martes, 9 de junio de 2026
lunes, 8 de junio de 2026
domingo, 7 de junio de 2026
Diario Azua / 7 de junio 2026
Por: Janet Báez
El anuncio de que más de 2,000 estudiantes abarrotarán el Teatro Nacional para la muestra “Travesía del arte” nos llena de un orgullo legítimo. Ver a jóvenes de las 18 regionales educativas del país dominar la música, el cine o la orfebrería demuestra que en cada rincón de la República Dominicana hay talento de sobra. Sin embargo, este hermoso hito también nos deja una pregunta inevitable sobre la mesa: ¿Qué pasa con esos jóvenes cuando se apagan las luces del escenario y regresan a sus escuelas?
La
respuesta corta debería ser la continuidad. Pero para que esa continuidad
exista, el sistema educativo dominicano debe dar su próximo gran salto
evolutivo. Es el momento idóneo para que el presidente Luis Abinader y el
ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, pongan la mirada sobre el que ha
sido uno de los proyectos sociales más ambiciosos del país, pero que aún opera
a media máquina en su potencial pedagógico y humano: la Jornada Escolar
Extendida.
Nadie pone
en duda el impacto de la Tanda Extendida como un alivio económico para las
familias, garantizando alimentación y seguridad. Pero la escuela no puede ser
solo un lugar de resguardo para que los hijos "estén" mientras los
padres trabajan. El verdadero éxito de la transformación educativa radica en
convertir ese bloque de tiempo después del mediodía en una verdadera incubadora
de habilidades productivas y ciudadanas, replicando el exitoso modelo de
nuestros politécnicos.
Sin
embargo, para construir el país que soñamos, no basta con graduar técnicos
excepcionales si antes no formamos ciudadanos conscientes. Es desde la niñez,
en los niveles iniciales y básicos, donde debemos plantar la semilla del
conocimiento.
Las horas de la tarde para los más pequeños deben ser el escenario idóneo para fortalecer valores transversales que hoy urgen en nuestra sociedad. Hablamos de incorporar de manera robusta y vivencial materias como la educación cívica, el cuidado del medio ambiente, el manejo correcto de los desechos sólidos y la seguridad vial. Si enseñamos a un niño a respetar el semáforo, a clasificar la basura y a proteger sus recursos naturales, no tendremos que sancionar al adulto del mañana. La verdadera prevención de las crisis comunitarias, ambientales y de tránsito empieza en las aulas vespertinas.
A medida
que ese niño crece y avanza hacia la secundaria, esa base cívica se debe
fusionar con la especialización. Imaginar una reforma donde la tarde sea para
producir requiere de alianzas audaces. No tenemos que inventar la rueda; el
Estado dominicano cuenta con instituciones que son referentes de excelencia y
que deben entrar de lleno a las aulas públicas: el INFOTEP y el ITLA.
El primer
paso de esta revolución debe ser la formación de nuestros profesores. Una gran
alianza estratégica del MINERD con el INFOTEP y el ITLA permitiría certificar a
los maestros en áreas técnicas, digitales y de innovación, pero también en
metodologías modernas para la enseñanza de la ciudadanía y la sostenibilidad.
Un docente actualizado es el único capaz de exprimir al máximo un currículo
orientado al desarrollo integral.
Si logramos
que la infraestructura escolar disponible se transforme en laboratorios de
valores cívicos para los niños y en talleres de alta tecnología para los
adolescentes después del almuerzo, no solo estaremos combatiendo la deserción
escolar; estaremos entregándole a la República Dominicana ciudadanos ejemplares
y técnicos calificados listos para transformar el país.
La
"Travesía del arte" nos ha demostrado de lo que es capaz nuestra
juventud cuando se le da una oportunidad. Ahora le toca al Estado asegurar que
esa oportunidad no dure solo cuatro días en un teatro, sino que sea la norma
cotidiana en cada escuela pública del país. Convirtamos la Tanda Extendida en
el motor humano y económico de la nueva generación. El futuro de nuestra
sociedad se decide después del mediodía.
Diario Azua / 7 de junio 2026
Por: Dra. Isis Birmania Rojas Sosa
PhD en Administración Gerencial, Investigadora y docente de Educación Superior.
Como profesional con una trayectoria
forjada en la intersección del mercadeo estratégico retail, la comunicación
corporativa y la responsabilidad social, he sido testigo de cómo la tecnología
redefine nuestras capacidades. Sin embargo, mi labor como docente e
investigadora en distintas universidades en el ambiente local e internacional,
me ha permitido ir más allá de la observación: he podido validar, a través de
la práctica académica, un marco conceptual que hoy presento como el Humanismo
Aumentado Emprendedor.
Este modelo no nace de la abstracción
teórica, sino de una implementación sistemática de 12 meses con 82 estudiantes
en cursos de emprendimiento y comunicación ambiental. Mi objetivo fue responder
a una tensión creciente: ¿cómo aprovechar la eficiencia de la inteligencia
artificial (IA) sin comprometer el criterio humano y la sensibilidad ética?
Hallazgos desde el aula
La evidencia empírica recolectada durante esta investigación docente superó las expectativas iniciales en términos de rendimiento y profundidad analítica:
Potenciación del pensamiento crítico: Observamos una mejora del 75% en la capacidad de los estudiantes para evaluar críticamente los resultados generados por la IA.
Eficiencia académica: Se registró una reducción del 60% en el tiempo dedicado a tareas de investigación básica.
Foco en el análisis estratégico: Esta eficiencia permitió un incremento del 100% en el tiempo que el estudiante dedica al análisis crítico y la toma de decisiones.
Integración ética: Los estudiantes que trabajaron bajo marcos de responsabilidad social produjeron propuestas con una sofisticación ética un 65% mayor.
La IA como catalizador, no como
sustituto
Mi propuesta redefine la relación entre
el humano y la máquina. En el Humanismo Aumentado Emprendedor, la IA no
es un reemplazo de la inteligencia del estudiante, sino un catalizador de
sus facultades innatas creatividad, intuición estratégica y
responsabilidad ética.
He podido confirmar que la tecnología
funciona mejor cuando actúa como un amplificador de capacidades preexistentes.
Aquellos estudiantes que mantuvieron protocolos rigurosos de validación humana
produjeron trabajos de una calidad muy superior a quienes se limitaron a la
automatización.
Fortalezas para el contexto
latinoamericano
Desde mi experiencia en proyectos de
responsabilidad social, considero fundamental que este marco preserve los
valores culturales y comunitarios. El modelo que propongo evita el
"tecnocentrismo" y prioriza una innovación que sea relevante para nuestra
realidad caribeña y latinoamericana.
Hacia un liderazgo académico
Este hallazgo representa una
oportunidad. No se trata solo de enseñar a usar herramientas digitales, sino de
formar emprendedores que utilicen la tecnología para amplificar lo mejor de su
humanidad, manteniendo siempre el control ético y estratégico del proceso.
Mi compromiso como docente e
investigadora es seguir transformando esta experiencia empírica en un
conocimiento transferible que fortalezca el futuro de la educación superior.
lunes, 25 de mayo de 2026
Diario Azua / 25 de mayo2026
Por: Súlgida Nin
Hablar de la participación de la mujer en la política es hablar también de sacrificios silenciosos, de agendas dobles y, muchas veces, de culpas injustamente impuestas. Mientras el hombre político suele ser reconocido por su liderazgo y dedicación pública, la mujer que decide incursionar en la política frecuentemente carga, además, con la responsabilidad histórica de ser cuidadora del hogar, madre, orientadora emocional y soporte de la familia.
La realidad es evidente: para muchas mujeres, el día no termina cuando concluye una reunión política o una jornada laboral. Al llegar a casa comienza otra jornada, quizás más demandante y menos visible. Supervisar tareas escolares, preparar alimentos, atender situaciones familiares, acompañar emocionalmente a los hijos y mantener la armonía del hogar son funciones que culturalmente siguen recayendo mayoritariamente sobre ellas.
Esa realidad provoca que muchas mujeres talentosas se alejen de la política o participen con limitaciones, no por falta de capacidad, sino por falta de tiempo, apoyo y comprensión social. La pregunta entonces surge inevitablemente: ¿son compatibles la maternidad y la política?
La respuesta es sí, pero no sin desafíos.
La maternidad no debería convertirse en una barrera para el liderazgo femenino. Ser madre desarrolla capacidades extraordinarias para la política: sensibilidad social, capacidad de organización, empatía, resiliencia, manejo de crisis y visión humana. Muchas mujeres administran hogares completos con presupuestos limitados, solucionan conflictos familiares y toman decisiones diariamente; habilidades que también son esenciales para gobernar y dirigir.
Sin embargo, compatibilizar ambos roles requiere una transformación cultural y estructural. No basta con decir que la mujer puede; es necesario crear condiciones reales para que pueda hacerlo sin sentirse obligada a sacrificar su familia o renunciar a sus sueños.
La mujer que participa en política necesita apoyo institucional. Los partidos políticos deben promover horarios más humanos, espacios de inclusión familiar, formación con perspectiva de género y mecanismos que permitan la participación efectiva de madres con hijos pequeños. También se requieren políticas públicas que fortalezcan el acceso a estancias infantiles, permisos parentales equilibrados y sistemas de protección social que reconozcan el trabajo de cuidado como una responsabilidad compartida y no exclusivamente femenina.
Pero además del apoyo institucional, la mujer necesita apoyo familiar. El hogar debe entenderse como un proyecto conjunto. La crianza de los hijos, el orden del hogar y las responsabilidades domésticas no pueden continuar descansando únicamente sobre los hombros de la mujer. Cuando existe colaboración de la pareja, de los hijos y de la familia extendida, la mujer puede desarrollarse con mayor equilibrio y menos agotamiento emocional.
Otro aspecto importante es que muchas veces la mujer no solo compite políticamente contra hombres, sino incluso contra otras mujeres que, desde distintas circunstancias, no enfrentan las mismas cargas familiares. Algunas cuentan con mayor soporte económico, ayuda doméstica o estructuras de apoyo que facilitan su desempeño público. Por eso, hablar de equidad no es tratar de dar privilegios, sino reconocer diferencias reales que condicionan las oportunidades.
La verdadera igualdad no consiste en exigirle a la mujer que actúe como si no fuera madre, ni en obligarla a escoger entre el hogar y la política. La verdadera igualdad consiste en construir una sociedad donde pueda desarrollarse plenamente en ambos espacios sin ser juzgada, limitada ni abandonada a la sobrecarga.
La política necesita más mujeres. Pero no mujeres obligadas a renunciar a su esencia, a su maternidad o a su sensibilidad. Necesita mujeres auténticas, humanas, preparadas y respaldadas. Mujeres que comprendan las necesidades de las familias porque las viven en carne propia.
Cuando una mujer logra equilibrar maternidad y liderazgo público, no solo conquista un espacio para ella; abre caminos para las generaciones que vienen detrás. Y quizás allí radique una de las transformaciones más importantes de nuestro tiempo: entender que cuidar también es liderazgo, que educar también es construir nación y que una madre comprometida con su sociedad puede convertirse en una de las voces más poderosas para transformar un país.
jueves, 21 de mayo de 2026
miércoles, 20 de mayo de 2026
Diario Azua / 20 de mayo 2026
Por Janet Báez
Es una costumbre casi arraigada en nuestra cultura colectiva señalar con vehemencia las fallas, la burocracia y los retrasos cuando asistimos a una oficina estatal. Sin embargo, cuando la experiencia es diametralmente opuesta cuando el ciudadano es recibido con dignidad, agilidad y empatía la justicia y la honestidad profesional nos obligan a levantar la voz para reconocerlo.
Recientemente me tocó acudir a la delegación de la Junta Central Electoral (JCE) que opera en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Lo que usualmente se anticipa como una jornada de largas esperas y procesos tediosos, se convirtió en una gratísima sorpresa y en una lección de lo que debe ser la verdadera vocación de servicio.
Desde el primer contacto con el personal, el sello distintivo es evidente: coordinación, cortesía y un profundo sentido humano. No se trata únicamente de que los sistemas tecnológicos funcionen o de que los documentos de identidad y actas del estado civil se entreguen con rapidez; el verdadero valor diferenciador radica en la actitud de quienes atienden.
La gestión de la encargada de esta sucursal y el compromiso de su equipo de trabajo merecen un aplauso público. Han logrado estructurar un espacio dinámico donde el flujo ordenado de personas reduce significativamente los tiempos de espera, pero, por encima de todo, donde la eficiencia no ha desplazado a la calidez. En un entorno tan concurrido como la periferia universitaria, mantener esos estándares es una labor titánica que denota liderazgo y sensibilidad social.
Este tipo de dependencias dignifican la administración del Estado. Demuestran que los planes de modernización e inclusión que busca proyectar la JCE a nivel nacional no son solo retórica de oficina central, sino una realidad palpable en el día a día del ciudadano común.
Ojalá que el dinamismo y el trato humano de la JCE en la UASD dejen de ser la excepción para convertirse en la norma de toda la estructura pública del país. A la encargada y a cada uno de sus colaboradores, mi más sincero reconocimiento; su labor diaria no solo facilita trámites, sino que devuelve la confianza en nuestras instituciones.
martes, 19 de mayo de 2026
Diario Azua / 19 de mayo 2026
Por Janet Báez
Es una costumbre casi arraigada en nuestra cultura colectiva señalar con vehemencia las fallas, la burocracia y los retrasos cuando asistimos a una oficina estatal, sin embargo, cuando la experiencia es diametralmente opuesta cuando el ciudadano es recibido con dignidad, agilidad y empatía la justicia y la honestidad profesional nos obligan a levantar la voz para reconocerlo.
Recientemente me tocó acudir a la delegación de la Junta Central Electoral (JCE) que opera en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Lo que usualmente se anticipa como una jornada de largas esperas y procesos tediosos, se convirtió en una gratísima sorpresa y en una lección de lo que debe ser la verdadera vocación de servicio.
Desde el primer contacto con el personal, el sello distintivo es evidente: coordinación, cortesía y un profundo sentido humano. No se trata únicamente de que los sistemas tecnológicos funcionen o de que los documentos de identidad y actas del estado civil se entreguen con rapidez; el verdadero valor diferenciador radica en la actitud de quienes atienden.
La gestión de la encargada de esta sucursal y el compromiso de su equipo de trabajo merecen un aplauso público. Han logrado estructurar un espacio dinámico donde el flujo ordenado de personas reduce significativamente los tiempos de espera, pero, por encima de todo, donde la eficiencia no ha desplazado a la calidez. En un entorno tan concurrido como la periferia universitaria, mantener esos estándares es una labor titánica que denota liderazgo y sensibilidad social.
Este tipo de dependencias dignifican la administración del Estado. Demuestran que los planes de modernización e inclusión que busca proyectar la JCE a nivel nacional no son solo retórica de oficina central, sino una realidad palpable en el día a día del ciudadano común.
Ojalá que el dinamismo y el trato humano de la JCE en la UASD dejen de ser la excepción para convertirse en la norma de toda la estructura pública del país. A la encargada y a cada uno de sus colaboradores, mi más sincero reconocimiento; su labor diaria no solo facilita trámites, sino que devuelve la confianza en nuestras instituciones.
Diario Azua / 19 de mayo 2026
Anunció la Cátedra Abigail Mejía, en honor a la educadora, intelectual dominicana, que, en fecha de 16 de mayo, día nacional de las sufragistas, coincide con la graduación. Fue un acto muy concurrido, al que asistieron los docentes de la Especialidad y otras personalidades; como invitado especial, estuvo Juan Francisco Viloria Santos, viceministro de Evaluación y Acreditación del Mescyt.
Diario Azua / 19 de mayo 2026
La
conservación ambiental dejó hace tiempo de ser una discusión exclusivamente
ecológica. Hoy representa uno de los mayores desafíos de gobernanza de los
territorios, especialmente en países altamente vulnerables como la República
Dominicana, donde convergen presiones económicas, desigualdades sociales y una
creciente exposición a eventos climáticos extremos.
Las fuertes
lluvias registradas en distintos puntos del país durante los últimos años han
vuelto a evidenciar una realidad incómoda: muchas de nuestras vulnerabilidades
no son únicamente naturales. Son también el resultado de decisiones
territoriales acumuladas durante décadas.
Inundaciones
recurrentes, comunidades aisladas, deslizamientos de tierra, colapso de
drenajes urbanos y afectaciones a medios de vida muestran que el problema
trasciende la emergencia climática. Lo que está en juego es la capacidad de
anticipar riesgos antes de que estos se conviertan en crisis sociales y
económicas.
Y en medio
de ese escenario emerge otra discusión igualmente compleja: la minería.
La
actividad minera representa una fuente importante de ingresos, inversión y
empleo para la economía dominicana. Diversos informes muestran que el sector ha
tenido una incidencia significativa en el crecimiento económico nacional,
atrayendo inversión extranjera y generando dinamismo territorial en varias
provincias.
Negar esa
realidad sería simplificar irresponsablemente el debate. Pero ignorar los
conflictos sociales, ambientales e hídricos asociados a determinadas prácticas
extractivas sería igualmente peligroso.
En
distintos territorios del país, comunidades han manifestado preocupación por la
degradación ambiental, la presión sobre fuentes de agua, la extracción de
materiales en ríos y los impactos acumulativos sobre ecosistemas
estratégicos.
El problema
es que frecuentemente el debate público se plantea como una confrontación
absoluta entre conservación y desarrollo económico, cuando en realidad ambos
dependen mutuamente.
No existe
desarrollo económico sostenible en territorios ecológicamente colapsados. Pero
tampoco puede sostenerse una agenda de conservación desconectada de las
condiciones socioeconómicas de las comunidades que habitan esos territorios.
Ahí radica
precisamente la complejidad.
Las
comunidades vinculadas a actividades extractivas, agrícolas o asentadas en
zonas de riesgo no toman decisiones en abstracto. Lo hacen condicionadas por
empleo, ingresos, acceso a servicios, vulnerabilidad climática y oportunidades
reales de desarrollo. Por eso las políticas ambientales fracasan cuando se
diseñan únicamente desde la lógica técnica y no desde la comprensión integral
del territorio.
La
conservación necesita legitimidad social.
Y la
legitimidad social requiere reconocer que las personas no defienden el ambiente
solamente por conciencia ecológica, sino también cuando perciben que su
bienestar futuro depende de ello.
La
respuesta ya no puede limitarse a reaccionar después del desastre.
Necesitamos
fortalecer una capacidad nacional de anticipación.
Anticipar
implica comprender cómo interactúan múltiples variables al mismo tiempo: clima,
pobreza, uso de suelo, presión económica, gobernanza local, infraestructura,
agua y dinámicas productivas. Significa tomar decisiones antes de que las
tensiones territoriales se conviertan en conflictos sociales o crisis
ambientales irreversibles.
Eso exige
una gobernanza más articulada, territorialmente diferenciada y basada en
evidencia.
No todas
las comunidades enfrentan las mismas condiciones. No todos los territorios
tienen la misma capacidad adaptativa. Tampoco todos los proyectos generan los
mismos impactos ni las mismas oportunidades. Precisamente por eso las
decisiones deben construirse considerando las realidades sociales y económicas
específicas de cada territorio.
La
anticipación no elimina los conflictos. Pero sí permite gestionarlos con mayor
legitimidad, menor improvisación y mejores posibilidades de equilibrio entre
conservación, desarrollo y bienestar humano.
Ese
probablemente será uno de los grandes desafíos de la República Dominicana en
los próximos años: entender que proteger ecosistemas ya no consiste únicamente
en conservar recursos naturales, sino en construir territorios capaces de
resistir, adaptarse y sostener condiciones dignas de vida frente a un futuro cada
vez más incierto.
Porque al
final, conservar no es impedir el desarrollo.
Es evitar
que el desarrollo destruya las condiciones que hacen posible la vida y la
estabilidad de las próximas generaciones.
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