Estafadores llamaron a envejecientes estadounidenses haciéndose pasar por abogados para robar dinero

Washington / Diario Azua / 25 julio 2024.-

 Dos residentes de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, fueron extraditados a los Estados Unidos la semana pasada y comparecieron ayer, por primera vez, ante el tribunal federal de Newark, por cargos relacionados con su participación en una extensa “estafa a adultos mayores” que defraudó a envejecientes estadounidenses por millones de dólares.

Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, de 59 años, y Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como “Fili” y “Filly The Kid”, de 37 años, son parte de 11 dominicanos imputados en una acusación formal de 19 cargos, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, la cual fue revelada el 29 de abril. Después de su primera comparecencia ayer, el tribunal ordenó la detención de ambos hombres en espera del juicio.

Según la acusación, Rodríguez Guzmán, Reynoso Ventura y sus co-conspiradores participaron en una prolongada estafa a “abuelos” o “familia necesitada de fianza” contra cientos de adultos mayores en todo el territorio de los Estados Unidos, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Se alega que tanto Rodríguez Guzmán como Reynoso Ventura trabajaron en los centros de llamadas en la República Dominicana desde donde operaba la estafa, llamando a envejecientes estadounidenses y buscando robar su dinero.

Según lo detallado en los documentos judiciales, los miembros de la conspiración, conocidos como “abridores”, llamaban a las víctimas en los Estados Unidos y se hacían pasar por los hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas usaban tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían desde dentro de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.

Una vez que los abridores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en grave peligro, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como “cerradores” —incluidos Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura— supuestamente se hacían pasar por abogados defensores, oficiales de policía o personal judicial y convencían a las víctimas de proporcionar miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos. El efectivo generalmente era recogido por mensajeros enviados a las casas de las víctimas o enviado por correo por las víctimas bajo la dirección de los cerradores.

Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura enfrentan múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal y conspiración para cometer lavado de dinero. Si son condenados, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de US$250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico, y una multa máxima de US$500,000 por conspiración para cometer lavado de dinero.

“La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y sus socios de las fuerzas del orden perseguirán vigorosamente a los criminales que defrauden a las víctimas mediante las llamadas ‘estafas a abuelos’”, dijo el subsecretario principal de Justicia, Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Continuaremos identificando a los perpetradores de estos esquemas y daremos prioridad a la búsqueda de aquellos que deliberadamente apunten a estadounidenses vulnerables desde el extranjero. Agradecemos al Gobierno de la República Dominicana por extraditar a estos acusados a los Estados Unidos para enfrentar los cargos”.

“Según lo alegado, estos dos acusados jugaron un papel en un esquema que se basó en el amor y la devoción de las víctimas envejecientes para estafarlas con millones de dólares”, dijo el fiscal estadounidense para el Distrito de Nueva Jersey, Philip R. Sellinger. “En esta ‘estafa a abuelos’, algunos de los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, afirmando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucraba a una mujer embarazada que luego abortó, y necesitaban dinero inmediato para la fianza o un abogado. Conspiradores como Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura, supuestamente se hicieron pasar por varias personas –oficiales de policía, abogados y otros– para convencer a las víctimas de pagar, lo cual los adultos mayores, angustiados, hicieron a menudo. Mi oficina está comprometida con proteger los derechos de todas las víctimas, y perseguiremos implacablemente a aquellos que supuestamente apunten a ancianos vulnerables para robar sus ahorros ganados con esfuerzo”.

“Estos acusados y sus co-conspiradores son acusados de robar despiadadamente a innumerables víctimas envejecientes su valioso tiempo y, a menudo, sus ahorros de toda la vida, todo desde más de 1,500 millas de distancia”, dijo Iván J. arvelo, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York. “Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Félix Samuel Reynoso Ventura estaban entre las 16 personas acusadas en este espantoso esquema, que abarcó al menos cuatro estados de los EE.UU. y supuestamente amenazó los medios de vida de cientos de estadounidenses inocentes. La avaricia despiadada de los perpetradores no tiene límites, pero no es rival para la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI Nueva York, su Grupo de Intrusión Cibernética y la comunidad más amplia de las fuerzas del orden. Estoy orgulloso de estar al lado de nuestros socios globales en nuestro compromiso implacable con la seguridad y el bienestar general del público vulnerable".

“La estafa a los abuelos es un esquema de fraude cruel que deliberadamente se aprovecha de personas envejecientes y vulnerables dentro de la sociedad. Los perpetradores, que a menudo operan cobardemente desde el extranjero, causan un daño emocional y financiero extremo a las personas inocentes que apuntan en la comisión de este delito”, dijo Bradley Parker, agente especial interino de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA-OIG) de la División de Campo de Boston Nueva York. “SSA OIG se unió orgullosamente a HSI, el FBI, el Departamento de Justicia y el NYPD en la investigación de estas estafas internacionales complejas dirigidas a defraudar a los beneficiarios de la SSA y apreciamos la diligencia del Servicio de Alguaciles de los EE.UU. en facilitar la extradición de estos acusados desde la República Dominicana a Nueva Jersey para responsabilizarlos por sus acciones”.

“Estamos ahora un paso más cerca de responsabilizar a los presuntos estafadores que explotaron financieramente a cientos de ancianos estadounidenses”, dijo el comisionado Edward A. Caban, del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD). “Esto debe servir como recordatorio a otros criminales sobre el alcance extenso de las fuerzas del orden de Nueva York y nuestro compromiso inquebrantable de impartir justicia a todas las víctimas. Aplaudo a nuestros investigadores del NYPD y a todos nuestros socios federales por su dedicación a este importante caso”.

HSI, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia significativa para asegurar el arresto y la extradición desde la República Dominicana de los acusados con la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Los funcionarios del Departamento de Justicia también reconocieron la cooperación crítica del Gobierno dominicano para llevar a cabo la extradición de Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura, de acuerdo con el tratado entre los dos países.

Los abogados de juicio, Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers, de la División Civil de la Rama de Protección al Consumidor y la asistente del fiscal para el Distrito de Jersey, Carolyn Silane, están procesando el caso.

Si usted o algún conocido tiene 60 años o más y ha experimentado fraude financiero, hay profesionales experimentados disponibles en la Línea Directa Nacional de Fraude a Personas Mayores al 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, gestionada por la Oficina para Víctimas del Delito, puede proporcionar apoyo personalizado a las personas evaluando las necesidades de la víctima e identificando los próximos pasos relevantes. Denunciar es el primer paso. Denunciar puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude. Denunciar ciertas pérdidas financieras debido al fraude lo antes posible, puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. ET. Se dispone de inglés, español y otros idiomas.

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 23 julio 2024.-

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia es de criterio de que, conforme al artículo 16 del Código de Trabajo y sus reglamentos, es el empleador quien debe probar en base a registros, planillas, carteles, libro de sueldos y jornales, si la remuneración recibida por un trabajador y la cotización reportada a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), es menor al monto que este alega.

“Es conveniente establecer que corresponde al empleador probar la justa causa del despido; la prueba de la justa causa del despido debe ser aportada en cada instancia, esto es, ante la jurisdicción de primer grado y a nivel de apelación”, enfatiza la decisión.

En su sentencia SCJ-TS-23-1171, de fecha 20 de octubre de 2023, el tribunal hace el señalamiento de que la “jurisprudencia es constante en cuanto a que el establecimiento del monto del salario de un trabajador demandante en pago de prestaciones laborales es una cuestión de hecho a cargo de los jueces del fondo, que escapa al control de la casación, salvo que estos al hacerlo incurran en alguna desnaturalización”.

Igualmente, establece la jurisprudencia que, para determinar el monto del salario a los fines de pago de indemnizaciones laborales al trabajador, se deben tomar en cuenta los sueldos devengados en el último año de prestación del servicio, incluidos los descuentos que por cualquier concepto tenga que hacer el empleador, siempre que se trate de deducciones a su salario ordinario.

El fallo de la Tercera Sala de la SCJ, casa la sentencia núm. 028-2022-SSEN-00318, de fecha 13 de octubre de 2022, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y envía el asunto ante la Segunda Sala de la misma Corte.

Para acceder de forma íntegra a la sentencia, firmada por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente; Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico

Santo Domingo, Este Rep. Dom. / Diario Azua / 19 julio 2024.-

La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un hombre, que, tras haber sostenido una pelea con otro, le infirió varias puñaladas, con las cuales le causó la muerte, en un hecho ocurrido el pasado 2023, en el sector de Villa Esfuerzo de este municipio.

La condena le fue impuesta a Manuel Alberto Sánchez Feliz, por los jueces que componen el Quinto Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que preside el magistrado Julio Aybar Ortiz, e integran las juezas Laisa Matos Durán y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez, por los hechos cometidos en perjuicio del hoy occiso Brayan José Núñez Díaz.

La investigación, que fue instrumentada por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, revela que los hechos se produjeron alrededor de las 02:40 de la madrugada, del 23 de junio del año 2023, mientras la víctima compartía con unos amigos, en un bar de esa localidad.

En ese momento, el encartado se presentó al lugar y empezó una acalorada discusión con Núñez Díaz, en la que se produjo una pelea cuerpo a cuerpo entre ambos, siendo separados por los presentes, sin embargo, el hoy procesado se fue del lugar y regresó nuevamente con un arma blanca, tipo puñal, y se abalanzó hiriendo a la víctima de varias puñaladas, las cuales terminaron causándole la muerte.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Juan Alberto Liranzo, demostró ante el tribunal evidencias que demuestran que el hoy condenado violentó los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio con premeditación y asechanza; y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre el control de armas, municiones y materiales relacionados.

La condena deberá ser cumplida por el procesado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, habla con los periodistas Juan Carlos Bisonó, Adriano De la Rosa, Germania De Luna y Luis Céspedes Peña, en torno a la muerte del hijo del último, Luis Norberto Céspedes Vega, cuyo hecho hará dos años en Noviembre, sin que se haya aclarado.

Fiscal de Santiago garantiza se aclarará caso muerte hijo ex vicepresidente CDP

 Santiago, Rep. Dom. / Diario Azua / 19 julio 2024.-

El fiscal general del Distrito Judicial de Santiago, Osvaldo Bonilla, manifestó su interés para que sea solucionado el caso de la muerte de Luis Norberto Céspedes Vega, hijo del ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Céspedes Peña, cuyo hecho ocurrió el 2 de Noviembre del 2022 en Tamboril, sin que el conductor haya sido detenido.

El magistrado recibió a una comisión del CDP, la Fundación Periodismo en Reflexión (FUNPER), las Asociaciones de Locutores de Santiago (ALS) y Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS). También, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), a quienes aseguró que las indagaciones serán ampliadas a los sectores citados por los gremios de la comunicación de Santiago.

La comisión, que le entregó un documento al fiscal Bonilla, estuvo presidida por el secretario general de la Seccional del CDP, Juan Carlos Bisonó, Adriano De la Rosa, en representación de la FUNPER y la ALS. También estuvieron Céspedes Peña, del CDP, y Germania De Luna, del SNTP.

El funcionario dijo: “Tengan la seguridad de que nosotros vamos a trabajar para que ese caso sea solucionado”.

El magistrado Bonilla recibió la solicitud de los gremios de la comunicación para que se interrogue a los siete conductores de camiones Trombo, propiedad de Hormigones Romano, al encargado de parqueo de esa misma empresa y otras personas que pueden aportar a las investigaciones.

El fatídico hecho sucedió en Repuestos Nacho, de Tamboril. El fiscal general de Santiago indicó que “se trata de dos hechos: Uno es el de la muerte del hijo de Céspedes Peña y el otro se relacionado con los bienes retenidos por la Justicia”.

Agregó que el arma de fuego, con permiso (vencido) del Ministerio de Interior y Policía, por la cual fue detenido Céspedes Vega, está bajo el control de la Fiscalía, pero los 20 mil pesos, correspondientes a una Garantía Económica que se le impuso antes a la víctima, hay que llenar un requisito.

“La esposa del fallecido debe visitar el Consulado de Estados Unidos, país donde reside la dama, para que oficialice el poder que ella envió por escrito, pero sin esa exigencia”, afirmó el funcionario.

El magistrado Bonilla dijo que el arma será entregada inmediatamente se verifique que los documentos depositados por los solicitantes están correctos. “Ustedes pueden contar con esta Fiscalía y les prometo que ese caso será resuelto”, reiteró.

Declaró que va a trabajar personalmente en la investigación, “pero si es necesario, si hay que designar un fiscal de esta jurisdicción o la capital, lo haremos”.

Por su parte, los comisionados agradecieron, como siempre, el interés del magistrado Bonilla. Destacaron que se trata de “una puerta que los comunicadores tienen confianza en tocar”. Hablaron de la responsabilidad, honestidad y entrega al trabajo de ese magistrado.

Juan Carlos Bisonó, Adriano De la Rosa, Luis Céspedes Peña y Germania De Luna, quienes fueron autorizados a representar a esos gremios, agradecieron al fiscal Bonilla su disposición de recibir a las comisiones de los gremios, para tratarle asuntos de interés para los mismos.

Aclararon que las críticas que hicieron al desinterés de la Justicia para no resolver el caso, no tuvieron ninguna vinculación con las funciones del fiscal Bonilla. “Sí mantenemos nuestra postura, de que la Fiscalía de Tamboril no tiene ningún interés en resolver el caso”, le reiteró al fiscal Bonilla el periodista Luis Céspedes Peña, padre de Luis Norberto Céspedes Vega.

El documento está firmado por los comisionados, además de Perfecto Martínez, presidente de la FUNPER, Águeda Alejo, presidenta de la ALS, José Batista, secretario general de la Filial del SNTP, y la ACDS, que dirige Américo Cabrera.

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, tras recibir la denuncia del caso, iniciaron de inmediato la investigación, logrando rescatar a unas cuatro víctimas y apresar a los cabecillas

San Pedro  De Macorís, Rep. Dom. / Diario Azua / 18 julio 2024.- 

A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción le impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre de nacionalidad portuguesa y a una ciudadana dominicana cabecillas de una red de explotación sexual infantil.

La jueza Darlis Altagracia Eusebio Vásquez le impuso la prisión preventiva al portugués Fernando José de Jesús Ferreira y a la dominicana Eliana Núñez Almonte, quienes son procesados por la actividad delictiva cometida contra unas cuatro adolescentes, cuyos nombres se omiten para proteger su identidad.

De Jesús Ferreira deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Núñez Almonte en el Centro de Privación de Libertad (CPL) para Mujeres, de Higüey, en la provincia La Altagracia.

La procuradora de corte de apelación Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), la fiscal de San Pedro de Macorís, Katherin Vallejo, y la fiscal de la PETT, Aleika Almonte, sustentaron la solicitud de la medida privativa de libertad con diferentes pruebas testimoniales, materiales, periciales y documentales.

La instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que luego de recibir la denuncia el pasado 1 de julio, la PETT y la Fiscalía de San Pedro de Macorís iniciaron de inmediato la investigación del caso, logrando rescatar a las víctimas y apresar a los procesados en una villa propiedad de De Jesús Ferreira.

Las jóvenes eran trasladadas desde localidades del norte del país hasta una zona turística de la región este.

De acuerdo con las investigaciones, en dicho lugar las víctimas eran obligadas a recibir clientes extranjeros y servirles sexualmente y no podían salir por su voluntad por las restricciones que les imponían los imputados.

En el proceso se ha establecido que una de las víctimas le dijo al imputado De Jesús Ferreira que quería salir del lugar y que este le dijo que para ello tenía que pagar 11 mil pesos.

Durante las pesquisas también se ha determinado que dicho imputado era la persona que fungía como jefe del grupo delictivo dedicado a la explotación sexual de menores de edad.

El hoy procesado era la persona que recibía a las víctimas y les pagaba un por ciento del cobro que realizaba por los servicios sexuales que recibían los clientes que llegaban al lugar, esto teniendo como mano derecha a la nombrada Núñez Almonte, quien dirigía y administraba a las víctimas.

Los procesados cobraban entre 100 y 200 dólares por cada salida o encuentro sexual de las víctimas, y RD$10,000.00 por amanecida, pero estas no podían salir de lugar sin informarlo, debiendo pagar una multa de RD$500.00 si llegaban tarde, multa que además les cobraban por cualquier otra causa que ellos mismos disponían. En el lugar además se vendían bebidas alcohólicas.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, artículos 1, 3 y 7 letra (C) y (D), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, así como por la pluralidad de víctima”, y el artículo 410 de la referida Ley 136-03, que sanciona la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes.

Ministerio Público brinda asistencia a las mujeres rescatadas que permanecen en casas de acogida del Ministerio de la Mujer.

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 18 julio 2024. 

El Ministerio Público logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impusiera 12 meses de prisión preventiva a dos hombres acusados, provisionalmente, de proxenetismo y explotación sexual agravada contra 45 mujeres, 43 de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas.

Según el expediente, presentado por la Fiscalía de Santiago, los imputados Junior David Matos Monegro, alias, “Junior” y Estarly Almánzar Pérez dirigían una organización criminal dedicada a captar mujeres a quienes controlaban y explotaban sexualmente en apartamentos ubicados en los residenciales Los Rieles de Gurabo, de Santiago.

El juez José Rafael D'Asís expuso que el Ministerio Público aportó elementos suficientes para que el tribunal impusiera la medida, lo que se ajusta a una investigación rigurosa, por lo que declaró el caso complejo.

Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.

Además, el tribunal ordenó el secuestro de los bienes incautados durante la ejecución de unos 15 allanamientos.

La Fiscalía trabaja el caso en coordinación con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Policía Nacional.

El Ministerio Público presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y los artículos 265, 266, 333, 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo, en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano. Además, le imputa a Matos Monegro la violación al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.

Situación de las extranjeras

Sobre la situación de las extranjeras rescatadas, el Ministerio Público explica que en ningún momento fueron detenidas, solo trasladadas a distintas casas de acogidas pertenecientes al Ministerio de la Mujer, para que tuvieran un techo y comida mientras toman la decisión de retornar a sus respectivos países o de quedarse en la República Dominicana.

Actualmente, 35 mujeres continúan en hogares de acogida, divididas en dos grupos; 20 en una casa (19 colombianas y una venezolana).

Y las restantes 15 en otra diferente.

Las demás rescatadas decidieron retornar a sus respectivos países de manera voluntaria, tal y como pueden hacerlo en cualquier momento las que aún permanecen en los hogares.

De igual forma, el MP informó que las embajadas de los dos países, a los que pertenecen las mujeres rescatadas, tuvieron conocimiento en todo momento de las acciones de las autoridades dominicanas.

Luis Céspedes Peña

Santiago, Rep. Dom. / Diario Azua / 17 julio 2024.-

El fiscal general del Distrito Judicial de Santiago, Osvaldo Bonilla, recibirá este jueves 18 a las 11:00 de la mañana, a una comisión de los gremios de la comunicación de esta ciudad, para abordar la continuación de las investigaciones en torno a la muerte de Luis Norberto Céspedes Vega, hijo del ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Céspedes Peña, cuyas pesquisas fueron suspendidas por la Fiscalía de Tamboril.

Céspedes Vega fue atropellado, muriendo posteriormente, por un camión mezclador de concreto que se presume pertenece a la empresa Hormigones Romano, el 2 de noviembre del 2022, sin que a la fecha se haya interrogado a los siete conductores de igual números de trombos que tiene la empresa en referencia.

Los camiones son similares al que atropelló a Céspedes Vega, tienen el mismo logo de la citada empresa y el presidente de la compañía, ingeniero civil Luis A. Romano, admitió, durante un interrogatorio en la Fiscalía de Tamboril, que el camión que se observa en la fotografía es similar a los siete que tiene su empresa, aunque él no tiene conocimiento de quién era el conductor.

Declaró estar dispuesto a cooperar con las investigaciones. En la reunión participarán representantes del CDP, la Fundación Periodismo en Reflexión (FUNPER), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Asociación de Locutores de Santiago (ALS), Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) y otras entidades.

Esos gremios están dirigidos por Juan Carlos Bisonó, Perfecto Martínez, José Batista, Águeda Alejo y Américo Cabrera.

Juntos a ellos figuran en una comisión de seguimiento, Adriano De la Rosa, ex secretario general del CDP y dirigente de la FUNPER, Carlos Arroyo Ramos, también ex secretario general de la misma entidad, Germania De Luna, ex secretaria del SNPP, Israel Pueblo, José Armando Toribio, directivo del CDP, Narciso Pérez, Epifanio Rodríguez, Juana Cabrera y otros miembros y directivos de esos gremios.

El hecho ocurrió en que murió Céspedes Vega, ocurrió dentro de Repuestos Nacho, ubicado en la Avenida Senador José Rafael Abinader, en la llamada Zona Rebelde, de Tamboril.

Otros dos choferes, de la misma empresa Hormigones Romano, pero no de los sospechosos, informaron a la Fiscalía de Tamboril, que “ellos no pertenecen al departamento de los camiones Trombo, pero sí la fotografía captada por una cámara de seguridad, es similar a los de la empresa Hormigones Romano”.

Los comisionados volverán a solicitarle al fiscal Osvaldo Bonilla, que asuma directamente las investigaciones, pero si no es posible, que designe a uno de los magistrados que están bajo su dirección. El fiscal tiene el apoyo de los gremios para las investigaciones.

 

Santo Dom. Este, Rep. Dom.  /Diario Azua / 17 julio 2024.-

La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años de edad, en un hecho registrado en el año 2021.

La condena le fue impuesta a Yino Oliver Hernández Luciano, por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, que preside la jueza Josefina Ubiera Guerrero, e integran las magistradas Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez, por los daños causados a la víctima, de quien se omite el nombre para proteger su identidad.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Marlene Roa, mostró al tribunal elementos de prueba, con las cuales logró establecer que el hoy condenado violentó los artículos 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 y los artículos 12, 13, 14, 18 y 396 literal C, de la Ley 136-03, sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Jonathan Eusebio, refiere en fecha 2 marzo del año 2021, el progenitor de la víctima denunció ante este Ministerio Público que ese día, mientras su hija estaba en el lugar que la cuidan mirando unos gallos, el procesado se aprovechó y violó sexualmente a la niña.

Para confirmar la veracidad de los hechos, el Ministerio Público realizó a la niña un testimonio a través de Cámara Gesell, evaluaciones psicológicas y también ginecológicas forense, experticias que produjeron hallazgos con los que se pudieron verificar los hechos.

La condena deberá ser cumplida por Hernández Luciano en la Cárcel Pública del 15 de Azua.

Por Rafael Padilla

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 16 julio 2024.-

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), órgano responsable de perseguir el fraude eléctrico, realizó un operativo contra el fraude eléctrico presuntamente llevado a cabo por los comercios invasores que operan en las ruinas del antiguo Colegio Maharishi. “No podemos dar declaraciones”, puntualizó uno de los fiscales a cargo del operativo.

El suministro ilegal de energía eléctrica, de conformidad con la Ley General de Electricidad, núm. 125-01, constituye fraude eléctrico, esta es una infracción penal que acarrea sanciones que van desde cuantiosas multas hasta prisión por 3 años.

Además del presunto fraude eléctrico identificado por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, los residentes de las urbanizaciones Solimar y Miramar han denunciado en múltiples ocasiones que, desde que fue abandonado el inmueble donde operaba el Colegio Maharishi, han sido víctimas de la contaminación y el desorden protagonizado por los invasores de dicho inmueble.

Conforme se verifica en el portal de la Dirección Generales de Compras y Contrataciones Públicas, actualmente el Estado dominicano se encuentra en proceso de adquirir este extenso terreno que, según declaraciones de la Alcaldía del Distrito Nacional, será utilizado para la construcción de un gran proyecto que incluirá una pista de patinaje profesional, canchas para diversos deportes, parque infantil, ciclovías y demás.

PGASE logra sometimiento a la justicia de un hombre sorprendido en flagrante delito

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 15 julio 2024.- 

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) logró que se le imponga una garantía económica y presentación periódica como medida de coerción a un hombre sorprendido en flagrante delito manipulando un medidor de energía eléctrica con unas pinzas y un cuchillo.

El Décimo Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, impuso el pago de RD$10,000,00 en efectivo como multa al ciudadano identificado como Luis Rafael Diloné, tras encontrar indicios suficientes que demuestran su culpabilidad en la acusación de manipular de manera clandestina a los elementos que conforman a la red de distribución de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE).

Además, a Diloné se le impuso presentación periódica a las instalaciones de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, petición hecha por los representantes del Ministerio Público.

Tras conocerse la decisión, el director interino de PGASE, José Aníbal Carela, manifestó su conformidad con la pena impuesta al infractor, al tiempo que aseguró que esa entidad “Seguirá persiguiendo los delitos contra el sistema eléctrico nacional sin importar las circunstancias ni las consecuencias”.

Asimismo, Carela explicó que el delito cometido por Luis Rafael Diloné se contempla en los artículos 125 de la Ley General de Electricidad, número 125-01; así como, los 83 y 86 de la Ley número 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales relacionados.

“El ciudadano Luis Rafael Diloné cometió los delitos calificados como fraude eléctrico y posesión ilegal de armas blancas”, agregó.

En el expediente acusatorio, el Ministerio Público hizo constar que el imputado no contaba con los permisos requeridos o autorización de EDEESTE o la Superintendencia de Electricidad (SIE) para manipular en alguna forma ningún medidor, por lo que la acción de la que se le acusa puso en riesgo su vida y la de terceros.

Sobre el PGASE

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) es el órgano responsable de propulsar la acción penal de naturaleza pública que conlleva los delitos eléctricos. Es la autoridad competente para levantar en forma conjunta mediante representantes debidamente calificados, el Acta de Fraude Eléctrico a requerimiento de las Distribuidoras o de persona física o moral interesada.

El órgano persecutor solicitó la prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 11 julio 2024.- 

La Fiscalía de La Vega depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, la solicitud de medida de coerción en contra de tres miembros una banda, implicados en el asesinato de cuatro personas, en un hecho registrado el pasado 7 del presente mes en el sector Los Pomos, del municipio de La Vega.

La solicitud de medida de coerción fue depositada por la procuradora fiscal Jenny Núñez Marmolejos, y en la misma, el Ministerio Público solicita la imposición de la prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso, en contra de Osvaldo Antonio Peralta Báez, Angelica Michel Reyes Cuevas y Oscar Antonio Rosario Lisandro.

En su expediente, el Ministerio Público les imputa por su participación en el asesinato de los ciudadanos Eddy Tomás Liriano Veras, Celin Carlixto Guzmán Rodríguez, del nacional haitiano Jhony Pie y de Jendelfer de los Santos Heredia.

Según la investigación, que aún desarrolla el órgano persecutor, para cometer el hecho, Peralta Báez, Reyes Cuevas y Rosario Lisandro, se constituyeron en asociación de malhechores con Arody Francisco, alias Pocho, los identificados como Cacú, El Deportado o Tatuaje, El Gordo o Masa, así como también con Jose Orlando Genao Fernández, alías Willy Willy, quien perdió la vida en un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, y con Joel Ambiorix Pimentel García, alias La J, quien se encuentra detenido en España y ha sido solicitado en extradición por las autoridades dominicanas.

Según la investigación, que continúa en curso, los imputados, junto a otros de los participantes en la ejecución del plan homicida, llegaron a la calle principal del sector Los Pomos en un carro blanco, del cual se bajaron cuatro personas, las cuales abrieron fuego en contra de los presentes en el lugar, asesinando en la vía pública a Liriano Veras, al nacional haitiano Pie y De los Santos Heredia.

En el caso de Guzmán Rodríguez, los agresores ingresaron a su vivienda, donde se encontraban sus hijos, esposa y cuñada, donde intentó resguardarse, y a pesar de las suplicas para que no lo mataran, lo asesinaron.

Liriano Veras y Guzmán Rodríguez fallecieron en el lugar a causa de las heridas de balas provocadas por los disparos que le propinaron los agresores, mientras que De los Santos Heredia y Pie murieron mientras recibían atenciones médicas en un hospital.

En la acción combinada por el Ministerio Público y la Policía Nacional, en la que se logró el arresto de Peralta Báez, Reyes Cuevas y Rosario Lisandro, así como también en la acción en la que resultó muerto Genao Fernández, fueron recuperados:

Una pistola marca Hi Power, modelo FM, calibre 9mm, serie 558585, la cual fue utilizada por Genao Fernández, en un el enfrentamiento que sostuvo con los agentes del orden.

Una pistola marca Glock, modelo 43, calibre 9mm, serie no. BCMP427, con su cargador y cuatro capsulas para la misma,

Dos abrigos uno color verde y el otro color negro, en el baúl del carro marca Hyundai Sonata, color blanco, año 2017, placa PP894234, propiedad de Peralta Báez, vehículo que sirvió de medio de transporte para la ejecución de los crímenes.

Entre otros elementos de pruebas, que serán presentados durante el proceso, tras el conocimiento de la medida de coerción.

El Ministerio Público ha otorgado al proceso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 у 304 del Código Penal Dominicano, y a los artículos 66 y 67 párrafo de la Ley 631-16, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores para la comisión de crímenes de asesinatos con el uso de arma de fuego.

La Altagracia, Rep. Dom. / Diario Azua / 11 julio 2024.- 

El Ministerio Público logró este jueves, la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, y declaratoria de complejidad del caso en contra de Víctor Manuel Kery, alias, el “Pastor”, acusado de violación sexual a varios adolescentes. La medida deberá ser cumplida en el centro correccional Anamuya de Higüey.

La solicitud del Ministerio Público fue acogida por el Juzgado de Instrucción de este distrito judicial, ubicado en la provincia La Altagracia, tras valorar la gravedad de los hechos a través de las pruebas presentadas por los representantes de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del municipio de Higüey.

Según los fiscales a cargo del caso, Adivy Cedano Santana y Roberto Santos Pacheco, el tribunal acogió los argumentos del riesgo que constituye para el proceso que se le sigue a Víctor Manuel Kery, el hecho de que no se le impusiera prisión preventiva.

En el documento presentado ante el tribunal, el Ministerio Público indica que Kery invitaba a sus víctimas a participar en diversas actividades de la iglesia, haciendo uso de la autoridad que tenía en la congregación, forzándolos a sostener relaciones sexuales y amenazándolos con matarlos a ellos y sus familias si expresaban lo sucedido.

De igual forma el Ministerio Público establece que estos hechos, muestran “Una evidente reincidencia en este tipo de comportamiento por parte del imputado”, quien en 2021, en virtud de la sentencia penal número 185-2021-SSEN-00372, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, fue declarado culpable de cometer agresión sexual, prevista en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de otro menor de edad, de quien se omite el nombre para proteger su integridad.

Esta sentencia condenó a Víctor Manuel Kery a cumplir una pena de cinco años de prisión de forma suspendida y lo sometió a varias condiciones y reglas durante el referido periodo.

En esta ocasión, el Ministerio Público otorgó al hecho por el que se imputa a Kery la calificación provisional que contempla la falta en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano.

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 8 julio 2024.-

Con la participación de 33 centros penitenciarios y 422 atletas de diferentes Centros regiones del país, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) celebró las eliminatorias del Torneo Intramuros de Baloncesto Penitenciario 2024.

Dichos torneos tienen como objetivo principal fomentar la rehabilitación de los internos a través del deporte y otras actividades de recreación, dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Régimen Penitenciario.

Los centros que pasaron a la final fueron el Centro de Privación de Libertad La Victoria, del Gran Santo Domingo, La Victoria y El Seibo, en la Región Este, Najayo Hombres, en la Región Sur y Concepción La Vega, en la Región Norte.

Los torneos se efectuaron en el marco de las jornadas eliminatorias, que se vienen desarrollando desde el mes de abril, en la primera eliminatoria el centro anfitrión de la zona fue El Seibo, la segunda fue realizada en el Centro de Batey Bienvenido, mientras que la tercera eliminatoria se efectuó en Najayo Hombres.

Asimismo, cuarta eliminatoria tuvo como escenario el Centro de Privación de Libertad de Barahona, en la quinta el CPL Cotuí, y en la sexta el equipo de la Concepción La Vega, y en la séptima eliminatoria el CCR Valverde Mao.

Esta actividad forma parte de los programas de tratamiento y atención integral que ofrecen los centros penitenciarios como una forma saludable de ocupar el tiempo libre a través del deporte, alejando a los privados de libertad de conductas negativas.

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 8 julio 2024.-

El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un nacional haitiano que penetró una vivienda y violó sexualmente a una mujer, en un hecho ocurrido en el año 2023, en Santo Domingo Norte.

La condena le fue impuesta a Galie Michel, por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que preside la jueza Josefina Ubiera Guerrero y las magistradas Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez (miembros), por los daños causados a la víctima, nombre que se omite para proteger su identidad.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Marlene Roa, demostró al tribunal con pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales, que el hoy condenado violentó los artículos 307, 331, 379 y 385, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 y el artículo 83 de la Ley 631-16, sobre el control de armas, municiones y materiales relacionados.

La investigación, que fue instrumentada por el fiscal investigador Franklyn Céspedes, revela que el suceso ocurrió la madrugada del 11 de julio del 2023, cuando el hoy procesado penetró a la casa de la víctima y con un arma blanca la amenazó de muerte para cometer la agresión.

Al marcharse del lugar, el agresor llevó consigo el celular de la víctima, una cámara fotográfica y la suma de RD$10 mil pesos en efectivo.

La condena deberá ser cumplida por Michel en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Santo Domingo Este, Rep. Dom. / Diario Azua / 28 junio 2024.-

La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión, en contra de un hombre. que, con un tubo, de varios golpes mató a su madre y dejó a su padre gravemente herido, en un hecho ocurrido en el año 2022, en San Isidro, de Santo Domingo Este.

La condena fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, integrado por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, en contra de Osiris Rafael Jiménez Collado, por los hechos cometidos en perjuicio de sus progenitores, Ramona Altagracia Morel (occisa), de 75 años de edad, y Oseide Jiménez Genao, de 72 años, a quien dejó gravemente herido.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Franklyn Céspedes, mostró ante el tribunal que el hoy procesado violentó los artículos 2, 295 y 304 II del Código Penal Dominicano, sobre homicidio.

La investigación relata que el suceso ocurrió el día 12 de abril del año 2022, alrededor de las 09:10 de la mañana, mientras estaban en su residencia.

Relata que, en esos momentos inició una discusión, en la que el encartado empezó a tirar los trastes y luego cogió un tubo y empezó a golpear brutalmente a su madre, a la que le propinó varios golpes en diferentes partes del cuerpo hasta quitarle la vida y continuó golpeando a su padre a quien dejó gravemente herido, con lesiones curables en un período de 5 a 6 meses, como consta en el certificado médico legal No.65884, d/f 13-04-2022.

La condena deberá ser cumplida por el procesado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El juez presidente Henry Molina también se reunió con el asesor tecnológico del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales del Reino Unido, Richard Susskind, con quien conversó sobre las iniciativas que realiza en Poder Judicial dominicano en su proceso de transformación digital.

Londres / Diario Azua / 28 junio 2024.-

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana se reunió con los presidentes de los tribunales Supremo de Inglaterra y Gales y Supremo del Reino Unido, en un encuentro que inicia los lazos de cooperación entre los poderes judiciales de las dos naciones.

El presidente de la SCJ dominicana, Henry Molina y sus homólogos, la baronesa Carr de Walton-on-the-Hill y el barón Robert Reed abordaron la transformación digital de los tribunales británicos, sus procesos y la atención al usuario, para así asimilar las buenas prácticas al sistema de justicia dominicano.

Durante el encuentro, calificado como histórico por ser la primera vez que un presidente del Poder Judicial dominicano se reúne con sus pares británicos, se acordó también como próximo paso establecer acuerdos de colaboración entre la Escuela Nacional de la Judicatura y la institución británica de capacitación judicial.

En ese orden, acordaron identificar oportunidades para programas de intercambio y capacitación entre jueces y personal judicial; así como desarrollo de proyectos de formación y educación continua a través de ambas academias.

Asimismo, trataron sobre las acciones que realiza el Poder Judicial dominicano a través de su estrategia Justicia al Día para garantizar la dignidad de las personas, el trabajo para eliminar la mora judicial y los avances y desafíos en la digitalización del sistema de justicia.

También sobre iniciativas para garantizar el acceso a la justicia, especialmente de las personas más vulnerables, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial y temas sobre derechos humanos.

Henry Molina aprovechó la oportunidad para invitar a la baronesa Carr y al barón Reed a disertar sobre acceso a la justicia y derechos humanos en la Cumbre Judicial Iberoamericana que tendrá a República Dominicana como sede en 2025, en la que participarán representantes de poderes judiciales de 23 países.

SOBRE SISTEMA DE JUSTICIA DEL REIRNO UNIDO

El Reino Unido cuenta con una larga tradición legal, con documentos fundacionales, como la Magna Carta, que datan de inicios del sXIII.

En los tiempos actuales, proyectos como el Rule of Law Index del World Justice Project de 2023, ubican el país en el puesto 14 de 140 países en la categoría de "Independencia Judicial", el puesto 10 en la categoría de "Derechos Fundamentales" y el puesto 9 en la categoría de "Justicia Civil".

Estos datos y calificaciones reflejan la fortaleza y eficiencia del sistema de justicia del Reino Unido, manteniendo su lugar como referente a nivel mundial en materia de derecho e institucionalidad.

Baronesa Carr de Walton-on-the-Hill

Se convirtió en presidenta del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales el 1 de octubre de 2023. También es jefa del Poder Judicial de Inglaterra y Gales, siendo la primera mujer en ocupar el cargo y la persona número 98 durante su historia.

Robert Reed

Es Doctor en Derecho. Además de formar parte del Tribunal Supremo y del Comité Judicial del Privy Council, también es miembro del panel de jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lord Reed es también el Alto Administrador de la Universidad de Oxford.

Reunión con Richard Susskind

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, también se reunió con el presidente del Consejo Asesor del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, y asesor Tecnológico del Lord presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales del Reino Unido, Richard Susskind, con quien conversó sobre las iniciativas que realiza en Poder Judicial en su proceso de transformación digital.

Durante el encuentro, Henry Molina invitó a Susskind a participar en República Dominicana en una reunión cerrada con los jueces presidentes de poderes judiciales de Iberoamérica, donde discutirán retos y desafíos en la modernización de los sistemas de justicia, durante la Cumbre Judicial Iberoamericana, a celebrarse en el país los días 14, 15 y 16 de mayo de 2025.

Asimismo, se acordó que durante la cumbre Susskind ofrecerá una conferencia magistral, lo cual abonará al propósito de posicionar a República Dominicana como un referente internacional en la modernización y eficiencia de los sistemas de justicia.

Hermanas Mirabal, Rep. Dom. / Diario Azua / 26 junio 2024.-

En la continuación del plan de dignificación y mejora de la calidad de vida de los privados de libertad, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) inauguró este viernes la remodelación del pabellón femenino de la Fortaleza Juana Núñez, del municipio Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.

Los trabajos incluyeron la ampliación del área para camas, que solo contaba con 14 espacios tipo goletas y ahora fueron reemplazadas por camarotes en hierro de 3 niveles.

Además, fue aumentada la capacidad a 21 camas disponibles y se mejoró la circulación y ventilación dentro de la celda.

En el baño fueron sustituidos los sanitarios y se instaló una puerta por respeto a la privacidad de las privadas de libertad. La cocina y el comedor fueron totalmente remozados, las cuales ahora disponen de un extractor de aire, gabinetes aéreos, fregadero, iluminación y pintura general.

Con la adecuación del pabellón femenino de Salcedo, con un monto de más de seiscientos noventa y dos mil pesos, las privadas de libertad contarán con las condiciones de higiene para llevar a cabo sus actividades diarias, permitiéndoles cumplir su prisión en condiciones dignas, además de que tendrán una mejor calidad de vida para su rehabilitación y posterior reinserción social.

El personal también tendrá un mejor manejo de la seguridad.

Con el reacondicionamiento se logró dotar a las privadas de libertad de Salcedo de espacios ventilados, iluminados y dignos, como lo establece la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana.

En la actualidad, el pabellón femenino del Centro de Privación de Libertad de Salcedo alberga a 22 privadas de libertad, de las cuales 5 tienen estatus de condenadas y 17 son preventivas, 4 de ellas son extranjeras y el restante de nacionalidad dominicana.

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 24 junio 2024.-

 El Ministerio Público de Santo Oeste obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra del imputado Johan Manuel Castillo Ortega, quien hasta el momento de su arresto actuaba como pastor de una iglesia en la localidad de Los Alcarrizos.

La jueza Cecilia Toribio de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santo Domingo Oeste, dispuso que el imputado Johan Manuel Castillo Ortega, cumpla tres meses recluido en el recinto penitenciario Najayo Hombres.

Por los hechos imputados contra Castillo Ortega, el Ministerio Público investigador robusteció el expediente acusatorio, el cual cuenta con el relato de tres nuevas denuncias de dos víctimas menores de edad y una adulta, quienes aseguran fueron abusadas por el imputado.

El primer relato de una de las víctimas, de 12 años y, cuyo nombre se omite por motivos legales, precisa que, cuando ella tenía ocho años, el imputado la agredía sexualmente, al tocarla con sus manos. En su declaración la adolescente asegura que no había denunciado porque le daba vergüenza.

La menor de edad indicó que el encartado aprovechaba los momentos en que iba a su casa a jugar con una de sus hijas y, allí la manoseaba.

Asegura que el hecho ocurrió varias veces, y que en una ocasión el imputado llegó a mostrarle su parte íntima, pero que ella se salió hacia el balcón de la vivienda.

Por el mismo proceso, la segunda víctima, quien actualmente tiene 17 años, señaló que Castillo Ortega aprovechaba para tocarla en los pasillos de la iglesia donde no hay cámara que pudieran captar el hecho.

Dijo que todo inició cuando ella tenía 12 años y, que este se aprovechaba momentos antes de iniciar el culto y cuando asistía a ensayos de danza.

En tanto que, Doraliza Suero Farías, quien actualmente es mayor de edad, denunció que cuando tenía siete años de edad, este la acosaba, y que le mostraba su parte íntima a las niñas, y se masturbaba delante de ella, a cambio de chocolates, para que no dijeran nada.

Se recuerda que el caso judicial en contra del pastor inició cuando la madre de dos de sus víctimas denunció que esté abusaba de sus vástagos, proceso que en su momento fue penalizado por tribunal con una garantía económica de RD$50,000 pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

En la especie de dicho proceso, el Ministerio Público solicita que se fusione el caso con el proceso que se le sigue al imputado Johan Manuel Castillo Ortega, así como la declaratoria de complejidad, en virtud de lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, en vista de la pluralidad de víctimas y la información de que existen otras víctimas pendientes de denunciar.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de violación de los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano y 12, 18, 396 literales B y C de la ley 136-03 del Código del Menor.