Diario Azua / 07 noviembre 2026.-

Por Lisandro Prieto Femenía

«La democracia no es la mera garantía del orden, sino la experiencia siempre amenazada de la libertad política y la justicia efectiva». — Hannah Arendt (Sobre la revolución, 2006, p. 142)

La historia institucional de nuestra Hispanoamérica parece condenada a habitar un eterno retorno de la sospecha y el desencanto. Cuando la ciudadanía asiste a un quiebre del orden social por la voracidad de las élites financieras o por la impericia deliberada de sus gobernantes delincuentes, no se enfrenta únicamente a una coyuntura económica desfavorable, sino que presenciamos, en verdad, el resquebrajamiento ontológico del contrato social. El reciente colapso político en Paraguay, desencadenado por la renuncia forzada de Santiago Peña tras la profunda crisis desatada alrededor de Ueno Bank y la ulterior apertura de un juicio político en el Congreso (Clarín, 2026; TN, 2026a), no representa un episodio aislado ni una anomalía exótica de la región, sino más bien la constatación dolorosa de una tesis devastadora: nuestras democracias americanas continúan sumidas en una infancia precaria en lo que respecta a la efectividad de sus garantías constitucionales más elementales.

¿Hasta qué punto podemos seguir llamando “República” a una estructura institucional que se desmorona en cuanto los intereses de la bancocracia entran en colisión con el bienestar general? Al observar la vertiginosa pérdida de gobernabilidad en Asunción, donde se hace evidente que Peña “no tiene la legitimidad social y tampoco el apoyo político” (Radio UNR, 2026), surge de inmediato el espectro de nuestra crisis argentina del año 2001. Aquel fatídico “corralito” que confiscó los ahorros y las ilusiones de millones de personas expuso la misma verdad desnuda que hoy acorrala a los hermanos paraguayos: la ley suprema, que debería presentarse como un escudo indestructible del ciudadano frente al poder de turno, se revela con extrema facilidad como un artefacto maleable en manos del capital corporativo y del oportunismo partidario.

Para que podamos comprender esta fragilidad no basta con examinar las dinámicas macroeconómicas o el trasfondo de las intrigas parlamentarias. Resulta imprescindible descender a la raíz misma de la filosofía política y del derecho. Thomas Hobbes (2000), en su obra Leviatán, sostenía con claridad implacable la razón primigenia del Estado: “La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que dura lo que dura el poder mediante el cual este determinado soberano es capaz de protegerlos” (p. 182). Pues bien, si la estructura estatal traiciona esa función tutelar y permite que el sistema bancario devore el patrimonio individual, la legitimidad de las instituciones no se desgasta, simplemente se extingue. El desarme del andamiaje financiero y el clima de desasosiego en Paraguay no son simples consecuencias de una mala praxis administrativa, sino que implican la ruptura brutal de ese principio de protección y la consiguiente deposición implícita de la soberanía popular en manos del pánico financiero (El Cronista, 2026).

En esta misma línea de indagación sobre las mutaciones del poder estatal, resulta ineludible analizar la profunda desorientación ética en la que sucumbe la institucionalidad posmoderna. En un artículo titulado “Pensando en la estafa del Leviatán” (2022) problematizamos agudamente esta decadencia conceptual al advertir cómo el Leviatán se torna en una suerte de “estafa sin rumbo” cuando finaliza en la desprotección total de quienes le cedieron soberanía. Al quedar paralizado o al actuar en contubernio con intereses oscuros, la mole del Estado deja expedito el camino a “Behemot”, el monstruo de la anomia, el desorden y la guerra civil larvada. Cuando el ciudadano percibe que el edificio legal penaliza la honestidad y recompensa la impostura corporativa —esa atmósfera amarga que retratara Enrique Santos Discépolo en su tango “Cambalache”—, el pacto político se tiñe de un engaño estructural. Da lo mismo ser probo que estafador si la arquitectura estatal consiente la desmesura de los poderosos mientras desampara la existencia de la gente común.

Así, la trágica paradoja de nuestros regímenes democráticos reside en la distancia abismal entre la majestuosa arquitectura formal de nuestras Constituciones Nacionales y la indigencia real de sus prácticas efectivas. En el papel, los derechos fundamentales relucen como imperativos categóricos inviolables; en la praxis, se diluyen ante las exigencias del mercado o la contienda por el botín gubernamental. No estamos ante un simple defecto de gestión, sino frente al triunfo del simulacro. Recordemos que Giorgio Agamben (2004, p. 23) denominó “Estado de excepción” a aquella condición en la que “la suspensión del orden jurídico se presenta como la forma misma del ejercicio de la ley”. Al decretarse medidas extremas para mitigar el pánico bancario o contener el estallido en las calles, la legalidad formal devora la sustancia del derecho, dejando al ciudadano al descubierto, despojado de toda salvaguardia ante el capricho del capital de turno.

Detrás de estas fisuras latentes subyace un fenómeno filosófico-político de una gravedad extrema: la gestación silenciosa de “burbujas” tanto en la praxis del mercado como en el seno mismo de la estructura institucional republicana. Acostumbramos a denominar “burbuja” únicamente a la inflación ficticia de los activos financieros, al desfasaje entre el valor especulado y la realidad concreta de la producción. Sin embargo, existe una patología aún más insidiosa que infecta a la vida democrática: la creación de una burbuja institucional. En ella, la narrativa oficial sobre la solidez de las reglas del juego, el blindaje constitucional y mediático y el pretendido éxito del modelo se infla de manera hiperbólica mientras, en la sombra, la erosión de las garantías fundamentales avanza silenciosamente. Como diría Karl Marx (2008, p. 89) en su célebre análisis sobre el fetichismo en “El capital”: “Lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada que existe entre los propios hombres”.

En nuestro tiempo, el fetiche no es únicamente la mercancía o la cifra digital en la pantalla bancaria, sino el propio mito de la estabilidad republicana. Se construye una escenografía de solidez institucional donde el Estado opera como un garante del negocio privado y, al igual que en las especulaciones bursátiles más despiadadas, la burbuja política crece alimentada por el autoengaño de las elites y la complicidad corporativa, hasta que el inevitable estallido pone al descubierto el vacío ético sobre el que se sostenía un edificio de papel prensado.

Resulta aterrador reconocer las profundas convergencias, pero también las clarificadoras divergencias, que dibujan el espejo comparativo con el estallido argentino del 2001. Mientras que en aquel diciembre trágico de la Argentina el bloqueo de los depósitos obedeció al ahogo macroeconómico y a la implosión sistémica de un esquema cambiario rígido como la convertibilidad, el caso paraguayo revela el rostro de un colapso inducido por la colusión corporativa y la opacidad institucional. Tal como subraya el economista Víctor Raúl Benítez en un lúcido examen sobre las similitudes y diferencias entre ambos fenómenos, la quiebra del modelo paraguayo —presentado durante años como un paradigma de estabilidad macroeconómica regional— evidencia cómo el mito del éxito mercantil se desmorona cuando se asienta sobre la estafa y la vulneración de la fe pública (Perfil, 2026). En ambas latitudes, sin embargo, el resultado ontológico termina siendo exactamente el mismo: la expropiación violenta de la confianza colectiva y la degradación del individuo a la categoría de mero rehén de un entramado financiero fraudulento.

Esta atmósfera de vacío de poder y movilización social desenfrenada redefine el espacio público en Asunción, replicando la vivencia dramática del “que se vayan todos” argentino de principios de siglo. Como reporta el análisis de TN (2026b), el horizonte paraguayo se ve sacudido por protestas multitudinarias, cacerolazos y una parálisis gubernamental que evidencia cómo la pérdida de control financiero deviene de inmediato en anomia política. No es únicamente el dinero fugado o retenido por los bancos lo que subleva a la muchedumbre, sino la penosa revelación de que el Estado ha vaciado sus despachos de representatividad para convertirse en una cáscara inerte. Cuando las calles se llenan de clamor y el palacio presidencial queda sumido en la orfandad política, la ilusión de la estabilidad formal salta por los aires, dejando al desnudo que el poder sin respaldo popular no es más que coerción desprovista de rumbo.

Recordamos con dolor que en aquel escenario sangriento del 2001, la confiscación de las cuentas no fue solo un desastre monetario, sino una catástrofe ética que destruyó el valor de la palabra pública, para siempre. Hoy, el proceso que devora la presidencia de Peña y las claves de la crisis vinculada a Ueno Bank revelan el mismo patrón de desamparo total (El Cronista, 2026; TN, 2026a; TN, 2026b). La ciudadanía descubre horrorizada que el andamiaje institucional no existe para cuidar el pan de la familia o la dignidad de los trabajadores, sino para ofrecer cobertura de liquidez a un esquema financiero fraudulento. Nos hallamos, así, atrapados en una democracia procedimental desprovista de sustancia vital, una cáscara vacía incapaz de articular promesas mínimas de justicia elemental.

Justamente, esa subordinación sistemática de la política a la voracidad mercantil ahoga de raíz toda posibilidad de construir una verdadera libertad ciudadana. Al respecto, Byung-Chul Han (2014, p. 35) argumenta en su obra titulada “Psicopolítica” que la libertad aparente de la modernidad tardía se disuelve en el consumo y la alienación, en tanto que “hoy nos creemos libres, pero es una ilusión. La libertad se interpreta de un modo puramente económico, como la libertad de elección en el mercado”. Cuando las garantías constitucionales más básicas se reducen a asegurar el libre flujo de capital mientras el ciudadano común pierde la certeza sobre su sustento cotidiano, la libertad democrática queda castrada. En nuestra Hispanoamérica, el pacto constitucional no ha logrado emanciparse de su servidumbre económica; lejos de madurar, la democracia regional continúa gateando en el terreno de las promesas incumplidas. No obstante, frente a la inercia del desencanto y la resignación cívica, la tarea crítica de la filosofía no consiste en contemplar pasivamente la ruina institucional. Frente al repliegue de los justos y la hegemonía de las elites insensibles, urge superar la abulia política para restaurar un sentido ético a la vida comunitaria y arrebatarle el mando a esa mole estatal desencajada.

Con mucho pesar, tenemos que finalizar esta humilde reflexión indicando que nos produce una indignación razonable y profunda constatar que habitamos latitudes donde la ley, el orden y las garantías constitucionales parecen estar construidos con la fragilidad del cartón. Asistir al espectáculo de Constituciones minuciosamente redactadas pero impotentes ante la primera turbulencia financiera nos despierta de la hipnosis del progreso automático. ¿Hasta cuándo debemos soportar que la fe pública sea una moneda de cambio sacrificable en el altar de la impunidad política y bancaria? ¿Qué transformaciones profundas en nuestra conciencia colectiva debemos ejecutar para romper el círculo vicioso de la confiscación, la mentira y el desamparo? ¿Estamos acaso condenados a ser eternamente naciones de celofán, brillantes por fuera pero transparentes en su vacuidad y propensas a rasgarse al menor embate? ¿En qué momento histórico dejaremos de ser repúblicas bananeras para convertirnos en países serios que exijan, respeten y cumplan cabalmente con las cláusulas sagradas de su pacto social?

Referencias bibliográficas y fuentes consultadas

· Agamben, G. (2004). Estado de excepción. Homo sacer, II, 1. Adriana Hidalgo editora.

· Arendt, H. (2006). Sobre la revolución. Alianza Editorial.

· Byung-Chul Han. (2014). Psicopolítica. Editorial Herder.

· Clarín. (2026, 6 de noviembre). Crisis en Paraguay: el Congreso espera a Peña para el inicio del juicio político y empieza el desarme del corralito. Clarín. https://www.clarin.com/mundo/crisis-paraguay-congreso-espera-pena-inicio-juicio-politico-empieza-desarme-corralito_0_x9BxPxJt01.html

· El Cronista. (2026, 6 de noviembre). Crisis en Paraguay: las claves para entender el conflicto con Ueno Bank que terminó en la renuncia de Santiago Peña. El Cronista. https://www.cronista.com/internacionales/crisis-en-paraguay-las-claves-para-entender-el-conflicto-con-ueno-bank-que-termino-en-la-renuncia-de-santiago-pena/

· Hobbes, T. (2000). Leviatán: o la materia, forma y poder de una república ecclesiástica y civil. Fondo de Cultura Económica.

· Marx, K. (2008). El capital: crítica de la economía política (Vol. 1). Siglo XXI Editores.

· Perfil. (2026, 4 de noviembre). Corralito en Paraguay: similitudes y diferencias con el 2001 argentino. Perfil (Modo Fontevecchia). https://www.perfil.com/modo-fontevecchia/corralito-en-paraguay-similitudes-y-diferencias-con-el-2001-argentino-aGqtR7S9p43v

· Prieto Femenía, L. (2022, 12 de junio). Pensando en la estafa del Leviatán sin rumbo. Dialektika. https://dialektika.org/pensando-en-la-estafa-del-leviatan-sin-rumbo/

· Radio UNR. (2026, 6 de noviembre). Crisis en Paraguay: «Peña no tiene la legitimidad social y tampoco el apoyo político». Radio UNR. https://radio.unr.edu.ar/2026/11/06/crisis-en-paraguay-pena-no-tiene-la-legitimidad-social-y-tampoco-el-apoyo-politico/

· TN. (2026a, 6 de noviembre). El Congreso de Paraguay inició el juicio político al presidente Santiago Peña, que fue convocado para defenderse este viernes. TN. https://tn.com.ar/internacional/2026/11/06/el-congreso-de-paraguay-inicio-el-juicio-politico-al-presidente-santiago-pena-que-fue-convocado-para-defenderse-este-viernes/

· TN. (2026b, 6 de noviembre). Corralito, protestas y vacío de poder: Paraguay vive una crisis que recuerda a diciembre de 2001 en la Argentina. TN. https://tn.com.ar/internacional/2026/11/06/corralito-protestas-y-vacio-de-poder-paraguay-vive-una-crisis-que-recuerda-a-diciembre-de-2001-en-la-argentina/

El autor es docente, escritor y filósofo

San Juan - Argentina (2026)

Diario Azua / 07 noviembre 2026.-

Testigo del tiempo

Por J.C. Malone

Los resultados de las elecciones del martes abren quizá el período más peligroso de la política estadounidense contemporánea. Nuevamente estafaron al electorado: no terminará la guerra de Irán; por el contrario, puede intensificarse a niveles extremadamente peligrosos.

Entre noviembre y diciembre, el presidente Donald Trump mantendrá el control total del poder político y militar del país; con eso, puede empujar todo por un barranco.

Para entender esto mejor, ayudará recordar lo que dijo el vicepresidente J.D. Vance sobre las razones de la humillante derrota republicana en las recientes elecciones.

Según Vance, el país votó en contra de la guerra contra Irán, del apoyo incondicional a Israel y del alto costo de la vida; todo eso puede empeorar.

Trump puede intensificar la guerra con Irán; eso aumentaría aún más el costo de la vida y podría provocar protestas callejeras. Ante protestas, disturbios y saqueos, Trump puede suspender las garantías constitucionales «para garantizar la estabilidad» y convertirse en el dictador que siempre dijeron que era.

La guerra contra Irán y el apoyo a Israel continuarán porque los demócratas no la detendrán. Los votantes fueron estafados nuevamente.

El senador judío neoyorquino y sionista Chuck Schumer presidirá el Senado, y Hakeem Jeffries, congresista de Brooklyn comprometido con los judíos, presidirá la Cámara Baja. Ambos apoyan incondicionalmente a Israel y sus planes contra Irán.

Si Trump no provoca el desorden necesario para mantenerse en el poder, el pueblo puede sentirse burlado y tomar las calles contra su clase política.

Trump asumió la humillante derrota electoral con una humildad, calma y ecuanimidad inusuales para él. Recordemos que, como dueño de casinos, Trump es la casa y “la casa pierde y se ríe», porque siempre tiene revanchas planeadas, mientras los ganadores celebran su victoria.

En noviembre y diciembre, caminaremos sobre cáscaras de huevo. En Irán, pueden usar armas nucleares en ataques frontales o en una operación de falsa bandera, lo que implicaría a todas las potencias nucleares del mundo.

Washington controla políticamente a muchos países; no le importa lo que piensen sus ciudadanos. Israel controla políticamente a Washington; no le importa lo que piensen los estadounidenses. Vienen días bastante difíciles, parecerán una serie de Netflix.

 

Diario Azua / 07 noviembre 2026.-

Por Néstor Estévez

La Feria del Chivo Liniero comenzó como muchas iniciativas, sin mayores pretensiones. Cuenta Félix Colón, productor agropecuario y presidente del comité organizador, que en su tiempo de estudiante tuvo una idea: reunir a su comunidad alrededor de una tradición que todos conocían, el chivo liniero. La compartió con compañeros de estudios y encontró oídos atentos. Aquella conversación, sumada al esfuerzo de muchas personas, terminó convertida en la Feria del Chivo Liniero, en Hato del Medio Arriba, en la provincia Montecristi.

Según rememora, al principio, la iniciativa buscaba reunir fondos para construir la Casa Club comunitaria, pero con el tiempo fue creciendo. Hoy, en su duodécima edición, la feria celebra la crianza del chivo y los platos tradicionales, pero además abre una pregunta importante: ¿qué puede ganar una comunidad cuando se une para mostrar lo mejor de su tierra?

Pensemos en un pequeño criador que cuida sus animales durante meses. En la feria puede conocer compradores, conversar con otros productores y aprender nuevas formas de mejorar su trabajo. Un encuentro así puede ayudarlo a vender mejor y a encontrar clientes después de la fiesta. Por eso, la feria representa mucho más que oportunidad de ventas.

Feria de oportunidades

El chivo preparado al estilo liniero cuenta una historia de familia, trabajo y sabor. En esta feria, una cocinera puede dar a conocer su sazón; un joven puede aprender a preparar alimentos con higiene; un pequeño negocio puede ofrecer sus productos a más personas. La gastronomía puede crear ingresos y empleo.

El movimiento puede alcanzar a otros vecinos: a quienes venden frutas, ofrecen transporte, fabrican artesanías o atienden visitantes. Si la comunidad se organiza, el dinero que trae la feria puede circular entre muchas manos. Así, una tradición se convierte en una puerta para mejorar la vida diaria, especialmente de las familias que viven del campo.

Pero hay otra riqueza que no se guarda en los bolsillos. Cuando alguien explica cómo se cría el chivo o comparte una receta, entrega conocimientos que no aparecen en cualquier libro. Y cuando alguien escucha, ayuda a organizar y cuenta estas historias en redes sociales, mantiene viva la identidad de la Línea Noroeste.

Esfuerzo articulado

La Feria suele involucrar a toda la comunidad. Esa oportunidad podría servir para que estudiantes entrevisten a criadores, registren recetas y ayuden a orientar visitantes o crear mensajes para promover temas de interés. Así aprenderían que su comunidad guarda conocimientos valiosos y que estudiar también sirve para hacerla prosperar cada día.

Félix Colón sabe la importancia de articular esfuerzos. Por eso conversa con ganaderos, emprendedores, instituciones y comunidades. Al preparar la duodécima edición, también ha llevado el mensaje de la feria a encuentros y medios de comunicación. Él manifiesta tener un norte claro: trabajar juntos para que todos tengan oportunidades.

Más potencialidades

La Feria del Chivo Liniero todavía tiene una amplia diversidad de potencialidades para explotar. Esta feria podría conectar con otras tradiciones de la región, como el casabe de Monción. Una ruta que reúna comida, campo e historias locales daría razones para visitar estos pueblos, pero también para aportar a su articulación. Lo importante sería cuidar que los beneficios lleguen a los pequeños negocios y que los resultados vayan más allá de solo tres días cada año.

Cuando le pregunté a Félix Colón por su visión de cara a diez años, me contó que sueña con una feria que, además de ser reconocida, opere como referente en todo el país, capaz de fortalecer los negocios de los productores y dinamizar la economía local. Él sabe muy bien que lograrlo exige un equipo directivo unido, planes claros y algo fundamental: que las nuevas generaciones hagan suyo el proyecto y lo mantengan vivo.

Concluyo este texto con una imagen del futuro: una muchacha o un muchacho de Hato del Medio Arriba descubriendo que no tiene que abandonar sus raíces para aprovechar oportunidades. La idea que nació entre estudiantes puede seguir creciendo en manos jóvenes. Porque el verdadero éxito de la Feria del Chivo Liniero será articularse hasta abrir caminos para toda una región. Para eso, esta feria tiene doble P: la de pasado y la de potencial.

Diario Azua / 07 noviembre 2026.-

El Mirador

Por Luis Céspedes Peña

La intervención del Presidente de El Salvador, en Haití, Nayib Bukele, no busca la libertad de la vecina nación, porque ese no es su objetivo, pero sí “sembrará” confianza para el mundo, en un país abatido por los más poderosos, que no son las pandillas urbanas, sino un pequeño grupo de industriales, empresarios o comerciantes que saquea las riquezas para producir pobreza extrema y ésta bandas criminales de pobres.

¡Así como se lee! Ese pequeño grupo de poderosos tiene varias formas de actuar para ganar millones de dólares, siempre en contra de la mayoría de los haitianos, de los que no se involucran en la delincuencia y de los que sí lo hacen por necesidad, en un alto porcentaje.

Hay sectores económicos que les suplen dinero a las pandillas para que compren armas de fuegos, para supuestamente tener su apoyo, y otros tienen sus propias bandas criminales. ¡Los más peligrosos!

Es como un juego de ajedrez. Ellos ponen y quitan gobiernos. Así controlan totalmente la actividad productiva y eliminan a los que no pertenecen a ese pequeño grupo, especialmente ubicado en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

La participación del Presidente Bukele va a ayudar con el logro, un día, de estabilidad de Haití, a largo plazo. A corto plazo, la mejoría será temporal. Esos sectores económicos, patrocinadores de bandas criminales, no están pensando en el progreso colectivo de Haití y menos en la democracia, sino en los beneficios personales.

Algunos de los líderes de pandillas fueron entrenados por guerrilleros colombianos. Éstos se encargan de capacitar a otros, en el manejo de las armas, como de todas las operaciones criminales que se desarrollan en Haití. La mayoría de los jóvenes que se involucra en las pandillas, lo hacen presionados por la difícil situación económica de ese país. ¡La peor de América Latina y una de las más miserables del mundo!

Los problemas económicos y sociales de Haití no se solucionan con intervenciones militares. ¡Se solucionan si las potencias mundiales, como Estados Unidos, Rusia, China, Europa y otras naciones, ayudan con su reconstrucción! Pero pensando en la creación de un gobierno multilateral, no con la participación de representantes de la mayoría del sector económico de Haití. Sí involucrando a intelectuales, profesionales y del sector económico que está fuera de las pandillas.

Se habla de que otro de los graves problemas que hay en Haití, que gravita negativamente en un posible proceso de estabilidad, es la existencia de cientos de Organizaciones no Gubernamentales, mejor conocidas como las ONGS, que son las que reciben parte de las ayudas económicas internacionales, con la idea de que se trabaje por la reconstrucción de la nación (si es que se le puede llamar nación), pero la mayoría de ellas desvía esos esos fondos.

Otra parte de esos recursos son recibidos por grandes empresarios, supuestamente para hacer proyectos de desarrollo, pero que al final el dinero desaparece. Ese manejo estratégico de ese pequeño grupo de poderosos, es parte de lo que mantiene la pobreza extrema a Haití.

En Haití no hay secuestros ni asesinatos de grandes empresarios, exceptos alguien que aparezca que no representa sus intereses.

Allí seguirá habiendo pandillas, porque los pandilleros reciben salarios como si fuesen soldados regulares de una Fuerza Armada o Policía Nacional. ¡Pagados por esos sectores económicos, además de los secuestros, las extorsiones, el tráfico de indocumentados y otras operaciones irregulares!

Como en Haití no hay autoridad nacional, la creación de un gobierno multilateral, que podría estar encabezado por Estados Unidos, resolvería ese problema. Así las ayudas económicas no irían a parar a las ONGS ni a los agiotistas del sector económico, sino que serían usadas para la reconstrucción de la nación.

¿De qué reconstrucción estamos escribiendo? De construir viviendas económicas para planes sociales a favor de los pobres, pozos para la extracción de agua del subsuelo para desarrollar la agropecuaria, acueductos para el consumo hogareño e industrial. Escuelas, carreteras, caminos vecinales, una total reforestación con frutales o árboles maderables, la creación de fuentes para generar empleos, energía eléctrica y otras necesidades. ¡Como su vecina República Dominicana!

Nayib Bukele asegura que su papel en Haití, tiene como objetivo buscar los cuatro salvadores secuestrados y también le agregó ayudar en busca de la paz regional. ¿Y si los cuatro soldados están muertos?

Una parte de América Latina está de acuerdo con las intervenciones militares en Haití, porque hay que admitir que las bandas criminales cometen atrocidades criticadas por todos nosotros, pero también hay que señalar que esos grupos están compuestos por jóvenes, en su mayoría, que cobran pequeños salarios, semanal o quincenalmente para su subsistencia. ¡Uno de los peores caminos que les deja esa pequeña burguesía!

Cobran ese dinero, arriesgando su vida y la de sus familiares para comprar alimentos, vestimentas, pagar alquileres de casitas, construidas en madera o tierra, en su mayoría, porque no les cubre las medicinas u otras necesidades.

El problema de Haití es causado por la falta de personas visionarias, por la herencia dejada por el despojo de sus riquezas de parte de grandes potencias extranjeras, la misma destrucción de sus bosques, por sus mismos habitantes, desde hace siglos, y la falta de oportunidades para la mayoría de sus ciudadanos, especialmente para los jóvenes.

Hay de ellos que son militares inactivos, que pertenecieron a las desmanteladas Fuerzas Amadas de Haití o a la antigua Policía Nacional. La pregunta básica es: ¿Por qué abolieron las Fuerzas Amadas y la Policía Nacional? Porque eso es lo que ahora les está dando buenos resultados, a los grupos económicos que controlan bandas criminales.

¿Pero fue correcto el desmantelamiento de las instituciones armadas de Haití?, no. Ese plan lo desarrollaron poderosos países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿A dónde fueron a parar las armas de las desmanteladas Fuerzas Armadas y la anterior Policía Nacional de Haití?

A bandas criminales y personalidades del sector económico, aunque ya cuentan con otros armamentos modernos. ¿Por qué se hace tan difícil encontrar a la mayoría de los líderes de las pandillas? Porque están bien protegidos. Si en ese país hubiese existido Fuerzas Armadas, hoy no existirían bandas tan poderosas.

Buscaron la forma para que Haití fuese ingobernable, como lo está. Quizás para grupos poderosos saquear las principales riquezas, como el oro, la plata y otras. ¡Y para manejar la actividad comercial a su antojo, incluyendo inmensas fincas!

Sin la existencia de un gobierno multilateral, no es posible que se puedan hacer las inversiones que la mayoría de haitianos quiere para su desarrollo. ¡De esa mayoría que sale a las calles de Haití a apoyar a los soldados salvadoreños, sin importar las consecuencias futuras, porque observa que eso podría ayudar al logro de la libertad que necesitan!

La operación militar de El Salvador es temporal, aunque no hay duda de que “abrirá” un camino para la libertad de Haití.

Hoy, como consecuencia de la gravísima situación económica y social de la mayoría de haitianos, la República Dominicana carga con cuatro o cinco millones de esos ciudadanos, una parte de ellos usada en la construcción, la agropecuaria u otras actividades.

La mayoría de haitianos no sólo huye al territorio dominicano u otras naciones para salvarse de los enfrentamientos entre militares regulares y las pandillas, sino buscando la subsistencia económica.

Es penoso observar a niños y ancianos huir de las batallas entre soldados y pandillas. La mayoría de haitianos anhela vivir en paz en su país. ¡Sólo esperan algo nuevo que les dé tranquilidad! En Haití los poderosos derrocan gobiernos y matan a sus Presidentes, cuando éstos comienzan a aplicar políticas que lesionan sus intereses, pero que favorecen a los más necesitados.

Debemos entender que República Dominicana es, para los pobres haitianos, como si fuésemos Estados Unidos. Una Isla dividida en dos: Una, la República Dominicana en permanente crecimiento económico, social, forestal, científico o cultural, y la otra parte (Haití), totalmente destruida, con pocas esperanzas de rehacerse. ¡Pero debemos esperar los resultados de la operación Bukele, aunque serán mejores que los que él combate!

Los dominicanos se van a Estados Unidos, Europa, Rusia, China y algunos países árabes, tratando de mejorar su economía. ¡Y la mayoría de haitianos llega a República Dominicana buscando cómo ganarse unos pesos para su alimentación, trabajando sin ese temor que hay en su país. Aquí disfrutan de muchas condiciones sociales y conviven con los dominicanos. Los únicos haitianos que tienen problemas aquí, son aquellos estropean la dignidad nacional.

Casi todos los haitianos quieren ser dominicanos, independientemente que su Constitución dice que “donde quiera que nace un haitiano, es de Haití”.

Quiera usted o yo no reconocerlo, si analizamos los nacimientos de niños o niñas que se produjeron en el país desde la década de los años 30, cuando el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina comenzó a contratar obreros de Haití, para el corte de la caña en los ingenios, al día de hoy se puede afirmar que aquí hay una gran evolución de dominicanos y haitianos, con famosos políticos, artistas, peloteros, médicos, obreros u otras áreas, con sangre cruzada.

La presencia salvadoreña ya está logrando un poco de tranquilidad entre los haitianos que aman a ese país.

En Puerto Príncipes hay cadenas de establecimientos comerciales, industrias y empresas propiedad de los mismos grupos económicos, ¡pero las bandas no asaltan esos establecimientos productivos! La República Dominicana está en el deber de no dejarse arrastrar a un conflicto con Haití, aunque debe multiplicar los controles, en virtud de que allí no hay una lucha por la reconstrucción de la nación, sino cada sector económico súper enriqueciéndose de las ayudas extranjeras, con el monopolio de los negocios y el uso de bandas criminales.

¡Sí debe seguir cooperando con Haití, con el restablecimiento del orden, e imponer reales controles en la frontera! Tenemos que reconocer que parte de nuestra economía depende de la mano obrera haitiana, ¡de los haitianos trabajadores y conscientes de que somos dos países, uno con mucho desarrollo, como es el nuestro, y el de ellos sumido en la pobreza extrema!

Otra cosa que debemos aclararles a grupos de haitianos, que erróneamente dicen que los dominicanos ocupamos un territorio de la vecina nación. Nunca, los que nacimos en esta parte de la Isla invadimos tierras haitianas, desde el mismo partir de la existencia de los indígenas, hasta el día de hoy.

Los inyitis (lengua indígena), hoy Haití, sí invadieron la parte Santo Domingo español (que éramos nosotros), como se conocía nuestro país antes de la Independencia Nacional del 27 de Febrero de 1844. Haití español sí ocupó la parte de nuestra Isla (en 1822), permaneciendo 22 años bajo el control total al mando del presidente Jean-Pierre Boyer, así como otras dos veces más antes.

O sea, que la Isla estuvo ocupada, como consecuencia de la última invasión haitiana, durante 22 años. ¡22 años bajo la dictadura más férrea impuesta por Jean-Pierre Boyer, que produjo grandes atrocidades, para no profundizar en las interioridades de esos hechos!

Aún así, luchamos por una convivencia pacífica con los haitianos que llegan, pero sí entendemos que eso debe ser regulado, como lo establecen nuestras Leyes. ¡Y también queremos vivir en convivencia con los que siguen en Haití!

La parte de Santo Domingo español, también fue invadida por el Presidente haitiano Toussaint Louverture, en 1801. La segunda de esas invasiones haitianas en perjuicio de los que hoy es República Dominicana, ocurrió en 1805, bajo la dirección del emperador haitiano Jean-Jacques Dessalines. En cantidad, fueron tres las invasiones en contra de esta parte de la Isla: 1801, 1805 y 1822.

Pero ni como Santo Domingo español, como era el nombre de nuestro país a raíz del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, en 1492, ni como nación independiente, con su nombre República Dominicana, nunca se invadió territorios haitianos.

Haití se desarrolló como colonia francesa, con esclavos africanos. Hacemos estas puntualizaciones para aclararles a muchos haitianos, equivocados, especialmente a algunos de las pandillas, que dicen que la parte de la Isla que ocupa República Dominicana, es una propiedad de ellos.

También en nuestra nación hay muchos dominicanos equivocados, que dicen que los hijos nacidos en el país de matrimonios entre un haitiano y una dominicana son de Haití. ¡Pues legalmente no es así!

Si eso ocurre, como ya lleva veintenas de años en el país, los hijos de parejas compuestas por dominicanos y haitianas (o de las últimas a los primeros), que fueron registrados, de mutuo acuerdo, en las Oficialías del Estado Civil de nuestro país, son dominicanos o dominicanas. ¿Usted quieres averiguar eso?, vayas a San Pedro de Macorís, para sólo poner un ejemplo, donde abunda ese problema, para que confirmes lo que escribimos.

¡Gracias por leernos!

Diario Azua / 07 noviembre 2026.-

Por Fernando Custodio

Desde un corto tiempo a esta parte algún sector interesado en forzar situaciones adversas a la buena imagen ganada por la Junta Central Electoral (JCE) incurren en poner la correa de la responsabilidad de cualquier inconveniente que haya tenido algún ciudadano.

Es tan marcado el nivel de empuje por hacer daño que tiene ese sector, que cree que recurrir a la edad, de la persona envuelta en la disyuntiva, es una ganancia, ante la situación creada por ese medio.

Este apunta en una informativa, de la semana pasada, que la JCE canceló la cédula de identidad de Antonio Tomás Javiel por una supuesta irregularidad en su acta de nacimiento.

Si se analiza objetivamente la situación se verá claramente que existe una intensión de dañar la imagen de la JCE.

Veamos cronológicamente el caso, y usted amigo lector, tendrá la oportunidad de hacerse su propio juicio, veamos:

En septiembre del 2014, el señor Antonio Tomás Javiel, fue a la JCE a buscar su documento de identidad, pero no se le pudo entregar en ese momento, el señor tenía una doble identidad.

El 3 de agosto del 2015 el señor Antonio Tomás Javiel interpuso una acción de amparo; el 16 de noviembre de ese mismo año la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) le dio la razón a Javiel, pero el 25 de febrero del 2016 la JCE interpuso un recurso de revisión.

En el numeran 11.2. de la Sentencia TC/1148/26, y a raíz de la sentencia núm. 00212-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo.

La JCE pretende la revocación de la sentencia recurrida, al considerar que la misma justifica y deduce derechos mediante la inobservancia de nuestro ordenamiento jurídico que ha llevado a la confusión del tribunal a quo, apartándose incluso de los principios de legalidad que deben regir las decisiones de los tribunales.

En ese sentido sostiene que: la acción de amparo es una medida para restituir un derecho fundamental protegido por la constitución, no para endosar legalidad a actos ilegales como la entrega de cédulas que son irregulares, puesto que el Estado no puede y no debe incentivar la violación a las leyes mediante la conminación a una institución como la Junta Central Electoral a que produzca un acto a sabiendas de su irregularidad.

Que culpa tiene la Junta Central Electoral (JCE) de que el Tribunal Superior Administrativo haya durado el tiempo que entienda conveniente para hacer sus trámites. Por que poner a la Junta a pagar la culpa ajena, así nooo.

 

Diario Azua / 01 noviembre 2026.-

Por Rubén Moreta

Julián Rotter (1916-2014) fue un afamado psicólogo norteamericano, profesor de la Universidad de Connecticut, que hizo notables aportes a esa rama del conocimiento, entre ellas la Teoría del Aprendizaje Social (1954) y su Teoría sobre el Locus de Control, formulada en 1966.

Rotter define el locus de control como una expectativa generalizada de control sobre los reforzamientos. Los reforzamientos, conforme la psicología conductista, son cualquier estímulo que sigue a una conducta y que estimula o aumenta la posibilidad de que el comportamiento se repita en el futuro.

Conforme Rotter, el locus de control determina si un individuo atribuye causalidad de sus actuaciones a factores disposicionales internos (habilidad y esfuerzo) o a factores situacionales externos (azar, suerte o el poder de otros).

El autor divide el locus de control en interno y externo. Conforme este paradigma, el locus de control interno el individuo percibe que sus resultados son el producto de su propio enfoque, esfuerzo, dedicación, habilidad o responsabilidad.

Rotter define el locus de control externo como la creencia psicológica de que los acontecimientos de la vida diaria ocurren debido a factores ajenos a las propias acciones del individuo, como la suerte, el destino, el azar o la intervención de otras personas. En el locus externo, la razón de la dificultad personal no obedece a razones propias, sino a elementos exteriores, que están fuera de nosotros, el “otro” o “los otros” son los generadores o causantes de lo que nos pasa.

En resumen, conforme la psicología de Rotter, los premios, castigos o resultados que recibimos en todas las actividades de la vida diaria tendrán un control o influencia interna o externa.

El enfoque del locus externo del Profesor Rotter tiene aplicación al caso del sujeto dominicano, quien tiende siempre a buscar el origen de sus dificultades fuera de sí, en los demás, en la “mala suerte”, en que “mamá y papá no me dieron”, en que “nací en la pobreza en el campo o en el barrio marginado”, en que los dirigentes de mi partido “no me ayudan o no me toman en cuenta”, en la supuesta “envidia” que me tienen los demás, etc.

No es pesimismo, pero los dominicanos mayoritariamente, y no exagero con el determinismo, buscan siempre “un culpable o responsable” fuera de sí de sus dificultades, rezagos o falencias.

Es tiempo de cambiar. Como sociedad debemos y tenemos que superar el “locus externo”.

El autor es Profesor UASD.

 

Diario Azua / 01 noviembre 2026.-

Por Alfredo Cruz Polanco

afredocruzpolanco@ gmail.com

Nuevamente se han dado a conocer otras 28 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a diferen­tes instituciones públicas de la presente gestión gubernamental en las que se advierten una serie de irregularidades, vicios y violaciones a los controles internos, a la ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas; actos de corrupción administrativa, de colusión, distracción y malversación de fondos públicos, entre otras, ascendentes a miles de millones de pesos y no se observa la aplicación de medidas disciplinarias ni de un régimen de consecuencias a los implicados en dichos hechos delictivos.

El señor Presidente de la República Luis Abinader Corona ha instruido al Contralor General de la República, Geraldo Espinosa Pérez, para que realice y publique en el portal web de la CGR dichas auditorías, pero esta institución, según la Ley 10-07, solo es responsable de la fiscalización interna de los recursos públicos, no de la fiscalización externa de dichos recursos, función que le corresponde, única y exclusivamente, a la Cámara de Cuentas de la República (CCRD).

La publicación de dichas auditorias obedece a una estrategia del Presidente de la República, que procura crear una imagen de transparencia y de persecución a la corrup­ción administrativa en el manejo de los recursos públicos, pretendiendo envíar una supuesta señal de que él está preocupado por la transparencia, la persecución y el castigo a la corrupción administrativa.

El mandatario lo instruyó a publicar todas las auditorias que realiza esa entidad, pero con dicha publicación podemos observar que el propio Contralor General de la República entra en contradicción con las propias funciones de la institución que dirige, pues se auto incrimina ante el país, al dar a conocer sus debilidades, como órgano responsable del control interno de los recursos públicos; por las debilidades, las violaciones, los actos de corrupción y las faltas graves que aparecieron en dichas auditorías, ya que la CGR, tiene una Unidad de Auditoria Interna (UAI) en cada institución auditada, las cuales no están cumpliendo con su verdadero rol, al permitir todo tipo de violaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Pese a que la ley no faculta a la Contraloría a realizar dichas publicaciones, el Contralor General de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que esta nueva entrega, ordenada por el señor Presidente de la República, da continuidad a la divulgación progresiva de las auditorías correspondientes a períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.

Dicha publicación comprende 28 informes correspondientes a 25 auditorías con enfoque integral y a 3 informes de seguimiento a las recomendaciones de auditorías, cuyos resultados podrán ser consultados a través del portal institucional de la Contraloría.

Las auditorias que realiza la CGR no tienen fuerza jurídica para que los incumbentes de las instituciones auditadas, sean sometidos a la acción de la justicia, función que le corresponde a la Cámara de Cuentas de la República, como responsable del Control externo de los recursos públicos, pues el Contralor es designado por el Presidente de la República. Su rol es el de velar por el funcionamiento y cumplimiento de los controles internos establecidos en cada institución pública y el de recomendar, mediante resoluciones, las correcciones de lugar.

El numeral 8 del artículo 18 de la Ley número 10-07, establece, entre las funciones especiales del Contralor General de la República, la de remitir directamente al titular de la respectiva entidad u organismo público, al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República o a la Cámara de Cuentas, según corresponda, los resultados o informes de las auditorías realizadas.

Por consiguiente, por los informes dados a conocer, queda demostrado que las UAI, o están actuando en confabulación con los incumbentes de las instituciones fiscalizadas, no están cumpliendo con sus funciones; que dichas auditorias no fueron realizadas eficientemente o solo fueron para tratar de provocar un efecto publicitario.

¿Qué sentido tiene colgar en la plataforma de la CGR dichos informes, si el señor Presidente de la República, en vez de destituir a dichos funcionarios, aplicar medidas disciplinarias, hacer que estos sean sometidos a la justicia, los promueve, o los cambia de institución, con lo que se provoca un flaco servicio a la lucha por la transparencia, a la persecución de la corrupción administrativa y al forta­lecimiento institucional Es decir, el remedio resulta peor que la enfermedad.

De ahí que dichas auditorias, han pasado sin penas ni gloria, pues muy pocas personas les han dado créditos a las mismas, a pesar de que el Presidente Abinader, en una de sus intervenciones en la ONU, expresó que en su gestión, se está aplicando una supuesta transparencia, persiguiendo y castigando a la corrupción.

El autor es Contador Público Autorizado

Ex miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016 y Diputado al Congreso Nacional

Diario Azua / 01 noviembre 2026.-

Por Alfonso Benoit

Nuestras mujeres siguen sufriendo una violencia que, lejos de ceder, se repite en demasiados hogares. Algunas soportan amenazas y agresiones durante meses; otras, cuando sienten que su vida corre peligro, reúnen el valor de acudir a las autoridades en busca de protección. Y es entonces cuando lo que debería ser un trámite ágil se convierte, con demasiada frecuencia, en una segunda forma de violencia: la indiferencia, las demoras y la falta de atención agravan la angustia de quien llega pidiendo auxilio. Esa mujer no solicita un favor. Reclama protección porque teme por su vida.

Muchas, después de acudir a la justicia, terminan muriendo a manos de sus agresores. En algunos casos las advertencias no faltaron: habían denunciado amenazas, señalado a quienes las maltrataban y expresado el temor de que algo peor pudiera ocurrirles. Lo que faltó fue una respuesta capaz de impedirlo. La negligencia, la falta de seguimiento y la lentitud de las autoridades pueden dejar a una víctima sola frente a quien está decidido a hacerle daño. Cuando el agresor cumple sus amenazas después de que ella pidió ayuda, lamentar la tragedia no basta: hay que preguntarse por qué la justicia no actuó a tiempo para proteger esa vida.

Por eso, en lugar de seguir promulgando leyes, deberíamos concentrarnos en que se apliquen las que ya tenemos. El problema no es la falta de normas, sino su incumplimiento. Los casos que han generado preocupación en la Unidad de Violencia de Género de la calle Puerto Rico, en el sector Alma Rosa I de Santo Domingo Este, y los señalamientos de presunta negligencia en la unidad de la avenida Rómulo Betancourt, en el sector Bella Vista del Distrito Nacional, obligan a cuestionar la calidad de la atención que reciben las víctimas. Esta última debería ser un referente de eficiencia, responsabilidad y protección para las demás unidades del país, y no objeto de cuestionamientos sobre su funcionamiento.

El asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, ocurrido en mayo de 2026, es uno de esos casos que deberían sacudir la conciencia de quienes tienen la responsabilidad de protegernos. Esmeralda acudió a la Unidad de Violencia de Género de la calle Puerto Rico para denunciar las amenazas de su expareja y, poco después de salir, su agresor la mató a tiros. Más tarde, las autoridades afirmaron que le habían ofrecido trasladarla a una casa de acogida, pero esa explicación no responde a la pregunta esencial: ¿qué protección efectiva recibió Esmeralda antes de ser asesinada? Quien acude a la justicia porque teme por su vida necesita protección inmediata, no explicaciones después de su muerte.

Los fiscales de las unidades de violencia de género, llamados a encarnar la protección de las víctimas, actúan en muchos casos como si estuvieran por encima de la ley y terminan convirtiéndose en segundos verdugos de quienes acuden a ellos. Mientras no veamos fiscales destituidos y sometidos a la justicia cuando su actuación lo amerite, seguiremos arrastrando esta cadena de negligencias y presuntas irregularidades: sin consecuencias no hay cambio, y sin cambio el riesgo para las víctimas seguirá siendo el mismo. Cuando el agresor es adinerado, además, se complica obtener la orden de arresto; y aun cuando se logra, con frecuencia anda a sus anchas y apresarlo resulta casi imposible. Esa impunidad mina la confianza de la víctima y transmite un mensaje devastador: que la justicia no es igual para todos. Si eso no cambia, la violencia seguirá teniendo cómplices dentro del sistema.

Ahora llega al Congreso un nuevo proyecto de ley para reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia. Cabe preguntarse, sin rodeos: si las leyes vigentes se aplicaran de verdad, ¿para qué crear otra? Ninguna norma nueva sustituye la voluntad de hacer cumplir las existentes. Y cuando el dinero o las influencias tuercen la decisión de un fiscal, no estamos ante una falla de las leyes, sino ante corrupción. Mientras no haya consecuencias reales para quienes venden o abandonan su deber, seguir promulgando leyes será un ejercicio inútil, incapaz de garantizar que una mujer regrese con vida a su hogar.

 

Diario Azua / 01 noviembre 2026.-

Testigo del tiempo

Por J.C. Malone

Francia danza al borde de la bancarrota y el caos político, tras perder siete de 14 colonias africanas. Mientras su primera colonia en América, Haití, vive en un caos político, parecería que el colonialismo está colapsando.

El presidente francés Emmanuel Macron acusa a Trump de manipular las protestas francesas, al igual que el presidente Joe Biden acusó al ruso Vladimir Putin de “crear” la inflación en Estados Unidos.

Cuando dos líderes de ese nivel dicen ese reverendo disparate, sabemos que los pobres tipos ya no tienen argumentos. Que la gente que fabrica mentiras para ellos dijo, “diga lo que Ud. quiera, igual, nadie le cree”.

Los disturbios e inestabilidad social en Francia contagiaron a Bélgica, Italia, Albania y España. El caos de Haití ya envuelve a militares de por lo menos a dos países vecinos.

Jefes militares de la República Dominicana le venden municiones a bandas haitianas, eso es grave, muy grave.

Bandas haitianas secuestraron a cuatro soldados salvadoreños. El caos haitiano llegó a Centroamérica; el Ministro de Defensa de El Salvador está en Puerto Príncipe con 3 mil soldados. Y no fueron a negociar ni a conciliar.

Los problemas de Francia, parecen no tener solución, la República Francesa puede colapsar cualquier día.

Su deuda impagable le cerró todas las puertas de todos los prestamistas internacionales, muchos están vendiendo bonos de Tesoro francés con altísimos descuentos, valen casi nada. Además, Francia perdió al menos la mitad de los recursos de sus colonias africanas, eso empeoró la situación.

En toda Europa hay demandas justas, pero los gobiernos empeñados en guerrear no pueden satisfacer a los manifestantes. Las fuentes de ingresos coloniales se agotan.

Es bueno aclarar que esto puede ser parte del libreto globalista del Foro Económico Mundial, en camino al “gran reseteo” de 2030; crean las condiciones para las protestas.

Ningún reclamo será satisfecho, la única salida del caos será el control total, necesario para imponer su agenda globalista.

Todo esto empeorará, porque el caos total es el mejor pretexto, para imponer el control total al que aspiran.

Diario Azua / 01 noviembre 2026.-

Por Néstor Estévez

WhatsApp es tecnología que ha llegado “para facilitarnos la vida”. Además de enviar y recibir mensajes o hacer llamadas, de audio y de video, desde guardar información hasta hacer reuniones son versatilidades que mucha gente encuentra en WhatsApp.

Sin embargo, acontecimientos muy recientes ayudan a seguir reafirmando un planteamiento que cada vez es más evidente: cuando te “dan” algo “gratis”, la mercancía eres tú.

¿Qué pasa con esta aplicación? A diferencia de TikTok o Instagram, donde abundan publicaciones de desconocidos, en WhatsApp interactuamos con familiares, amigos, compañeros y vecinos. Como confiamos en ellos, sus mensajes pueden influir especialmente en nuestras decisiones. Esto no significa que cada mensaje nos convenza, sino que el vínculo con quien lo envía cambia la manera en que lo recibimos.

Pero aquí también juega un papel muy importante la velocidad que nos han impuesto. Antes estábamos acostumbrados a esperar por una respuesta. Ahora, según estudios sobre conversaciones cotidianas, esperamos respuestas en menos de un segundo. Eso explica que cuando alguien nos “deja en visto”, en lugar de pensar “debe estar ocupado”, asumimos que algo anda mal; en cambio, si responde enseguida, lo asociamos con valoración.

Velocidad y presión de grupo

La rapidez influye en cómo interpretamos los mensajes. Un estudio encontró que las respuestas lentas pueden generar sospechas de mentira. Pero, además, en un grupo de WhatsApp, si muchos reaccionan rápidamente y coinciden, solemos sentir presión para responder y sumarnos a esa opinión, aunque todavía tengamos dudas.

WhatsApp facilita hablar con familiares lejanos, organizar actividades y sentirnos acompañados. Sin embargo, se recomienda comprobar la veracidad de lo que circula. Es que, como resulta tan fácil y ágil, mucha gente comparte sin asegurarse de lo que reenvía. Un mensaje enviado por alguien cercano puede parecernos más confiable que una noticia televisiva. Pero esa confianza merece tanta atención como el propio contenido.

También aparecen las llamadas “cámaras de eco”, que operan a modo de “cueva donde solo escuchas tu voz”. Así mismo opera un grupo donde todos piensan parecido: ciertas ideas se repiten tanto que terminan pareciendo verdades absolutas. Ya lo advirtió Daniel Kahneman: el cerebro humano suele confundir repetición con verdad.

El Ejército de Lula

En las recientes elecciones brasileñas, Lula quedó en desventaja en primera vuelta frente a Bolsonaro, pero después remontó. Durante una campaña que se libraba entre fallos informáticos y decisiones tecnopolíticas, el diputado André Janones impulsó un canal llamado "El Ejército de Lula", que reunió a casi 11 millones de personas en tres semanas.

Janones proponía misiones diarias, como "Hoy todos vamos a buscar en Google estas palabras" o "Vamos a comentar todos en esta publicación". También animaba a los seguidores a publicar fotografías con la camiseta amarilla de Brasil. Lula participó con videos breves, selfies y bromas, en lugar de discursos extensos. Inicialmente, no se llamó a pensar, se aplicó velocidad para la acción. Finalmente, Lula ganó.

Este caso muestra la importancia que puede adquirir la gestión de la atención pública en una campaña. Janones aprovechó la aplicación para coordinar personas como un ejército digital, que es mucho más que simple transmisión de mensajes. En definitiva, el uso de la aplicación depende de quienes la manejan: puede servir para movilizar, pero también para manipular.

Entonces, ¿cómo mantener autonomía?

No hace falta borrar WhatsApp. Conviene prestar atención a tres señales. Primero, observa el ritmo: si un grupo se llena de mensajes urgentes, mayúsculas y emojis de alarma, no respondas automáticamente. La velocidad suele dificultar la reflexión.

Segundo, pregunta de dónde viene la información. Mensajes como "reenvía esto a 10 personas" o "mira esto antes de que lo borren" pueden buscar que actúes automáticamente, sin comprobar nada. Antes de compartir, verifica la fuente.

Tercero, sal de tu “cámara de eco”. Si todos tus grupos repiten una misma idea, consulta medios confiables y escucha otras perspectivas. Buscar ayuda fuera de ahí, pero también importa evaluar la calidad de lo que encuentras.

WhatsApp no decide por ti, aunque puede favorecer reacciones rápidas y emocionales. Cuando un mensaje te provoque miedo o rabia, recuerda que esas emociones pueden utilizarse para influir en ti. Puedes responder en dos segundos o tomarte dos horas para pensar. Esa pausa puede ayudarte a decidir por cuenta propia.

 

Diario Azua / 28 de octubre 2026

Por David San Andre

CEO de somoscumplimientodenormativa.com

República Dominicana tiene ante sí una oportunidad para reforzar la confianza en sus empresas e instituciones. Los cambios en materia de responsabilidad penal empresarial y contratación pública sitúan el cumplimiento normativo en un lugar cada vez más relevante. El reto consiste en transformar esas exigencias en decisiones, controles y hábitos que funcionen en la actividad diaria.

Desde nuestra experiencia en España, considero que este es un momento adecuado para compartir aprendizajes y trabajar junto a los profesionales dominicanos. Cada país tiene su propio ordenamiento y su realidad empresarial. La cooperación resulta útil cuando respeta esas diferencias y aporta soluciones adaptadas.

Un marco dominicano en evolución

Uno de los cambios más relevantes es el nuevo Código Penal, aprobado mediante la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26. Su regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas concede importancia a los programas de cumplimiento y a los deberes de dirección, supervisión y control. La reforma establece un calendario específico para estas disposiciones, cuya entrada en vigor está prevista para el 5 de noviembre de 2026.

Esto exige que las empresas revisen cómo toman decisiones, quién autoriza las operaciones sensibles y qué mecanismos permiten detectar irregularidades. La existencia de un programa de cumplimiento puede tener efectos jurídicos bajo determinadas condiciones; disponer de un manual, por sí solo, no garantiza una exención de responsabilidad.

También destaca la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto 52-26. Este marco refuerza la función del cumplimiento en las instituciones contratantes y contempla programas adaptados al contexto de cada organización. Para las empresas que participan en compras públicas, conocer estas reglas resulta esencial para preparar sus ofertas y gestionar sus relaciones con la Administración.

Estos avances se suman al trabajo desarrollado en prevención del lavado de activos. La DGII ha comunicado un incremento de las supervisiones sobre obligaciones como la designación del oficial de cumplimiento, el registro ante la UAF y las auditorías externas independientes de los sujetos obligados bajo su supervisión. La atención debe centrarse en la aplicación efectiva de los controles y en la evidencia de su funcionamiento.

Qué puede aportar la experiencia española

España introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010 y profundizó en la regulación de los modelos de prevención mediante la reforma de 2015. El artículo 31 bis del Código Penal vincula sus posibles efectos exoneradores al cumplimiento de condiciones concretas, entre ellas la adopción y ejecución eficaz de medidas adecuadas de organización y control.

De esta evolución extraigo una enseñanza práctica: el cumplimiento necesita formar parte de la gestión. Un procedimiento pierde utilidad si los trabajadores lo desconocen, si nadie comprueba su aplicación o si la dirección permite excepciones sin justificación.

La implicación de los responsables de la empresa es decisiva. Deben asignar recursos, definir responsabilidades y actuar cuando se detectan incumplimientos. También es necesario revisar el programa cuando cambian la actividad, los mercados, los proveedores o los riesgos.

Otro aprendizaje está relacionado con la comunicación interna. La Ley española 2/2023 regula la protección de las personas que informan sobre determinadas infracciones. Su experiencia ofrece una referencia para reflexionar sobre cómo facilitar alertas, tratarlas con confidencialidad y proteger a quienes comunican irregularidades, siempre conforme al marco jurídico aplicable en cada país.

Una oportunidad para las pymes y los abogados

El cumplimiento debe ser proporcionado al tamaño y a los riesgos de cada organización. Una pyme puede comenzar identificando sus operaciones más sensibles, asignando responsables y estableciendo controles comprensibles. Lo fundamental es que esas medidas se apliquen y se revisen.

Los abogados dominicanos tienen un papel central en este proceso: interpretar las obligaciones, ayudar a priorizar riesgos y acompañar a sus clientes en la implantación. La colaboración entre especialistas jurídicos, responsables empresariales y profesionales del cumplimiento permite conectar la norma con el funcionamiento real de la empresa.

Desde somoscumplimientodenormativa.com queremos contribuir a ese trabajo compartiendo nuestra experiencia en España y desarrollando iniciativas de formación y colaboración con profesionales e instituciones de República Dominicana.

Nuestra propuesta parte de una convicción: una empresa que conoce sus riesgos y organiza su prevención está mejor preparada para tomar decisiones, responder ante incidencias y construir relaciones de confianza. Ese es el valor del compliance que queremos ayudar a impulsar.

Referencias normativas y documentales

República Dominicana: leyes 74-25 y 44-26; Ley 47-25 y Decreto 52-26; comunicado de la DGII de 28 de octubre de 2025 sobre supervisión antilavado. España: artículo 31 bis del Código Penal; Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado; Ley 2/2023.

 

Diario Azua / 26 octubre 2026.-

Por Martín Hoz

Cada octubre, el Mes de la concientización en ciberseguridad nos devuelve a lo básico. Este año, lo básico tiene otra urgencia. La inteligencia artificial simplificó algo que antes exigía tiempo y oficio: encontrar, probar y aprovechar debilidades en código, configuración o procesos que ya existían. Muchas desde hace años e incluso con corrección disponible, pero no aplicada.

El Reporte del panorama global de amenazas 2026 de FortiGuard Labs de Fortinet lo plantea de forma directa: Las herramientas ofensivas con IA comprimen el tiempo necesario para validar y explotar la exposición que ya existe, haciendo posible en menos de 24 horas lo que antes tomaba semanas o meses. En una región donde los intentos de explotación crecieron casi 40 % en un año, esa idea debería ordenar las prioridades de cualquier equipo de seguridad.

Lo viejo no caduca

Solemos tratar las vulnerabilidades como noticias, aparecen, se publica el parche y el riesgo pasa. Pero la telemetría de FortiGuard Labs cuenta otra historia.

Según el reporte, la persistencia de la explotación -es decir, el tiempo que dura un atacante dentro de una red sin ser detectado- se relaciona más con el tiempo que tarda una organización en aplicar parches o ajustar configuración, que con la novedad de la falla. Una vez que una vulnerabilidad entra en los flujos automatizados de los atacantes, no envejece mientras la exposición siga ahí. Por eso fallas divulgadas hace años en componentes de software muy difundidos, en protocolos heredados para compartir archivos, y en la administración de routers o dispositivos IOT como cámaras e impresoras siguen dominando la actividad maliciosa.

Lo nuevo, por otro lado, se aprovecha cada vez más rápido. En periodos anteriores, la explotación solía aparecer alrededor de una semana después de que se divulgara una vulnerabilidad. En 2025, FortiGuard Labs observó de forma consistente que el tiempo de explotación pasó a un plazo de 24 a 48 horas, por delante de los ciclos tradicionales de parcheo. Las organizaciones quedan presionadas desde ambos extremos: la falla publicada esta semana y la que lleva cinco años sin corregirse en un dispositivo que nadie revisa. Todo, con los mismos recursos, presupuestos y personal.

Mitigado no es lo mismo que resuelto

Un parche cierra la puerta por la que entró el atacante. No necesariamente saca a quien ya entró ni invalida lo que se llevó. El reporte advierte que las credenciales, las rutas de acceso y la información sobre la infraestructura persisten mucho tiempo después del compromiso original. Se catalogan, se venden y se reutilizan para saltarse la etapa de descubrimiento e ir directo a la ejecución.

En la práctica, una exposición (vulnerabilidad o mala configuración) ya corregida puede seguir siendo útil para un atacante: las contraseñas robadas siguen funcionando si nadie las cambia; una solución temporal aplicada en plena emergencia puede desaparecer con un cambio de configuración. Una restauración desde respaldo o un equipo nuevo instalado con la plantilla de siempre mantiene exposición. Las cuentas que un intruso creó quedan activas hasta que alguien compara la configuración con una versión confiable. Un equipo sin soporte del fabricante no recibirá la próxima corrección. Los protocolos heredados que nadie desactivó y que el reporte identifica como deuda técnica son capaces de abrir rutas predecibles de movimiento lateral.

La IA cambia la economía de cada uno de estos escenarios. Probar miles de credenciales antiguas contra servicios expuestos, revisar configuraciones o encadenar fallas conocidas era trabajo que consumía horas de un operador entrenado. Hoy se puede delegar a una herramienta automática.

América Latina en la telemetría

Los datos regionales del reporte apuntan en la misma dirección. En 2025, los sensores de FortiGuard registraron cerca de 15 mil millones de intentos de explotación en América Latina, 39,85 % más que el año anterior. El reporte describe a la región como de menor volumen absoluto, pero con un crecimiento más rápido, consistente con una mayor conversión de exposición en explotación.

La cifra de botnets muestra el resultado. América Latina acumuló 2090 millones de detecciones de comunicaciones con infraestructura de comando y control, un alza de 12,05 % y la segunda cifra más alta del mundo, concentrada en México, Panamá, Venezuela, Brasil y Colombia. Cada una de esas detecciones corresponde a un equipo que ya fue comprometido y que hoy trabaja para alguien más.

El dato más revelador es otro. La región tuvo la mayor reducción anual de actividad de reconocimiento, pero el reporte no lo lee como un menor interés de los atacantes, sino como reutilización de datos históricos sobre activos expuestos una y otra vez. Los atacantes ya tienen el mapa. Si el servicio expuesto no cambió, si la contraseña no se rotó o si el firmware no se actualizó, ese mapa viejo sigue siendo exacto. El costo final aparece en el ransomware: 141 víctimas confirmadas en Brasil, 69 en México, 50 en Argentina y 41 en Colombia durante 2025, según la inteligencia de FortiRecon.

Higiene que sí cierra la puerta

Al igual que lavarse las manos para evitar contagios, la higiene puede ayudar a mantener sano un ambiente de cómputo. Ninguna de estas prácticas listadas abajo es nueva. Lo nuevo es que ahora ante la epidemia de vulnerabilidades la higiene se vuelve más importante que nunca. Entonces, ¿por dónde empezar?

1. Actualice siempre. Especialmente versiones recientes que quizá tengan incorporados arreglos a vulnerabilidades descubiertas por IA como parte del ciclo de calidad de los fabricantes. Quizá el más viejo de los consejos, pero también el más efectivo y a veces menos usado.

2. Parchear según la explotación, no solo según la severidad. Una falla calificada como media que ya se explota activamente merece más urgencia que una crítica que nadie ha logrado aprovechar. Los catálogos públicos de vulnerabilidades explotadas y las puntuaciones de probabilidad de explotación ayudan a ordenar la fila. El reporte propone, además, medir el tiempo de parcheo como un control de seguridad y tratarlo como un riesgo de negocio.

3. Cerrar el incidente completo, no solo la falla. Después de corregir una vulnerabilidad crítica en un equipo expuesto a internet, conviene cerrar las sesiones activas, rotar contraseñas y llaves, comparar la configuración con una versión confiable y buscar cuentas o accesos que nadie reconoce.

4. Autenticación multifactor en todo acceso remoto y administrativo. El reporte explica que la fuerza bruta tiene éxito por la reutilización de credenciales, la falta de límites de intentos y una aplicación inconsistente de MFA. Las tres se corrigen con configuración.

5. Sacar la administración del internet. Las interfaces de gestión deben ser accesibles solo desde redes y equipos de confianza.

6. Saber qué equipos ya no tienen soporte y qué mitigaciones dependen de una solución temporal. Lo primero define dónde no llegará el próximo parche. Lo segundo exige verificar después de cada cambio, restauración o equipo nuevo que la protección sigue activa. En la misma revisión, conviene desactivar los protocolos heredados que nadie usa.

Probar las propias defensas también rinde frutos. FortiGuard observó una relación inversa entre la frecuencia de las pruebas de penetración y el éxito del compromiso de identidades en la nube, por ejemplo.

Para los gobiernos y los operadores de servicios esenciales de la región, la higiene también es una decisión presupuestaria. Incluir el ciclo de vida del soporte en cada compra, y financiar la renovación antes de que un equipo quede sin actualizaciones, cuesta menos que responder a un incidente en un sistema que ya no tiene corrección posible.

La IA no vuelve obsoletas las prácticas básicas. Las vuelve más urgentes, porque reduce a casi nada el costo de encontrar a quien no las aplicó. Este mes, la pregunta útil para cualquier organización de la región va más allá de si instaló el último parche. También importa si las contraseñas, las configuraciones y los equipos que quedaron de incidentes anteriores siguen ahí, esperando a que alguien los pruebe.

El autor es vicepresidente sénior de Ingeniería de Preventa de Fortinet América Latina y Caribe