Familiares de una de las víctimas durante el sepelio. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 18 de julio 2026

Clamor social se intensifica en San Cristóbal y Santo Domingo Este ante la falta de respuestas de las autoridades.

Santo Domingo.– La tensión social vuelve a desbordarse en las calles de la República Dominicana. Apenas dos semanas después del deceso del joven Darlyn Mercado, la indignación colectiva ha cobrado un nuevo impulso. Familiares y comunitarios de San Cristóbal y Santo Domingo Este se movilizaron masivamente para exigir el esclarecimiento de las muertes de Miguel Antonio Lucas Paredes y Rawel Sierra, eventos en los que se señala de manera directa el accionar de agentes de la Policía Nacional.

Tensión en San Cristóbal: Un féretro ante el destacamento

En un acto de profunda impotencia, allegados a Miguel Antonio Lucas Paredes trasladaron su féretro hasta las afueras de la dotación policial de San Cristóbal. Según los testimonios de sus familiares, Lucas Paredes fue arrestado sin orden judicial por un capitán de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), bajo la sospecha de estar vinculado a la venta ilegal de lotería.

El ciudadano permaneció bajo custodia varios días, período en el cual denunció haber sido golpeado y manifestado quebrantos de salud sin recibir la debida atención médica. Tras ser entregado a sus parientes en un estado sumamente delicado, fue ingresado en el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde finalmente falleció.

Por su parte, el vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, declaró que la institución se encuentra a la expectativa de los resultados de la autopsia. La versión preliminar de la Policía sostiene que el hombre fue detenido en flagrante delito, despachado posteriormente y que su complicación médica se originó tras abandonar la dotación.

Exigencia de respuestas en Santo Domingo Este

De manera simultánea, la Fiscalía de Santo Domingo Este fue el escenario de otra manifestación. Con pancartas que rezaban "Policía no me mate", los allegados de Rawel Sierra, un joven de 18 años con autismo, exigieron que se identifique y procese al agente responsable de su muerte.

Sierra perdió la vida hace casi un mes tras recibir un impacto de bala en la cabeza mientras salía a comprar comida, en el marco de una protesta por apagones en el sector Brisas del Este. Los familiares denunciaron el preocupante silencio de las autoridades, quienes aún no han presentado avances significativos en la investigación.

 Familiares del fallecido (Fuente Externa)

Diario Azua / 18 de julio 2026

La indignación y el dolor embargan a los residentes de San Cristóbal tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Antonio Lucas Valenzuela, de 44 años. El deceso ocurrió en el Hospital Regional Juan Pablo Pina poco después de haber sido liberado de un destacamento local, un hecho que ha desatado fuertes cuestionamientos hacia el cuerpo del orden.

Lucas Valenzuela permaneció seis días bajo custodia policial antes de presentar las complicaciones de salud que terminaron con su vida. Aunque las circunstancias exactas que provocaron su muerte aún no han sido esclarecidas, el caso ha vuelto a encender las alarmas sobre el proceder, los protocolos de retención y el respeto a los derechos humanos por parte de los agentes de la Policía Nacional.

Un caso bajo investigación y reclamos de justicia

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial que explique el estado en el que el ciudadano salió del recinto policial ni las causas médicas directas de su fallecimiento.

Por su parte, familiares y allegados de la víctima exigen una investigación profunda y transparente. Este suceso se suma a una lista de casos precedentes que ponen bajo la lupa los métodos de los uniformados durante las detenciones en los cuarteles del país.

El cuerpo médico del Hospital Juan Pablo Pina tampoco ha emitido detalles públicos sobre las condiciones en las que recibieron al paciente, mientras la comunidad de San Cristóbal espera respuestas contundentes que aclaren el misterio que rodea esta tragedia.

Miembros de la Policía Nacional en formación frente a la sede de la institución. (Fuente Externa)

Diario Azua /10 de julio 2026

Santo Domingo – En un giro radical para frenar los excesos de autoridad, el Senado de la República aprobó este viernes, en segunda lectura, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La iniciativa, que contó con el respaldo unánime de 29 votos a favor, busca golpear directamente el bolsillo y el crecimiento profesional de los uniformados que incurran en conductas abusivas, faltas éticas o uso desproporcionado de la fuerza.

Tras siete meses de intensos debates en una comisión especial, la pieza legislativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación definitiva.

El bolsillo: el nuevo régimen de castigos económicos

De convertirse en ley, la reforma transformará el régimen de consecuencias internas de la institución civil armada. El abuso de poder ya no se limitará a sanciones administrativas o traslados, sino que impactará de manera escalonada el salario de los agentes según la gravedad de sus actos:

Faltas leves: Provocarán retenciones de entre 5 y 15 días de salario básico.

Faltas graves: Conllevarán multas directas de 15 a 60 días de sueldo.

Faltas muy graves: Se penalizarán con suspensiones sin disfrute de sueldo de 61 a 120 días.

El proyecto también estipula que los policías bajo investigación por maltrato físico o abusos graves perderán de inmediato los "especialismos" (bonificaciones y compensaciones adicionales), percibiendo únicamente el salario base. Como medida de protección familiar, estos descuentos nunca podrán exceder el 50% del salario neto del agente.

Un freno en seco a las promociones por "amiguismo"

La reforma aprobada por los senadores establece que el historial disciplinario será el único filtro real para escalar en la estructura policial. El artículo 72 de la propuesta bloquea de forma automática los ascensos bajo las siguientes condiciones:

Haber sido sancionado por faltas graves o muy graves durante el último año.

Acumular tres sanciones por faltas leves en un período de dos años (lo que activa un veto automático de un año para cualquier promoción).

Tolerancia cero a la discriminación y el perfilamiento racial

El texto redefine de forma estricta las conductas inaceptables. Acciones como causar daño intencional por exceso de coacción, aplicar tratos degradantes o inhumanos a ciudadanos bajo custodia, y realizar arrestos o registros motivados por estereotipos de raza, apariencia física o identidad de género, serán catalogadas como "faltas muy graves de primer grado", cuya única salida será la destitución inmediata del cuerpo del orden

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en un recorrido en Santiago de los Caballeros este lunes 6 de julio. (D/L/Fuente Externa)

Diario Azua / 6 de julio 2026

SANTIAGO. – Durante un recorrido político por la Ciudad Corazón, el senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, lanzó una dura crítica al proceso de transformación de la Policía Nacional. El legislador aseguró que, a varios años del inicio de la reforma policial, los avances tangibles para la seguridad ciudadana han sido "pocos o nulos".

Las contundentes declaraciones del congresista se produjeron tras la reciente muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, quien perdió la vida en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, en medio de una polémica intervención de agentes de la uniformada.

Una reforma cuestionada y el reclamo de justicia

Para Fernández, el trágico suceso en Herrera desnuda las debilidades del cuerpo del orden y obliga a cuestionar el rol real del Estado en la protección de los ciudadanos.

Exigencia de justicia: El senador exigió que se esclarezca el caso y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la muerte del adolescente.

Solidaridad familiar: Expresó sus condolencias a los parientes de Mercado Reyes y demandó transformaciones verdaderas y profundas en la doctrina policial.

Balance crítico: Enfatizó que tras seis años de promesas gubernamentales sobre la reforma, los ciudadanos siguen desprotegidos ante la brutalidad y la ineficiencia.

"Es evidente que seis años después los resultados (de la reforma) han sido pocos o nulos", sentenció el dirigente político.

El costo de la vida y el aumento del pasaje en Santiago

Además de la crisis de seguridad, Omar Fernández aprovechó su encuentro con diversos sectores santiagueros para fijar posición sobre el reciente incremento en la tarifa del transporte urbano de la provincia, un golpe directo al bolsillo de los usuarios.

El legislador atribuyó este aumento a las malas decisiones económicas del Gobierno central, criticando que se privilegie el endeudamiento y la subida de impuestos para financiar gastos corrientes en lugar de priorizar inversiones de capital.

"Estamos ante un sistema que está roto y que merece una transformación urgente", apuntó.

A pesar del panorama adverso en lo económico y social, el senador destacó el optimismo y la actitud positiva de los residentes de Santiago, concluyendo que la resiliencia de la población le da esperanza sobre el futuro del país.

Darlin Mercado Reyes, el joven de 19 años, ultimado por un agente de la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 6 de julio 2026

Santo Domingo Oeste.– El trágico asesinato de Darlin Mercado Reyes, un joven de 19 años descrito por su comunidad como "intachable", ha desatado una ola de indignación y protestas en Santo Domingo Oeste. El suceso, perpetrado a quemarropa por un cabo de la Policía Nacional, ha vuelto a poner bajo la lupa la conducta de los agentes del orden y el estado de la reforma policial en el país.

Lo que inició el pasado viernes como la retención de una motocicleta en el sector La Cañada de Guajimía, terminó en tragedia. Un video difundido en redes sociales confirmó que no existió persecución ni forcejeo; el joven simplemente se acercó a la patrulla para explicar que el vehículo era suyo cuando, sin mediar palabras, recibió un disparo mortal en el tórax.

Un sepelio convertido en clamor de justicia

El entierro de Mercado Reyes en el cementerio Cristo Redentor se transformó en una multitudinaria manifestación. Vecinos, jóvenes y antiguos profesores acompañaron el féretro exigiendo que todo el peso de la ley caiga no solo sobre el cabo José Francisco Moreta Heredia (señalado como el autor del disparo), sino también sobre el resto de la patrulla por abandonar al adolescente mientras agonizaba.

La indignación colectiva ha hecho eco en denuncias alarmantes de los residentes de Herrera. Dirigentes comunitarios expresaron sentir más temor que respeto hacia los uniformados, llegando a afirmar de manera tajante que en muchas ocasiones "los policías actúan como los mismos delincuentes". Con el caso de Darlin, la cifra de decesos a manos de la uniformada asciende a 147 en lo que va de año.

Ola de repudio desde el liderazgo político

El impacto social del crimen obligó a pronunciamientos desde los niveles más altos del Estado:

Luis Abinader: El presidente de la República calificó públicamente al cabo responsable como "un animal" y exigió una actuación firme de la justicia.

Faride Raful: La ministra de Interior y Policía tildó el homicidio de "imperdonable".

Andrés Modesto Cruz Cruz: El director general de la Policía Nacional se reunió con el padre de la víctima, garantizando que la institución no encubrirá a los involucrados.

Leonel Fernández: El expresidente atribuyó el trágico hecho al fracaso de la reforma policial, argumentando que los agentes carecen de conocimiento sobre los límites legales de su accionar.

La atención pública se traslada ahora a los tribunales, donde este lunes el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra el cabo imputado.

Homicidio de Darlin Mercado Herrera, Protestas en Guajimia por abuso policial, Cabo Jose Francisco Moreta Heredia Ministerio Publico, Luis Abinader indignado policia animal, Faride Raful caso Darlin Mercado

Diario Azua / 5 de julio 2026

Comunitarios de Guajimía queman neumáticos y exigen que se procese a toda la patrulla. El presidente Abinader tildó de "animal" al cabo involucrado y la ministra Raful advirtió que el uniforme no será escudo de impunidad.

Santo Domingo Oeste — La trágica muerte de Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ha trascendido las fronteras del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, para convertirse en un caso de profunda consternación e indignación nacional. El homicidio del joven, ocurrido la tarde del viernes 3 de julio a manos de una patrulla de la Policía Nacional, quedó registrado en un crudo video que desmiente las versiones tradicionales y pone bajo un severo escrutinio los protocolos de la fuerza pública en intervenciones cotidianas.

El incidente, que se originó por la fiscalización rutinaria de una motocicleta que carecía de seguro de ley, escaló rápidamente debido al uso desproporcionado de la fuerza.

Un video contundente y el abandono de la escena

Las imágenes que circulan en plataformas digitales documentan con precisión la secuencia del suceso:

La discusión inicial: Se observa a los agentes sujetar al conductor de la motocicleta mientras este cuestiona: «¿Qué hice para que me lleven preso? Yo tengo todo lo mío ahí».

El disparo a quemarropa: Darlin Mercado se acerca a los uniformados de manera pacífica para reclamar por el vehículo, momento en el cual, sin mediar palabras, recibe un disparo directo. El joven cayó abatido instantáneamente sobre el pavimento.

Falta de auxilio: Tras la detonación, una parte de la patrulla abandonó el lugar de inmediato, dejando el cuerpo herido tirado en la calle ante los gritos desesperados de los vecinos, quienes clamaban por trasladarlo a un centro médico.

Vecinos y familiares describieron a Darlin como un joven sumamente tranquilo y trabajador, afirmando que no representaba ningún tipo de amenaza para los agentes actuantes.

Familiares exigen que se investigue a toda la patrulla

El presunto autor del disparo ha sido identificado como el cabo José Francisco Moreta Heredia, quien ya fue entregado formalmente al Ministerio Público. Asimismo, la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional inició una investigación disciplinaria.

Sin embargo, para los allegados de la víctima, la acción legal no debe limitarse al autor material. Noel Mercado, padre de Darlin, responsabilizó directamente a todos los integrantes del contingente policial por el delito de omisión de auxilio:

"Deberían revelar la identidad de todos porque ellos son un cuerpo. Los que andaban en ese momento, que estaban al lado de él cuando hizo el disparo, y nadie hizo ninguna acción para recoger a mi hijo, sino que se fueron y lo dejaron tirado", denunció el padre de la víctima.

La indignación provocó que los comunitarios de Herrera bloquearan vías principales y quemaran neumáticos en señal de protesta, exigiendo un expediente judicial completo que abarque la cadena de mando de la intervención.

Firme repudio desde el Poder Ejecutivo

El impacto del caso obligó a un pronunciamiento directo de las más altas esferas del Gobierno dominicano. El presidente Luis Abinader manifestó su total repulsa tras ver las imágenes del video y calificó el acto como "incalificable". El mandatario tildó de "animal" al cabo señalado y exigió que el tribunal correspondiente aplique una sanción proporcional a la gravedad del crimen para que sirva de ejemplo y castigo ejemplar en las filas del orden.

Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reafirmó que el suceso es "imperdonable" y que "ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad". En tanto, el director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, acudió de manera personal a la residencia de los deudos para expresar sus condolencias y comprometer la total colaboración de la uniformada con los peritos del Ministerio Público.

El expediente entra ahora en una etapa judicial decisiva, donde los fiscales deberán formalizar las imputaciones y determinar si el resto de los agentes involucrados enfrentarán cargos penales por complicidad o denegación de auxilio en plena vía pública.

Un grupo de presos mientras era trasladados desde La Victoria hasta Las Parras. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 5 de julio 2026

El proyecto de ley busca eliminar los registros de forma obligatoria y gratuita un mes después de extinguirse la pena, sin importar la gravedad del delito.

Santo Domingo — La Cámara de Diputados de la República Dominicana se encuentra evaluando un innovador proyecto de ley que podría transformar significativamente el proceso de reinserción social en el país. La iniciativa propone que los ciudadanos que hayan extinguido por completo sus condenas penales vean borrados sus antecedentes de manera automática un mes después del cumplimiento de la pena, eliminando la necesidad de realizar solicitudes burocráticas o trámites judiciales adicionales.

El proyecto, de la autoría del diputado Miguel Arredondo, tiene como objetivo central agilizar y democratizar el acceso a una segunda oportunidad para quienes ya saldaron sus deudas con la justicia dominicana.

Eliminación obligatoria y digitalización interinstitucional

La propuesta legislativa establece mandatos estrictos para modernizar y coordinar los archivos del Estado dominicano:

Automatización sin excepciones: La cancelación de la ficha penal será obligatoria para todas las instituciones públicas encargadas de administrar registros punitivos.

Actualización de sistemas: Los organismos oficiales deberán adecuar sus bases de datos tanto físicas como digitales para asegurar que la eliminación se ejecute de forma efectiva en un plazo de 30 días posteriores al fin de la condena.

Cruce de información: Antes de proceder con el borrado, las autoridades verificarán informáticamente que no existan condenas pendientes o procesos abiertos vinculados a la misma sentencia.

Universalidad del beneficio: Sin distinción de delitos ni cobros

Uno de los puntos más debatidos de la pieza legislativa es que no establece diferencias según la gravedad del hecho cometido. La medida se aplicaría de manera universal a todas las personas condenadas por los tribunales del país que hayan cumplido de forma íntegra tanto la pena principal como las penas accesorias amparadas en una sentencia irrevocable.

Gratuidad total: El proyecto estipula que una vez cumplido el plazo de un mes, el ciudadano beneficiado podrá obtener su certificación de no antecedentes penales de forma completamente gratuita. Este documento será válido y vinculante para fines de contratación laboral, procesos educativos, transacciones comerciales, trámites migratorios y gestiones administrativas en todo el territorio nacional.

El procedimiento se estructurará de tal manera que el beneficiario no requiera la contratación de abogados ni el pago de tasas o impuestos administrativos, y podrá ser notificado del cambio de su estatus de manera física o electrónica.

El enfoque: Priorizar la rehabilitación sobre el castigo eterno

En la exposición de motivos del documento, se argumenta que el mantenimiento prolongado de las fichas delictivas actúa como una barrera invisible que perpetúa la exclusión social, impidiendo que miles de personas accedan a empleos dignos, facilidades crediticias y programas de educación superior.

La propuesta enfatiza que el verdadero rol del sistema de justicia dominicano no debe limitarse únicamente a castigar las infracciones de la ley, sino a garantizar mecanismos reales de rehabilitación y readaptación social una vez que la sanción impuesta por los tribunales ha concluido satisfactoriamente.

Diario Azua / 4 de julio 2026

La ministra Faride Raful tildó el hecho de "imperdonable", mientras la jefatura policial visitó a los familiares del fallecido Darlin Mercado Reyes para garantizar que no habrá impunidad.

Santo Domingo — La Policía Nacional puso a disposición del Ministerio Público al cabo José Francisco Moreta Heredia, el agente implicado en la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años. El trágico suceso ocurrió la tarde del viernes 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, y ha desatado una enérgica condena tanto de las autoridades como de la sociedad civil.

Repudio institucional y puesta a disposición judicial

A través de un comunicado oficial, la institución del orden reprochó de manera categórica el accionar del alistado, enfatizando que no se tolerarán conductas que violen las leyes o los protocolos de uso de la fuerza.

El cabo Moreta Heredia permanece bajo custodia judicial para enfrentar el debido proceso legal, donde se determinará su responsabilidad penal por el hecho.

"Es imperdonable": Reacción del Ministerio de Interior y Policía

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se pronunció de manera contundente sobre el caso, solidarizándose con los deudos desde su rol de funcionaria y madre, y enviando un claro mensaje contra el abuso de poder:

"Es imperdonable un abuso policial de este nivel que hoy enluta a una familia dominicana. Ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad. El agente involucrado ha sido apresado y puesto a disposición de la justicia para que responda con todo el peso de la ley por el enorme daño causado", puntualizó la ministra Raful.

Visita de la Dirección General a los familiares de la víctima

En un intento por garantizar transparencia, el director general de la Policía Nacional se trasladó personalmente a la residencia de la familia Mercado Reyes en el sector de Herrera. Durante el encuentro, el alto mando expresó sus condolencias y reiteró el compromiso institucional de aportar todas las evidencias necesarias al Ministerio Público para asegurar el esclarecimiento total del caso.

La uniformada insistió en que esta respuesta inmediata se alinea con los pilares del actual proceso de reforma y transformación policial, el cual promueve la rendición de cuentas e impide el encubrimiento de faltas graves cometidas por sus miembros.

Ministra de Interior y Policía, Faride Raful. (FUENTE EXTERNA

Diario Azua / 4 de julio 2026

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó como "imperdonable" la muerte de un joven a manos de un agente de la Policía Nacional en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste. A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, la funcionaria garantizó que las autoridades someterán con todo el peso de la ley al responsable, asegurando que el caso no quedará impune.

Raful informó que el miembro de la institución del orden fue arrestado de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público para que responda ante la justicia por el trágico suceso que ha consternado e indignado a la sociedad dominicana.

Ministra de Interior y Policía, Faride Raful en su cuenta de X. (FUENTE EXTERNA)

Un llamado contra el abuso y la impunidad

La titular de Interior y Policía no ocultó su rechazo ante la actuación del uniformado y abordó el caso desde una perspectiva humana e institucional, solidarizándose de manera directa con los familiares de la víctima:

"Como madre, no puedo imaginar el dolor de perder un hijo de esta manera. Nada devolverá la vida de ese joven. Nos duele profundamente. Lo que sí está en nuestras manos es garantizar que este crimen tenga consecuencias y redoblar todos los esfuerzos para corregir las fallas que permitieron que ocurriera", enfatizó Raful en su cuenta de X.

El reto de recuperar la confianza ciudadana

El incidente ocurre en un momento crítico para la percepción pública del cuerpo policial, lo que llevó a la ministra a reafirmar la urgencia de profundizar las reformas internas para evitar que las personas asignadas a proteger a la población se conviertan en agresores.

Raful concluyó afirmando que el Gobierno no descansará hasta lograr que la ciudadanía recupere la plena confianza en los cuerpos de seguridad: "No podemos descansar hasta que ninguna madre sienta que tiene que temerle a quienes juraron proteger a sus hijos. Ese es un compromiso del que no vamos a apartarnos".

Esta foto sin fecha, proporcionada por Veronica Roberson en junio de 2026, muestra a su nieto, Kohen Wiley, de Senatobia, Mississippi. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 1 de julio 2026

Mississippi – El caso del bebé Kohen Wiley, de apenas un año de edad, ha tomado un giro drástico. Una segunda autopsia independiente presentada por la familia del menor contradice la narrativa oficial de las autoridades y fortalece las denuncias de uso excesivo de la fuerza en un incidente que ha desatado una ola de indignación y protestas comunitarias.

El nuevo examen forense concluyó que el infante recibió el impacto de bala mortal desde un costado del vehículo y no desde la parte frontal. Este hallazgo echa por tierra el argumento preliminar de la policía local de Senatobia, la cual justificó los disparos ocurridos el pasado 14 de junio afirmando que el automóvil avanzaba directamente hacia ellos representando una amenaza letal.

Falta de transparencia y un detonante menor

El reconocido abogado de derechos civiles, Ben Crump, quien asumió la representación de los familiares, denunció en una rueda de prensa celebrada en la Iglesia de Cristo de Senatobia que los agentes abrieron fuego contra un vehículo en movimiento sabiendo que había menores a bordo. De acuerdo con las investigaciones, la policía acudió al lugar tras un reporte por el presunto robo de pañales en una sucursal de Walmart, un artículo que la madre del menor asegura que sí había sido pagado.

"Estamos aquí por la falta de transparencia, y vamos a seguir exigiéndola. Quieren hacernos creer que era una cuestión de vida o muerte; nos lo dijeron, pero no nos lo demostraron", sentenció Crump durante el acto, donde manifestantes portaban pancartas con la consigna "Justicia para el bebé Kohen".

La madre del niño, quien viajaba en el asiento del pasajero y resultó gravemente herida durante el tiroteo, ratificó que la conductora estaba intentando alejarse de los oficiales cuando estos comenzaron a disparar. Durante la comparecencia ante los medios, se mostraron imágenes del automóvil que evidencian la destrucción de la ventanilla lateral del pasajero, respaldando la tesis del impacto de costado.

Exigencia de pruebas en video

Frente al hermetismo de la Oficina de Investigaciones de Mississippi organismo que ha declinado hacer comentarios argumentando que se trata de un caso abierto, la familia y los activistas comunitarios exigen la liberación inmediata de:

Las grabaciones de las cámaras corporales (bodycams) de los policías.

Los videos de las patrullas involucradas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento de Walmart.

El informe preliminar del Estado sostiene que el conductor arremetió contra un oficial casi atropellándolo, provocando la respuesta armada. Sin embargo, la comunidad de Senatobia, que acusa a la policía local de un historial de abusos, ha salido a las calles a protestar. Activistas de derechos humanos ya comparan la tragedia con otros episodios históricos donde ciudadanos afroamericanos perdieron la vida a manos de las fuerzas del orden por presuntos delitos menores.

Video capta momento de ejecución de un hombre a manos de agente policiales en La Vega. 

Diario Azua / 1 de julio 2026

Las muertes a manos de la Policía Nacional crecen un 16.4 % en el primer semestre del año, en medio de fuertes denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

Santo Domingo. – Las muertes de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional, bajo el argumento oficial de "intercambios de disparos", han registrado un marcado repunte en la República Dominicana durante los primeros seis meses de 2026.

De acuerdo con las estadísticas oficiales computadas hasta el 26 de junio, las muertes tipificadas como "acción legal" alcanzaron los 142 fallecidos, lo que representa un incremento del 16.4 % en comparación con los 122 casos registrados en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la cifra real ya asciende a al menos 146 víctimas mortales tras un reciente operativo el pasado fin de semana en el que cayeron abatidos cuatro presuntos miembros de la banda delictiva "Los Chucky de Los Frailes".

Una tendencia al alza en los últimos meses

Los informes de criminalidad de la institución del orden muestran una curva ascendente y acelerada en el uso de la fuerza letal conforme avanza el año:

Enero: 19 casos

Febrero: 17 casos

Marzo: 21 casos

Aparil: 25 casos

Mayo: 35 casos (el mes con mayor actividad letal)

El ritmo se intensificó drásticamente en las últimas seis semanas del semestre, periodo en el que se sumaron 49 nuevas muertes a la lista, encendiendo las alarmas sobre los métodos aplicados en la estrategia de seguridad ciudadana.

Bajo la sombra de las "ejecuciones extrajudiciales"

Este incremento en las cifras coincide con una creciente ola de cuestionamientos y desconfianza por parte de la sociedad. Varios materiales audiovisuales difundidos en redes sociales han puesto en entredicho las versiones policiales de "enfrentamientos".

Entre los casos más notorios destaca un video grabado en La Vega, donde se observa a uniformados disparar contra un hombre que mantenía las manos en alto en señal de rendición, para luego arrastrar su cuerpo por un callejón. Otro incidente en abril captó a un agente abriendo fuego contra un prófugo haitiano que no representaba un peligro inminente para la patrulla.

Interior y Policía pide respetar los procesos

Al ser interpelada sobre la lentitud en las pesquisas de estos incidentes, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, evitó fijar plazos y enfatizó que la responsabilidad final de establecer las consecuencias penales recae sobre el Ministerio Público.

"Tenemos que respetar los procesos. Hay que analizar los videos, reconstruir la secuencia de los hechos y establecer cuál fue la actuación de cada agente. Lo importante es que respondan quienes realmente sean responsables", declaró la funcionaria.

 

La joven fue velada la mañana de este martes en la comunidad que la vio nacer y crecer, en el paraje Cascajal, de Majagual, municipio de Azua de Compostela, rodeada de familiares, amigos y vecinos. ( DL /Fuente Externa)

Diario Azua / 1 de julio 2026

Familiares recuerdan a Marielis Yoanna Beltré, de 20 años, como una estudiante ejemplar que soñaba con entrar a la universidad. Las autoridades investigan el caso.

Azua,RD. – En medio del dolor colectivo y una profunda demanda de justicia, la comunidad de Majagual dio el último adiós a Marielis Yoanna Beltré Féliz, la joven de 20 años que falleció el pasado domingo tras haber sido víctima de una presunta agresión sexual multitudinaria en esta provincia.

Nacida en el paraje Cascajal, de Majagual, Marielis residía actualmente junto a sus padres y hermanos en el sector La Bombita, en el municipio cabecera de Azua de Compostela. Sus restos fueron sepultados la mañana de este martes en el cementerio de su comunidad natal, rodeada de decenas de vecinos, amigos y familiares consternados por el suceso.

"Quería seguir estudiando"

Descrita por sus allegados como una joven respetuosa, tranquila y enfocada en su superación personal, Marielis se encontraba en proceso de reunir sus documentos para inscribirse en la universidad.

"Ella terminó el bachiller y estaba dispuesta a seguir sus estudios. Una persona excepcional, a nadie le faltó al respeto", manifestó con evidente impotencia Luis Féliz, tío del padre de la víctima. "La vida es una tómbola; cuando uno cree que está en su apogeo de florecer, viene algo y lo destruye todo", lamentó.

Detalles del caso bajo investigación

Los informes preliminares indican que el hecho ocurrió el pasado 21 de junio en Majagual, cuando la joven salió de su residencia con la intención de comprar toallas sanitarias y fue presuntamente interceptada y agredida por cuatro hombres, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

Marielis fue ingresada en el Hospital Regional Taiwán, donde permaneció bajo cuidados médicos durante una semana hasta que se reportó su deceso el 28 de junio. Tras el fallecimiento, su padre interpuso una querella formal ante las autoridades correspondientes. Debido al estado de la víctima, no se logró obtener una identificación de los agresores antes de su muerte.

Acciones de las autoridades

Luego de concluir las honras fúnebres, los padres de la joven, Luis Antonio Féliz y Josefina Beltré, fueron conducidos por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) hacia la Fiscalía de Azua para ser entrevistados como parte del protocolo del proceso indagatorio.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero de los responsables, a la espera de los resultados oficiales de la autopsia que certifique la causa clínica del fallecimiento.

Diario Azua / 28 de junio 2026

Santo Domingo, R.D.– A más de diez días de la muerte de Santa Verónica Contreras Zapata, cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes 16 de junio en la orilla de la playa de Boca Chica con aparentes signos de violencia, sus familiares continúan exigiendo justicia y denunciando la falta de respuestas por parte de las autoridades.

Aseguran que hasta el momento no se han producido detenciones ni se han informado avances concretos en las investigaciones para esclarecer el caso.

Los familiares expresaron que la incertidumbre y el dolor se han intensificado con el paso de los días, al considerar que, pese al tiempo transcurrido desde el hecho, aún desconocen quién o quiénes son los responsables de la muerte de su pariente y no han recibido información oficial sobre avances significativos en la investigación.

Como parte de su reclamo, familiares, amigos y allegados realizaron un piquete pacífico portando pancartas con mensajes en los que exigían justicia y el esclarecimiento del caso. Durante la manifestación, reiteraron su llamado a las autoridades para que profundicen las investigaciones y ofrezcan respuestas sobre la muerte de Santa Verónica Contreras Zapata.

La madre de la víctima, Juana Altagracia Zapata, expresó que la familia continúa sumida en el dolor y la incertidumbre ante la falta de respuestas sobre el caso, al tiempo que reiteró su esperanza de que las autoridades logren esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de su hija.

"Han pasado más de diez días desde que perdimos a mi hija y cada día el dolor es más grande porque seguimos sin respuestas. Como madre, lo único que pido es que no dejen este caso en el olvido"

"Le hago un llamado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que continúen investigando hasta dar con la persona o las personas responsables. Queremos conocer la verdad y que se haga justicia por la muerte de mi hija. No descansaremos hasta que este crimen sea esclarecido", expresó.

Los familiares reiteraron que continuarán realizando acciones pacíficas para mantener vivo el reclamo de justicia y exigir el esclarecimiento del caso, al tiempo que instaron a las autoridades a ofrecer información oficial sobre los avances de la investigación y a identificar y someter a los responsables conforme a lo que establecen las leyes.

Diario Azua / 26 de junio 2026

El vicealmirante Cabrera Ulloa, al conmemorarse este 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pidió a la familia dominicana orientar y cuidar a sus hijos 

Santo Domingo.- El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, reafirmó que el organismo continuará ejecutando acciones firmes y contundentes en contra de las redes del narcotráfico, con el objetivo primordial de proteger a la juventud de este flagelo que destruye a las familias y comunidades.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito y del Uso Indebido de Drogas, el titular del organismo antinarcóticos hizo un llamado directo a las familias dominicanas para que mantengan una supervisión activa, orienten y cuiden a sus hijos frente a las amenazas del consumo y comercio de sustancias controladas.

El titular de la DNCD, afirmó que desde el organismo se trabaja a tiempo completo para prevenir y reprimir el tráfico, la distribución y el consumo ilícito de drogas, en cumplimiento de nuestra sagrada misión institucional.

“Continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades operativas en contra del narcotráfico y seguiremos desarrollando acciones orientadas a la prevención y la protección de nuestra juventud”, precisó. 

El vicealmirante Cabrera Ulloa, agradeció el respaldo del Gobierno del Presidente Luis Abinader y el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado, que junto a nuestros aliados internacionales, fortalece y afianza los esfuerzos para enfrentar juntos el flagelo del narcotráfico.

Concluyó diciendo que esta importante fecha nos recuerda que la lucha contra las drogas es una responsabilidad compartida que demanda la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por las Naciones Unidas. El objetivo de esta fecha es concienciar a la sociedad sobre el grave problema que representan las drogas ilícitas y fortalecer la cooperación global para lograr un mundo libre de su consumo y tráfico de estupefacientes. 

Las remotas lomas del distrito municipal de El Pinar, en la provincia San José de Ocoa. (Fuente Externa)

Diario Azua / 24 de junio 2026

El idílico paisaje agrícola de San José de Ocoa se ha topado de frente con una realidad alarmante. Las remotas y escarpadas montañas del distrito municipal de El Pinar, tradicionalmente conocidas por la producción de cebolla, lechuga y tomate, acaban de convertirse en el escenario del mayor decomiso de marihuana en la historia reciente de la República Dominicana, tras el hallazgo de más de 18,000 plantas del vegetal.

El operativo, que combinó el despliegue de helicópteros y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), rompió el habitual silencio de comunidades como El Cercado, Arroyo Hondo y La Cueva, dejando a sus residentes en un estado de asombro y evidente hermetismo.

Un laberinto natural perfecto para el crimen

La geografía de El Pinar jugó a favor de los narco-agricultores durante meses. Llegar al epicentro de las plantaciones requiere una travesía de varias horas por caminos hostiles, pedregosos y barrancos donde la civilización se desvanece.

El primer hallazgo: Las autoridades incautaron inicialmente una parcela con 3,533 plantas.

El mega-cultivo: A unos 25 kilómetros al norte del primer punto, en la zona de Montellano, la DNCD desmanteló otra plantación con más de 15,000 matas.

La complejidad del terreno era tal que las autoridades requirieron más de 12 horas de labor continua y tuvieron que utilizar mulos y caballos para poder extraer las evidencias de la densa montaña.

Amenazas de muerte en terrenos rentados

Detrás de este decomiso se esconde una trama de coacción. Según fuentes ligadas a la investigación, los propietarios de los terrenos los habían arrendado a terceros bajo la premisa de que se utilizarían para cultivos menores.

Sin embargo, al notar irregularidades e intentar romper el contrato de alquiler para recuperar su propiedad, los dueños legítimos fueron encañonados y amenazados de muerte por los ocupantes.

"Aquí la gente siembra mucho. Esto es una zona muy productiva, no te digo que no puedan sembrar sus cosas raras", admitió con timidez un comerciante local, reflejando el temor colectivo de la comunidad a hablar de más.

Defensa alega "chivos expiatorios"

Actualmente, tres personas se encuentran detenidas: el agricultor local Guillermo Amaury Casado ("Guillermito") y dos obreros de nacionalidad haitiana. El Ministerio Público está solicitando tres meses de prisión preventiva, medida que será conocida este viernes.

Sin embargo, la defensa de los imputados, liderada por el abogado Arsenio Jiménez, asegura que sus clientes son simples trabajadores de la zona y que están siendo utilizados para cubrir a los verdaderos cabecillas.

"La propia nota de la DNCD establece que estas personas fueron detenidas cuando venían por la vía. No estaban en el lugar de la plantación", argumentó el jurista, exigiendo que se investigue a fondo quiénes son los verdaderos dueños del negocio ilícito.

"Onguito Wa" y otro hombre fueron apresados, tras la ocupación de una pistola presuntamente ilegal. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 21 de junio 2026

El exponente de música urbana Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido popularmente como "Onguito Wa", vuelve a estar en el ojo del huracán judicial. El artista fue detenido este domingo en la provincia de San Cristóbal durante un operativo preventivo de la Policía Nacional, tras hallársele en posesión de una pistola que portaba de manera ilegal.

El arresto se produjo en el sector Doña Ana, específicamente en la calle Sánchez Vieja. "Onguito Wa" se desplazaba a bordo de una yipeta Honda CR-V negra en compañía de Ángel Gabriel Rosario de la Rosa, de 36 años, quien también fue apresado por los agentes de la Dirección Regional de San Cristóbal.

El hallazgo en el vehículo

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la intervención formó parte de las labores de inteligencia y prevención que se desarrollan en la zona. Al proceder con la requisa del vehículo, los uniformados encontraron el arma oculta.

El arma incautada: Una pistola marca Glock 19.

Municiones: Un cargador con 17 cápsulas calibre 9 milímetros.

Ubicación: El arma estaba escondida debajo del asiento trasero izquierdo del vehículo.

Tras las verificaciones correspondientes, la Policía Nacional confirmó que ninguno de los ocupantes poseía la documentación legal requerida para el porte y tenencia del arma de fuego.

Tanto el exponente urbano como su acompañante, junto a las evidencias incautadas, fueron entregados al Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación. Este nuevo arresto se suma al ya polémico historial legal del artista en el país.