Diario Azua / 2 de septiembre 2026
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió suspender la divulgación de los informes de auditoría sobre las instituciones estatales y mantuvo bajo reserva los hallazgos de las evaluaciones practicadas en los últimos cuatro años. Con esta medida, la entidad supeditó la difusión de los documentos a la autorización explícita del Poder Ejecutivo.
La determinación se hizo pública tras el rechazo sistemático a solicitudes de acceso a la información tramitadas durante este año. Ante los requerimientos, el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, sostuvo mediante una comunicación oficial que la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno no contempla la obligación legal de publicar los resultados de las inspecciones. Según argumentó el titular, la finalidad de dichos análisis es corregir fallas administrativas internas, por lo que la remisión de los informes finales le corresponde al presidente de la República y a las entidades involucradas.
Esta postura representa un giro drástico frente a los compromisos asumidos en 2020 y 2022, cuando el Ejecutivo dispuso auditar la administración pública y divulgar las revisiones presupuestarias en favor de la rendición de cuentas. De las 390 auditorías ejecutadas por la Contraloría entre 2023 y 2025, únicamente el 9.7 % figura de acceso público en su portal institucional. Asimismo, permanecen inaccesibles los estudios realizados a administraciones anteriores, los cuales requirieron inversión de recursos del Estado para la contratación de firmas privadas especializadas.
El bloqueo informativo afecta incluso a procesos en los que se concluyó la etapa de réplica por parte de las entidades examinadas, como ocurrió con dos evaluaciones aplicadas al Ministerio de Agricultura correspondientes a los períodos 2020-2023 y 2024. La CGR rehusó referirse a dichos expedientes alegando su carácter preliminar, a pesar de que la falta de objeción por parte del ministerio auditado convirtió las observaciones en definitivas.
El criterio esgrimido por la CGR choca con las disposiciones de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Esta legislación establece el carácter público de la documentación financiera vinculada al presupuesto estatal y limita la reserva exclusivamente a borradores de procedimientos no concluidos. La normativa estipula además sanciones penales e inhabilitación para el ejercicio de la función pública a los funcionarios que obstaculicen el derecho ciudadano a la información de manera arbitraria.


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