendan modificar seis artículos específicos.

El documento, elaborado por el senador Pedro Catrain y los diputados Mayobanex Martínez y Rosendy Polanco, se centró en las observaciones que aún no tenían respuesta. Ahora, el informe está en manos de la comisión bicameral, que busca agilizar los consensos para rendir su informe final ante la Cámara de Diputados.

Los cambios sugeridos impactan directamente áreas sensibles como la violencia de género, el perjurio, la ocupación de propiedades y la responsabilidad de las empresas.

1. El giro en la definición de violencia de género

El cambio más notable se propone para el artículo 127. Mientras que el texto actual del proyecto define la violencia de género de forma amplia (cualquier daño físico, sexual o psicológico por razón de sexo), la subcomisión plantea limitar estrictamente este delito a los casos donde la víctima sea una mujer.

Por otro lado, el artículo 124 (violencia doméstica o intrafamiliar) se mantiene intacto, castigando la violencia física con penas de 5 a 10 años de prisión mayor, y las variantes psicológicas, verbales o económicas con 2 a 5 años de prisión menor.

2. Nuevas reglas y penas para las empresas (Personas Jurídicas)

A diferencia del Código Penal vigente, el nuevo proyecto busca establecer un régimen claro para sancionar a las empresas. Las modificaciones sugeridas a los artículos 8 y 11 buscan afinar cómo se atribuye esta responsabilidad:

Cumplimiento normativo: Las empresas podrían mitigar o evitar sanciones si demuestran que implementaron programas eficaces de prevención, cooperaron con las autoridades o repararon el daño.

Empresas matrices: La responsabilidad penal se extenderá a las corporaciones controladoras si se prueba que autorizaron, toleraron o se beneficiaron de los delitos cometidos por sus filiales.

3. Castigos al perjurio y la violación de propiedad

Perjurio (Artículo 207): Mentir bajo juramento tendrá penas diferenciadas. Si el daño es estrictamente económico, la sanción será de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 15 salarios mínimos. Para otros escenarios, la pena baja de 15 días a 2 años de prisión.

Violación de propiedad (Artículo 269): Entrar sin autorización a terrenos o inmuebles (públicos o privados, urbanos o rurales) se castigará con 1 a 2 años de prisión y multas de 3 a 6 salarios mínimos del sector público.

¿Quiénes enviaron las propuestas?

El debate del Código Penal movilizó a todo el país. Según el informe, el 30.3% de las propuestas provino de gremios y ciudadanos particulares; el 21.3% de ONG y fundaciones; seguidos por un 7.9% sometido por legisladores y otro 7.9% por personal médico. Los temas que más pasiones y observaciones levantaron fueron el aborto (artículo 111), la difamación (artículo 208) y el delito de ultraje (artículo 310).