jueves, 21 de mayo de 2026
miércoles, 20 de mayo de 2026
Diario Azua / 20 de mayo 2026
Por Janet Báez
Es una costumbre casi arraigada en nuestra cultura colectiva señalar con vehemencia las fallas, la burocracia y los retrasos cuando asistimos a una oficina estatal. Sin embargo, cuando la experiencia es diametralmente opuesta cuando el ciudadano es recibido con dignidad, agilidad y empatía la justicia y la honestidad profesional nos obligan a levantar la voz para reconocerlo.
Recientemente me tocó acudir a la delegación de la Junta Central Electoral (JCE) que opera en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Lo que usualmente se anticipa como una jornada de largas esperas y procesos tediosos, se convirtió en una gratísima sorpresa y en una lección de lo que debe ser la verdadera vocación de servicio.
Desde el primer contacto con el personal, el sello distintivo es evidente: coordinación, cortesía y un profundo sentido humano. No se trata únicamente de que los sistemas tecnológicos funcionen o de que los documentos de identidad y actas del estado civil se entreguen con rapidez; el verdadero valor diferenciador radica en la actitud de quienes atienden.
La gestión de la encargada de esta sucursal y el compromiso de su equipo de trabajo merecen un aplauso público. Han logrado estructurar un espacio dinámico donde el flujo ordenado de personas reduce significativamente los tiempos de espera, pero, por encima de todo, donde la eficiencia no ha desplazado a la calidez. En un entorno tan concurrido como la periferia universitaria, mantener esos estándares es una labor titánica que denota liderazgo y sensibilidad social.
Este tipo de dependencias dignifican la administración del Estado. Demuestran que los planes de modernización e inclusión que busca proyectar la JCE a nivel nacional no son solo retórica de oficina central, sino una realidad palpable en el día a día del ciudadano común.
Ojalá que el dinamismo y el trato humano de la JCE en la UASD dejen de ser la excepción para convertirse en la norma de toda la estructura pública del país. A la encargada y a cada uno de sus colaboradores, mi más sincero reconocimiento; su labor diaria no solo facilita trámites, sino que devuelve la confianza en nuestras instituciones.
martes, 19 de mayo de 2026
Diario Azua / 19 de mayo 2026
Por Janet Báez
Es una costumbre casi arraigada en nuestra cultura colectiva señalar con vehemencia las fallas, la burocracia y los retrasos cuando asistimos a una oficina estatal, sin embargo, cuando la experiencia es diametralmente opuesta cuando el ciudadano es recibido con dignidad, agilidad y empatía la justicia y la honestidad profesional nos obligan a levantar la voz para reconocerlo.
Recientemente me tocó acudir a la delegación de la Junta Central Electoral (JCE) que opera en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Lo que usualmente se anticipa como una jornada de largas esperas y procesos tediosos, se convirtió en una gratísima sorpresa y en una lección de lo que debe ser la verdadera vocación de servicio.
Desde el primer contacto con el personal, el sello distintivo es evidente: coordinación, cortesía y un profundo sentido humano. No se trata únicamente de que los sistemas tecnológicos funcionen o de que los documentos de identidad y actas del estado civil se entreguen con rapidez; el verdadero valor diferenciador radica en la actitud de quienes atienden.
La gestión de la encargada de esta sucursal y el compromiso de su equipo de trabajo merecen un aplauso público. Han logrado estructurar un espacio dinámico donde el flujo ordenado de personas reduce significativamente los tiempos de espera, pero, por encima de todo, donde la eficiencia no ha desplazado a la calidez. En un entorno tan concurrido como la periferia universitaria, mantener esos estándares es una labor titánica que denota liderazgo y sensibilidad social.
Este tipo de dependencias dignifican la administración del Estado. Demuestran que los planes de modernización e inclusión que busca proyectar la JCE a nivel nacional no son solo retórica de oficina central, sino una realidad palpable en el día a día del ciudadano común.
Ojalá que el dinamismo y el trato humano de la JCE en la UASD dejen de ser la excepción para convertirse en la norma de toda la estructura pública del país. A la encargada y a cada uno de sus colaboradores, mi más sincero reconocimiento; su labor diaria no solo facilita trámites, sino que devuelve la confianza en nuestras instituciones.
Diario Azua / 19 de mayo 2026
Anunció la Cátedra Abigail Mejía, en honor a la educadora, intelectual dominicana, que, en fecha de 16 de mayo, día nacional de las sufragistas, coincide con la graduación. Fue un acto muy concurrido, al que asistieron los docentes de la Especialidad y otras personalidades; como invitado especial, estuvo Juan Francisco Viloria Santos, viceministro de Evaluación y Acreditación del Mescyt.
Diario Azua / 19 de mayo 2026
La
conservación ambiental dejó hace tiempo de ser una discusión exclusivamente
ecológica. Hoy representa uno de los mayores desafíos de gobernanza de los
territorios, especialmente en países altamente vulnerables como la República
Dominicana, donde convergen presiones económicas, desigualdades sociales y una
creciente exposición a eventos climáticos extremos.
Las fuertes
lluvias registradas en distintos puntos del país durante los últimos años han
vuelto a evidenciar una realidad incómoda: muchas de nuestras vulnerabilidades
no son únicamente naturales. Son también el resultado de decisiones
territoriales acumuladas durante décadas.
Inundaciones
recurrentes, comunidades aisladas, deslizamientos de tierra, colapso de
drenajes urbanos y afectaciones a medios de vida muestran que el problema
trasciende la emergencia climática. Lo que está en juego es la capacidad de
anticipar riesgos antes de que estos se conviertan en crisis sociales y
económicas.
Y en medio
de ese escenario emerge otra discusión igualmente compleja: la minería.
La
actividad minera representa una fuente importante de ingresos, inversión y
empleo para la economía dominicana. Diversos informes muestran que el sector ha
tenido una incidencia significativa en el crecimiento económico nacional,
atrayendo inversión extranjera y generando dinamismo territorial en varias
provincias.
Negar esa
realidad sería simplificar irresponsablemente el debate. Pero ignorar los
conflictos sociales, ambientales e hídricos asociados a determinadas prácticas
extractivas sería igualmente peligroso.
En
distintos territorios del país, comunidades han manifestado preocupación por la
degradación ambiental, la presión sobre fuentes de agua, la extracción de
materiales en ríos y los impactos acumulativos sobre ecosistemas
estratégicos.
El problema
es que frecuentemente el debate público se plantea como una confrontación
absoluta entre conservación y desarrollo económico, cuando en realidad ambos
dependen mutuamente.
No existe
desarrollo económico sostenible en territorios ecológicamente colapsados. Pero
tampoco puede sostenerse una agenda de conservación desconectada de las
condiciones socioeconómicas de las comunidades que habitan esos territorios.
Ahí radica
precisamente la complejidad.
Las
comunidades vinculadas a actividades extractivas, agrícolas o asentadas en
zonas de riesgo no toman decisiones en abstracto. Lo hacen condicionadas por
empleo, ingresos, acceso a servicios, vulnerabilidad climática y oportunidades
reales de desarrollo. Por eso las políticas ambientales fracasan cuando se
diseñan únicamente desde la lógica técnica y no desde la comprensión integral
del territorio.
La
conservación necesita legitimidad social.
Y la
legitimidad social requiere reconocer que las personas no defienden el ambiente
solamente por conciencia ecológica, sino también cuando perciben que su
bienestar futuro depende de ello.
La
respuesta ya no puede limitarse a reaccionar después del desastre.
Necesitamos
fortalecer una capacidad nacional de anticipación.
Anticipar
implica comprender cómo interactúan múltiples variables al mismo tiempo: clima,
pobreza, uso de suelo, presión económica, gobernanza local, infraestructura,
agua y dinámicas productivas. Significa tomar decisiones antes de que las
tensiones territoriales se conviertan en conflictos sociales o crisis
ambientales irreversibles.
Eso exige
una gobernanza más articulada, territorialmente diferenciada y basada en
evidencia.
No todas
las comunidades enfrentan las mismas condiciones. No todos los territorios
tienen la misma capacidad adaptativa. Tampoco todos los proyectos generan los
mismos impactos ni las mismas oportunidades. Precisamente por eso las
decisiones deben construirse considerando las realidades sociales y económicas
específicas de cada territorio.
La
anticipación no elimina los conflictos. Pero sí permite gestionarlos con mayor
legitimidad, menor improvisación y mejores posibilidades de equilibrio entre
conservación, desarrollo y bienestar humano.
Ese
probablemente será uno de los grandes desafíos de la República Dominicana en
los próximos años: entender que proteger ecosistemas ya no consiste únicamente
en conservar recursos naturales, sino en construir territorios capaces de
resistir, adaptarse y sostener condiciones dignas de vida frente a un futuro cada
vez más incierto.
Porque al
final, conservar no es impedir el desarrollo.
Es evitar
que el desarrollo destruya las condiciones que hacen posible la vida y la
estabilidad de las próximas generaciones.
lunes, 18 de mayo de 2026
viernes, 15 de mayo de 2026
lunes, 11 de mayo de 2026
viernes, 8 de mayo de 2026
Diario Azua / 8 de mayo 2026
Por: Patria Heredia
La República Dominicana atraviesa una crisis silenciosa y dolorosa: la pérdida de valores, de orientación y de protección hacia nuestra niñez y adolescencia.
Cada día vemos cómo menores crecen rodeados de violencia, abandono emocional, falta de supervisión, pobreza espiritual y una peligrosa normalización de la agresividad.
El reciente caso del niño Raudiel Martínez Corporán, encontrado sin vida en una cañada en Hato Damas, San Cristóbal, ha estremecido el corazón de todo un país.
Según las informaciones preliminares, el menor habría sido asesinado por otros adolescentes tras una discusión relacionada con unos peces “beta”, un hecho que evidencia hasta dónde está llegando la descomposición social y emocional entre nuestros jóvenes.
Duele profundamente pensar que niños estén perdiendo la vida a manos de otros menores.
Esto obliga a la sociedad a hacerse preguntas serias: ¿Qué estamos enseñando en nuestros hogares? ¿Qué consumen nuestros hijos en redes sociales? ¿Dónde está el acompañamiento emocional, espiritual y psicológico? ¿Qué papel están jugando las autoridades, las escuelas y la comunidad?
No podemos seguir viendo estos hechos como casos aislados.
La violencia juvenil está creciendo, y detrás de ella existe una generación marcada por la falta de atención, la ausencia de oportunidades, la pérdida del respeto por la vida y la influencia negativa de contenidos violentos.
La niñez Dominicana necesita ser rescatada. Necesita padres presentes, escuelas más humanas, iglesias activas, comunidades vigilantes y un Estado que priorice la salud mental y la protección infantil.
Un niño no nace siendo violento; muchas veces la sociedad lo empuja al abandono, al resentimiento y a la oscuridad.
Hoy lloramos por Raudiel, pero también por una República Dominicana que parece perder poco a poco la sensibilidad ante el dolor ajeno.
Si no actuamos ahora, mañana podrían ser más las familias destruidas, más los sueños enterrados y más las lágrimas derramadas sobre una tierra que clama paz, orientación y valores.
La niñez no puede seguir creciendo entre violencia, indiferencia y desesperanza.
Proteger a nuestros niños debe convertirse en una misión Nacional.
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