Dos casos han ocurrido bajo la nueva jefatura de la Policía Nacional, encabezada por Ernesto Rafael Rodríguez García. (DL)

Diario Azua / 3 de septiembre 2026

A pesar de un descenso de 13 casos respecto al año anterior, el promedio se sitúa en casi cinco fallecidos semanales; mayo marcó el pico más alto del período.

Santo Domingo. — Un saldo acumulado de 156 personas han perdido la vida en intervenciones y alegados enfrentamientos con la Policía Nacional en lo que va de 2026. La cifra, registrada hasta el 21 de agosto, representa un promedio de casi cinco decesos por semana en el territorio nacional.

De acuerdo con los informes oficiales de criminalidad, los datos actuales muestran un leve descenso de 13 casos en comparación con el mismo lapso de 2025, cuando se contabilizaron 169 fallecidos bajo la categoría de "Acción legal".

Comportamiento mensual y cambios en las estadísticas

El comportamiento de los fallecimientos mostró su pico más crítico a mediados del año. Mayo encabezó las estadísticas con 35 muertes, seguido por abril con 25 y junio con 24. Previamente, enero reportó 19 casos; febrero, 17; y marzo, 21. En julio la cifra oficial descendió a ocho casos.

Sin embargo, analistas e informes advierten que las cifras de julio deben interpretarse con reserva debido a una modificación en la metodología de presentación del informe de criminalidad, donde las "Acciones legales" fueron consolidadas junto a los expedientes en proceso de investigación, dificultando la segregación exacta de las muertes en operativos.

Primeros operativos bajo la nueva jefatura

La recolección estadística coincide con la reciente transición en la comandancia de la institución. Tras la juramentación el pasado 17 de agosto del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García en reemplazo de Modesto Cruz Cruz, se han reportado al menos dos muertes en operativos de seguridad.

Uno de los hechos aconteció en Jánico, provincia Santiago, donde resultó abatido Yoel Antonio Rodríguez Rodríguez, de 29 años, quien era buscado por las autoridades tras el homicidio de Lleny Altagracia Rodríguez. Según el reporte oficial, el sospechoso intentó agredir a la patrulla con un arma blanca antes de ser impactado por disparos de reglamento.

El segundo caso corresponde a Nathanael Elena Matos, quien falleció en el hospital Darío Contreras tras ser herido por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santo Domingo Este. Matos, sobre quien pesaba una orden de arresto, portaba una pistola calibre 9 milímetros en el lugar del enfrentamiento junto a una motocicleta sustraída.

Diario Azua / 2 de septiembre 2026

Educación policial en la mira: inspeccionan infraestructuras y planes de estudio de la Escuela de Cadetes

Las autoridades académicas del IPES buscan garantizar estándares de calidad en la preparación de las nuevas promociones policiales.

Con el objetivo de verificar la calidad operativa del programa de formación para oficiales, el rectorado del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) encabezó una jornada de supervisión académica e infraestructura en la principal Escuela para Cadetes del país.

La iniciativa busca adaptar los métodos de enseñanza e instalaciones a las exigencias operativas actuales. Durante la inspección, las autoridades académicas constataron las condiciones de los recintos pedagógicos e identificaron áreas clave para elevar el nivel técnico y normativo de los futuros oficiales.

En el marco de la visita, el general Juan Hilario Guzmán Badía dirigió un mensaje a los alumnos enfocado en la responsabilidad social del ejercicio policial. Destacó que el plan institucional busca graduar profesionales capacitados para poner en práctica una doctrina basada en la protección efectiva a la ciudadanía y el apego irrestricto a los derechos fundamentales.

 

Pared con las reglas que cumplían los miembros de la fundación. (DL/JG)

Diario Azua / 1 de septiembre 2026

El Ministerio Público de San Cristóbal solicitó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Ángel Gabriel Capellán, alias "El Pastor", y de Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, por su presunta implicación en una red de maltrato físico, psicológico y trabajo forzado en perjuicio de 13 menores de edad en el municipio de Bajos de Haina.

La investigación procesal inició a raíz de la fuga de uno de los menores alojados en la "Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive)". Tras lograr escapar, la víctima acudió a un destacamento policial para denunciar los abusos a los que eran sometidos los niños y adolescentes en la entidad. Los exámenes médico-legales practicados al denunciante determinaron la presencia de múltiples traumatismos en diversas partes del cuerpo, así como quemaduras de segundo grado en las manos.

Asimismo, las evaluaciones psicológicas y forenses constataron que los menores no asistían a centros educativos formales y eran obligados a realizar labores de construcción y carpintería bajo severas agresiones físicas.

Durante los operativos nocturnos realizados de manera conjunta por la Fiscalía de San Cristóbal, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Policía Nacional en los sectores La Pared y El Carril, se procedió al rescate de menores con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años. En el lugar, los peritos incautaron armas blancas, documentos de identidad de terceros y objetos personales de las víctimas.

El expediente del órgano acusador establece además que Muñoz Rodríguez intentó ocultar a varios de los menores trasladándolos a una vivienda particular tras el arresto de Capellán. De igual forma, las autoridades confirmaron que el recinto operaba al margen de la ley, sin la debida certificación ni autorización legal para funcionar como centro de acogida o para la captación de donaciones y fondos de terceros.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción en contra de ambos imputados quedó fijada para este jueves 3 de septiembre ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal.

Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, agresor de Nayeli quien permanece bajo custodia policial. (Fuente Policia Nacional)

Diario Azua /30 de agosto 2026

Nayely Capellán sobrevivió milagrosamente a un intento de feminicidio a manos de su expareja en La Vega. Su familia exige justicia y alerta sobre la vulnerabilidad de las víctimas pese a denunciar el maltrato a tiempo.

LA VEGA.– Una agresión que casi le cuesta la vida a Nayely Altagracia Capellán ha puesto en evidencia una falla en los protocolos de protección a víctimas de violencia de género. La joven sobrevivió a un ataque de 26 estocadas propinado por su expareja, a pesar de que desde 2023 pesaba sobre el agresor una orden de alejamiento que nunca se ejecutó.

Rosa María Capellán, madre de la víctima, denunció que la violencia física y verbal era recurrente. "En el 2023 fuimos a la Fiscalía y le pusimos una orden de alejamiento. La llevamos al destacamento, pero nunca salieron a buscarlo. Nunca fue apresado", lamentó.

 El hecho ocurrió en el sector Las Cabuyas, cuando Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, acudió de madrugada a la vivienda de la víctima con el pretexto de entregar dinero para la manutención de sus hijas. Tras lograr que le abrieran la puerta, la agarró por el cabello y la atacó con un cuchillo.

El intento de feminicidio ocurrió en presencia de las tres hijas de la pareja, de 10, 7 y 4 años. La mayor de las niñas logró salir a la calle para pedir ayuda a los vecinos. Debido al impacto traumático del suceso, las autoridades trasladaron a las menores a una casa de acogida para someterlas a terapia psicológica urgente.

"Que una persona reciba 26 estocadas y quede viva es un milagro de Dios; él quería matarla", afirmó la madre de la agredida.Caraballo Cárdenas se entregó posteriormente en el destacamento policial de Las Cabuyas, admitiendo haber dejado gravemente herida a su expareja. Durante las investigaciones, las autoridades incautaron dos cuchillos, uno de los cuales presentaba manchas hemáticas. El detenido se encuentra a la espera de que se le conozca medida de coerción por tentativa de feminicidio.

A pesar de que Nayely recibió el alta médica y se recupera en su hogar, la familia expresó su constante temor a que el agresor pueda recuperar la libertad y consumar el ataque. Rosa María Capellán hizo un llamado a la justicia para que el caso no quede impune y exhortó a las parejas en conflicto a asumir la separación sin acudir a la violencia.

Fotografía de archivo del mayor general Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional. (FOTO CEDIDA POR LA PN.)

 

Diario Azua / 28 de agosto 2026

SANTO DOMINGO — El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso una serie de cambios y rotaciones en los mandos operativos, investigativos y administrativos del cuerpo del orden a nivel nacional.

Las nuevas designaciones, concretadas entre el 26 y el 27 de agosto, abordan áreas clave como la Policía Cibernética, Investigaciones de Alta Tecnología, Asuntos Internos, la Policía de Turismo y diversas jefaturas territoriales.

Entre los movimientos de oficiales superiores destacan:

Comandancias territoriales: El coronel Zauris Belliard Vargas asume el Departamento Operativo I en Villa Mella (Santo Domingo Norte); el coronel Luis Nazario Ferreras Herasme pasa a Las Terrenas; el coronel Silvano Ubri Rosario a Samaná; y el coronel Alberto Antonio Coronado Pineda al departamento operativo de Nagua.

Ciberseguridad y tecnología: El coronel Julio C. Cordero Pérez fue nombrado subdirector de la Policía Cibernética, mientras que el coronel José D. Cohen Gómez dirigirá los Laboratorios de Informática Forense y Ciberpatrullaje. A su vez, el teniente coronel Ramón Sánchez Balbuena estará al frente de las Investigaciones de Alta Tecnología.

Supervisión interna y regional: Se realizaron asignaciones estratégicas en el área de Investigaciones de Asuntos Internos en zonas como Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal y la Policía de Turismo, encomendadas a oficiales como el coronel Roger A. Reynoso Vargas y los tenientes coroneles Leonardo Alberto Pérez y Wilgton Ramírez Galva, entre otros.

Asimismo, la jefatura policial concretó rotaciones en supervisiones zonales y patrullaje en municipios como Cabrera, Sánchez, Río San Juan y Higüey, sumado a cambios en la Dirección Central de Sanidad Policial.

De acuerdo con la institución, estas medidas tienen como propósito dinamizar la respuesta policial, optimizar la prevención del delito en las provincias y consolidar la capacidad investigativa tecnológica del organismo.

Sesión del Senado del 26 de agosto del 2026 en la que se aprobó que la reforma policial se estudie en una comisión especial. (CEDIDA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA)

Diario Azua / 28 de agosto 2026

El debate alrededor de la reforma policial vuelve a estancarse en el Congreso Nacional debido a la falta de unificación en los trabajos de ambas cámaras. Tras haber perimido en la legislatura pasada, la propuesta enfrenta ahora una duplicidad de procesos: tanto el Senado como la Cámara de Diputados abrieron investigaciones legislativas de forma paralela y sin coordinación.

La disconformidad en el método de trabajo marca el ritmo del proceso:

Estrategia en la Cámara Baja: Los diputados decidieron remitir la pieza a la Comisión Permanente de Interior y Policía, órgano especializado en materias de seguridad y orden público.

Estrategia en la Cámara Alta: El Senado optó por asignar el análisis a una comisión especial de carácter transitorio, creada exclusivamente para este fin.

Aunque el reglamento del Congreso contempla la figura de las comisiones bicamerales para unificar esfuerzos e impedir diferencias normativas en leyes de alto impacto, ambas cámaras prefirieron trazar rutas independientes.

Esta disparidad metodológica incrementa la posibilidad de que cada ala del Poder Legislativo apruebe un texto con modificaciones distintas. De ocurrir este escenario, la ley quedaría atrapada en un ciclo de enmiendas cruzadas que retrasaría indefinidamente su promulgación final.

Ante este contexto, el diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía, sostuvo que la Cámara de Diputados debería tener la prioridad en la revisión, argumentando que allí se quedó el expediente anterior y que sobre esa misma base se aplicarán las nuevas modificaciones.

Los políticos Brian DePeña y Francisco Paulino. (TOMADAS DE LAS CUENTAS OFICIALES DE X)

Diario Azua / 27 de agosto 2026

BOSTON — En menos de dos semanas, dos prominentes figuras políticas de origen dominicano en Massachusetts han quedado bajo la mira de la justicia federal por acusaciones ligadas al desvío y uso fraudulento de ayudas económicas otorgadas durante la pandemia del COVID-19.

El caso más reciente involucra al representante estatal por el distrito 16 de Essex, Francisco Paulino, de 46 años, quien fue arrestado por el FBI tras ser acusado formalmente por un gran jurado de Boston de ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Según las investigaciones, Paulino habría obtenido ilegalmente más de 700,000 dólares combinando solicitudes falsas del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) a nombre de un familiar, con préstamos por desastre económico (EIDL). Parte de dichos fondos se habrían destinado al pago de hipotecas, adquisiciones inmobiliarias y transferencias a su campaña política. Tras su comparecencia en el tribunal federal, Paulino se declaró no culpable.

El arresto de Paulino sucede apenas 12 días después de la detención del alcalde de Lawrence, Brian DePeña. A DePeña se le atribuye la apropiación indebida de aproximadamente 1.65 millones de dólares en Préstamos de Ayuda Económica por Desastre a través de su empresa Tenares Tire Service Inc., dinero que presuntamente derivó hacia fines políticos y personales.

Ambos dirigentes enfrentan imputaciones por fraude y lavado de dinero, delitos que acarrean penas máximas de 20 y 10 años de prisión respectivamente, además de multas de hasta 250,000 dólares.

Diario Azua / 23 de agosto 2026

SANTO DOMINGO.— El inicio de agosto ha estado marcado por un complejo panorama de seguridad en el país. En los primeros 14 días del mes se contabilizaron 47 homicidios, lo que representa un promedio de más de tres muertes violentas cada 24 horas, según los datos estadísticos de la Policía Nacional.

A pesar de que el acumulado de víctimas mortales refleja una ligera baja de seis casos en comparación con el mismo período del año anterior, la tasa mensual de homicidios se fijó en 9.52 por cada 100,000 habitantes, alcanzando su punto más alto en los últimos 14 meses.

Conflictos sociales lideran las causas

El informe institucional detalla que la violencia interpersonal o conflicto social continúa siendo el principal detonante, cobrando la vida de 29 personas. Por su parte, las actividades delictivas dejaron un saldo de nueve fallecidos. Del total de casos, seis se mantienen bajo investigación previa y tres ya han sido judicializados.

En cuanto a la distribución temporal y geográfica de los hechos:

Días de mayor incidencia: Los fines de semana concentran la mayor violencia; los domingos encabezaron la lista con 11 casos, seguidos por los sábados con nueve (siendo el sábado 8 de agosto el día más crítico) y los martes con ocho.

Horarios: La noche fue la franja más peligrosa con 20 homicidios, frente a 15 ocurridos en la mañana y 12 en la tarde.

Zonas más afectadas: Santo Domingo Este lidera la demarcación con más muertes violentas (7), seguido por Bahoruco (6) y Santo Domingo Norte (6).

Aumentan los heridos y se mantienen los robos de celulares

Los hechos de sangre también dejaron 84 personas heridas en las primeras dos semanas del mes, lo que representa un incremento del 10.5 % en comparación con el año pasado (ocho víctimas adicionales).

Paralelamente, las autoridades registraron 2,107 denuncias de robos a nivel nacional. De estos, los robos simples representaron la cifra más alta con 1,145 casos, seguidos por 479 atracos, 266 robos bajo modalidades diversas, 114 escalamientos a residencias y 103 arrebatos en la vía pública. Los teléfonos móviles se consolidan como el bien más sustraído (263 unidades), seguidos de motocicletas (211) y dinero en efectivo (122).

En respuesta a este panorama, la Policía Nacional reportó haber ejecutado más de 1.2 millones de acciones preventivas, cerca de 35,000 operativos sumando los de la Dicrim y la DNCD, 376 allanamientos y la incautación de 3,577 armas blancas.

Diario Azua / 22 de agosto 2026

SANTO DOMINGO.— El presidente Luis Abinader, en compañía del ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, inauguró este sábado las nuevas instalaciones del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), una obra destinada a modernizar la capacitación y profesionalización de los miembros de la Policía Nacional.

Ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) con un monto superior a los RD$358 millones, el proyecto busca consolidar el proceso de transformación del cuerpo del orden mediante espacios tecnológicamente equipados para la formación continua de los agentes.

Durante la ceremonia, el mandatario ratificó la determinación de su administración de dar continuidad a los cambios estructurales de la institución castrense. "Nadie dijo que el proyecto de transformación era fácil. Supimos desde el principio que era difícil y continuará siendo un gran reto (...), pero nosotros no nos vamos a rendir ni a dejar de enfrentarlo", afirmó Abinader.

Detalles de la infraestructura

La nueva edificación abarca más de 3,000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles dentro de la Plaza Educativa Juan Pablo Duarte y Diez. Entre sus principales facilidades destacan:

Capacidad académica: 14 aulas tecnificadas, biblioteca, área de estudio y salón multiuso.

Laboratorios especializados: Áreas dedicadas a Informática Forense, Química y Física.

Entrenamiento táctico: Un polígono virtual de tiro para la preparación técnica de los agentes.

Soporte administrativo y asistencial: Sala de audiencias, centro de datos, unidad de atención primaria de salud, área de psicología y áreas de atención al estudiante.

Por su parte, el ministro Jean Luis Rodríguez resaltó la trascendencia del factor humano detrás de la inversión estatal, destacando la responsabilidad de proveer herramientas dignas a los jóvenes que ingresan a la carrera policial. Asimismo, el rector del IPES, Juan Hilario Guzmán Badía, valoró el nuevo espacio como un hito para la excelencia educativa y el fortalecimiento institucional en el país.

Diario Azua / 12 de agosto 2026

SANTO DOMINGO.— Como parte del proceso de transformación y profesionalización que vive la Policía Nacional, el Instituto Policial de Educación Superior (#IPES) desarrolló la jornada académica y conferencia-taller “Educar en el mundo de hoy”, orientada a actualizar los métodos de enseñanza y fortalecer el liderazgo pedagógico de sus docentes.

El encuentro fue organizado junto a la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano, congregando a profesores de grado y posgrado de la Escuela de Altos Estudios y de la Escuela para Cadetes “Mayor General (R) José Félix Rafael Hermida González”.

Liderazgo enfocado en el "nuevo policía"

Durante la actividad, las máximas autoridades académicas y de la reforma institucional destacaron el rol crucial que desempeñan los formadores en la creación de un cuerpo policial moderno y profesional:

General Juan Hilario Guzmán Badía (Rector del IPES): Destacó la necesidad de abrir espacios continuos de reflexión para adaptar la enseñanza a las nuevas generaciones de estudiantes.

Mayor General Francisco Antonio Ovalle Pichardo (ERD): Resaltó que la educación es la columna vertebral para lograr una institución orientada al servicio eficiente.

General (R) Luis Ernesto García Hernández (Comisionado para la Reforma Policial): Enfatizó que los docentes son la pieza clave para consolidar el perfil del nuevo policía y asumir con éxito las transformaciones estructurales del cuerpo del orden.

Nuevas metodologías e interacción académica

El eje central del evento estuvo a cargo de la psicóloga organizacional Tamara Beras, quien impartió un taller interactivo enfocado en las dinámicas de aprendizaje actuales, el desarrollo del pensamiento crítico y la conexión de los contenidos teóricos con la realidad del patrullaje y la función policial.

Durante la jornada, los docentes recibieron material pedagógico de apoyo y participaron en mesas de intercambio de experiencias, reafirmando el compromiso del IPES con una formación policial a la altura de los desafíos contemporáneos.

Imagen ilustrativa de un hombre mientras es extraditado. 

Diario Azua / 11 de agosto 2026

Mediante el Decreto 543-26, el Gobierno dominicano autorizó la entrega de Mario Juan García, quien es requerido por la justicia del Estado de Connecticut.

SANTO DOMINGO — El Gobierno dominicano, a través del Poder Ejecutivo, autorizó la extradición a los Estados Unidos del ciudadano dominicano Mario Juan García, atendiendo a una solicitud formal formulada por la justicia del Estado de Connecticut por graves acusaciones vinculadas a delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 543-26, promulgado este lunes 10 de agosto. La disposición responde a la solicitud fundamentada en el expediente policial presentado en julio de 2025 ante el Tribunal Superior del referido estado estadounidense.

Cargos y marco de cooperación

De acuerdo con la orden ejecutiva, García deberá hacer frente en territorio norteamericano a cargos por agresión sexual en segundo grado, poner en riesgo la integridad de un menor y promover la participación de menores en representaciones de carácter obsceno.

Con la emisión de este decreto, los organismos de seguridad locales procederán con el trámite de entrega correspondiente a los agentes federales estadounidenses. La acción se enmarca dentro de los convenios bilaterales de cooperación judicial y asistencia mutua vigentes entre República Dominicana y los Estados Unidos para el combate del crimen transnacional.

Diario Azua / 7 de agosto 2026

ESPAILLAT.– Las fuerzas de orden público mantienen una fuerte presencia policial en comunidades rurales de la provincia Espaillat, luego de que el hallazgo sin vida de un agricultor local desatara alteración del orden público, bloqueos de vías y enfrentamientos comunitarios en la zona.

El homicidio del trabajador agrícola, cuyo cuerpo presentó signos de violencia, generó manifestaciones espontáneas y la quema de neumáticos por parte de residentes que exigen justicia y mayor patrullaje en los sectores productivos.

Disturbios y tensiones sociales

La indignación comunitaria escaló hacia el bloqueo de caminos vecinales y paralizaciones de labores en las fincas locales. Durante las protestas, grupos de manifestantes responsabilizaron a trabajadores extranjeros del hecho, lo que derivó en la salida apresurada de decenas de ciudadanos haitianos de la zona ante el riesgo de agresiones directas.

Para contener la situación y frenar los desplazamientos forzados, agentes de la Policía Nacional y unidades antidisturbios se desplegaron en las comunidades afectadas para restablecer el libre tránsito y proteger las propiedades.

Investigación en desarrollo

Especialistas de la Subdirección Regional de Investigación Criminal (DICRIM) y de la Policía Científica realizaron las pesquisas correspondientes en la escena del crimen, levantando evidencias orientadas a identificar y capturar a los responsables del homicidio.

Autoridades locales y sectores representativos de la provincia han reiterado el llamado a la cordura y al respeto del debido proceso, instando a la población a evitar tomar la justicia por mano propia mientras avanzan las investigaciones oficiales.

Diario Azua / 7 de agosto 2026

SANTO DOMINGO.– El Instituto Policial de Educación Superior (IPES) hizo público su nuevo marco de capacitación institucional, diseñado para transformar la formación de los miembros de los cuerpos del orden. La iniciativa se fundamenta en un modelo de cinco competencias transversales orientadas a dotar a los agentes de capacidades para desempeñarse con transparencia, criterio técnico y respeto a los derechos ciudadanos.

La difusión oficial del programa, realizada a través de los canales digitales de la institución, se enmarca en el proceso de modernización de la formación policial.

Las cinco competencias del agente policial

El marco formativo estructura el perfil del profesional de la seguridad en torno a cinco pilares operativos e institucionales:

Ético-Legal: Orienta la actuación policial hacia el cumplimiento de la ley bajo criterios de imparcialidad, transparencia y garantía plena de los derechos humanos.

Técnico-Operativa: Enfocada en la respuesta efectiva ante situaciones de emergencia, el manejo riguroso de protocolos y el uso gradual y proporcional de la fuerza.

Pensamiento Crítico y Analítico: Desarrolla la capacidad diagnóstica del agente para evaluar escenarios de riesgo, ponderar alternativas y tomar decisiones bajo presión con criterio profesional.

Comunicativa e Interinstitucional: Prioriza el flujo de información claro, la redacción de informes técnicos, la coordinación con otras agencias del Estado y el contacto con la comunidad.

Compromiso Ético-Social: Incorpora la atención especializada a poblaciones vulnerables, el enfoque de género y la prevención de conductas discriminatorias en el ejercicio del servicio público.

Alineación con el servicio ciudadano

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades del IPES, el plan curricular busca que las promociones en formación adquieran herramientas acordes con los estándares internacionales de gestión de la seguridad pública.

Con la implementación de este esquema, el organismo de educación superior proyecta consolidar un cuerpo policial con mayor capacidad resolutiva, orientado a elevar los niveles de confianza institucional y a responder a los desafíos de la seguridad ciudadana actual.

Agentes de apoyo comunitario de la policía (PCSO) se encuentran detrás de la cinta de cordón en Endell Road, en Covent Garden, en el centro de Londres. (AFP/HENRY NICHOLLS)

Diario Azua / 6 de agosto 2026

El ataque en Endell Street movilizó a la Policía Metropolitana, que descartó motivos terroristas e imputó a una sospechosa de 47 años en un caso vinculado a un episodio de salud mental.

Una mujer de 47 años identificada como Stella Gollovena enfrenta cargos por lesiones graves y portación de arma en vía pública tras apuñalar a cuatro personas en plena zona turística de Covent Garden, en el centro de Londres.

Las autoridades de la Policía Metropolitana (Met) confirmaron que el suceso no se investiga como un acto terrorista, sino como un incidente aislado derivado de un episodio de salud mental.

Los detalles del suceso

El ataque ocurrió al mediodía del miércoles en Endell Street, una de las arterias concurridas del sector. Cuatro hombres de 34, 39, 42 y 56 años sufrieron heridas por arma blanca.

Estado de las víctimas: Las lesiones fueron leves y los afectados recibieron el alta médica poco después de ser atendidos en un hospital cercano.

Detención impactante: Testigos registraron el momento del arresto en video, donde se observa a la agresora vapear de forma inmutable mientras los agentes la reducían en el suelo.

Proceso judicial: Gollovena comparece este jueves ante la Corte de Magistrados de Highbury para la presentación formal de cargos.

El despliegue de las fuerzas de seguridad provocó el acordonamiento temporal del área, una de las más transitadas por visitantes en la capital británica.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional vinculada a la introducción en España de grandes cantidades de cocaína a través de diversos puertos, principalmente Málaga, Algeciras y València. (EFE/GUARDIA CIVIL)

Diario Azua / 6 de agosto 2026

erativo conjunto entre España, Portugal y Reino Unido abordó un gigante buque portacontenedores en alta mar, donde criminales colombianos ocultaron 163 fardos para luego desembarcarlos en embarcaciones ligeras.

Una coordinada ofensiva policial entre las autoridades de España, Portugal y el Reino Unido asestó un duro golpe al narcotráfico transatlántico tras interceptar un portacontenedores de 260 metros de eslora que navegaba hacia Europa con un cargamento de cinco toneladas de cocaína.

La intervención se desplegó por mar y aire a unas 600 millas náuticas del archipiélago de las Azores. En la maniobra participaron agentes de la Policía Nacional de España, la National Crime Agency (NCA) británica y la Policía Judiciaria de Portugal, coordinados tras una investigación liderada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).

Un asalto en alta mar: La técnica de los "micos"

El entramado criminal de origen colombiano recurrió a una de las modalidades más arriesgadas de contaminación de buques en el océano: el método conocido como los "micos".

Escalar en alta mar: Miembros de la banda treparon al barco mientras estaba en curso para esconder los 163 fardos de droga entre más de 20,000 contenedores.

El "drop off": La estrategia preveía que, antes de tocar puerto, la droga fuera arrojada al agua o transferida a lanchas rápidas.

Punto de entrada: El objetivo final era introducir el cargamento en suelo español a través de la desembocadura y cauce del río Guadalquivir, en el sur de España.

Un "notario" de la mafia a bordo

Durante la requisa e inspección a bordo, los agentes lograron ubicar el escondite exacto del cargamento y arrestaron a tres personas: un tripulante presuntamente implicado, un polizón colombiano y un individuo que ejercía el rol de "notario", una figura clave enviada por la organización para fiscalizar y garantizar que el cargamento llegara a su destino.

Tras asegurar la embarcación antes de que la droga fuera lanzada al mar, el buque fue escoltado hasta el Puerto de Sines, en el sudoeste portugués, para la incautación formal. Los tres imputados enfrentan cargos por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, por lo que un juez ordenó su ingreso inmediato en prisión preventiva.

El joven Carlos Rafael Penzo. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 4 de agosto 2026

NUEVA YORK.— Un sangriento hecho de sangre conmociona a la comunidad de Queens tras el hallazgo del cuerpo sin vida del dominicano Carlos Rafael Penzo, de 36 años, quien fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca dentro de su residencia en un exclusivo complejo de apartamentos en Long Island City.

El suceso tuvo lugar la tarde del pasado sábado en la torre residencial The Hayden, ubicada en la calle Hunter de Court Square, un área de alta plusvalía en Nueva York.

Escena del crimen y sospechoso atípico

La intervención policial se desencadenó luego de que la alarma de incendios del edificio se activara en la azotea. Al acudir al llamado, el personal de seguridad y los agentes del NYPD se topó con una escena confusa: un hombre desnudo rociaba con un extintor las cámaras de videovigilancia del pasillo e intentaba forzar la entrada a un departamento.

Tras neutralizar y arrestar al individuo, los agentes inspeccionaron el inmueble y realizaron el macabro hallazgo. Penzo se encontraba sin vida en la bañera con heridas cortantes en la cabeza, el rostro y el tórax. En la escena, las autoridades confiscaron:

Un cuchillo y una pistola Taser: Colocados sobre el regazo de la víctima.

Otras dos armas blancas: Recuperadas por los peritos en una cama y en el fregadero de la cocina.

The Hayden, la lujosa torre de apartamentos de Queens, NY. (FUENTE EXTERNA)

Investigación en curso

Aunque el hombre arrestado permanece bajo custodia como persona de interés, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no ha formalizado cargos en su contra hasta el momento. Las autoridades no descartan que al menos otras dos personas hayan estado dentro del apartamento durante el ataque, por lo que se revisan las cámaras de seguridad para identificarlas.

El móvil del homicidio permanece bajo investigación mientras los peritos forenses avanzan en el levantamiento de pruebas e historial de la víctima.

Diario Azua / 3 de agosto 2026

NUEVA YORK. — Las autoridades judiciales del condado de Queens desmantelaron una presunta red internacional de robo y recepción de bienes ilícitos dirigida por dos mujeres de origen dominicano, acusadas de coordinar hurtos en cadenas comerciales de Nueva York para luego revender la mercancía en el mercado local e importarla hacia la República Dominicana.

Las imputadas fueron identificadas por la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, como María "Glenny" Betances, de 47 años, y su hija, Lesli Cruz, de 24. Un elemento agravante en el expediente señala que Betances operaba una guardería infantil en su residencia de Valley Stream mientras realizaba las transacciones de los productos sustraídos.

Modus operandi y mercado clandestino

De acuerdo con las investigaciones realizadas junto a la Policía Estatal de Nueva York y el Departamento de Seguridad Nacional, las acusadas dirigían a un grupo de ladrones para sustraer artículos de alta demanda —como cosméticos de lujo, prendas de vestir y productos de cuidado personal— en tiendas departamentales de Queens, Staten Island, Nassau, Westchester y Rockland.

Las autoridades detallaron el esquema operativo de la banda:

Encargos específicos: Solicitaban mercancía de marcas exclusivas como Dior, Chanel, Gucci y marcas de ropa juvenil.

Comisión de compra: Adquirían lo robado pagando entre un 17 % y un 37 % de su valor comercial en el mercado regular.

Canales de distribución: La mercancía se promocionaba en redes sociales para venta local en Nueva York y se embarcaba en tanques de carga hacia territorio dominicano.

Incautación de evidencias y proceso judicial

Tras una investigación que incluyó transacciones con agentes encubiertos e inspecciones aduaneras por parte de la CBP, las autoridades ejecutaron órdenes de registro donde confiscaron más de 5,000 artículos robados, valorados en unos 159,602 dólares, junto a 30,000 dólares en efectivo y herramientas especializadas para desacoplar alarmas de seguridad.

Ambas procesadas enfrentan cargos por posesión criminal de bienes robados, hurto mayor, conspiración y poner en peligro el bienestar de un menor. De ser halladas culpables por el tribunal, podrían cumplir condenas de entre 5 y 15 años de prisión.

Diario Azua / 3 de agosto 2026

La Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, realizó el primer conversatorio “Segundos que Salvan Vidas: respuesta policial ante la trata y tráfico de personas, desapariciones y el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD)”, una jornada de capacitación dirigida a miembros policiales, con el propósito de fortalecer sus capacidades de investigación y respuesta frente a estos delitos.

Esta importante actividad, realizada en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), reunió a estudiantes policiales de grado y posgrado de la especialidad en Gerencia Policial, Seguridad Ciudadana y de la maestría en Dirección Estratégica y Seguridad Ciudadana, contando también con la presencia de 12 cadetes de cuarto año.

Dicho conversatorio contó con la destacada participación de especialistas nacionales e internacionales, representantes de la Procuraduría General de la República, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD) y la Policía Nacional.

Fungieron como expositores la magistrada Johana Bejarán, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT); la coronel Francia Hernández, encargada del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la DICRIM; Lissette Reyes, oficial de proyectos de UNODC; el magistrado Miguel Ramos y el teniente coronel Robinsson Ovalle, responsables de las unidades especializadas en desapariciones; así como Indiana Castillo y la capitán Alenny Rivas, representantes del Sistema Nacional de Alertas y de la Policía Nacional.

Como representantes del IPES estuvieron presentes la vicerrectora académica, coronel Aida María Valdez Liranzo, quien en representación del rector general, general Juan Hilario Guzmán Badía, ofreció las palabras de bienvenida; la vicerrectora de Investigación, Extensión y Posgrado, asimilada militar Fanny Torres Rosario; y el director de la Escuela de Altos Estudios Policiales, coronel Erogue Rosario Fortuna.

El conversatorio resaltó la importancia de las primeras horas de una investigación, consideradas decisivas para proteger a las víctimas y evitar la pérdida de información clave para su localización.

En ese sentido, los participantes fortalecieron sus competencias para actuar con rapidez y eficacia en casos de desapariciones, trata y tráfico de personas, promoviendo una respuesta policial coordinada y ajustada al marco legal vigente.

Durante el encuentro se analizaron las diferencias entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, las modalidades de explotación, los métodos utilizados por las organizaciones criminales y los principales desafíos que enfrentan las investigaciones policiales y judiciales.

Uno de los temas centrales fue la aplicación de la Ley No. 25-26, que creó el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD), mediante el cual se fortalecen los mecanismos de búsqueda urgente de personas desaparecidas, incluyendo la Alerta AmberRD, la Alerta Rosa y el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU).

Las exposiciones también abordaron el papel del primer respondiente, la recepción de denuncias, la valoración del riesgo, la preservación de evidencias y la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para mejorar la investigación criminal y la localización de personas desaparecidas.

La moderación estuvo a cargo de la magistrada Danissa Cruz, procuradora general de corte y directora del Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Reinserción de Repatriados de la Procuraduría General de la República, quien representó a la procuradora general, magistrada Yeni Berenice Reynoso, ante la Comisión Interinstitucional del Sistema Nacional de Alertas.

Durante el conversatorio, los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos, formular preguntas y compartir experiencias relacionadas con los procedimientos de actuación ante casos de desapariciones, trata y tráfico de personas, fortaleciendo el aprendizaje colectivo entre los asistentes.

La jornada concluyó con la presentación de conclusiones institucionales y la entrega de reconocimientos a los participantes, además de la distribución de una guía práctica con las líneas de denuncia y los mecanismos de activación del Sistema Nacional de Alertas, como herramienta de consulta para la futura labor policial.

Con este evento, la Policía Nacional, a través del IPES, reafirma su compromiso institucional con la protección de los derechos humanos, la prevención del crimen organizado y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para ofrecer una respuesta más rápida y efectiva ante casos de desaparición y trata de personas.