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viernes, 13 de septiembre de 2024



Por Abel Rojas

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 13 septiembre 2024.-

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa y el Director de la Policía Nacional, Mayor General, Ramón A. Guzmán Peralta, pasaron balance a las nuevas estrategias conjuntas y de operatividad, para perseguir, castigar y enfrentar el microtráfico de sustancias controladas en todo el territorio nacional.

Durante la reunión de trabajo y coordinación, el vicealmirante Cabrera Ulloa y el mayor general Guzmán Peralta, reafirmaron el compromiso de seguir mejorando la capacidad operativa de las fuerzas, para continuar golpeando con determinación a estas estructuras criminales que operan en barrios y provincias de todo el país.

“La Policía Nacional tiene la firme voluntad de apoyar a la DNCD en la lucha contra el microtráfico de drogas; estamos listos para seguir dando la batalla en contra de estas redes criminales” precisó el Director de la Policía, mayor general Guzmán Peralta.

De su lado el vicealmirante Cabrera Ulloa, afirmó que el apoyo de la Policía Nacional, no tiene precedentes, tras asegurar que ese respaldo ha sido determinante en esta lucha frontal que ejecuta el Gobierno para desarticular las redes de microtráfico.

“Agradecemos muy sinceramente el gran apoyo de la Policía Nacional, en el despliegue de las operaciones de interdicción conjunta que realizamos en todo el país, junto al Ministerio Público, para cumplir con nuestra misión consagrada en la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas” precisó el vicealmirante Cabrera Ulloa.

En el encuentro, realizado en la sede central de la DNCD, acompañaron al Director de la Policía Nacional, los generales Pedro I. Matos Pérez, Director de Investigaciones Criminales, (Dicrim) Werner Núñez Quezada, Director de Inteligencia Delictiva (Dintel) y Ernesto Rodríguez García, Director de la Policía Preventiva, entre otros oficiales.


Por la DNCD, estuvieron presentes, el Contralmirante Henry Abreu Vásquez, Director del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), los coroneles Manuel A. Lorenzo Sierra, Director de Operaciones Contra el Microtráfico, Rafael Ubiera Peralta, Director de Asuntos Internacionales, el Inspector General de la DNCD, Naking C. Severino Duarte, Jaime A. Pérez Díaz, Director de Investigación Financiera y Lavado de Activos y el Capitán de Fragata Pedro Nolasco Ramos, Director de Inteligencia Contra el Microtrafico de Drogas.

Las autoridades destacan que, en el marco del reforzamiento de las acciones conjuntas, han logrado sacar de las calles durante este 2024, más de siete millones de gramos de cocaína, heroina, marihuana, crack, éxtasis y otras sustancias controladas.

miércoles, 4 de septiembre de 2024


La audiencia se conocerá a las 10:00 de la mañana de hoy en el Palacio de Justicia de esa provincia.

Azua, Rep. Dom. / Diario Azua / 4 septiembre 2024.- 

 El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva en contra del conductor del camión que el pasado domingo le provocó la muerte a seis personas y heridas a más de 40 que compartían en un negocio de la sección Bastida, del distrito municipal Villarpando, del municipio Las Yayas de Viajama.

La solicitud de la prisión preventiva fue depositada por la Oficina del Fiscalizador ante el Juzgado de Paz Ordinario de Las Yayas de Viajama contra el imputado Ángel Encarnación Bautista, quien enfrenta cargos preliminares por manejo temerario, exceso de velocidad, golpes y heridas involuntarios que causan lesiones permanentes y golpes y heridas involuntarios que causan la muerte.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue fijada para este miércoles, 4 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en las salas del Juzgado de Paz de Azua, donde el Ministerio Público estará representado por el licenciado Juan Diego Ramírez Galván.

En relación al caso, el Ministerio Público precisó que Encarnación Bautista, quien es comerciante en la provincia San Juan, se desplazaba por el lugar a exceso de velocidad y de forma imprudente, temeraria y negligente, con inobservancia, inadvertencia y torpeza, y, sin tomar las precauciones debidas, en un vehículo de motor, color rojo, tipo carga, marca Daihatsu.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 minutos de la madrugada del pasado domingo 1 de septiembre, cuando el imputado se desplazaba por el tramo carretero San Juan-Azua, específicamente, frente a un colmadón de dicho municipio, en dirección oeste-este, cargado de aguacates.

El imputado impactó y atropelló con el camión a la multitud, resultando muertos José René Guzmán Guzmán, Génesis Arias Alcántara, Elvin Guzmán Rodríguez, Deury Ferreras Matos, Yohennys Soriano Méndez y Jhon Deivy Geraldo Matos tras presentar, la mayoría, traumas contusos craneoencefálicos y faciales severos, mientras que más de 40 resultaron con golpes y heridas o daños físicos con lesiones.

En la instancia, el Ministerio Público enfatizó que contra Encarnación Bautista debe imponerse la prisión preventiva por ser la medida más idónea, ya que no ofrece garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

En ese mismo sentido, reiteró que en su caso está latente el peligro de fuga, ya que se dio a la fuga después del accidente, y, al enterarse de la persecución en su contra, procedió a entregarse, además de que los hechos que se les atribuyen conllevan la imposición de penas privativas de libertad.

También, justifica la imposición de la medida al establecer que ha exhibido comportamientos similares en otros casos que serán expuestos ante el tribunal.

El órgano del sistema de justicia, también, sostiene que el imputado conduce con temeridad y violando todos los preceptos legales, propio de la materia, depreciando toda la seguridad del ciudadano y la observancia que debe tomar en consideración, tras establecer que en el Sistema de Investigación Criminal (SIC) aparece con 28 infracciones por violación a la Ley 63-17 sobre Tránsito Vial.

El Ministerio Público destacó que cuenta con diferentes evidencias para establecer la vinculación de Encarnación Bautista con el caso al que le ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 220, 264, 268, 302, 303, numerales 3, 4 y 5; 304, numeral 2, y 311, de dicha Ley 63-17.

martes, 3 de septiembre de 2024


 

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 03 septiembre 2024.-

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sometió a consulta pública la propuesta de modificación al Reglamento núm. 296-05 del Juez de Ejecución de la Pena y la resolución núm. 2087-06, el cual organiza y regla las atribuciones de estos jueces, sus actividades y los principales procedimientos de la etapa de ejecución, previstos en la normativa procesal penal, introduciendo aspectos que facilitan la emisión a tiempo de las órdenes de libertad.

El proceso de consultas públicas inicia este lunes 2 de septiembre y concluye el día 07 de octubre de 2024.

El reglamento regula la actividad de los jueces, juezas y demás servidores (as) judiciales de la jurisdicción penal a nivel nacional, con especial atención a los jueces de ejecución de la pena, en su función jurisdiccional y administrativa.

Asimismo, el reglamento incorpora buenas prácticas que permitirá a los jueces ofrecer con una mayor eficiencia los servicios y actividades puestos a su cargo en la normativa procesal penal y sus modificaciones.


La pieza establece que para la efectiva ejecución de las penas impuestas se deben considerar los principios rectores consagrados en el Código Procesal Penal, en consonancia con los lineamientos constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, legalidad, dignidad de la persona, no discriminación, humanización de la ejecución de la pena y judicialización de la Ejecución de la Pena.


También, incorpora novedades respecto de importantes figuras jurídicas como las medidas de seguridad y la conversión de la pena. Se promueve la oficiosidad del juez para que este cuente herramientas jurídicas que permitan la reeducación y reinserción social de los condenados.

 

viernes, 30 de agosto de 2024



Puerto Plata, Rep. Dom. / Diario Azua / 30 agosto 2024.- 

El Tribunal de Colegiado de esta provincia acogió la acusación del Ministerio Público y emitió una sentencia que condena a 10 años de prisión a Yeury Alfredo Paulino, quien fue encontrado culpable de los cargos violación sexual y abuso psicológico en perjuicio de una adolescente de 15 años de edad.

En la investigación que realizó la procuradora fiscal Luisa Marmolejos, el 16 de diciembre de 2022, evidenció que el acusado cometió los hechos en varias ocasiones, empleando violencia física, constreñimiento y sorpresa. El nombre de la víctima fue omitido por razones legales.

Durante el juicio, litigado por el magistrado Marcos Wilkins Díaz, se presentaron pruebas contundentes que sustentaron la acusación, incluyendo evaluaciones médicas y psicológicas, así como el testimonio de la víctima, quien detalló las violaciones sufridas. Estas pruebas fueron determinantes para que el tribunal, que preside la jueza Jakayra Veras, emitiera su veredicto condenatorio.

El Ministerio Público calificó el hecho de violación a los artículos 331 del Código Penal Dominicano y el artículo 396-A y C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), los cuales tipifican y sancionan la violación sexual y el abuso psicológico en la República Dominicana.

La condena impuesta deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de esta ciudad.

martes, 20 de agosto de 2024


Lideraba red que cometió estafa por 645 millones de euros mediante falsas inversiones en cannabis de uso medicinal

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 20  agosto  2024.- 

El Ministerio Público obtuvo una sentencia que dispone la extradición al Reino de España del ciudadano ruso Sergei Berezin, cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.

El proceso fue llevado por la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, atendiendo la petición de extradición de Berezin que hicieron las autoridades penales del Gobierno del Reino de España, para procesarle penalmente por estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, hechos punibles tipificados y sancionados por los artículos 248, 249.1, 249.2, a), 301 y 570 bis del Código Penal de España.

Respecto al proceso, se informó que, mediante la Sentencia Núm. SCJ-SS-24-0967, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 31 de julio de 2024, se declaró con lugar la extradición del nacional ruso Sergei Berezin hacia el país requirente, Reino de España, y mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva, la cual le fue impuesta mediante la Resolución Núm. 001-022-2024-SRES-00769, de fecha 9 de mayo de 2024.

Según se ha establecido, Sergei Berezin es el líder del entramado criminal detrás del fraude cometido a través de Juicy Fields, plataforma web destinada a inversores minoristas en cannabis legal que operó en todo el territorio europeo, principalmente a través del dominio entre el 22 de marzo de 2020 y el 13 de julio de 2022, fecha en que la plataforma colapsó y los inversores perdieron el capital aportado.

El modelo de negocio de Juicy Fields consistía supuestamente en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo de plantas de cannabis.

Cuando termina la cosecha, cuya duración varía dependiendo del tipo de planta de marihuana, el socio cultivador o "partner" vende el producto y Juicy Fields recibe una parte del beneficio, que devuelve al inversor. Con este sistema prometían retornos astronómicos de entre el 706% y el 168.988% al año, según la variante de planta en la que se invirtiera.

A través de la investigación policial llevada a cabo por medio de un Equipo Conjunto de Investigación en que participan las autoridades de España, Alemania y Francia se determinó que el dinero captado de las víctimas (en forma de moneda fiduciaria y criptomonedas) no se reinvertía en cannabis medicinal, sino, que se destinaba a pagos parciales a las víctimas, siguiendo un clásico esquema Ponzi, así como a la financiación del aparato de captación de la estafa que incluía la participación de la plataforma en ferias y eventos, medios informáticos, oficinas abiertas al público en varios países, campañas de marketing en Google y a través de redes sociales, etc., desapareciendo la mayor parte de la inversión en un complejo entramado de sociedades y cuentas bancarias tanto dentro como fuera de Europa.

De acuerdo con el análisis realizado al servidor el total invertido en la plataforma asciende a seiscientos cuarenta y cinco millones, ochocientos veinticinco mil, ciento setenta punto 83 euros /645.825.170,83€ (455.184.635,74 €, en dinero Fiat, y el equivalente a 192.640.534,79 €, en criptomonedas).

El Estado requirente establece que Sergei Berezin también fue el responsable de articular otro fraude, llamado Recyclix, similar a Juicy Fields, utilizando en aquel caso el alias de "Mark Kowal” con el cual se habría embolsado 39 millones de euros.

Por Janet Báez

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 20 agosto 2024.- 

En un acto que marca el inicio de su gestión, Faride Raful asumió este lunes el cargo de ministra de Interior y Policía, comprometiéndose a mejorar la seguridad ciudadana y el orden público en el país.

A través de su cuenta en X, la exsenadora del Distrito Nacional expresó: “Hoy asumo este compromiso con la responsabilidad de trabajar para fortalecer la seguridad ciudadana”. Para alcanzar este objetivo, Raful delineó cuatro ejes fundamentales que guiarán su administración.

El primer eje se centra en la modernización de la gestión de seguridad. Raful destacó la necesidad de emplear herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. “Interconectaremos las diferentes agencias, como la Policía y Digesett, para optimizar nuestras acciones en prevención y persecución del delito”, afirmó.

En segundo lugar, Raful enfatizó que la seguridad es una responsabilidad compartida. Para fomentar esta colaboración, planea implementar programas de vinculación social y educación a través de juntas de vecinos, clubes deportivos y otras organizaciones comunitarias. “Queremos que la sociedad sienta que desde este ministerio estamos construyendo juntos la seguridad”, señaló.

La eficiencia en los servicios es el tercer eje que propuso. La ministra se comprometió a trabajar arduamente para reducir los tiempos de espera y eliminar intermediaciones o burocracia innecesaria. “Nuestra prioridad es garantizar que cada dominicano reciba respuestas rápidas y efectivas”, aseguró.

El cuarto pilar se centra en la articulación interinstitucional. Raful prometió colaborar estrechamente con entidades como la Policía Nacional y el Ministerio Público para desarrollar políticas firmes contra el delito, utilizando recursos humanos capacitados y eficientes.

El 16 de agosto, por disposición del presidente Luis Abinader, Faride Raful asumió oficialmente el cargo. Este lunes marcó su primera reunión oficial sobre seguridad ciudadana con las autoridades pertinentes.

jueves, 15 de agosto de 2024


/ Diario Azua /

Santo Domingo Este, Rep. Dom. 15 agosto 2024.-

La Policía Nacional informó hoy sobre el trágico y escalofriante hallazgo de una niña de 6 años que fue decapitada en el residencial donde vivía en Hainamosa, Santo Domingo Este. Según las investigaciones preliminares, se presume que el lamentable hecho fue cometido por la madre de la menor, quien es oficial del Ejército de la República Dominicana.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, detalló que las cámaras de seguridad del residencial revelan que, en el período de tiempo relevante, nadie entró ni salió de la residencia, excepto la madre de la víctima. Este hallazgo se ha convertido en un elemento crucial en las investigaciones que actualmente se llevan a cabo.

"La Policía Nacional está realizando una investigación exhaustiva para esclarecer todos los detalles de este terrible incidente", expresó Pesqueira. "A medida que avancemos en las indagaciones, proporcionaremos más información al respecto".

Las autoridades detuvieron a la madre de la niña, quien presuntamente habría cometido el acto después de quedarse sola en casa con sus dos hijos, un varón y una hembra de seis años, cuando su esposo salió a trabajar. La escena del crimen ha sido descrita como aterradora y desafiante para cualquier intento de explicación.

La Policía Nacional sigue trabajando arduamente para reunir todas las evidencias necesarias y garantizar que se haga justicia en este caso, que ha conmocionado a la comunidad y al país entero. Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar difundir rumores que puedan entorpecer las investigaciones en curso.

jueves, 8 de agosto de 2024

 

Diario Azua
Boston, Massachusetts / 08/08/2024.-

La Casa de la Cultura Dominicana en Boston, anunció al cónsul general de la República Dominicana en esa demarcación americana, Enrique García, como el Gran Mariscal del Desfile Dominicano de allí.

Los organizadores señalaron que el reconocimiento al cónsul García, resalta su compromiso y dedicación para con la comunidad dominicana en Nueva Inglaterra y su arduo trabajo por fortalecer los lazos culturales y sociales entre la República Dominicana y la comunidad dominicana en el extranjero.

El Desfile Dominicano de la ciudad de Boston organizado por la Casa de la Cultura Dominicana, un evento esperado con entusiasmo y celebrado desde hace más de 35 años, se llevará a cabo el próximo 18 de agosto.

Será una celebración vibrante de la cultura y el patrimonio dominicano, donde se destacarán las tradiciones, música y bailes, uniendo a la comunidad en una demostración de orgullo y unidad.

miércoles, 7 de agosto de 2024


Santo Domingo Norte, Rep. Dom. / Diario Azua / 7 agosto 2024.-

El Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción en contra de un hombre que le ocasionó la muerte a otro de varias estocadas, en un hecho ocurrido en el Residencial Metrópolis del Norte, Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El imputado es José Andrés Rodríguez Castro, quien ultimó al hoy occiso Juan Antonio Solano Betances.

La solicitud de medida de coerción en contra de Rodríguez Castro precisa que, el imputado abordó al occiso en momentos en que este se dirigía a su casa y sin mediar palabras le fue encima por la espalda propinándole varios golpes, dejándolo en el pavimento y posterior a eso fue a su casa en búsqueda de un arma blanca tipo machete que utilizó para darle muerte.

José Andrés Rodríguez Castro fue apresado de manera flagrante en el mismo lugar donde fue levantado el arma homicida, un machete de aproximadamente 20 pulgadas.

EI Ministerio Público le ha asignado a los hechos la calificación jurídica provisional contenida el artículo 295, 302, 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio de Solano Betánces.

Monte Plata, Rep. Dom. / Diario Azua / 7 agosto 2024. 

Una sentencia condenatoria a la pena máxima de 30 años de prisión fue impuesta a un hombre acusado por el Ministerio Público de provocarle la muerte a otro en un centro de diversión del municipio Yamasá, donde celebraban la fiesta de fin de año del 2022.

El Tribunal Colegiado de Monte Plata dictó la sentencia condenatoria al acusado Edward Mota (Hormiguita), quien fue hallado culpable de provocarle la muerte a causa de heridas de arma blanca a Felipe Contreras de León (Fanta) en dicho centro de diversión, localizado en el distrito municipal Los Botados, del referido municipio.

La Fiscalía de Monte Plata establece en la acusación presentada contra Edward Mota, que el hecho ocurrió en fecha 31 de diciembre del año 2022, alrededor de las 11:40 de la noche, luego de que ambos sostuvieran una discusión por problemas personales.

El expediente indica que, Mota, luego de que discutiera con la víctima, se marchó hacia su vivienda, donde buscó un arma blanca con la que posteriormente regresó al centro de diversión y cometió el crimen.

Contreras de León falleció a causa de heridas en el tórax mientras era trasladado al hospital municipal por personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió el hecho.

La acusación presentada por el fiscal de esta provincia José del Carmen García Hernández fue acogida por los jueces Hilda Nieves Sánchez Luna (presidenta), Isaías Ronaldo Martínez Pérez y Carmen Daniela Araujo Rivas, tras establecer, que el procesado violó las disposiciones contenidas en los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El tribunal ordenó que el acusado Edward Mota cumpla la pena privativa de libertad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo Norte.

jueves, 25 de julio de 2024




Estafadores llamaron a envejecientes estadounidenses haciéndose pasar por abogados para robar dinero

Washington / Diario Azua / 25 julio 2024.-

 Dos residentes de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, fueron extraditados a los Estados Unidos la semana pasada y comparecieron ayer, por primera vez, ante el tribunal federal de Newark, por cargos relacionados con su participación en una extensa “estafa a adultos mayores” que defraudó a envejecientes estadounidenses por millones de dólares.

Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, de 59 años, y Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como “Fili” y “Filly The Kid”, de 37 años, son parte de 11 dominicanos imputados en una acusación formal de 19 cargos, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, la cual fue revelada el 29 de abril. Después de su primera comparecencia ayer, el tribunal ordenó la detención de ambos hombres en espera del juicio.

Según la acusación, Rodríguez Guzmán, Reynoso Ventura y sus co-conspiradores participaron en una prolongada estafa a “abuelos” o “familia necesitada de fianza” contra cientos de adultos mayores en todo el territorio de los Estados Unidos, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Se alega que tanto Rodríguez Guzmán como Reynoso Ventura trabajaron en los centros de llamadas en la República Dominicana desde donde operaba la estafa, llamando a envejecientes estadounidenses y buscando robar su dinero.

Según lo detallado en los documentos judiciales, los miembros de la conspiración, conocidos como “abridores”, llamaban a las víctimas en los Estados Unidos y se hacían pasar por los hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas usaban tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían desde dentro de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.

Una vez que los abridores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en grave peligro, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como “cerradores” —incluidos Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura— supuestamente se hacían pasar por abogados defensores, oficiales de policía o personal judicial y convencían a las víctimas de proporcionar miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos. El efectivo generalmente era recogido por mensajeros enviados a las casas de las víctimas o enviado por correo por las víctimas bajo la dirección de los cerradores.

Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura enfrentan múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal y conspiración para cometer lavado de dinero. Si son condenados, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de US$250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico, y una multa máxima de US$500,000 por conspiración para cometer lavado de dinero.

“La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y sus socios de las fuerzas del orden perseguirán vigorosamente a los criminales que defrauden a las víctimas mediante las llamadas ‘estafas a abuelos’”, dijo el subsecretario principal de Justicia, Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Continuaremos identificando a los perpetradores de estos esquemas y daremos prioridad a la búsqueda de aquellos que deliberadamente apunten a estadounidenses vulnerables desde el extranjero. Agradecemos al Gobierno de la República Dominicana por extraditar a estos acusados a los Estados Unidos para enfrentar los cargos”.

“Según lo alegado, estos dos acusados jugaron un papel en un esquema que se basó en el amor y la devoción de las víctimas envejecientes para estafarlas con millones de dólares”, dijo el fiscal estadounidense para el Distrito de Nueva Jersey, Philip R. Sellinger. “En esta ‘estafa a abuelos’, algunos de los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, afirmando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucraba a una mujer embarazada que luego abortó, y necesitaban dinero inmediato para la fianza o un abogado. Conspiradores como Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura, supuestamente se hicieron pasar por varias personas –oficiales de policía, abogados y otros– para convencer a las víctimas de pagar, lo cual los adultos mayores, angustiados, hicieron a menudo. Mi oficina está comprometida con proteger los derechos de todas las víctimas, y perseguiremos implacablemente a aquellos que supuestamente apunten a ancianos vulnerables para robar sus ahorros ganados con esfuerzo”.

“Estos acusados y sus co-conspiradores son acusados de robar despiadadamente a innumerables víctimas envejecientes su valioso tiempo y, a menudo, sus ahorros de toda la vida, todo desde más de 1,500 millas de distancia”, dijo Iván J. arvelo, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York. “Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Félix Samuel Reynoso Ventura estaban entre las 16 personas acusadas en este espantoso esquema, que abarcó al menos cuatro estados de los EE.UU. y supuestamente amenazó los medios de vida de cientos de estadounidenses inocentes. La avaricia despiadada de los perpetradores no tiene límites, pero no es rival para la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI Nueva York, su Grupo de Intrusión Cibernética y la comunidad más amplia de las fuerzas del orden. Estoy orgulloso de estar al lado de nuestros socios globales en nuestro compromiso implacable con la seguridad y el bienestar general del público vulnerable".

“La estafa a los abuelos es un esquema de fraude cruel que deliberadamente se aprovecha de personas envejecientes y vulnerables dentro de la sociedad. Los perpetradores, que a menudo operan cobardemente desde el extranjero, causan un daño emocional y financiero extremo a las personas inocentes que apuntan en la comisión de este delito”, dijo Bradley Parker, agente especial interino de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA-OIG) de la División de Campo de Boston Nueva York. “SSA OIG se unió orgullosamente a HSI, el FBI, el Departamento de Justicia y el NYPD en la investigación de estas estafas internacionales complejas dirigidas a defraudar a los beneficiarios de la SSA y apreciamos la diligencia del Servicio de Alguaciles de los EE.UU. en facilitar la extradición de estos acusados desde la República Dominicana a Nueva Jersey para responsabilizarlos por sus acciones”.

“Estamos ahora un paso más cerca de responsabilizar a los presuntos estafadores que explotaron financieramente a cientos de ancianos estadounidenses”, dijo el comisionado Edward A. Caban, del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD). “Esto debe servir como recordatorio a otros criminales sobre el alcance extenso de las fuerzas del orden de Nueva York y nuestro compromiso inquebrantable de impartir justicia a todas las víctimas. Aplaudo a nuestros investigadores del NYPD y a todos nuestros socios federales por su dedicación a este importante caso”.

HSI, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia significativa para asegurar el arresto y la extradición desde la República Dominicana de los acusados con la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Los funcionarios del Departamento de Justicia también reconocieron la cooperación crítica del Gobierno dominicano para llevar a cabo la extradición de Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura, de acuerdo con el tratado entre los dos países.

Los abogados de juicio, Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers, de la División Civil de la Rama de Protección al Consumidor y la asistente del fiscal para el Distrito de Jersey, Carolyn Silane, están procesando el caso.

Si usted o algún conocido tiene 60 años o más y ha experimentado fraude financiero, hay profesionales experimentados disponibles en la Línea Directa Nacional de Fraude a Personas Mayores al 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, gestionada por la Oficina para Víctimas del Delito, puede proporcionar apoyo personalizado a las personas evaluando las necesidades de la víctima e identificando los próximos pasos relevantes. Denunciar es el primer paso. Denunciar puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude. Denunciar ciertas pérdidas financieras debido al fraude lo antes posible, puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. ET. Se dispone de inglés, español y otros idiomas.

martes, 23 de julio de 2024



Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 23 julio 2024.-

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia es de criterio de que, conforme al artículo 16 del Código de Trabajo y sus reglamentos, es el empleador quien debe probar en base a registros, planillas, carteles, libro de sueldos y jornales, si la remuneración recibida por un trabajador y la cotización reportada a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), es menor al monto que este alega.

“Es conveniente establecer que corresponde al empleador probar la justa causa del despido; la prueba de la justa causa del despido debe ser aportada en cada instancia, esto es, ante la jurisdicción de primer grado y a nivel de apelación”, enfatiza la decisión.

En su sentencia SCJ-TS-23-1171, de fecha 20 de octubre de 2023, el tribunal hace el señalamiento de que la “jurisprudencia es constante en cuanto a que el establecimiento del monto del salario de un trabajador demandante en pago de prestaciones laborales es una cuestión de hecho a cargo de los jueces del fondo, que escapa al control de la casación, salvo que estos al hacerlo incurran en alguna desnaturalización”.

Igualmente, establece la jurisprudencia que, para determinar el monto del salario a los fines de pago de indemnizaciones laborales al trabajador, se deben tomar en cuenta los sueldos devengados en el último año de prestación del servicio, incluidos los descuentos que por cualquier concepto tenga que hacer el empleador, siempre que se trate de deducciones a su salario ordinario.

El fallo de la Tercera Sala de la SCJ, casa la sentencia núm. 028-2022-SSEN-00318, de fecha 13 de octubre de 2022, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y envía el asunto ante la Segunda Sala de la misma Corte.

Para acceder de forma íntegra a la sentencia, firmada por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente; Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico

viernes, 19 de julio de 2024


Santo Domingo, Este Rep. Dom. / Diario Azua / 19 julio 2024.-

La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un hombre, que, tras haber sostenido una pelea con otro, le infirió varias puñaladas, con las cuales le causó la muerte, en un hecho ocurrido el pasado 2023, en el sector de Villa Esfuerzo de este municipio.

La condena le fue impuesta a Manuel Alberto Sánchez Feliz, por los jueces que componen el Quinto Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que preside el magistrado Julio Aybar Ortiz, e integran las juezas Laisa Matos Durán y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez, por los hechos cometidos en perjuicio del hoy occiso Brayan José Núñez Díaz.

La investigación, que fue instrumentada por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, revela que los hechos se produjeron alrededor de las 02:40 de la madrugada, del 23 de junio del año 2023, mientras la víctima compartía con unos amigos, en un bar de esa localidad.

En ese momento, el encartado se presentó al lugar y empezó una acalorada discusión con Núñez Díaz, en la que se produjo una pelea cuerpo a cuerpo entre ambos, siendo separados por los presentes, sin embargo, el hoy procesado se fue del lugar y regresó nuevamente con un arma blanca, tipo puñal, y se abalanzó hiriendo a la víctima de varias puñaladas, las cuales terminaron causándole la muerte.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Juan Alberto Liranzo, demostró ante el tribunal evidencias que demuestran que el hoy condenado violentó los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio con premeditación y asechanza; y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre el control de armas, municiones y materiales relacionados.

La condena deberá ser cumplida por el procesado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, habla con los periodistas Juan Carlos Bisonó, Adriano De la Rosa, Germania De Luna y Luis Céspedes Peña, en torno a la muerte del hijo del último, Luis Norberto Céspedes Vega, cuyo hecho hará dos años en Noviembre, sin que se haya aclarado.

Fiscal de Santiago garantiza se aclarará caso muerte hijo ex vicepresidente CDP

 Santiago, Rep. Dom. / Diario Azua / 19 julio 2024.-

El fiscal general del Distrito Judicial de Santiago, Osvaldo Bonilla, manifestó su interés para que sea solucionado el caso de la muerte de Luis Norberto Céspedes Vega, hijo del ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Céspedes Peña, cuyo hecho ocurrió el 2 de Noviembre del 2022 en Tamboril, sin que el conductor haya sido detenido.

El magistrado recibió a una comisión del CDP, la Fundación Periodismo en Reflexión (FUNPER), las Asociaciones de Locutores de Santiago (ALS) y Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS). También, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), a quienes aseguró que las indagaciones serán ampliadas a los sectores citados por los gremios de la comunicación de Santiago.

La comisión, que le entregó un documento al fiscal Bonilla, estuvo presidida por el secretario general de la Seccional del CDP, Juan Carlos Bisonó, Adriano De la Rosa, en representación de la FUNPER y la ALS. También estuvieron Céspedes Peña, del CDP, y Germania De Luna, del SNTP.

El funcionario dijo: “Tengan la seguridad de que nosotros vamos a trabajar para que ese caso sea solucionado”.

El magistrado Bonilla recibió la solicitud de los gremios de la comunicación para que se interrogue a los siete conductores de camiones Trombo, propiedad de Hormigones Romano, al encargado de parqueo de esa misma empresa y otras personas que pueden aportar a las investigaciones.

El fatídico hecho sucedió en Repuestos Nacho, de Tamboril. El fiscal general de Santiago indicó que “se trata de dos hechos: Uno es el de la muerte del hijo de Céspedes Peña y el otro se relacionado con los bienes retenidos por la Justicia”.


Agregó que el arma de fuego, con permiso (vencido) del Ministerio de Interior y Policía, por la cual fue detenido Céspedes Vega, está bajo el control de la Fiscalía, pero los 20 mil pesos, correspondientes a una Garantía Económica que se le impuso antes a la víctima, hay que llenar un requisito.

“La esposa del fallecido debe visitar el Consulado de Estados Unidos, país donde reside la dama, para que oficialice el poder que ella envió por escrito, pero sin esa exigencia”, afirmó el funcionario.

El magistrado Bonilla dijo que el arma será entregada inmediatamente se verifique que los documentos depositados por los solicitantes están correctos. “Ustedes pueden contar con esta Fiscalía y les prometo que ese caso será resuelto”, reiteró.

Declaró que va a trabajar personalmente en la investigación, “pero si es necesario, si hay que designar un fiscal de esta jurisdicción o la capital, lo haremos”.

Por su parte, los comisionados agradecieron, como siempre, el interés del magistrado Bonilla. Destacaron que se trata de “una puerta que los comunicadores tienen confianza en tocar”. Hablaron de la responsabilidad, honestidad y entrega al trabajo de ese magistrado.

Juan Carlos Bisonó, Adriano De la Rosa, Luis Céspedes Peña y Germania De Luna, quienes fueron autorizados a representar a esos gremios, agradecieron al fiscal Bonilla su disposición de recibir a las comisiones de los gremios, para tratarle asuntos de interés para los mismos.

Aclararon que las críticas que hicieron al desinterés de la Justicia para no resolver el caso, no tuvieron ninguna vinculación con las funciones del fiscal Bonilla. “Sí mantenemos nuestra postura, de que la Fiscalía de Tamboril no tiene ningún interés en resolver el caso”, le reiteró al fiscal Bonilla el periodista Luis Céspedes Peña, padre de Luis Norberto Céspedes Vega.

El documento está firmado por los comisionados, además de Perfecto Martínez, presidente de la FUNPER, Águeda Alejo, presidenta de la ALS, José Batista, secretario general de la Filial del SNTP, y la ACDS, que dirige Américo Cabrera.

jueves, 18 de julio de 2024


La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, tras recibir la denuncia del caso, iniciaron de inmediato la investigación, logrando rescatar a unas cuatro víctimas y apresar a los cabecillas

San Pedro  De Macorís, Rep. Dom. / Diario Azua / 18 julio 2024.- 

A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción le impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre de nacionalidad portuguesa y a una ciudadana dominicana cabecillas de una red de explotación sexual infantil.

La jueza Darlis Altagracia Eusebio Vásquez le impuso la prisión preventiva al portugués Fernando José de Jesús Ferreira y a la dominicana Eliana Núñez Almonte, quienes son procesados por la actividad delictiva cometida contra unas cuatro adolescentes, cuyos nombres se omiten para proteger su identidad.

De Jesús Ferreira deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Núñez Almonte en el Centro de Privación de Libertad (CPL) para Mujeres, de Higüey, en la provincia La Altagracia.

La procuradora de corte de apelación Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), la fiscal de San Pedro de Macorís, Katherin Vallejo, y la fiscal de la PETT, Aleika Almonte, sustentaron la solicitud de la medida privativa de libertad con diferentes pruebas testimoniales, materiales, periciales y documentales.

La instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que luego de recibir la denuncia el pasado 1 de julio, la PETT y la Fiscalía de San Pedro de Macorís iniciaron de inmediato la investigación del caso, logrando rescatar a las víctimas y apresar a los procesados en una villa propiedad de De Jesús Ferreira.

Las jóvenes eran trasladadas desde localidades del norte del país hasta una zona turística de la región este.

De acuerdo con las investigaciones, en dicho lugar las víctimas eran obligadas a recibir clientes extranjeros y servirles sexualmente y no podían salir por su voluntad por las restricciones que les imponían los imputados.

En el proceso se ha establecido que una de las víctimas le dijo al imputado De Jesús Ferreira que quería salir del lugar y que este le dijo que para ello tenía que pagar 11 mil pesos.

Durante las pesquisas también se ha determinado que dicho imputado era la persona que fungía como jefe del grupo delictivo dedicado a la explotación sexual de menores de edad.

El hoy procesado era la persona que recibía a las víctimas y les pagaba un por ciento del cobro que realizaba por los servicios sexuales que recibían los clientes que llegaban al lugar, esto teniendo como mano derecha a la nombrada Núñez Almonte, quien dirigía y administraba a las víctimas.

Los procesados cobraban entre 100 y 200 dólares por cada salida o encuentro sexual de las víctimas, y RD$10,000.00 por amanecida, pero estas no podían salir de lugar sin informarlo, debiendo pagar una multa de RD$500.00 si llegaban tarde, multa que además les cobraban por cualquier otra causa que ellos mismos disponían. En el lugar además se vendían bebidas alcohólicas.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, artículos 1, 3 y 7 letra (C) y (D), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, así como por la pluralidad de víctima”, y el artículo 410 de la referida Ley 136-03, que sanciona la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes.

Ministerio Público brinda asistencia a las mujeres rescatadas que permanecen en casas de acogida del Ministerio de la Mujer.

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 18 julio 2024. 

El Ministerio Público logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impusiera 12 meses de prisión preventiva a dos hombres acusados, provisionalmente, de proxenetismo y explotación sexual agravada contra 45 mujeres, 43 de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas.

Según el expediente, presentado por la Fiscalía de Santiago, los imputados Junior David Matos Monegro, alias, “Junior” y Estarly Almánzar Pérez dirigían una organización criminal dedicada a captar mujeres a quienes controlaban y explotaban sexualmente en apartamentos ubicados en los residenciales Los Rieles de Gurabo, de Santiago.

El juez José Rafael D'Asís expuso que el Ministerio Público aportó elementos suficientes para que el tribunal impusiera la medida, lo que se ajusta a una investigación rigurosa, por lo que declaró el caso complejo.

Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.

Además, el tribunal ordenó el secuestro de los bienes incautados durante la ejecución de unos 15 allanamientos.

La Fiscalía trabaja el caso en coordinación con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Policía Nacional.

El Ministerio Público presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y los artículos 265, 266, 333, 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo, en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano. Además, le imputa a Matos Monegro la violación al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.

Situación de las extranjeras

Sobre la situación de las extranjeras rescatadas, el Ministerio Público explica que en ningún momento fueron detenidas, solo trasladadas a distintas casas de acogidas pertenecientes al Ministerio de la Mujer, para que tuvieran un techo y comida mientras toman la decisión de retornar a sus respectivos países o de quedarse en la República Dominicana.

Actualmente, 35 mujeres continúan en hogares de acogida, divididas en dos grupos; 20 en una casa (19 colombianas y una venezolana).

Y las restantes 15 en otra diferente.

Las demás rescatadas decidieron retornar a sus respectivos países de manera voluntaria, tal y como pueden hacerlo en cualquier momento las que aún permanecen en los hogares.

De igual forma, el MP informó que las embajadas de los dos países, a los que pertenecen las mujeres rescatadas, tuvieron conocimiento en todo momento de las acciones de las autoridades dominicanas.

miércoles, 17 de julio de 2024


Luis Céspedes Peña

Santiago, Rep. Dom. / Diario Azua / 17 julio 2024.-

El fiscal general del Distrito Judicial de Santiago, Osvaldo Bonilla, recibirá este jueves 18 a las 11:00 de la mañana, a una comisión de los gremios de la comunicación de esta ciudad, para abordar la continuación de las investigaciones en torno a la muerte de Luis Norberto Céspedes Vega, hijo del ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Céspedes Peña, cuyas pesquisas fueron suspendidas por la Fiscalía de Tamboril.

Céspedes Vega fue atropellado, muriendo posteriormente, por un camión mezclador de concreto que se presume pertenece a la empresa Hormigones Romano, el 2 de noviembre del 2022, sin que a la fecha se haya interrogado a los siete conductores de igual números de trombos que tiene la empresa en referencia.

Los camiones son similares al que atropelló a Céspedes Vega, tienen el mismo logo de la citada empresa y el presidente de la compañía, ingeniero civil Luis A. Romano, admitió, durante un interrogatorio en la Fiscalía de Tamboril, que el camión que se observa en la fotografía es similar a los siete que tiene su empresa, aunque él no tiene conocimiento de quién era el conductor.

Declaró estar dispuesto a cooperar con las investigaciones. En la reunión participarán representantes del CDP, la Fundación Periodismo en Reflexión (FUNPER), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Asociación de Locutores de Santiago (ALS), Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) y otras entidades.

Esos gremios están dirigidos por Juan Carlos Bisonó, Perfecto Martínez, José Batista, Águeda Alejo y Américo Cabrera.

Juntos a ellos figuran en una comisión de seguimiento, Adriano De la Rosa, ex secretario general del CDP y dirigente de la FUNPER, Carlos Arroyo Ramos, también ex secretario general de la misma entidad, Germania De Luna, ex secretaria del SNPP, Israel Pueblo, José Armando Toribio, directivo del CDP, Narciso Pérez, Epifanio Rodríguez, Juana Cabrera y otros miembros y directivos de esos gremios.

El hecho ocurrió en que murió Céspedes Vega, ocurrió dentro de Repuestos Nacho, ubicado en la Avenida Senador José Rafael Abinader, en la llamada Zona Rebelde, de Tamboril.

Otros dos choferes, de la misma empresa Hormigones Romano, pero no de los sospechosos, informaron a la Fiscalía de Tamboril, que “ellos no pertenecen al departamento de los camiones Trombo, pero sí la fotografía captada por una cámara de seguridad, es similar a los de la empresa Hormigones Romano”.

Los comisionados volverán a solicitarle al fiscal Osvaldo Bonilla, que asuma directamente las investigaciones, pero si no es posible, que designe a uno de los magistrados que están bajo su dirección. El fiscal tiene el apoyo de los gremios para las investigaciones.

 


Santo Dom. Este, Rep. Dom.  /Diario Azua / 17 julio 2024.-

La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años de edad, en un hecho registrado en el año 2021.

La condena le fue impuesta a Yino Oliver Hernández Luciano, por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, que preside la jueza Josefina Ubiera Guerrero, e integran las magistradas Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez, por los daños causados a la víctima, de quien se omite el nombre para proteger su identidad.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Marlene Roa, mostró al tribunal elementos de prueba, con las cuales logró establecer que el hoy condenado violentó los artículos 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 y los artículos 12, 13, 14, 18 y 396 literal C, de la Ley 136-03, sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Jonathan Eusebio, refiere en fecha 2 marzo del año 2021, el progenitor de la víctima denunció ante este Ministerio Público que ese día, mientras su hija estaba en el lugar que la cuidan mirando unos gallos, el procesado se aprovechó y violó sexualmente a la niña.

Para confirmar la veracidad de los hechos, el Ministerio Público realizó a la niña un testimonio a través de Cámara Gesell, evaluaciones psicológicas y también ginecológicas forense, experticias que produjeron hallazgos con los que se pudieron verificar los hechos.

La condena deberá ser cumplida por Hernández Luciano en la Cárcel Pública del 15 de Azua.

martes, 16 de julio de 2024


Por Rafael Padilla

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 16 julio 2024.-

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), órgano responsable de perseguir el fraude eléctrico, realizó un operativo contra el fraude eléctrico presuntamente llevado a cabo por los comercios invasores que operan en las ruinas del antiguo Colegio Maharishi. “No podemos dar declaraciones”, puntualizó uno de los fiscales a cargo del operativo.

El suministro ilegal de energía eléctrica, de conformidad con la Ley General de Electricidad, núm. 125-01, constituye fraude eléctrico, esta es una infracción penal que acarrea sanciones que van desde cuantiosas multas hasta prisión por 3 años.

Además del presunto fraude eléctrico identificado por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, los residentes de las urbanizaciones Solimar y Miramar han denunciado en múltiples ocasiones que, desde que fue abandonado el inmueble donde operaba el Colegio Maharishi, han sido víctimas de la contaminación y el desorden protagonizado por los invasores de dicho inmueble.

Conforme se verifica en el portal de la Dirección Generales de Compras y Contrataciones Públicas, actualmente el Estado dominicano se encuentra en proceso de adquirir este extenso terreno que, según declaraciones de la Alcaldía del Distrito Nacional, será utilizado para la construcción de un gran proyecto que incluirá una pista de patinaje profesional, canchas para diversos deportes, parque infantil, ciclovías y demás.

lunes, 15 de julio de 2024


PGASE logra sometimiento a la justicia de un hombre sorprendido en flagrante delito

Santo Domingo, Rep. Dom. / Diario Azua / 15 julio 2024.- 

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) logró que se le imponga una garantía económica y presentación periódica como medida de coerción a un hombre sorprendido en flagrante delito manipulando un medidor de energía eléctrica con unas pinzas y un cuchillo.

El Décimo Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, impuso el pago de RD$10,000,00 en efectivo como multa al ciudadano identificado como Luis Rafael Diloné, tras encontrar indicios suficientes que demuestran su culpabilidad en la acusación de manipular de manera clandestina a los elementos que conforman a la red de distribución de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE).

Además, a Diloné se le impuso presentación periódica a las instalaciones de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, petición hecha por los representantes del Ministerio Público.

Tras conocerse la decisión, el director interino de PGASE, José Aníbal Carela, manifestó su conformidad con la pena impuesta al infractor, al tiempo que aseguró que esa entidad “Seguirá persiguiendo los delitos contra el sistema eléctrico nacional sin importar las circunstancias ni las consecuencias”.

Asimismo, Carela explicó que el delito cometido por Luis Rafael Diloné se contempla en los artículos 125 de la Ley General de Electricidad, número 125-01; así como, los 83 y 86 de la Ley número 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales relacionados.

“El ciudadano Luis Rafael Diloné cometió los delitos calificados como fraude eléctrico y posesión ilegal de armas blancas”, agregó.

En el expediente acusatorio, el Ministerio Público hizo constar que el imputado no contaba con los permisos requeridos o autorización de EDEESTE o la Superintendencia de Electricidad (SIE) para manipular en alguna forma ningún medidor, por lo que la acción de la que se le acusa puso en riesgo su vida y la de terceros.

Sobre el PGASE

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) es el órgano responsable de propulsar la acción penal de naturaleza pública que conlleva los delitos eléctricos. Es la autoridad competente para levantar en forma conjunta mediante representantes debidamente calificados, el Acta de Fraude Eléctrico a requerimiento de las Distribuidoras o de persona física o moral interesada.