Diario Azua / 12 de abril 2026
Un proyecto de ley impulsado por el PRM busca obligar a las organizaciones políticas a crear unidades de supervisión para detectar dinero ilícito y lavado de activos.
SANTO DOMINGO. – El Congreso Nacional se encuentra evaluando una pieza legislativa que busca cerrar el cerco al financiamiento ilícito en la política dominicana. El proyecto de ley, propuesto por la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), plantea que la Junta Central Electoral (JCE) suspenda la entrega de recursos públicos a aquellos partidos que reciban dinero proveniente del narcotráfico o el crimen organizado.
La iniciativa, que pretende modificar la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece que cualquier vínculo "directo o indirecto" con actividades delictivas inhabilitará a la organización para disponer del presupuesto estatal. Según el artículo 72 del documento, los fondos que sean retenidos por irregularidades sustanciales o aportes no trazables serán reintegrados a la Cuenta Única del Tesoro.
Nuevos controles y la figura del "Oficial de Cumplimiento"
Uno de los puntos clave de la propuesta es la obligatoriedad de designar a un oficial de cumplimiento o crear una unidad especializada dentro de cada partido. Esta entidad tendrá la responsabilidad de:
Supervisar y documentar el origen de los recursos.
Gestionar alertas sobre operaciones inusuales o sospechosas.
Prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El proyecto es enfático en que, ante la detección de contribuciones ilícitas, los partidos no gozarán de un "plazo de subsanación", debiendo reportar de inmediato el hallazgo a la JCE y a las autoridades competentes.
¿Qué se considerará contribución ilícita?
La reforma define como aportes prohibidos aquellos que provengan de personas físicas o jurídicas vinculadas a la criminalidad organizada, así como cualquier fondo cuyo origen lícito no pueda ser determinado mediante los procedimientos de debida diligencia.
Actualmente, la pieza se encuentra en manos de una comisión especial en el Senado. De ser aprobada por ambas cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo, las nuevas regulaciones entrarían en vigor de manera inmediata, transformando la fiscalización del financiamiento electoral en la República Dominicana.



























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