Diario Azua / 5 de mayo 2026

FLORIDA, EE. UU. – El exintegrante de la selección nacional de baloncesto de la República Dominicana, Dagoberto Peña, ha sido condenado a dos décadas de prisión federal tras declararse culpable de cargos relacionados con la explotación sexual de menores. La sentencia, emitida por la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida, pone fin a un proceso judicial que inició tras su arresto a principios de año.

Los detalles del caso Peña, quien aceptó su culpabilidad el pasado 23 de enero de 2026, fue hallado responsable de haber persuadido a al menos dos menores de edad para participar en actos sexualmente explícitos entre octubre de 2024 y febrero de 2026. Según los expedientes judiciales, el objetivo del exdeportista era la producción de material visual del abuso.

La investigación, liderada por el FBI, se activó en abril de 2025 tras la denuncia de un padre que detectó comunicaciones inapropiadas. El peritaje digital a los dispositivos de Peña reveló:

Mensajes y contenido multimedia explícito de las víctimas iniciales.

La identificación de una tercera víctima, de quien también poseía material ilícito.

Evidencia de una conducta delictiva sostenida a través de plataformas digitales.

Colaboración policial El caso fue resuelto gracias a un esfuerzo conjunto entre el Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas de Fort Myers, la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte y el Departamento de Policía de Punta Gorda. Tras cumplir su condena, Peña será registrado permanentemente como delincuente sexual.

De las canchas a la justicia Dagoberto Peña tuvo una carrera destacada en el baloncesto internacional, representando a la República Dominicana en la Copa Mundial de la FIBA 2019. Su trayectoria incluyó pasos por ligas profesionales de España, Francia y Lituania, tras haberse formado en el baloncesto universitario de EE. UU. con la Universidad Marshall. Sin embargo, su legado deportivo queda hoy empañado por estos crímenes que han conmocionado a la comunidad deportiva dominicana e internacional.

Los afectados aseguran que no recibieron el pago correspondiente al mes de abril y piden una respuesta de las autoridades (Fuente Externa)

Diario Azua / 4 de mayo 2026

SANTO DOMINGO. – Lo que debería ser un retiro digno se ha convertido en una pesadilla para más de 550 agentes de la Policía Nacional pensionados el pasado mes de febrero. Una comisión de afectados denunció este lunes que el Estado ha "incumplido" con el pago correspondiente al mes de abril, dejándolos además en un limbo administrativo y sin cobertura de salud.

Según el protocolo establecido, los dos primeros meses de pensión deben ser cubiertos por la Policía Nacional, antes de que los expedientes pasen a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (Hacienda). Sin embargo, tras recibir el pago de marzo, los pensionados aseguran que la institución se "desligó" de la responsabilidad de abril.

Sin sueldo y sin seguro médico La situación es crítica no solo en lo económico. Los exoficiales denunciaron que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) les fue suspendido hasta que Hacienda formalice su inclusión en nómina.

"Es un abuso. Tengo un hijo con condiciones especiales que requiere terapia semanal y nos han dejado desprotegidos en la etapa de mayor vulnerabilidad", lamentó la exprimer teniente Ingrid Heredia, quien junto a otros compañeros solicitó la intervención directa del presidente Luis Abinader.

La respuesta oficial Por su parte, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofreció una versión distinta. Según la institución, el inconveniente afecta específicamente a un grupo de 48 pensionados que supuestamente no completaron el proceso de inclusión en la nómina de Jubilaciones y Pensiones.

Pesqueira aclaró que la responsabilidad de la Policía termina en el momento en que el pensionado es transferido al sistema de Hacienda, deslindando a la uniformada de los retrasos actuales. Mientras las autoridades y el Comité de Retiro (Corepol) definen quién asumirá el pago, cientos de familias permanecen a la espera de sus recursos básicos y la reactivación de su seguro médico.

Diario Azua / 3 de mayo 2026

Santo Domingo, RD. – En un operativo conjunto entre autoridades locales y federales, fueron recibidos este domingo en el puerto de Sans Soucí los hermanos Wilner y Wilmer Rafael Solano García, conocidos en el bajo mundo como "el Mello Loco" y "el Mello Sangriento". Ambos jóvenes de 22 años arribaron al país en calidad de deportados desde Puerto Rico para enfrentar cargos por asalto, asociación de malhechores y homicidio.

Los hermanos eran buscados activamente mediante una notificación roja de Interpol tras ser señalados como piezas clave en el violento asalto a la joyería Popi Oro, ocurrido el pasado 7 de marzo en el sector de Cristo Rey. Durante el incidente, que dejó un saldo trágico de una persona fallecida, los delincuentes habrían sustraído una suma millonaria en mercancía.

Coordinación Internacional

La captura y posterior repatriación fue posible gracias al intercambio de inteligencia entre la Policía Nacional Dominicana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza de Puerto Rico. Los imputados intentaron evadir la justicia dominicana ocultándose en la isla vecina, pero las órdenes de arresto emitidas tanto en el Distrito Nacional como en La Altagracia facilitaron su localización.

Proceso Judicial

Tras su desembarque de la embarcación Kydon, los detenidos fueron entregados al Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad. Según el reporte oficial:

Enfrentan cargos por homicidio y robo a mano armada.

Existen órdenes de arresto vigentes desde el 17 de abril de 2026.

Serán presentados en las próximas horas ante el tribunal correspondiente para el conocimiento de medidas de coerción.

Con este arresto, las autoridades esperan dar respuesta al reclamo de los propietarios de la joyería y de los familiares de la víctima fatal, quienes han exigido justicia y la recuperación de los bienes sustraídos durante el asalto que conmocionó a la barriada de Cristo Rey.

Personal de Migarción Colombia camina entre pasajeros. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 3 de mayo 2026

Bogotá. – Un esquema masivo de fraude de identidad ha puesto en alerta máxima a las autoridades de Colombia y la Unión Europea. Según reportes oficiales de Migración Colombia, se han identificado al menos 850 ciudadanos dominicanos que obtuvieron cédulas y pasaportes colombianos legítimos utilizando datos falsos para evadir el requisito de visado europeo.

Desde el año 2021, las autoridades han registrado un total de 965 casos de obtención fraudulenta de documentos, de los cuales el 88% corresponden a nacionales de la República Dominicana. Esta maniobra permite a los viajeros aprovechar la exención de visa de la que gozan los colombianos para ingresar al espacio Schengen.

El rol de las redes criminales

Las investigaciones apuntan a la existencia de mafias organizadas con capacidad de infiltrar procesos en la Registraduría colombiana. Estas redes logran emitir documentos con papel y sellos 100% auténticos, pero basados en identidades ficticias o suplantadas, lo que dificulta su detección en escaneos superficiales.

Delatados por el acento y la cultura

A pesar de contar con pasaportes "reales", el factor humano ha sido el eslabón más débil del fraude. Durante las entrevistas de seguridad en aeropuertos como El Dorado, los agentes han perfeccionado sus métodos de detección:

Pruebas de origen: Los sospechosos suelen desconocer estrofas del himno nacional colombiano o detalles geográficos básicos.

Análisis lingüístico: El marcado acento dominicano sigue siendo el principal indicador que enciende las alarmas de los oficiales migratorios.

Tecnología avanzada: Se han incorporado especialistas en grafología y biometría para verificar si la identidad del portador coincide con los registros históricos.

Consecuencias inmediatas

Solo en el último año, cerca de 180 casos fueron detectados gracias al endurecimiento de los controles. Recientemente, el aeropuerto de Bogotá fue escenario de la expulsión de dos dominicanos que, tras ingresar legalmente como turistas, intentaron continuar su viaje hacia Europa con residencias españolas falsificadas e itinerarios inconsistentes.

Este fenómeno no solo afecta la seguridad migratoria, sino que también pone presión sobre los acuerdos de exención de visado de los que gozan los ciudadanos colombianos en el extranjero.

La policía investiga el lugar de los hechos tras un presunto apuñalamiento y tiroteo en la estación de metro Grand Central de Nueva York el sábado 11 de abril de 2026. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 3 de mayo 2026

Nueva York. – El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha hecho públicas las impactantes imágenes de las cámaras corporales que capturaron el enfrentamiento del pasado 11 de abril en la emblemática estación 42nd Street-Grand Central. El video documenta los minutos finales de Anthony Griffin, de 44 años, quien fue abatido tras herir de gravedad a tres personas con un machete.

Las imágenes muestran el nivel de tensión vivido a las 9:40 de la mañana en una de las terminales más concurridas del mundo. Los detectives Ryan Giuffre y Anthony Manetta interceptaron a Griffin mientras este subía unas escaleras con el arma blanca en mano, tras haber atacado momentos antes a dos hombres de 84 y 65 años, y a una mujer de 70.

"Podemos hablar de esto"

El video revela un esfuerzo de mediación por parte de los oficiales antes de recurrir a la fuerza letal. Durante el enfrentamiento, se escucha a los agentes pedir calma al sospechoso en múltiples ocasiones: "Nadie quiere hacerte daño... Baja (el arma)...Podemos hablar de esto", intentó razonar uno de los detectives.

Sin embargo, el informe policial y las grabaciones confirman que Griffin se encontraba en un estado de agitación extrema, gritando frases incoherentes como "Soy Lucifer" y pidiendo explícitamente a los oficiales que le dispararan mientras avanzaba hacia ellos con el machete en alto.

Uso de la fuerza letal

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, defendió el accionar de sus subordinados destacando que se le ordenó soltar el arma al menos 20 veces. Al no cesar la amenaza y ante la proximidad del sospechoso, uno de los detectives abrió fuego en dos ocasiones. Griffin fue trasladado a un hospital cercano, donde se certificó su fallecimiento.

Afortunadamente, las tres víctimas del ataque inicial sobrevivieron. A pesar de sufrir heridas graves, incluyendo fracturas de cráneo y laceraciones profundas, se reportan fuera de peligro. El caso permanece bajo revisión estándar para evaluar el cumplimiento de los protocolos de uso de fuerza en situaciones críticas.

Momento del arresto de González Contreras, vinculado a la supuesta estafa del proyecto West Side Residences, que afectó a decenas de inversionistas en la zona este. (Fuente externa)

Diario Azua / 2 de mayo 2026

El Ministerio Público dominicano ha dado un golpe a las redes de estafas inmobiliarias en el polo turístico del Este. Tras la captura de Joan Fernando González Contreras, las autoridades preparan la solicitud de prisión preventiva por su presunta vinculación en el fraude del proyecto West Side Residences Punta Cana. El arresto, ejecutado por la unidad especializada en prófugos, marca el inicio de un proceso judicial que busca resarcir a las víctimas de la constructora Paceo.

Captura y operativo especializado La detención de González Contreras no fue fortuita. Fue el resultado de un operativo liderado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos. El imputado era buscado por su participación clave en un esquema que afectó a numerosos inversionistas y familias que buscaban una propiedad en la zona turística de Punta Cana.

El esquema del proyecto "West Side Residences" Según las investigaciones preliminares, la estafa se articuló a través del proyecto habitacional West Side Residences, desarrollado por la Constructora Paceo. Las víctimas denuncian irregularidades en la entrega de inmuebles y el manejo de los fondos de inversión, lo que ha llevado al Ministerio Público a calificar el caso como una estafa inmobiliaria de gravedad.

Próximos pasos judiciales Actualmente, los fiscales se encuentran en la fase final de la elaboración de la medida de coerción. El Ministerio Público adelantó que solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, argumentando el riesgo de fuga y la necesidad de proteger la integridad del proceso de investigación, que aún podría arrojar nuevos implicados y ramificaciones delictivas.

Diario Azua / 29 de abril 2026

SANTO DOMINGO. Este jueves 30 de abril, el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional llevará a cabo la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis coimputados en el presunto fraude que supera los 15,000 millones de pesos.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero, en su rol de juez control de la investigación, será el encargado de examinar si persisten las condiciones que motivaron la prisión preventiva dictada en diciembre pasado. Según lo estipulado en el Código Procesal Penal Dominicano, esta revisión debe realizarse de oficio cada tres meses para aquellos imputados que guardan prisión en centros carcelarios.

Implicados bajo la lupa judicial

Junto a Hazim, comparecerán los exfuncionarios de la ARS estatal:

Gustavo Enrique Messina Cruz

Germán Rafael Robles Quiñones

Francisco Iván Minaya Pérez

Asimismo, se presentarán los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los hombres cumplen la medida en el centro penitenciario Las Parras, mientras que Ledesma Ubiera se encuentra recluida en Najayo Mujeres.

Es importante destacar que el empresario Eduardo Read Estrella y las contratistas Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina no forman parte de esta revisión, debido a que el arresto domiciliario no requiere este procedimiento obligatorio por ley.

Cronograma del proceso

El Ministerio Público tiene como fecha límite el mes de agosto para presentar la acusación formal, tras el plazo de ocho meses otorgado por el tribunal de Atención Permanente.

Mientras tanto, el caso sigue sumando detenciones. Recientemente fue capturado Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar de Autorizaciones Médicas de Senasa, quien intentaba salir del país por un aeropuerto. Su audiencia de medida de coerción está programada para este viernes, completando así el cuadro de los 11 señalados originalmente en la estafa al seguro estatal.

 

En 2024, el Minerd reportó unos 30 casos de acoso sexual de parte de profesores.

Diario Azua / 29 de abril 2026

SANTO DOMINGO. El sistema educativo dominicano se ve nuevamente sacudido por una denuncia de abuso. Las autoridades arrestaron a Inocencio Lebrón Montero, docente de matemáticas del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz (conocido popularmente como "La Perito"), bajo cargos de agresión sexual contra una estudiante menor de edad.

El imputado, detenido desde el pasado 22 de abril, enfrentará el próximo 2 de mayo la audiencia para el conocimiento de medida de coerción. El proceso, que originalmente estaba pautado para finales de abril, fue aplazado a solicitud de la defensa para preparar sus alegatos.

El modus operandi según la acusación

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, los hechos se remontan a mayo del año pasado. La investigación detalla que el profesor utilizó su posición para ganar la confianza de la adolescente mediante mensajes personales. Esta cercanía escaló hasta convertirse en presión emocional y, presuntamente, tocamientos de naturaleza sexual ocurridos fuera del entorno escolar.

La denuncia formal fue interpuesta por la madre de la menor en enero de este año, activando de inmediato los protocolos de protección de menores. El docente enfrenta cargos por violación a los artículos 330 y 333 del Código Penal, además de la Ley 136-03 sobre los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Reacciones y antecedentes alarmantes

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó su rechazo absoluto a estos actos, calificándolos como un atentado contra la integridad de los estudiantes. El gremio recordó que, en años recientes, casos similares en provincias como San Pedro de Macorís y La Altagracia han terminado en condenas ejemplares, incluyendo la de 20 años contra el profesor John Kelly Martínez.

Este caso se suma a una estadística preocupante: solo en el periodo escolar 2023-2024, el Ministerio de Educación (Minerd) reportó la desvinculación de más de 30 docentes por acoso sexual, con el Distrito Nacional como la demarcación con mayor incidencia de reportes.

Diario Azua / 28 de abril 2026

Santo Domingo RD.-La Policía Nacional impulsa la consolidación de proyectos educativos orientados al fortalecimiento de la formación policial, como parte de su estrategia para elevar la calidad académica y profesional de sus miembros y robustecer la respuesta institucional ante los desafíos de la seguridad ciudadana.

En ese contexto, desarrolló en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES) un importante taller para la consolidación de los proyectos educativos derivados de la ley, en el que se promovió el análisis, la socialización y la presentación de propuestas mediante el uso de herramientas audiovisuales.

Durante la jornada se generaron espacios de diálogo constructivo a través de ciclos de preguntas y respuestas, propiciando el intercambio de ideas y la participación activa de las autoridades y el personal académico.

La actividad contó con la participación de la presidenta de la Junta Directiva del IPES, doctora Mukien Sang Ben; el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Féliz Brito; el mayor general Francisco Ovalles Pichardo, miembro de la citada junta; y el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badia, junto a vicerrectores, directores de escuelas, coordinadores, docentes y personal administrativo de la institución.

Como parte del proceso formativo, los participantes presentaron sus proyectos educativos, exponiendo propuestas orientadas al fortalecimiento de la formación policial, lo que permitió evaluar iniciativas, intercambiar buenas prácticas y consolidar ideas alineadas con los objetivos estratégicos de la institución.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Policía Nacional con una formación integral, continua y de calidad, orientada al fortalecimiento del talento humano y a una respuesta más efectiva frente a los retos de la seguridad ciudadana

Viagra interceptada en seis cajas identificadas como "Sildenafil Citrato 100 mg". (FUENTE

 EXTERNA)

Diario Azua / 27 de abril 2026

MADRID. – Un operativo conjunto entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria de España dio como resultado la detención de un hombre de 47 años que intentó ingresar al país con un cargamento irregular de fármacos. El pasajero, que inició su ruta en Santo Domingo, República Dominicana, transportaba más de 1,100 pastillas de Sildenafilo (genérico de la Viagra) sin la debida autorización.

La intercepción ocurrió en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, tras una escala en Madrid. El alijo fue descubierto cuando el equipaje del individuo pasó por el control de rayos X, donde los agentes detectaron anomalías en la densidad de la maleta. Al proceder con la apertura manual, hallaron seis cajas que contenían un total de 1,144 comprimidos de 100 mg.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido no pudo presentar la documentación médica ni los permisos de importación exigidos por la normativa de la Unión Europea para la introducción de medicamentos. Ante esta falta de garantías sanitarias y legales, las autoridades procedieron a:

La incautación inmediata de toda la mercancía.

El levantamiento de un acta por infracción a la Ley de Contrabando.

Este incidente se suma a otros casos recientes de tráfico de medicamentos no autorizados desde el Caribe hacia territorio europeo, reforzando la vigilancia en las rutas procedentes de las Antillas Mayores.

 

Siete de los imputados por muerte de conductor de camión recolector. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 27 de abril 2026

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS – La Oficina Judicial de Atención Permanente de esta jurisdicción conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción contra siete hombres vinculados al brutal asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de un camión recolector de basura cuya muerte, ocurrida el pasado 17 de abril, ha conmocionado a la ciudad corazón.

El proceso judicial inicia bajo una sombra de impunidad parcial: Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias "Macho", señalado por el Ministerio Público como el autor material que asestó la herida mortal, cumple hoy 10 días prófugo. A pesar del despliegue policial y de que las autoridades retienen su motocicleta como evidencia clave, Metz Cruz continúa en paradero desconocido, desafiando el cerco legal.

Jhovanny de Jesús Metz Cruz (Macho) se dio a la fuga. (FUENTE EXTERNA)

Una persecución fatal hasta el Palacio de Justicia Según el expediente acusatorio, la tragedia se desencadenó a plena luz del día en el Ensanche Bermúdez. Tras un altercado inicial, "Macho" y un grupo de motociclistas iniciaron una persecución contra el camión recolector. En un intento desesperado por salvar su vida, Abreu Quezada condujo hacia el Palacio de Justicia de Santiago buscando refugio; sin embargo, fue interceptado en el mismo parqueo de la institución, donde recibió la puñalada que le arrebató la vida.

El debate jurídico: ¿Planificación o reacción colectiva? El Ministerio Público imputa a los detenidos los cargos de asociación de malhechores y asesinato. No obstante, la defensa técnica de algunos implicados, encabezada por el abogado Rusell Aracena, ha comenzado a cuestionar la "imputación colectiva". Alegan que no hubo una planificación previa, sino una respuesta espontánea tras el inicio del incidente por parte del prófugo.

Entre los siete imputados que comparecerán hoy se encuentra Kevin Francisco Metz Cruz, hermano del autor material, junto a Adony Ureña, Andrés Monclu, Carlos Roa, Miguel García, Joanfry Núñez y Juan Carlos Soto.

La sociedad santiaguera permanece atenta a este fallo, mientras los familiares de la víctima exigen que la captura de alias "Macho" sea una prioridad impostergable para las autoridades.

 

El exteniente de la Policía Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a 30 años de prisión por narcotráfico. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 26 de abril 2026

El sistema penitenciario dominicano se encuentra bajo una nueva investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida del exteniente coronel de la Policía Nacional, Hans Wender Lluberes Sánchez. El exoficial, quien acababa de ser condenado a la pena máxima de 30 años de prisión, fue encontrado ahorcado la noche del sábado en la cárcel preventiva de San Luis.

Lluberes Sánchez había sido señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una poderosa red de narcotráfico internacional que operaba entre dominicanos y venezolanos, a la cual se le incautaron 454 kilogramos de cocaína en el año 2015.

Una muerte bajo investigación

El director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, confirmó el deceso y señaló que, aunque la hipótesis preliminar apunta al suicidio, las autoridades correspondientes han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según versiones de sus compañeros de celda, el hoy fallecido solicitó un bolígrafo horas antes del hallazgo para escribir una nota, la cual fue recuperada por las autoridades en el área del baño donde se localizó el cuerpo.

¿Por qué seguía en una cárcel de paso?

A pesar de que el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo ya había dictado su ingreso al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, Lluberes Sánchez permanecía en el recinto de San Luis. Santana explicó que el traslado no se había materializado debido a que la notificación formal de la sentencia aún no había sido tramitada administrativamente ante la Dirección de Prisiones.

Un historial de fuga y extradición

La trayectoria judicial de Lluberes Sánchez estuvo marcada por la evasión. En 2019 fue declarado en rebeldía tras huir del país, logrando evadir la justicia hasta octubre de 2025, cuando fue capturado y deportado desde Estados Unidos tras ser localizado en Miami.

Hace apenas unos días, el Ministerio Público celebraba la ratificación de su condena, que incluía además una multa de 50 millones de pesos a favor del Estado. Con su muerte, se cierra uno de los capítulos más mediáticos de oficiales vinculados al tráfico de sustancias controladas en la última década.

 

Los moradores valoran los operativos de vigilancia, pero aún así siguen temerosos/ Fuente externa

Diario Azua / 26 de abril 2026

El patrullaje policial no es suficiente. Bajo esta premisa, representantes de diversos sectores del Gran Santo Domingo y zonas aledañas han manifestado un creciente malestar ante lo que consideran una estrategia de seguridad "desconectada" de la realidad que viven sus calles.

A pesar de que los moradores reconocen la presencia de operativos de vigilancia, el miedo no cede. Sectores emblemáticos como Villa Juana, Villa María, el barrio 27 de Febrero, Villas Agrícolas y La Caleta continúan bajo el asedio de atracos y robos constantes, lo que ha llevado a las juntas de vecinos a levantar la voz.

Del operativo a la eficacia: El reclamo ciudadano

La principal crítica de los líderes comunitarios no es la falta de uniformados, sino la falta de resultados tangibles. Según denuncian, el modelo actual de la Policía Nacional no ha logrado frenar la frecuencia de los delitos, lo que genera una sensación de inseguridad persistente entre los residentes.

"Valoramos que la policía pase, pero los delincuentes parecen conocer sus horarios. Necesitamos ser parte de la solución", coinciden diversos voceros del sector.

Un llamado a la integración

Más allá de la denuncia, el liderazgo comunitario busca un cambio de paradigma. La propuesta central es la creación de una mesa de trabajo conjunta donde los ciudadanos puedan:

Identificar puntos críticos conocidos por los vecinos.

Colaborar en mecanismos de vigilancia comunitaria.

Optimizar la respuesta policial basada en información en tiempo real.

Para los representantes de barrios como Villas Agrícolas y La Caleta, la solución a la delincuencia no vendrá solo de las patrullas, sino de un esfuerzo integrado que incluya a quienes mejor conocen el territorio: su propia gente.

Agentes del Servicio Secreto vigilan una zona del hotel donde se celebraba la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, en Washington/AFP

Diario Azua / 25 de abril 2026

WASHINGTON D.C. – Las autoridades federales han identificado formalmente a Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, como el presunto autor del tiroteo registrado la noche de este sábado en las inmediaciones del hotel Hilton. El incidente ocurrió mientras el presidente Donald Trump asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Cronología del ataque

El suceso se desencadenó en uno de los perímetros de seguridad del evento. Según los informes preliminares:

El sospechoso: Allen portaba un arma larga al momento de ser interceptado.

El enfrentamiento: El individuo abrió fuego contra un agente del Servicio Secreto.

El milagro: El proyectil impactó directamente en el chaleco antibalas del oficial, quien resultó ileso gracias al equipo de protección.

Respuesta inmediata y evacuación

Tras escucharse entre tres y cuatro detonaciones, el protocolo de seguridad se activó de forma instantánea. El presidente Trump, la primera dama y miembros clave del gabinete fueron evacuados del salón principal hacia una zona segura.

"Fue interceptado por miembros muy valientes del Servicio Secreto que actuaron con mucha rapidez", declaró el mandatario en una rueda de prensa posterior, destacando la eficacia de los agentes ante la amenaza.

Investigación en curso

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Allen se encuentra bajo custodia y que se está investigando el móvil del ataque. El área del hotel Hilton permaneció acordonada durante varias horas mientras equipos de criminalística recolectaban evidencia en la escena.

Diario Azua / 22 de abril 2026

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, propuso este fin de semana permitir que el NYPD colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si existe "causa probable" de que una persona haya cometido un delito grave o violento. 

Hochul se reunió con legisladores estatales, con quienes discutió su propuesta, que debe incluirse en el presupuesto, cuya aprobación está retrasada.

Asimismo, propuso que ICE no pueda realizar redadas en lugares sensibles, como iglesias o escuelas, y que se prohíba a la policía cooperar con agentes de inmigración, usar las cárceles locales y cubrirse el rostro.

"Los policías locales deberían centrarse en los delitos locales, mantener nuestras calles seguras, responder a emergencias y perseguir a traficantes de armas y delincuentes violentos", indica Hochul.

"Esto es algo que muchos agentes del orden desean; concentrarse en las comunidades donde los contribuyentes pagan sus salarios para hacer su trabajo y protegerlas", añadió.

No obstante, lo que ha generado críticas es permitir que el NYPD colabore con ICE si existe "causa probable" de un delito grave o violento, pero no por una infracción o violación, ya que las organizaciones temen que se utilice de forma arbitraria.

La ONG Legal Aid Society, la organización más antigua y grande de Estados Unidos, aseguró que la propuesta de la gobernadora, al permitir la cooperación entre la policía y agentes de ICE en determinados casos, abre la puerta a la discriminación y al abuso.

"Cualquier política que otorgue a las fuerzas del orden estatales o locales amplia discrecionalidad para colaborar con las autoridades federales de inmigración corre el riesgo de abrir la puerta a la discriminación y el abuso", y puede derivar en una "erosión de la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las instituciones locales", apunta la organización.

Otra ONG, “Se Hace Camino NY”, afirmó que la colaboración por “causa probable” es un "retroceso" en el esfuerzo por proteger a todos los neoyorquinos de los abusos de agentes de inmigración.

Yasmine Farhang, directora ejecutiva de Immigrant Defense, precisa que la “causa probable” no es más que un capricho arbitrario en el momento inicial de la detención. 

Por lo tanto, la propuesta equivaldría esencialmente a tolerar e incentivar cualquier colusión entre las fuerzas del orden locales y el ICE, permitiendo que se inventen cualquier pretexto para presentar cargos penales", sentencia.

Diario Azua / 20 de abril 2026

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La policía de este condado persigue activamente a dos jóvenes que han cometido una serie de asaltos desde ciclomotores en vecindarios donde residen cientos de familias dominicanas, entre otras etnias.

La uniformada solicita la colaboración del público para identificar a los sospechosos que aparecen en las fotos divulgadas, cometiendo los actos delictivos el pasado sábado 11, en las avenidas Gleason con Noble, en horas de la tarde, cuando le arrebataron una cadena a una jovencita de 15 años. Huyeron y no hubo heridos.

Ese mismo día, volvieron a cometer su fechoría frente al número 1890 de la avenida Watson, cuando le quitaron el collar del cuello a una menor de 13 años, valorado en 600 dólares. Huyeron y no hubo heridos.

Dos días después, otra menor de 13 años fue asaltada frente al 2119 de Grand Concourse, entre las calles 180 y 181, a dos esquinas del precinto policial 46. Le quitaron un collar del cuello, valorado en aproximadamente 2,080 dólares. La víctima sufrió lesiones leves, pero rechazó recibir atención médica.

Las denuncias de las víctimas coinciden en señalar a dos jóvenes en ciclomotores azules.

La institución del orden solicita a cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. 

También pueden enviar sus pistas a través de https://crimestoppers.nypdonline.org o por X en @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Asimismo, la policía informa que hasta el pasado día 5 se contabilizaron 128 robos en el sistema de transporte público (buses y trenes), lo que representa un incremento del 21 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta ciudad enfrenta una creciente inseguridad que se manifiesta en robos, asaltos y homicidios en el metro y los autobuses urbanos. Las cifras han encendido las alarmas, tanto en las autoridades como en los usuarios.

Diario Azua / 20 de abril 2026

Por Ramón Mercedes 

NUEVA YORK.- Con el asesinato a tiros de ocho niños este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, como consecuencia de una disputa doméstica, suben a 307 los menores de edad acribillados y 824 los heridos, algunos de gravedad, en lo que va del presente año en Estados Unidos.

Durante el 2025 fallecieron 1,265 y 3,216 resultaron heridos, según estadísticas de la entidad Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington, DC, que documenta los incidentes de violencia armada y delitos con armas de fuego a nivel nacional.

Una vez que el adulto gatillero cometió los crímenes contra los ocho menores, abandonó el lugar al robar un vehículo cercano, pero fue perseguido por agentes policiales y, al darle alcance, lo ultimaron a tiros.

La policía describió la escena del crimen como "extensa", abarcando dos viviendas en la cuadra 300 de la calle 79 Oeste y una tercera en la cercana calle Harrison.

«Este es un hecho de gran magnitud, distinto a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto jamás», declaró Chris Bordelon, portavoz de la policía de Shreveport, con unos 180,000 habitantes.

En términos similares se expresaron la fiscal general Liz Murrill, el presidente del Senado Cameron Henry y el presidente de la Cámara de Representantes Phillip Devillier. Asimismo, la vicepresidenta del consejo Ursula Bowman y el superintendente de las escuelas del distrito de Caddo Parish, Keith Burton.

Hoy, nuestra comunidad llora la inimaginable pérdida de niños inocentes. No hay palabras que puedan explicarlo ni distancia que nos proteja de ello», declaró el alcalde Tom Arceneaux.

EE. UU. es el único país del mundo con más armas de fuego en manos de civiles que habitantes, con aproximadamente 120.5 armas por cada 100 ciudadanos, según reciente estudio de Small Arms Survey (SAS), con sede en Suiza.

Esta cifra representa más de 393 millones de armas, constituyendo cerca del 46 % del arsenal civil mundial. Esta alta concentración está amparada por la Segunda Enmienda constitucional y se vincula a elevadas tasas de tiroteos masivos.

Familiares de las víctimas volvieron al Palacio de Justicia a pedir justicia por sus seres queridos. (Fuente externa)

Diario Azua / 20 de abril 2026

Santo Domingo. – A un año de la tragedia que enlutó al país, el proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set toma un nuevo rumbo. La familia de Johanna Rodríguez, quien falleció en el incidente junto a su esposo, el ejecutivo bancario Eduardo Grullón, presentó este lunes una querella formal independiente a la del Ministerio Público.

La acción legal, interpuesta por los abogados del señor Juan Carlos Rodríguez Martínez (padre de la víctima), busca elevar la gravedad de la acusación contra los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Mientras el Ministerio Público califica el hecho como homicidio involuntario, la familia Rodríguez solicita que se juzgue como homicidio voluntario.

"Conocimiento del riesgo"

El equipo legal, integrado por Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, argumentó ante el tribunal que los acusados actuaron con plena conciencia del peligro. Según la querella, se realizaron intervenciones estructurales en el techo del local sin estudios técnicos ni supervisión profesional.

"Mantuvieron actividades multitudinarias a pesar del deterioro progresivo del techo y desoyendo advertencias de empleados y clientes", sostuvo Vargas De Camps, señalando que esta omisión consciente compromete la responsabilidad penal bajo los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

Avances y desistimientos en el juicio

Durante la continuación del juicio preliminar, mientras la familia Rodríguez-Grullón presentaba su acusación privada, otros afectados optaron por adherirse al expediente del Ministerio Público. Sin embargo, el proceso también registró el desistimiento de seis querellas particulares, incluyendo casos de familiares de fallecidos como Natalia Guerrero Azcona, Ruth Seija Jerez y César Augusto López Gonel.

La tragedia, ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025 durante un concierto de Rubby Pérez, dejó un saldo devastador de 236 muertos y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los siniestros estructurales más graves en la historia reciente del entretenimiento en la República Dominicana.

Diario Azua / 20 de abril 2026

Santo Domingo. – Tras la indignación nacional provocada por el violento linchamiento de un chofer en Santiago, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sentenció este lunes que el Estado no permitirá que continúe el caos protagonizado por una parte de los motociclistas en el país.

Al finalizar la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Palacio de la Policía Nacional, la funcionaria fue enfática al señalar que el comportamiento "salvaje" de muchos conductores de dos ruedas ha rebasado los límites de la convivencia social.

Las tres amenazas de la motocicleta en RD

Raful desglosó por qué el uso irregular de estos vehículos se ha convertido en el principal dolor de cabeza para la seguridad ciudadana, citando tres factores críticos:

Siniestralidad: El 75 % de los accidentes de tránsito en el país involucra motocicletas, la mayoría por violar las normas de seguridad.

Delincuencia: Es el vehículo preferido para la ejecución de robos y asaltos.

Hurto: Se mantiene como uno de los bienes más sustraídos en territorio dominicano.

Más que operativos, un cambio de cultura

Aunque la ministra destacó el éxito en el control de las carreras clandestinas mediante el trabajo conjunto de la Digesett y la Policía Preventiva, insistió en que la solución no es solo policial, sino ética.

"Tenemos que razonar qué tipo de sociedad queremos. Si queremos vivir en la cultura del desorden donde nadie quiera cumplir la ley y se ataca a la autoridad, o en una sociedad con respeto mutuo", reflexionó Raful.

La funcionaria hizo un llamado a la población a no "banalizar" el incumplimiento de las normas y criticó la "sociedad del espectáculo", refiriéndose a quienes prefieren grabar una tragedia con sus teléfonos celulares antes que auxiliar a una víctima.

Finalmente, la ministra aseguró que el crimen de David Carlos Abreu Quesada en Santiago no quedará impune y que la fiscalización se ajustará estrictamente a lo que dictan las leyes vigentes para sacar de las calles el comportamiento temerario.