Diario Azua / 3 de agosto 2026

NUEVA YORK. — Las autoridades judiciales del condado de Queens desmantelaron una presunta red internacional de robo y recepción de bienes ilícitos dirigida por dos mujeres de origen dominicano, acusadas de coordinar hurtos en cadenas comerciales de Nueva York para luego revender la mercancía en el mercado local e importarla hacia la República Dominicana.

Las imputadas fueron identificadas por la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, como María "Glenny" Betances, de 47 años, y su hija, Lesli Cruz, de 24. Un elemento agravante en el expediente señala que Betances operaba una guardería infantil en su residencia de Valley Stream mientras realizaba las transacciones de los productos sustraídos.

Modus operandi y mercado clandestino

De acuerdo con las investigaciones realizadas junto a la Policía Estatal de Nueva York y el Departamento de Seguridad Nacional, las acusadas dirigían a un grupo de ladrones para sustraer artículos de alta demanda —como cosméticos de lujo, prendas de vestir y productos de cuidado personal— en tiendas departamentales de Queens, Staten Island, Nassau, Westchester y Rockland.

Las autoridades detallaron el esquema operativo de la banda:

Encargos específicos: Solicitaban mercancía de marcas exclusivas como Dior, Chanel, Gucci y marcas de ropa juvenil.

Comisión de compra: Adquirían lo robado pagando entre un 17 % y un 37 % de su valor comercial en el mercado regular.

Canales de distribución: La mercancía se promocionaba en redes sociales para venta local en Nueva York y se embarcaba en tanques de carga hacia territorio dominicano.

Incautación de evidencias y proceso judicial

Tras una investigación que incluyó transacciones con agentes encubiertos e inspecciones aduaneras por parte de la CBP, las autoridades ejecutaron órdenes de registro donde confiscaron más de 5,000 artículos robados, valorados en unos 159,602 dólares, junto a 30,000 dólares en efectivo y herramientas especializadas para desacoplar alarmas de seguridad.

Ambas procesadas enfrentan cargos por posesión criminal de bienes robados, hurto mayor, conspiración y poner en peligro el bienestar de un menor. De ser halladas culpables por el tribunal, podrían cumplir condenas de entre 5 y 15 años de prisión.

Diario Azua / 3 de agosto 2026

La Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, realizó el primer conversatorio “Segundos que Salvan Vidas: respuesta policial ante la trata y tráfico de personas, desapariciones y el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD)”, una jornada de capacitación dirigida a miembros policiales, con el propósito de fortalecer sus capacidades de investigación y respuesta frente a estos delitos.

Esta importante actividad, realizada en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), reunió a estudiantes policiales de grado y posgrado de la especialidad en Gerencia Policial, Seguridad Ciudadana y de la maestría en Dirección Estratégica y Seguridad Ciudadana, contando también con la presencia de 12 cadetes de cuarto año.

Dicho conversatorio contó con la destacada participación de especialistas nacionales e internacionales, representantes de la Procuraduría General de la República, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD) y la Policía Nacional.

Fungieron como expositores la magistrada Johana Bejarán, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT); la coronel Francia Hernández, encargada del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la DICRIM; Lissette Reyes, oficial de proyectos de UNODC; el magistrado Miguel Ramos y el teniente coronel Robinsson Ovalle, responsables de las unidades especializadas en desapariciones; así como Indiana Castillo y la capitán Alenny Rivas, representantes del Sistema Nacional de Alertas y de la Policía Nacional.

Como representantes del IPES estuvieron presentes la vicerrectora académica, coronel Aida María Valdez Liranzo, quien en representación del rector general, general Juan Hilario Guzmán Badía, ofreció las palabras de bienvenida; la vicerrectora de Investigación, Extensión y Posgrado, asimilada militar Fanny Torres Rosario; y el director de la Escuela de Altos Estudios Policiales, coronel Erogue Rosario Fortuna.

El conversatorio resaltó la importancia de las primeras horas de una investigación, consideradas decisivas para proteger a las víctimas y evitar la pérdida de información clave para su localización.

En ese sentido, los participantes fortalecieron sus competencias para actuar con rapidez y eficacia en casos de desapariciones, trata y tráfico de personas, promoviendo una respuesta policial coordinada y ajustada al marco legal vigente.

Durante el encuentro se analizaron las diferencias entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, las modalidades de explotación, los métodos utilizados por las organizaciones criminales y los principales desafíos que enfrentan las investigaciones policiales y judiciales.

Uno de los temas centrales fue la aplicación de la Ley No. 25-26, que creó el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD), mediante el cual se fortalecen los mecanismos de búsqueda urgente de personas desaparecidas, incluyendo la Alerta AmberRD, la Alerta Rosa y el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU).

Las exposiciones también abordaron el papel del primer respondiente, la recepción de denuncias, la valoración del riesgo, la preservación de evidencias y la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para mejorar la investigación criminal y la localización de personas desaparecidas.

La moderación estuvo a cargo de la magistrada Danissa Cruz, procuradora general de corte y directora del Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Reinserción de Repatriados de la Procuraduría General de la República, quien representó a la procuradora general, magistrada Yeni Berenice Reynoso, ante la Comisión Interinstitucional del Sistema Nacional de Alertas.

Durante el conversatorio, los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos, formular preguntas y compartir experiencias relacionadas con los procedimientos de actuación ante casos de desapariciones, trata y tráfico de personas, fortaleciendo el aprendizaje colectivo entre los asistentes.

La jornada concluyó con la presentación de conclusiones institucionales y la entrega de reconocimientos a los participantes, además de la distribución de una guía práctica con las líneas de denuncia y los mecanismos de activación del Sistema Nacional de Alertas, como herramienta de consulta para la futura labor policial.

Con este evento, la Policía Nacional, a través del IPES, reafirma su compromiso institucional con la protección de los derechos humanos, la prevención del crimen organizado y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para ofrecer una respuesta más rápida y efectiva ante casos de desaparición y trata de personas.

El director de la Policía Andrés Cruz Cruz junto a la ministra Faride Raful. (J/B Fuente Externa)

Diario Azua / 3 de agosto 2026

SANTO DOMINGO.— El rol de la máxima autoridad de la Policía Nacional dominicana ha experimentado una profunda transformación comunicacional en los últimos años. Lo que históricamente fue una figura de constante exposición mediática y respuesta directa ante los hechos de sangre u operativos policiales, ha pasado a convertirse en una presencia discreta, supeditada al protagonismo del Ministerio de Interior y Policía.

Esta transición en la estrategia de vocería pública comenzó a gestarse desde el año 2021 y se ha consolidado a lo largo de varias gestiones al frente del cuerpo del orden.

El peso de los tropiezos mediáticos

Los desaciertos y polémicas en las declaraciones de antiguos titulares marcaron el paulatino repliegue de los altos mandos policiales frente a las cámaras:

Edward Sánchez González (2021): Inició con alta exposición que fue disminuyendo tras diversos cuestionamientos públicos.

Eduardo Alberto Then (2021): Redujo drásticamente su contacto con la prensa luego del rechazo social generado por sus controvertidos comentarios sobre el reclutamiento de agentes.

Ramón Antonio Guzmán Peralta (2023): Mantuvo un perfil bajo en los encuentros con los medios, cediendo el espacio de respuesta al Poder Ejecutivo y a la titularidad de Interior y Policía.

Centralización del discurso y nuevo esquema

Con la llegada de Faride Raful al Ministerio de Interior y Policía, la vocería en materia de seguridad ciudadana quedó formalmente concentrada en el ámbito ministerial, mientras que los detalles técnicos e investigativos del día a día son manejados casi en exclusiva por la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la institución, a cargo del coronel Diego Pesqueira.

Esta dinámica se mantiene con el actual director policial, Andrés Modesto Cruz Cruz, nombrado a inicios de este año, a quien se le observa en un plano secundario durante las habituales evaluaciones semanales de seguridad.

Si bien este esquema busca unificar el discurso oficial, diversos sectores de la prensa señalan que la falta de declaraciones directas del mando policial dificulta obtener respuestas inmediatas sobre actuaciones operativas y decisiones internas que competen estrictamente a la jefatura de la uniformada.

Se espera que esta semana la pieza sea conocida por el Senado antes de que finalice la actual legislatura. (Fuente Externa)

Diario Azua / 21 de julio 2026

SANTO DOMINGO. — Con la cuenta regresiva para su prevista entrada en vigencia en agosto, la reforma de la Ley 74-25 que modifica el Código Penal dominicano avanza en su trámite legislativo. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados con más de una veintena de enmiendas técnicas y de fondo, la iniciativa pasa al Senado para su revisión final antes de completar el ciclo parlamentario.

Las modificaciones introducidas buscan reajustar penas, precisar tipificaciones en delitos digitales y establecer nuevas excepciones en materia de libertad de expresión y responsabilidad societaria.

Principales ajustes aprobados por la Cámara Baja

Entre el centenar de propuestas evaluadas por las comisiones de trabajo, destacan modificaciones sustanciales en varios pilares del código:

Libertad de prensa y opinión (Arts. 123, 208 y 211): Se fijan protecciones explícitas para el trabajo periodístico y la fiscalización ciudadana. No se considerará difamación ni ciberacoso la divulgación de investigaciones o críticas sobre función pública, políticas estatales o corrupción, siempre que estén respaldadas en hechos verificables. Además, la pena por difamación general se reduce a un rango de 1 a 2 años de prisión menor.

Responsabilidad de las empresas (Arts. 8 y 11): Se exime de sanción penal a las personas jurídicas que demuestren haber aplicado planes de prevención y cumplimiento (compliance) previos al delito. No obstante, la responsabilidad se extenderá a matrices o corporaciones de control si se prueba directriz o negligencia grave.

Corrupción y malversación (Art. 303): Se elevan las sanciones contra la malversación de fondos públicos, pasando de un tope de 3 años a penas de 5 a 10 años de prisión mayor.

Delitos sexuales y violencia intrafamiliar: Se amplía a 30 años la prescripción de delitos sexuales en víctimas menores o vulnerables (contados a partir de su mayoría de edad). En violencia intrafamiliar, se aclara formalmente que la disciplina parental dentro de la patria potestad no constituye infracción, en tanto respete el interés superior del menor.

Tipificaciones sobre entorno digital y privado

La pieza también adecúa figuras penales vinculadas a las tecnologías y el acoso:

Ciberacoso y difusión íntima: Se sanciona la creación y publicación no consentida de material íntimo o manipulado (incluyendo deepfakes).

Definición de hostigamiento: Sustituye la terminología extranjera (bullying) por conductas precisas como aislamiento, humillación o burlas sistemáticas en entornos laborales o educativos. Si el acoso derivase en el suicidio de una víctima vulnerable, la pena ascenderá hasta los 10 años de cárcel.

Una embarcación tipo yola, usada para viajes ilegales a Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 21 de julio 2026

SAN JUAN. — Las autoridades de Puerto Rico intervinieron este lunes en un operativo marítimo en el suroeste de la isla que culminó con la detención de al menos diez migrantes indocumentados, quienes formaban parte de un grupo mayor estimado en unas 50 personas que intentaban ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense.

El suceso se desencadenó durante la madrugada, cuando una alerta canalizada a través de la Unidad Marítima de Añasco movilizó a los efectivos de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) tras detectarse una embarcación sospechosa navegando a unas ocho millas náuticas de la costa de Cabo Rojo.

Intervención y desembarco en Joyuda

Tras el aviso inicial, unidades patrulleras de la Policía de Puerto Rico iniciaron el rastreo de la nave en aguas territoriales. A pesar de los esfuerzos por interceptarla en el mar, la embarcación logró aproximarse a la orilla y atracar en el sector costero de Joyuda.

Balance preliminar: 10 personas bajo custodia policial.

Ubicación del hallazgo: Sector Joyuda, Cabo Rojo.

Unidades intervinientes: FURA y Unidad Marítima de Añasco.

Los agentes lograron poner bajo custodia a una decena de los ocupantes en el punto de desembarco, mientras se mantienen las investigaciones para dar con el paradero del resto de los tripulantes que habrían logrado dispersarse tras tocar tierra. La Policía local adelantó que ampliará la información del operativo en las próximas horas.

Diario Azua / 19 de julio 2026

Santo Domingo Norte. – Una trágica mañana de domingo conmocionó a los residentes del paraje El Jobo, en la carretera Hacienda Estrella. Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo una persona fallecida y calcinada en el interior de un vehículo, mientras que otras dos resultaron con heridas de gravedad extrema.

El siniestro se produjo cuando el conductor de un automóvil Kia, color blanco, perdió el control del volante, estrellándose de forma violenta. A raíz del fuerte impacto, el vehículo fue arropado rápidamente por las llamas. Uno de los ocupantes, quien viajaba en el asiento delantero del copiloto, quedó atrapado en la estructura del carro sin posibilidad de escapar antes de que el fuego consumiera el automóvil.

Detalles del siniestro y asistencia de emergencia:

Respuesta de los bomberos: Unidades del Cuerpo de Bomberos de Hacienda Estrella acudieron de inmediato a sofocar el incendio, pero la rapidez y magnitud de las llamas impidieron el rescate de la víctima atrapada.

Traslado de sobrevivientes: Los dos sobrevivientes fueron rescatados en estado delicado por personal de emergencias y trasladados de urgencia a un centro de salud cercano.

Identidad bajo investigación: Las autoridades correspondientes y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) investigan las causas del choque; la identidad de las víctimas aún no ha sido revelada.

Rosa Marte, Desaparecidos RD, Azua, Villa Riva, Policía Nacional, Diego Pesqueira, Inacif, Mariely Figuereo Ramírez, Sucesos República Dominicana (Fuente Externa)

Diario Azua / 19 de julio 2026

El cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa. Por el hecho, la Policía Nacional detuvo a la pareja de un hijo de la víctima.

Tras nueve días de intensa búsqueda, agentes de la Policía Nacional localizaron el cuerpo sin vida de la señora Rosa Marte (Rosita), de 60 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de julio en el distrito municipal de Barraquito, municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

El hallazgo se produjo alrededor de las 2:00 de la tarde de este sábado en una zona boscosa de la comunidad Las Guanábanas, perteneciente al municipio de Azua. Debido al tiempo transcurrido, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Una familiar detenida como principal sospechosa

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las pesquisas preliminares condujeron al arresto de Mariely Figuereo Ramírez, de 36 años. La detenida es la compañera sentimental de un hijo de la fallecida y es señalada por las autoridades como la presunta autora material del hecho.

La captura y el hallazgo del cuerpo fueron el resultado de un amplio despliegue a cargo del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con el Ministerio Público.

Más de 100 diligencias de investigación

Para esclarecer la desaparición de "Rosita", las autoridades ejecutaron un riguroso proceso técnico que incluyó:

El levantamiento y análisis detallado de cámaras de videovigilancia.

Entrevistas y toma de declaraciones a múltiples testigos.

Más de 100 diligencias de campo y rastreo tecnológico.

Técnicos de la Policía Científica y peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se encargaron de procesar la escena y trasladar los restos para realizar los estudios correspondientes que determinen, de manera científica, la causa exacta de la muerte.

La imputada será presentada ante el Ministerio Público en las próximas horas para el conocimiento de la medida de coerción, mientras los cuerpos investigativos mantienen el caso abierto para determinar si hubo más implicados.

La psiquiatra forense Nubia Lluberes, durante su participacion en el Euro Summit 2026. (Fuente Externa)

Diario Azua / 19 de julio 2026.-

La psiquiatra forense Nubia Lluberes advierte que las prisiones dominicanas están absorbiendo a pacientes sin tratamiento y plantea un sistema coordinado entre la justicia y la salud pública.

El sistema penitenciario de la República Dominicana enfrenta una crisis silenciosa que va más allá del hacinamiento. El 80% de la población privada de libertad en el país presenta algún problema de salud mental, una cifra alarmante que contrasta drásticamente con el 20% estimado en la población general.

Esta realidad fue expuesta por la destacada psiquiatra forense Nubia Lluberes durante su conferencia "Justicia sin salud mental no es justicia: el modelo SIM como marco de transformación", dictada en el marco del Euro Summit 2026. Según la especialista, este fenómeno no ocurre porque las personas con trastornos mentales cometan más delitos, sino porque el sistema penal termina absorbiendo a ciudadanos que nunca recibieron un tratamiento médico oportuno.

Cárceles en lugar de hospitales

Lluberes, quien cuenta con una amplia experiencia en el sistema penitenciario de Texas (EE. UU.), explicó que una gran cantidad de internos ingresa a las cárceles sin un diagnóstico previo. Una vez dentro, la falta de acceso a especialistas agrava severamente sus patologías.

"¿Qué sucede cuando una persona con una enfermedad mental comete una infracción debido a su condición? Esa es la pregunta que debemos responder como sociedad", planteó la experta, criticando que el Estado responda únicamente con el encarcelamiento en lugar de ofrecer atención médica.

Esta desconexión institucional, advirtió, puede desencadenar consecuencias fatales dentro de los recintos, incluyendo suicidios, crisis graves o el uso innecesario de la fuerza por parte de los custodios.

¿Qué es el Modelo SIM y cómo se aplicaría en RD?

Como una solución viable para el contexto dominicano, la especialista propuso la implementación del Modelo de Interceptación Secuencial (SIM). Esta herramienta, desarrollada originalmente en Estados Unidos, funciona como una red de prevención dividida en seis momentos clave:

Coordinación temprana: Integra el trabajo de la Policía, los servicios comunitarios y los hospitales de emergencia.

Desvío estratégico: Permite identificar a las personas en crisis antes de que sean procesadas formalmente en los tribunales o enviadas a prisión.

Reinserción segura: Garantiza que los internos que cumplen condena sigan vinculados a tratamientos psiquiátricos al recuperar su libertad.

Para adaptar con éxito el modelo SIM en la República Dominicana, Lluberes señaló que es urgente fortalecer la red comunitaria de salud mental, capacitar a los agentes policiales y optimizar los canales de comunicación entre los hospitales, los jueces y la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

 Familiares de una de las víctimas durante el sepelio. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 18 de julio 2026

Clamor social se intensifica en San Cristóbal y Santo Domingo Este ante la falta de respuestas de las autoridades.

Santo Domingo.– La tensión social vuelve a desbordarse en las calles de la República Dominicana. Apenas dos semanas después del deceso del joven Darlyn Mercado, la indignación colectiva ha cobrado un nuevo impulso. Familiares y comunitarios de San Cristóbal y Santo Domingo Este se movilizaron masivamente para exigir el esclarecimiento de las muertes de Miguel Antonio Lucas Paredes y Rawel Sierra, eventos en los que se señala de manera directa el accionar de agentes de la Policía Nacional.

Tensión en San Cristóbal: Un féretro ante el destacamento

En un acto de profunda impotencia, allegados a Miguel Antonio Lucas Paredes trasladaron su féretro hasta las afueras de la dotación policial de San Cristóbal. Según los testimonios de sus familiares, Lucas Paredes fue arrestado sin orden judicial por un capitán de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), bajo la sospecha de estar vinculado a la venta ilegal de lotería.

El ciudadano permaneció bajo custodia varios días, período en el cual denunció haber sido golpeado y manifestado quebrantos de salud sin recibir la debida atención médica. Tras ser entregado a sus parientes en un estado sumamente delicado, fue ingresado en el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde finalmente falleció.

Por su parte, el vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, declaró que la institución se encuentra a la expectativa de los resultados de la autopsia. La versión preliminar de la Policía sostiene que el hombre fue detenido en flagrante delito, despachado posteriormente y que su complicación médica se originó tras abandonar la dotación.

Exigencia de respuestas en Santo Domingo Este

De manera simultánea, la Fiscalía de Santo Domingo Este fue el escenario de otra manifestación. Con pancartas que rezaban "Policía no me mate", los allegados de Rawel Sierra, un joven de 18 años con autismo, exigieron que se identifique y procese al agente responsable de su muerte.

Sierra perdió la vida hace casi un mes tras recibir un impacto de bala en la cabeza mientras salía a comprar comida, en el marco de una protesta por apagones en el sector Brisas del Este. Los familiares denunciaron el preocupante silencio de las autoridades, quienes aún no han presentado avances significativos en la investigación.

 Familiares del fallecido (Fuente Externa)

Diario Azua / 18 de julio 2026

La indignación y el dolor embargan a los residentes de San Cristóbal tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Antonio Lucas Valenzuela, de 44 años. El deceso ocurrió en el Hospital Regional Juan Pablo Pina poco después de haber sido liberado de un destacamento local, un hecho que ha desatado fuertes cuestionamientos hacia el cuerpo del orden.

Lucas Valenzuela permaneció seis días bajo custodia policial antes de presentar las complicaciones de salud que terminaron con su vida. Aunque las circunstancias exactas que provocaron su muerte aún no han sido esclarecidas, el caso ha vuelto a encender las alarmas sobre el proceder, los protocolos de retención y el respeto a los derechos humanos por parte de los agentes de la Policía Nacional.

Un caso bajo investigación y reclamos de justicia

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial que explique el estado en el que el ciudadano salió del recinto policial ni las causas médicas directas de su fallecimiento.

Por su parte, familiares y allegados de la víctima exigen una investigación profunda y transparente. Este suceso se suma a una lista de casos precedentes que ponen bajo la lupa los métodos de los uniformados durante las detenciones en los cuarteles del país.

El cuerpo médico del Hospital Juan Pablo Pina tampoco ha emitido detalles públicos sobre las condiciones en las que recibieron al paciente, mientras la comunidad de San Cristóbal espera respuestas contundentes que aclaren el misterio que rodea esta tragedia.

Miembros de la Policía Nacional en formación frente a la sede de la institución. (Fuente Externa)

Diario Azua /10 de julio 2026

Santo Domingo – En un giro radical para frenar los excesos de autoridad, el Senado de la República aprobó este viernes, en segunda lectura, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La iniciativa, que contó con el respaldo unánime de 29 votos a favor, busca golpear directamente el bolsillo y el crecimiento profesional de los uniformados que incurran en conductas abusivas, faltas éticas o uso desproporcionado de la fuerza.

Tras siete meses de intensos debates en una comisión especial, la pieza legislativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación definitiva.

El bolsillo: el nuevo régimen de castigos económicos

De convertirse en ley, la reforma transformará el régimen de consecuencias internas de la institución civil armada. El abuso de poder ya no se limitará a sanciones administrativas o traslados, sino que impactará de manera escalonada el salario de los agentes según la gravedad de sus actos:

Faltas leves: Provocarán retenciones de entre 5 y 15 días de salario básico.

Faltas graves: Conllevarán multas directas de 15 a 60 días de sueldo.

Faltas muy graves: Se penalizarán con suspensiones sin disfrute de sueldo de 61 a 120 días.

El proyecto también estipula que los policías bajo investigación por maltrato físico o abusos graves perderán de inmediato los "especialismos" (bonificaciones y compensaciones adicionales), percibiendo únicamente el salario base. Como medida de protección familiar, estos descuentos nunca podrán exceder el 50% del salario neto del agente.

Un freno en seco a las promociones por "amiguismo"

La reforma aprobada por los senadores establece que el historial disciplinario será el único filtro real para escalar en la estructura policial. El artículo 72 de la propuesta bloquea de forma automática los ascensos bajo las siguientes condiciones:

Haber sido sancionado por faltas graves o muy graves durante el último año.

Acumular tres sanciones por faltas leves en un período de dos años (lo que activa un veto automático de un año para cualquier promoción).

Tolerancia cero a la discriminación y el perfilamiento racial

El texto redefine de forma estricta las conductas inaceptables. Acciones como causar daño intencional por exceso de coacción, aplicar tratos degradantes o inhumanos a ciudadanos bajo custodia, y realizar arrestos o registros motivados por estereotipos de raza, apariencia física o identidad de género, serán catalogadas como "faltas muy graves de primer grado", cuya única salida será la destitución inmediata del cuerpo del orden

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en un recorrido en Santiago de los Caballeros este lunes 6 de julio. (D/L/Fuente Externa)

Diario Azua / 6 de julio 2026

SANTIAGO. – Durante un recorrido político por la Ciudad Corazón, el senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, lanzó una dura crítica al proceso de transformación de la Policía Nacional. El legislador aseguró que, a varios años del inicio de la reforma policial, los avances tangibles para la seguridad ciudadana han sido "pocos o nulos".

Las contundentes declaraciones del congresista se produjeron tras la reciente muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, quien perdió la vida en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, en medio de una polémica intervención de agentes de la uniformada.

Una reforma cuestionada y el reclamo de justicia

Para Fernández, el trágico suceso en Herrera desnuda las debilidades del cuerpo del orden y obliga a cuestionar el rol real del Estado en la protección de los ciudadanos.

Exigencia de justicia: El senador exigió que se esclarezca el caso y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la muerte del adolescente.

Solidaridad familiar: Expresó sus condolencias a los parientes de Mercado Reyes y demandó transformaciones verdaderas y profundas en la doctrina policial.

Balance crítico: Enfatizó que tras seis años de promesas gubernamentales sobre la reforma, los ciudadanos siguen desprotegidos ante la brutalidad y la ineficiencia.

"Es evidente que seis años después los resultados (de la reforma) han sido pocos o nulos", sentenció el dirigente político.

El costo de la vida y el aumento del pasaje en Santiago

Además de la crisis de seguridad, Omar Fernández aprovechó su encuentro con diversos sectores santiagueros para fijar posición sobre el reciente incremento en la tarifa del transporte urbano de la provincia, un golpe directo al bolsillo de los usuarios.

El legislador atribuyó este aumento a las malas decisiones económicas del Gobierno central, criticando que se privilegie el endeudamiento y la subida de impuestos para financiar gastos corrientes en lugar de priorizar inversiones de capital.

"Estamos ante un sistema que está roto y que merece una transformación urgente", apuntó.

A pesar del panorama adverso en lo económico y social, el senador destacó el optimismo y la actitud positiva de los residentes de Santiago, concluyendo que la resiliencia de la población le da esperanza sobre el futuro del país.

Darlin Mercado Reyes, el joven de 19 años, ultimado por un agente de la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 6 de julio 2026

Santo Domingo Oeste.– El trágico asesinato de Darlin Mercado Reyes, un joven de 19 años descrito por su comunidad como "intachable", ha desatado una ola de indignación y protestas en Santo Domingo Oeste. El suceso, perpetrado a quemarropa por un cabo de la Policía Nacional, ha vuelto a poner bajo la lupa la conducta de los agentes del orden y el estado de la reforma policial en el país.

Lo que inició el pasado viernes como la retención de una motocicleta en el sector La Cañada de Guajimía, terminó en tragedia. Un video difundido en redes sociales confirmó que no existió persecución ni forcejeo; el joven simplemente se acercó a la patrulla para explicar que el vehículo era suyo cuando, sin mediar palabras, recibió un disparo mortal en el tórax.

Un sepelio convertido en clamor de justicia

El entierro de Mercado Reyes en el cementerio Cristo Redentor se transformó en una multitudinaria manifestación. Vecinos, jóvenes y antiguos profesores acompañaron el féretro exigiendo que todo el peso de la ley caiga no solo sobre el cabo José Francisco Moreta Heredia (señalado como el autor del disparo), sino también sobre el resto de la patrulla por abandonar al adolescente mientras agonizaba.

La indignación colectiva ha hecho eco en denuncias alarmantes de los residentes de Herrera. Dirigentes comunitarios expresaron sentir más temor que respeto hacia los uniformados, llegando a afirmar de manera tajante que en muchas ocasiones "los policías actúan como los mismos delincuentes". Con el caso de Darlin, la cifra de decesos a manos de la uniformada asciende a 147 en lo que va de año.

Ola de repudio desde el liderazgo político

El impacto social del crimen obligó a pronunciamientos desde los niveles más altos del Estado:

Luis Abinader: El presidente de la República calificó públicamente al cabo responsable como "un animal" y exigió una actuación firme de la justicia.

Faride Raful: La ministra de Interior y Policía tildó el homicidio de "imperdonable".

Andrés Modesto Cruz Cruz: El director general de la Policía Nacional se reunió con el padre de la víctima, garantizando que la institución no encubrirá a los involucrados.

Leonel Fernández: El expresidente atribuyó el trágico hecho al fracaso de la reforma policial, argumentando que los agentes carecen de conocimiento sobre los límites legales de su accionar.

La atención pública se traslada ahora a los tribunales, donde este lunes el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra el cabo imputado.

Homicidio de Darlin Mercado Herrera, Protestas en Guajimia por abuso policial, Cabo Jose Francisco Moreta Heredia Ministerio Publico, Luis Abinader indignado policia animal, Faride Raful caso Darlin Mercado

Diario Azua / 5 de julio 2026

Comunitarios de Guajimía queman neumáticos y exigen que se procese a toda la patrulla. El presidente Abinader tildó de "animal" al cabo involucrado y la ministra Raful advirtió que el uniforme no será escudo de impunidad.

Santo Domingo Oeste — La trágica muerte de Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ha trascendido las fronteras del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, para convertirse en un caso de profunda consternación e indignación nacional. El homicidio del joven, ocurrido la tarde del viernes 3 de julio a manos de una patrulla de la Policía Nacional, quedó registrado en un crudo video que desmiente las versiones tradicionales y pone bajo un severo escrutinio los protocolos de la fuerza pública en intervenciones cotidianas.

El incidente, que se originó por la fiscalización rutinaria de una motocicleta que carecía de seguro de ley, escaló rápidamente debido al uso desproporcionado de la fuerza.

Un video contundente y el abandono de la escena

Las imágenes que circulan en plataformas digitales documentan con precisión la secuencia del suceso:

La discusión inicial: Se observa a los agentes sujetar al conductor de la motocicleta mientras este cuestiona: «¿Qué hice para que me lleven preso? Yo tengo todo lo mío ahí».

El disparo a quemarropa: Darlin Mercado se acerca a los uniformados de manera pacífica para reclamar por el vehículo, momento en el cual, sin mediar palabras, recibe un disparo directo. El joven cayó abatido instantáneamente sobre el pavimento.

Falta de auxilio: Tras la detonación, una parte de la patrulla abandonó el lugar de inmediato, dejando el cuerpo herido tirado en la calle ante los gritos desesperados de los vecinos, quienes clamaban por trasladarlo a un centro médico.

Vecinos y familiares describieron a Darlin como un joven sumamente tranquilo y trabajador, afirmando que no representaba ningún tipo de amenaza para los agentes actuantes.

Familiares exigen que se investigue a toda la patrulla

El presunto autor del disparo ha sido identificado como el cabo José Francisco Moreta Heredia, quien ya fue entregado formalmente al Ministerio Público. Asimismo, la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional inició una investigación disciplinaria.

Sin embargo, para los allegados de la víctima, la acción legal no debe limitarse al autor material. Noel Mercado, padre de Darlin, responsabilizó directamente a todos los integrantes del contingente policial por el delito de omisión de auxilio:

"Deberían revelar la identidad de todos porque ellos son un cuerpo. Los que andaban en ese momento, que estaban al lado de él cuando hizo el disparo, y nadie hizo ninguna acción para recoger a mi hijo, sino que se fueron y lo dejaron tirado", denunció el padre de la víctima.

La indignación provocó que los comunitarios de Herrera bloquearan vías principales y quemaran neumáticos en señal de protesta, exigiendo un expediente judicial completo que abarque la cadena de mando de la intervención.

Firme repudio desde el Poder Ejecutivo

El impacto del caso obligó a un pronunciamiento directo de las más altas esferas del Gobierno dominicano. El presidente Luis Abinader manifestó su total repulsa tras ver las imágenes del video y calificó el acto como "incalificable". El mandatario tildó de "animal" al cabo señalado y exigió que el tribunal correspondiente aplique una sanción proporcional a la gravedad del crimen para que sirva de ejemplo y castigo ejemplar en las filas del orden.

Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reafirmó que el suceso es "imperdonable" y que "ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad". En tanto, el director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, acudió de manera personal a la residencia de los deudos para expresar sus condolencias y comprometer la total colaboración de la uniformada con los peritos del Ministerio Público.

El expediente entra ahora en una etapa judicial decisiva, donde los fiscales deberán formalizar las imputaciones y determinar si el resto de los agentes involucrados enfrentarán cargos penales por complicidad o denegación de auxilio en plena vía pública.

Un grupo de presos mientras era trasladados desde La Victoria hasta Las Parras. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 5 de julio 2026

El proyecto de ley busca eliminar los registros de forma obligatoria y gratuita un mes después de extinguirse la pena, sin importar la gravedad del delito.

Santo Domingo — La Cámara de Diputados de la República Dominicana se encuentra evaluando un innovador proyecto de ley que podría transformar significativamente el proceso de reinserción social en el país. La iniciativa propone que los ciudadanos que hayan extinguido por completo sus condenas penales vean borrados sus antecedentes de manera automática un mes después del cumplimiento de la pena, eliminando la necesidad de realizar solicitudes burocráticas o trámites judiciales adicionales.

El proyecto, de la autoría del diputado Miguel Arredondo, tiene como objetivo central agilizar y democratizar el acceso a una segunda oportunidad para quienes ya saldaron sus deudas con la justicia dominicana.

Eliminación obligatoria y digitalización interinstitucional

La propuesta legislativa establece mandatos estrictos para modernizar y coordinar los archivos del Estado dominicano:

Automatización sin excepciones: La cancelación de la ficha penal será obligatoria para todas las instituciones públicas encargadas de administrar registros punitivos.

Actualización de sistemas: Los organismos oficiales deberán adecuar sus bases de datos tanto físicas como digitales para asegurar que la eliminación se ejecute de forma efectiva en un plazo de 30 días posteriores al fin de la condena.

Cruce de información: Antes de proceder con el borrado, las autoridades verificarán informáticamente que no existan condenas pendientes o procesos abiertos vinculados a la misma sentencia.

Universalidad del beneficio: Sin distinción de delitos ni cobros

Uno de los puntos más debatidos de la pieza legislativa es que no establece diferencias según la gravedad del hecho cometido. La medida se aplicaría de manera universal a todas las personas condenadas por los tribunales del país que hayan cumplido de forma íntegra tanto la pena principal como las penas accesorias amparadas en una sentencia irrevocable.

Gratuidad total: El proyecto estipula que una vez cumplido el plazo de un mes, el ciudadano beneficiado podrá obtener su certificación de no antecedentes penales de forma completamente gratuita. Este documento será válido y vinculante para fines de contratación laboral, procesos educativos, transacciones comerciales, trámites migratorios y gestiones administrativas en todo el territorio nacional.

El procedimiento se estructurará de tal manera que el beneficiario no requiera la contratación de abogados ni el pago de tasas o impuestos administrativos, y podrá ser notificado del cambio de su estatus de manera física o electrónica.

El enfoque: Priorizar la rehabilitación sobre el castigo eterno

En la exposición de motivos del documento, se argumenta que el mantenimiento prolongado de las fichas delictivas actúa como una barrera invisible que perpetúa la exclusión social, impidiendo que miles de personas accedan a empleos dignos, facilidades crediticias y programas de educación superior.

La propuesta enfatiza que el verdadero rol del sistema de justicia dominicano no debe limitarse únicamente a castigar las infracciones de la ley, sino a garantizar mecanismos reales de rehabilitación y readaptación social una vez que la sanción impuesta por los tribunales ha concluido satisfactoriamente.

Diario Azua / 4 de julio 2026

La ministra Faride Raful tildó el hecho de "imperdonable", mientras la jefatura policial visitó a los familiares del fallecido Darlin Mercado Reyes para garantizar que no habrá impunidad.

Santo Domingo — La Policía Nacional puso a disposición del Ministerio Público al cabo José Francisco Moreta Heredia, el agente implicado en la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años. El trágico suceso ocurrió la tarde del viernes 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, y ha desatado una enérgica condena tanto de las autoridades como de la sociedad civil.

Repudio institucional y puesta a disposición judicial

A través de un comunicado oficial, la institución del orden reprochó de manera categórica el accionar del alistado, enfatizando que no se tolerarán conductas que violen las leyes o los protocolos de uso de la fuerza.

El cabo Moreta Heredia permanece bajo custodia judicial para enfrentar el debido proceso legal, donde se determinará su responsabilidad penal por el hecho.

"Es imperdonable": Reacción del Ministerio de Interior y Policía

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se pronunció de manera contundente sobre el caso, solidarizándose con los deudos desde su rol de funcionaria y madre, y enviando un claro mensaje contra el abuso de poder:

"Es imperdonable un abuso policial de este nivel que hoy enluta a una familia dominicana. Ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad. El agente involucrado ha sido apresado y puesto a disposición de la justicia para que responda con todo el peso de la ley por el enorme daño causado", puntualizó la ministra Raful.

Visita de la Dirección General a los familiares de la víctima

En un intento por garantizar transparencia, el director general de la Policía Nacional se trasladó personalmente a la residencia de la familia Mercado Reyes en el sector de Herrera. Durante el encuentro, el alto mando expresó sus condolencias y reiteró el compromiso institucional de aportar todas las evidencias necesarias al Ministerio Público para asegurar el esclarecimiento total del caso.

La uniformada insistió en que esta respuesta inmediata se alinea con los pilares del actual proceso de reforma y transformación policial, el cual promueve la rendición de cuentas e impide el encubrimiento de faltas graves cometidas por sus miembros.

Ministra de Interior y Policía, Faride Raful. (FUENTE EXTERNA

Diario Azua / 4 de julio 2026

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó como "imperdonable" la muerte de un joven a manos de un agente de la Policía Nacional en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste. A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, la funcionaria garantizó que las autoridades someterán con todo el peso de la ley al responsable, asegurando que el caso no quedará impune.

Raful informó que el miembro de la institución del orden fue arrestado de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público para que responda ante la justicia por el trágico suceso que ha consternado e indignado a la sociedad dominicana.

Ministra de Interior y Policía, Faride Raful en su cuenta de X. (FUENTE EXTERNA)

Un llamado contra el abuso y la impunidad

La titular de Interior y Policía no ocultó su rechazo ante la actuación del uniformado y abordó el caso desde una perspectiva humana e institucional, solidarizándose de manera directa con los familiares de la víctima:

"Como madre, no puedo imaginar el dolor de perder un hijo de esta manera. Nada devolverá la vida de ese joven. Nos duele profundamente. Lo que sí está en nuestras manos es garantizar que este crimen tenga consecuencias y redoblar todos los esfuerzos para corregir las fallas que permitieron que ocurriera", enfatizó Raful en su cuenta de X.

El reto de recuperar la confianza ciudadana

El incidente ocurre en un momento crítico para la percepción pública del cuerpo policial, lo que llevó a la ministra a reafirmar la urgencia de profundizar las reformas internas para evitar que las personas asignadas a proteger a la población se conviertan en agresores.

Raful concluyó afirmando que el Gobierno no descansará hasta lograr que la ciudadanía recupere la plena confianza en los cuerpos de seguridad: "No podemos descansar hasta que ninguna madre sienta que tiene que temerle a quienes juraron proteger a sus hijos. Ese es un compromiso del que no vamos a apartarnos".