El presidente Luis Abinader encabeza un encuentro sobre seguridad ciudadana, en el que ha ratificado el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la inteligencia estatal y el apresamiento de los infractores de la ley. (Foto: Presidencia de la República)

Diario Azua/ 4 de octubre 2026

SANTO DOMINGO.– Pese a las cifras oficiales reportadas por la Policía Nacional que indican un descenso progresivo en la tasa de homicidios y robos, una serie de asaltos y agresiones ocurridas en residencias de la capital y la provincia de Santo Domingo ha reavivado el debate ciudadano sobre la percepción de inseguridad.

Episodios recientes como la agresión a un joven en una torre del sector Serrallés, el violento asalto en la vivienda del merenguero Julián Oro Duro donde su esposa perdió la vida y la intromisión en el hogar del actor Kenny Grullón han generado inquietud colectiva. El factor común de estos hechos ha sido la vulneración de espacios privados y residenciales, amplificada por su difusión en plataformas digitales y medios de comunicación.

Datos policiales cortados a finales de septiembre sitúan la tasa de homicidios acumulada en 7.36 por cada 100,000 habitantes, reflejando una reducción respecto a años anteriores, junto con una baja en el volumen de denuncias por robos. Al respecto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció la brecha entre los indicadores estadísticos y la vivencia cotidiana de la población, argumentando que la percepción ciudadana responde a factores experienciales y eventos directos en las comunidades.

En tanto, el Poder Ejecutivo ha reiterado su compromiso de persecución e investigación efectiva a través de los organismos de seguridad. Paralelamente, la Policía Nacional presentó una base de datos con más de 53,000 órdenes de arresto pendientes de ejecución para reforzar las labores de captura e interdicción contra el delito en todo el territorio nacional.

Investigadores de la Unidad de Delitos Graves de Filadelfia inspeccionan la escena en el almacén de North 9th, donde se incautaron cientos de autopartes destinadas al mercado negro local e internacional. (Foto: Policía de Filadelfia / Archivo)

Diario Azua / 3 de octubre 2026

FILADELFIA.– La Policía de Filadelfia asestó un nuevo golpe a las redes internacionales de robo de vehículos al descubrir un gigantesco taller clandestino de despiece en el norte de la ciudad, desde donde se sospecha que enviaban autopartes robadas hacia la República Dominicana.

El operativo tuvo lugar en un amplio almacén ubicado cerca de las calles North 9th y West Ontario. En la escena, los agentes de la Unidad de Delitos Graves hallaron al menos siete vehículos de la marca Honda completamente desmantelados y miles de repuestos listos para ser comercializados o exportados. Durante el allanamiento fueron arrestadas dos personas señaladas como cabecillas de la estructura en ese recinto.

 Las investigaciones señalan que la red operaba con extrema rapidez, logrando desarmar un automóvil en tan solo 45 minutos para dificultar su rastreo. Las autoridades identificaron que los vehículos Honda eran el blanco principal debido a la alta demanda y la facilidad para intercambiar sus piezas en el mercado negro y en plataformas de venta en línea.

De acuerdo con el capitán Robert McKeever, comandante de la investigación, el hallazgo se perfila como el centro de desguace ilegal más grande intervenido en la zona. Las autoridades vinculan este almacén con una mega operación desmantelada el pasado mes de abril, en la que fueron arrestadas 14 personas 11 de ellas pertenecientes a una banda de origen dominicano especializada en el hurto de piezas automotrices.

Las fuerzas del orden ejecutaron tres órdenes de registro adicionales y confiscaron la totalidad de las piezas para iniciar el proceso de identificación mediante números de serie y módulos de bolsas de aire, mientras anticipan nuevas detenciones conforme avance el proceso judicial.

Un detective de 33 años resultó herido tras resistirse a un atraco en El Bronx. (Foto: EFE/EPA/JL)

Diario Azua / 3 de octubre 2026

NUEVA YORK.– La Policía de Nueva York (#NYPD) mantiene un operativo de búsqueda para localizar a dos individuos señalados como los responsables de apuñalar en siete ocasiones a un detective fuera de servicio durante un violento intento de atraco perpetrado el viernes en el vecindario de Norwood, El Bronx.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. en las inmediaciones de East 206th Street y Rochambeau Avenue. De acuerdo con los informes preliminares, el agente, de 33 años, fue abordado por los agresores para despojarlo de sus pertenencias, entre ellas una cadena de oro. Al defenderse del asalto, el oficial sufrió heridas de arma blanca en el torso y en una pierna.

 El detective fue trasladado de emergencia al Hospital Jacobi, donde se recupera de las lesiones. En la escena del crimen, los investigadores recuperaron el vehículo del oficial y varios objetos personales que quedaron dispersos en la vía pública durante el forcejeo.

El hecho generó una respuesta inmediata en los altos mandos de la ciudad. El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del #NYPD acudieron al centro médico para constatar el estado de salud del agente. Debido a la gravedad del suceso, la Policía de Nueva York suspendió la rueda de prensa sobre las estadísticas de criminalidad que tenía programada para esa misma tarde.

Las autoridades informaron que los sospechosos huyeron del lugar a bordo de una bicicleta eléctrica y han difundido imágenes del área para facilitar su identificación y captura.

Diario Azua / 2 de octubre 2026

HIGÜEY. — Con la meta de consolidar la tranquilidad ciudadana y proteger el motor turístico del este del país, el presidente Luis Abinader dejó activa este viernes la segunda fase del Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (#MSPP) en la provincia La Altagracia.

La iniciativa contempla el despliegue inmediato de 990 agentes equipados para vigilar 84 cuadrantes y 39 corredores estratégicos. La cobertura abarca los puntos de mayor dinamismo urbano y turístico de la zona: Higüey, Verón, Friusa, Bayahibe, Villa Cerro, La Otra Banda y San Rafael de Yuma.

Menos robos y mayor contacto comunitario

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, enfatizó que la transformación policial no es solo operativa, sino analítica. Según cifras oficiales aportadas por la funcionaria, la aplicación de este sistema permitió reducir en un 35% los reportes de robos en los sectores donde ya funciona, lo que equivale a 1,046 denuncias menos entre enero y julio de este año.

En esa misma línea, el director de la institución, mayor general Ernesto Rafael García, puntualizó que más de un millar de miembros han sido entrenados en táctica básica, derechos humanos y respuesta articulada con el sistema 9-1-1. El plan nacional prevé llevar esta estructura a 24 departamentos policiales durante el transcurso de 2026.

Acompañamiento tecnológico y apoyo social

El obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, bendijo la jornada y respaldó la visión gubernamental. Castro Marte destacó la incorporación de cámaras corporales, investigación científica y patrullaje de proximidad, asegurando que el verdadero cambio radica en formar agentes que protejan las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Central de Investigación (Dicrim) despliegan labores de patrullaje y fiscalización durante una intervención preventiva en sectores del Distrito Nacional.  (Foto:Fuente Externa)

Diario Azua /2 de octubre 2026

Santo Domingo. — Un marcado debate sobre los límites del uso de la fuerza policial y la efectividad de las órdenes de captura se ha desatado en el país, tras revelarse que la cantidad de personas requeridas por la justicia supera la nómina total de la Policía Nacional.

De acuerdo con datos oficiales correspondientes al cierre de agosto, la institución cuenta con 43,464 agentes activos frente a un registro de 53,877 órdenes de arresto pendientes dirigidas a 50,865 personas. Unas 22,832 de estas órdenes corresponden a delitos de alta severidad como robos, agresiones físicas, homicidios y tráfico de drogas.

El contraste sale a la luz pública luego de investigaciones periodísticas que señalan un incremento en los decesos de personas en conflicto con la ley durante operativos de seguridad. Ante esto, representantes del Gobierno mantienen un discurso firme. El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña reiteraron el llamado a los prófugos a entregarse por las vías correspondientes, asegurando que el Estado reforzará el patrullaje, la tecnología y el despliegue policial para garantizar el orden público.

Por su parte, sectores del ámbito jurídico e institucional han expresado preocupación por los denominados "intercambios de disparos". El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (#Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, enfatizó que la persecución del delito no justifica las ejecuciones extrajudiciales y exigió que el uso de la fuerza se apegue a las garantías constitucionales del derecho a la vida. En la misma línea, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (#IDDP) solicitó investigaciones independientes para esclarecer las muertes ocurridas en intervenciones policiales.

Diario Azua / 24 de septiembre 2026

Santo Domingo.– Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), bajo la coordinación del Ministerio Público, lograron la recuperación de US$33,690 y RD$196,500 en efectivo, así como valiosas joyas y artículos personales sustraídos durante el asalto perpetrado en la residencia del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo (Julián Oro Duro), hecho ocurrido en Brisa Oriental VI donde perdió la vida su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

Durante las intervenciones realizadas en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, los investigadores también localizaron la motocicleta utilizada por los cuatro imputados para movilizarse durante la ejecución del delito.

Desglose de lo incautado a los cuatro detenidos

En rueda de prensa, el vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, presentó las evidencias ocupadas a los acusados durante los allanamientos:

Lawrence Mark Liranzo Marcos ("Chiquito"): Se le incautó la mayor suma en efectivo, ascendente a US$19,900 y RD$78,000, además de objetos personales.

Phillips Michael Tejeda Vásquez ("Leandro"): Le fueron decomisados US$9,800.

Kevin Dariel Germán Troncoso ("Yandel"): Tenía en su poder US$3,750 y RD$88,000.

Juan Carlos Hernández García ("Peña"): Le fueron ocupados US$240 y RD$30,500 en dos intervenciones.

Joyas y pertenencias sustraídas

Entre las pertenencias pertenecientes a la familia del artista que fueron recuperadas figuran dos relojes de alta gama (marcas Rolex y Cardo), dos cadenas, un guillo, una medalla, un broche femenino, unos lentes, un bulto de la marca Louis Vuitton y la llave de un vehículo Toyota.

Las evidencias y los cuatro imputados continúan a disposición del Ministerio Público para la formulación formal de cargos y la solicitud de medidas de coerción ante el juez de atención permanente de la jurisdicción de Santo Domingo Este.

Una pareja localizó los pasaportes e identificaciones en una obra en construcción en San Isidro luego de que la denuncia se hiciera viral.

SANTO DOMINGO ESTE.— Un desenlace favorable y en tiempo récord tuvo la angustiosa situación que atravesaban los ambientalistas de origen checo Michaela Brandnerová y Jirí Dolanský, quienes recuperaron sus documentos de identidad a menos de 48 horas de haber sido víctimas de un hurto en el Malecón de Santo Domingo.

El incidente ocurrió el pasado sábado durante una jornada comunitaria de recogida de desechos en las cercanías del Fuerte San Gil. Allí les fue sustraída una mochila que contenía dinero, equipos de grabación y sus documentos de viaje y personales, piezas clave para sostener su permanencia en la República Dominicana.

La rápida viralización del clamor de auxilio publicado por Brandnerová en plataformas digitales movilizó tanto a las autoridades de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) como a la ciudadanía.

Colaboración ciudadana en San Isidro

El hallazgo fue realizado por los ciudadanos Vladimir González Abreu y su esposa, Tanya Malena Amador, quienes detectaron las identificaciones abandonadas en el interior de una obra en construcción ubicada en el sector de San Isidro, en el municipio Santo Domingo Este.

Tras coordinar con la Policía Nacional y la mediación de un medio de comunicación, los documentos fueron devueltos a sus legítimos propietarios. Aunque los equipos electrónicos y el efectivo no han sido recuperados ni se han precisado los detalles de la huida de los responsables, la devolución de las acreditaciones devolvió la tranquilidad a los extranjeros.

Los activistas, que lideran el proyecto ambiental Verdederos, expresaron su profunda gratitud hacia la comunidad dominicana y las autoridades por la pronta respuesta que les permite dar continuidad a sus labores de conservación ambiental en el país.

Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)

Diario Azua / 20 de septiembre 2026

El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra 25 imputados en la Operación Cobra 2.0, detallando la falsificación masiva de facturas e identidades de afiliados.

SANTO DOMINGO.— La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expuso el modus operandi de la red compuesta por empleados, exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), profesionales de la medicina y particulares, acusados de orquestar un esquema de facturación ficticia por RD$41,125,551.02.

El expediente depositado en la Operación Cobra 2.0, en el que se solicitan 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados y la declaratoria de caso complejo, sostiene que el grupo gestionó 4,363 autorizaciones fraudulentas entre enero de 2021 y febrero de 2025.

Según la acusación presentada ante el tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, la estructura era articulada presuntamente por Ángel Luís Guzmán Vásquez, un extécnico del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa quien actualmente cumple prisión preventiva tras ser arrestado cuando intentaba salir del país en abril de 2026. Guzmán aprovechaba el conocimiento de los sistemas internos para extraer información confidencial de afiliados con poco historial de uso del seguro.

Incongruencias insólitas y cobro de comisiones

La mecánica del fraude consistía en solicitar aprobaciones telefónicas con nombres ficticios pero empleando códigos reales de médicos vinculados a la red. Posteriormente, se elaboraban expedientes con diagnósticos falsos, sellos profesionales y firmas de pacientes suplantadas, hecho confirmado mediante peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las auditorías sacaron a la luz irregularidades extremas, como consultas ginecológicas facturadas a nombre de hombres, ausencia de historias clínicas y cobros por procedimientos ambulatorios atribuidos a ciudadanos que se encontraban trabajando o fuera del país en las fechas registradas.

Una vez que Senasa desembolsaba los fondos, los médicos involucrados retribuían entre un 40 % y un 60 % del dinero cobrado a los coordinadores de la red, utilizando transferencias bancarias justificadas bajo conceptos como "pago de préstamo" o "san".

Los acusados enfrentan cargos por estafa contra el Estado, asociación de malhechores, falsificación documental, acceso ilícito a sistemas, robo de identidad y lavado de activos.

Casi todos los detenidos por el el caso Senasa 2.0 son médicos. Se les arrestó el pasado viernes. (DL)

Diario Azua/ 20 de septiembre 2026

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva tras desmantelar una supuesta red que facturó más de 41 millones de pesos mediante autorizaciones irregulares.

SANTO DOMINGO.— La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer este lunes, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción incoada contra 25 personas entre ellas un nutrido grupo de profesionales de la medicina imputadas por un presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El expediente formal presentado por el Ministerio Público, que supera la fase inicial bajo la denominación Operación Cobra 2.0-A, solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

La acusación es el resultado de un despliegue operativo que abarcó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En las diligencias participaron 45 fiscales y alrededor de 200 agentes del orden.

Mecanismo de facturación y comisión millonaria

Las indagatorias preliminares establecen que los acusados habrían utilizado los datos de los afiliados del sistema de salud estatal para gestionar y cobrar procedimientos médicos que nunca se realizaron.

Entre enero de 2021 y febrero de 2025, el órgano persecutor identificó 4,363 autorizaciones fraudulentas relacionadas con cirugías menores y consultas especializadas, cuyo importe asciende a RD$41,125,551.02. Según la imputación, los profesionales de la salud involucrados presuntamente devolvían entre el 40 % y el 60 % de los valores desembolsados por el seguro a los cabecillas del esquema, empleando transferencias bancarias y entregas en efectivo.

Por su parte, la defensa técnica de algunos de los profesionales de la salud detenidos sostiene que sus representados cuentan con presupuestos y condiciones personales suficientes para responder a la investigación en libertad sin necesidad de la privación de su libertad.

Diario Azua / 16 de septiembre 2026

SANTO DOMINGO.– Como parte del proceso de transformación del modelo de seguridad ciudadana, la Policía Nacional puso en marcha una jornada de capacitación técnica para optimizar los filtros médicos, los protocolos de admisión y las evaluaciones de los aspirantes a ingresar a la institución.

El taller, desarrollado en las instalaciones del Instituto Policial de Educación Superior (#IPES), estuvo dirigido de manera conjunta al personal de la Dirección de Sanidad Policial y al Departamento de Reclutamiento de la Dirección Central de Recursos Humanos.

Filtros más estrictos e ingreso transparente

La iniciativa busca elevar la exigencia en el perfil ético, disciplinario y profesional de los futuros uniformados. Durante la jornada se revisaron detalladamente los estándares de evaluación médica y psicológica, así como la unificación de los criterios de selección entre las distintas áreas operativas que intervienen en la admisión de conscriptos.

La actividad contó con la coordinación de Mu-Kien Adriana Sang Ben, presidenta de la Junta Directiva del #IPES; el general (r) Luis Ernesto García Hernández, comisionado ejecutivo para la Reforma Policial; la general Cristina García Hernández, directora de Sanidad Policial, y la coronel Aida María Valdez Liranzo, vicerrectora académica del #IPES.

Modernización desde la base educativa

Con esta actualización de procedimientos, la institución del orden busca consolidar un esquema de reclutamiento más transparente y eficiente, asegurando que solo los aspirantes que cumplan cabalmente con las competencias técnicas, éticas y físicas requeridas accedan al programa de formación profesional.

Esta acción se enmarca dentro de las reformas estructurales del sistema educativo policial, orientadas a dotar al país de un cuerpo del orden mejor capacitado, alineado con las exigencias de la ciudadanía y enfocado en el respeto a los derechos humanos.

Diario Azua / 16 de septiembre 2026

SANTO DOMINGO.– Cuatro entidades estatales suscribieron una Resolución Administrativa Interinstitucional Conjunta destinada a regularizar el esquema de facturación, retenciones de nómina y conciliación de saldos para los planes de salud complementarios de los miembros retirados de la Policía Nacional y sus familias.

El pacto formalizado en el Palacio Policial reunió a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (#DGJP), la Policía Nacional, el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y el Comité de Retiro de la Policía Nacional (#COREPOL).

Marco operativo claro y transparente

La nueva normativa establece un procedimiento unificado que delimita las funciones operativas de cada organismo. Según explicó el director de la #DGJP, Juan Rosa, el mecanismo simplifica la gestión del servicio social: #SENASA asume la facturación, la institución policial ejecuta los pagos y la #DGJP canaliza la cobertura integral, eliminando trabas administrativas para los beneficiarios.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, destacó que esta medida se alinea con el proceso de modernización y dignificación del cuerpo castrense promovido por el Poder Ejecutivo.

Respaldo a los veteranos policiales

El director ejecutivo de #SENASA, doctor Edward Guzmán, revalidó el compromiso de la aseguradora estatal para garantizar atención médica oportuna a los veteranos y sus dependientes. Asimismo, el titular del #COREPOL, coronel Carlos Peña Méndez, reconoció el trabajo técnico interinstitucional destacando la labor de la teniente coronel Yesenia Montes de Oca para concretar el marco normativo.

Con esta resolución, las autoridades buscan asegurar un acceso digno a los servicios de salud mediante un control financiero estricto y transparente en el manejo de los fondos de retención.

Armamento y celulares que se le incautaron a los asaltantes. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

Diario Azua - 13 de septiembre 2026

SANTO DOMINGO. – Las autoridades identificaron a los seis integrantes de la red criminal responsable del frustrado asalto a una sucursal de envíos de remesas en el municipio Sabana Yegua, provincia Azua. Las intensas operaciones de persecución desplegadas por la Policía Nacional tras el hecho dejaron un saldo de tres presuntos delincuentes abatidos, un arrestado y dos prófugos.

Los fallecidos durante los enfrentamientos fueron identificados por la institución como Danny Braulio Contreras, Estarling Leonel Peñaló, conocido como "El Santiaguero", y Pedro Luis Paredes.

Vehículo ocupado por las autoridades (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

De acuerdo con el vocero policial, el coronel Diego Pesqueira, la persecución desencadenó dos intercambios de disparos consecutivos con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y patrullas preventivas: el primero tuvo lugar en el municipio Estebanía y el segundo en el distrito municipal Palmar de Ocoa.

Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad lograron la captura de Sandy Alberto Samboy Garó. En tanto, las unidades policiales mantienen la búsqueda de Michael López Urbáez ("Cachón") y Smarling Andrés de León Hidalgo, este último acusado de alquilar uno de los vehículos utilizados para intentar ejecutar el robo.

Decomiso de pertrechos y armamento pesado

Como parte de los operativos, las autoridades confiscaron un importante arsenal que incluye un fusil de asalto con dos cargadores de 30 cartuchos, tres pistolas calibre 9 milímetros con cuatro cargadores y 85 cápsulas.

Además, se incautaron dos chalecos antibalas, pasamontañas, 20 dispositivos de inmovilización eléctrica tipo taser, cinco teléfonos móviles y dos vehículos.

Tanto el detenido como las evidencias serán trasladados bajo custodia del Ministerio Público para el debido proceso judicial, mientras los equipos especializados intensifican los patrullajes en la región sur para dar con el paradero de los dos prófugos.

 

Diario Azua / 11 de septiembre 2026

SANTO DOMINGO ESTE. La Oficina de Atención Permanente de este municipio impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al raso de la Policía Nacional, Edwin de los Santos Guerrero, acusado de quitarle la vida de un disparo a la adolescente Wilmaris Ramírez Sánchez, de 14 años.

El tribunal judicial dispuso que el imputado cumpla la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, tras valorar la gravedad del hecho punible por el cual es procesado por el Ministerio Público.

El trágico suceso ocurrió la tarde del pasado domingo 6 de septiembre en una vivienda de la calle 4, en el sector Mendoza de Santo Domingo Este, lugar donde se encontraba el agente policial en el momento en que la menor recibió el impacto de bala.

La víctima, quien residía junto a sus familiares en Villa Mella (Santo Domingo Norte), solía frecuentar el sector Capotillo en el Distrito Nacional para visitar a su abuela materna y colaborar en el negocio familiar de su padre.

El Ministerio Público mantiene la acusación formal contra De los Santos Guerrero por la muerte de la menor, garantizando que continúe tras las rejas mientras avanzan las investigaciones del caso para el posterior juicio de fondo.

 

    Agentes de la Policía Nacional con los uniformes de la institución. (D L/ JB)

Diario Azua / 6 de septiembre 2026

Santiago — La Policía Nacional mantiene intensos operativos de búsqueda para recuperar tres armas de reglamento despojadas a miembros de las fuerzas del orden y del Ejército en hechos independientes ocurridos durante la última semana en esta provincia.

El primer caso se registró en el sector Cerro Blanco, donde desconocidos despojaron de sus armas y de una motocicleta oficial a una patrulla mixta integrada por un agente policial y un militar. El vehículo fue posteriormente abandonado en La Ceibita. La institución informó que ya identificó a uno de los sospechosos implicados en esta agresión.

Un segundo suceso ocurrió a orillas del río Yaque del Norte, lugar donde a un oficial superior de la institución le fue sustraída su arma mediante descuido mientras se bañaba. Por este caso, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a un sospechoso en el municipio de Miches, provincia El Seibo, para ser trasladado a Santiago e investigado.

El tercer hecho involucró a un cabo de la Unidad Lince que, estando libre de servicio, fue asaltado en la avenida Estrella Sadhalá. Durante el incidente, el agente repelió el robo a tiros, logrando herir a los dos presuntos asaltantes quienes se encuentran bajo custodia hospitalaria y recuperar sus pertenencias robadas.

A pesar de los arrestos de sospechosos y el avance de las indagatorias conducidas por la Dirección Regional Cibao Central, las autoridades confirmaron que las armas de fuego sustraídas aún no han sido localizadas.

Dos casos han ocurrido bajo la nueva jefatura de la Policía Nacional, encabezada por Ernesto Rafael Rodríguez García. (DL)

Diario Azua / 3 de septiembre 2026

A pesar de un descenso de 13 casos respecto al año anterior, el promedio se sitúa en casi cinco fallecidos semanales; mayo marcó el pico más alto del período.

Santo Domingo. — Un saldo acumulado de 156 personas han perdido la vida en intervenciones y alegados enfrentamientos con la Policía Nacional en lo que va de 2026. La cifra, registrada hasta el 21 de agosto, representa un promedio de casi cinco decesos por semana en el territorio nacional.

De acuerdo con los informes oficiales de criminalidad, los datos actuales muestran un leve descenso de 13 casos en comparación con el mismo lapso de 2025, cuando se contabilizaron 169 fallecidos bajo la categoría de "Acción legal".

Comportamiento mensual y cambios en las estadísticas

El comportamiento de los fallecimientos mostró su pico más crítico a mediados del año. Mayo encabezó las estadísticas con 35 muertes, seguido por abril con 25 y junio con 24. Previamente, enero reportó 19 casos; febrero, 17; y marzo, 21. En julio la cifra oficial descendió a ocho casos.

Sin embargo, analistas e informes advierten que las cifras de julio deben interpretarse con reserva debido a una modificación en la metodología de presentación del informe de criminalidad, donde las "Acciones legales" fueron consolidadas junto a los expedientes en proceso de investigación, dificultando la segregación exacta de las muertes en operativos.

Primeros operativos bajo la nueva jefatura

La recolección estadística coincide con la reciente transición en la comandancia de la institución. Tras la juramentación el pasado 17 de agosto del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García en reemplazo de Modesto Cruz Cruz, se han reportado al menos dos muertes en operativos de seguridad.

Uno de los hechos aconteció en Jánico, provincia Santiago, donde resultó abatido Yoel Antonio Rodríguez Rodríguez, de 29 años, quien era buscado por las autoridades tras el homicidio de Lleny Altagracia Rodríguez. Según el reporte oficial, el sospechoso intentó agredir a la patrulla con un arma blanca antes de ser impactado por disparos de reglamento.

El segundo caso corresponde a Nathanael Elena Matos, quien falleció en el hospital Darío Contreras tras ser herido por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santo Domingo Este. Matos, sobre quien pesaba una orden de arresto, portaba una pistola calibre 9 milímetros en el lugar del enfrentamiento junto a una motocicleta sustraída.

Diario Azua / 2 de septiembre 2026

Educación policial en la mira: inspeccionan infraestructuras y planes de estudio de la Escuela de Cadetes

Las autoridades académicas del IPES buscan garantizar estándares de calidad en la preparación de las nuevas promociones policiales.

Con el objetivo de verificar la calidad operativa del programa de formación para oficiales, el rectorado del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) encabezó una jornada de supervisión académica e infraestructura en la principal Escuela para Cadetes del país.

La iniciativa busca adaptar los métodos de enseñanza e instalaciones a las exigencias operativas actuales. Durante la inspección, las autoridades académicas constataron las condiciones de los recintos pedagógicos e identificaron áreas clave para elevar el nivel técnico y normativo de los futuros oficiales.

En el marco de la visita, el general Juan Hilario Guzmán Badía dirigió un mensaje a los alumnos enfocado en la responsabilidad social del ejercicio policial. Destacó que el plan institucional busca graduar profesionales capacitados para poner en práctica una doctrina basada en la protección efectiva a la ciudadanía y el apego irrestricto a los derechos fundamentales.

 

Pared con las reglas que cumplían los miembros de la fundación. (DL/JG)

Diario Azua / 1 de septiembre 2026

El Ministerio Público de San Cristóbal solicitó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Ángel Gabriel Capellán, alias "El Pastor", y de Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, por su presunta implicación en una red de maltrato físico, psicológico y trabajo forzado en perjuicio de 13 menores de edad en el municipio de Bajos de Haina.

La investigación procesal inició a raíz de la fuga de uno de los menores alojados en la "Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive)". Tras lograr escapar, la víctima acudió a un destacamento policial para denunciar los abusos a los que eran sometidos los niños y adolescentes en la entidad. Los exámenes médico-legales practicados al denunciante determinaron la presencia de múltiples traumatismos en diversas partes del cuerpo, así como quemaduras de segundo grado en las manos.

Asimismo, las evaluaciones psicológicas y forenses constataron que los menores no asistían a centros educativos formales y eran obligados a realizar labores de construcción y carpintería bajo severas agresiones físicas.

Durante los operativos nocturnos realizados de manera conjunta por la Fiscalía de San Cristóbal, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Policía Nacional en los sectores La Pared y El Carril, se procedió al rescate de menores con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años. En el lugar, los peritos incautaron armas blancas, documentos de identidad de terceros y objetos personales de las víctimas.

El expediente del órgano acusador establece además que Muñoz Rodríguez intentó ocultar a varios de los menores trasladándolos a una vivienda particular tras el arresto de Capellán. De igual forma, las autoridades confirmaron que el recinto operaba al margen de la ley, sin la debida certificación ni autorización legal para funcionar como centro de acogida o para la captación de donaciones y fondos de terceros.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción en contra de ambos imputados quedó fijada para este jueves 3 de septiembre ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal.

Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, agresor de Nayeli quien permanece bajo custodia policial. (Fuente Policia Nacional)

Diario Azua /30 de agosto 2026

Nayely Capellán sobrevivió milagrosamente a un intento de feminicidio a manos de su expareja en La Vega. Su familia exige justicia y alerta sobre la vulnerabilidad de las víctimas pese a denunciar el maltrato a tiempo.

LA VEGA.– Una agresión que casi le cuesta la vida a Nayely Altagracia Capellán ha puesto en evidencia una falla en los protocolos de protección a víctimas de violencia de género. La joven sobrevivió a un ataque de 26 estocadas propinado por su expareja, a pesar de que desde 2023 pesaba sobre el agresor una orden de alejamiento que nunca se ejecutó.

Rosa María Capellán, madre de la víctima, denunció que la violencia física y verbal era recurrente. "En el 2023 fuimos a la Fiscalía y le pusimos una orden de alejamiento. La llevamos al destacamento, pero nunca salieron a buscarlo. Nunca fue apresado", lamentó.

 El hecho ocurrió en el sector Las Cabuyas, cuando Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, acudió de madrugada a la vivienda de la víctima con el pretexto de entregar dinero para la manutención de sus hijas. Tras lograr que le abrieran la puerta, la agarró por el cabello y la atacó con un cuchillo.

El intento de feminicidio ocurrió en presencia de las tres hijas de la pareja, de 10, 7 y 4 años. La mayor de las niñas logró salir a la calle para pedir ayuda a los vecinos. Debido al impacto traumático del suceso, las autoridades trasladaron a las menores a una casa de acogida para someterlas a terapia psicológica urgente.

"Que una persona reciba 26 estocadas y quede viva es un milagro de Dios; él quería matarla", afirmó la madre de la agredida.Caraballo Cárdenas se entregó posteriormente en el destacamento policial de Las Cabuyas, admitiendo haber dejado gravemente herida a su expareja. Durante las investigaciones, las autoridades incautaron dos cuchillos, uno de los cuales presentaba manchas hemáticas. El detenido se encuentra a la espera de que se le conozca medida de coerción por tentativa de feminicidio.

A pesar de que Nayely recibió el alta médica y se recupera en su hogar, la familia expresó su constante temor a que el agresor pueda recuperar la libertad y consumar el ataque. Rosa María Capellán hizo un llamado a la justicia para que el caso no quede impune y exhortó a las parejas en conflicto a asumir la separación sin acudir a la violencia.

Fotografía de archivo del mayor general Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional. (FOTO CEDIDA POR LA PN.)

 

Diario Azua / 28 de agosto 2026

SANTO DOMINGO — El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso una serie de cambios y rotaciones en los mandos operativos, investigativos y administrativos del cuerpo del orden a nivel nacional.

Las nuevas designaciones, concretadas entre el 26 y el 27 de agosto, abordan áreas clave como la Policía Cibernética, Investigaciones de Alta Tecnología, Asuntos Internos, la Policía de Turismo y diversas jefaturas territoriales.

Entre los movimientos de oficiales superiores destacan:

Comandancias territoriales: El coronel Zauris Belliard Vargas asume el Departamento Operativo I en Villa Mella (Santo Domingo Norte); el coronel Luis Nazario Ferreras Herasme pasa a Las Terrenas; el coronel Silvano Ubri Rosario a Samaná; y el coronel Alberto Antonio Coronado Pineda al departamento operativo de Nagua.

Ciberseguridad y tecnología: El coronel Julio C. Cordero Pérez fue nombrado subdirector de la Policía Cibernética, mientras que el coronel José D. Cohen Gómez dirigirá los Laboratorios de Informática Forense y Ciberpatrullaje. A su vez, el teniente coronel Ramón Sánchez Balbuena estará al frente de las Investigaciones de Alta Tecnología.

Supervisión interna y regional: Se realizaron asignaciones estratégicas en el área de Investigaciones de Asuntos Internos en zonas como Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal y la Policía de Turismo, encomendadas a oficiales como el coronel Roger A. Reynoso Vargas y los tenientes coroneles Leonardo Alberto Pérez y Wilgton Ramírez Galva, entre otros.

Asimismo, la jefatura policial concretó rotaciones en supervisiones zonales y patrullaje en municipios como Cabrera, Sánchez, Río San Juan y Higüey, sumado a cambios en la Dirección Central de Sanidad Policial.

De acuerdo con la institución, estas medidas tienen como propósito dinamizar la respuesta policial, optimizar la prevención del delito en las provincias y consolidar la capacidad investigativa tecnológica del organismo.

Sesión del Senado del 26 de agosto del 2026 en la que se aprobó que la reforma policial se estudie en una comisión especial. (CEDIDA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA)

Diario Azua / 28 de agosto 2026

El debate alrededor de la reforma policial vuelve a estancarse en el Congreso Nacional debido a la falta de unificación en los trabajos de ambas cámaras. Tras haber perimido en la legislatura pasada, la propuesta enfrenta ahora una duplicidad de procesos: tanto el Senado como la Cámara de Diputados abrieron investigaciones legislativas de forma paralela y sin coordinación.

La disconformidad en el método de trabajo marca el ritmo del proceso:

Estrategia en la Cámara Baja: Los diputados decidieron remitir la pieza a la Comisión Permanente de Interior y Policía, órgano especializado en materias de seguridad y orden público.

Estrategia en la Cámara Alta: El Senado optó por asignar el análisis a una comisión especial de carácter transitorio, creada exclusivamente para este fin.

Aunque el reglamento del Congreso contempla la figura de las comisiones bicamerales para unificar esfuerzos e impedir diferencias normativas en leyes de alto impacto, ambas cámaras prefirieron trazar rutas independientes.

Esta disparidad metodológica incrementa la posibilidad de que cada ala del Poder Legislativo apruebe un texto con modificaciones distintas. De ocurrir este escenario, la ley quedaría atrapada en un ciclo de enmiendas cruzadas que retrasaría indefinidamente su promulgación final.

Ante este contexto, el diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía, sostuvo que la Cámara de Diputados debería tener la prioridad en la revisión, argumentando que allí se quedó el expediente anterior y que sobre esa misma base se aplicarán las nuevas modificaciones.