Por Lisandro Prieto Femenía

Diario Azua / 24 abril 2026.-

“La universidad no es para servir a la técnica; es para formar a la humanidad pensante” Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, 1930, p. 27.

No podemos comprender el pensamiento filosófico del siglo XXI en el ámbito hispanoamericano sin la figura de José Ortega y Gasset (1883-1955), un intelectual y ensayista cuya vasta obra representa un diálogo tenso y fecundo con la modernidad europea. Ortega, profundamente preocupado por el destino de España y por la crisis de la cultura occidental, dedicó una parte fundamental de su trabajo filosófico al papel de las instituciones y a la urgencia de la formación humana. Fue en este contexto de honda preocupación donde cristalizó su meditación sobre el destino de las instituciones académicas que hoy intentaremos analizar, como siempre, desde un punto de vista crítico.

En su ensayo cardinal, “Misión de la universidad” (1930), el filósofo español concibió a la universidad no como una estructura administrativa o un centro de instrucción profesional, sino como un proyecto de “elevación”. Para él, la academia no existe para servir a la técnica, sino para forjar a la persona a fin de que sea capaz de comprender la profundidad de su tiempo y de dar cuenta de sí misma. El ideal que allí se postula es claro y radical: Ortega insiste en que la universidad es, ante todo, una “fábrica de cultura”, un espacio esencial donde la vida del espíritu se traduce inexorablemente en responsabilidad social.

El sostén de esta labor formativa es lo que llama “cultura general”, esa amplitud de pensamiento que desborda las fronteras de un oficio particular. Para Ortega, esta formación constituye el fundamento mismo de la libertad intelectual, pues su ausencia condena el saber a una técnica servil. El valor de la cultura es, en su perspectiva, radicalmente político y existencial, puesto que “la cultura es el único instrumento que permite a un pueblo conservar la conciencia de sí mismo” (Ortega y Gasset, 1930, p. 44). Esta afirmación plantea que la universidad posee un papel normativo ineludible en la formación de sujetos que no sólo operen en el mundo, sino que sean capaces de comprenderlo y, en consecuencia, de transformarlo.

Tengamos en cuenta que, para José Ortega y Gasset, la “cultura general” dista de ser un conjunto de conocimientos ornamentales o un “vago propósito” para disciplinar el carácter, como a menudo se le malinterpreta. En la obra precitada, el concepto adquiere un carácter vital y fundacional: no es un lujo intelectual, sino una necesidad existencial y una herramienta de orientación para la vida.

Ortega aclara que la cultura general es, ante todo, el sistema de convicciones que el hombre de una época posee para poder vivir con firmeza. Es la cartografía intelectual que permite al individuo evitar el naufragio vital en el “caos” de la existencia. Él lo explicita al contrastar la visión moderna de la cultura con el sentido que tenía en la universidad fundacional: “Pero eso que hoy llaman «cultura general» no lo era para la Edad Media; no era ornato de la mente o disciplina de carácter; era, por el contrario, el sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad que el hombre de entonces poseía. Era, pues, el repertorio de convicciones que había de dirigir efectivamente su existencia” (Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, 1930, pp. 35-36).

De esta forma, la misión primordial de la universidad, según Ortega, consiste en entregar al estudiante el “sistema vital” de ideas, el repertorio de convicciones esenciales de su tiempo, para que este no sea un “nuevo bárbaro” que vive ajeno a la verdad de su propia época. La cultura general es, por lo tanto, la capacidad de situarse intelectualmente en el presente para poder actuar con responsabilidad.

La precitada defensa orteguiana de la formación integral halla un eco poderoso en la tradición humboldtiana de la “Bildung”. Recordemos que Wilhelm von Humboldt, al proponer una universidad orientada a la formación del hombre y del ciudadano, unió indisolublemente la investigación y la enseñanza. En sus “Obras escogidas”, Humboldt afirmaba que la verdadera educación debe perseguir “la formación integral de las facultades del individuo” (Humboldt, ed. 1999, p. 112). Esta idea resuena con la tríada esencial de Ortega: cultura general, investigación y profesión. El saber que no se renueva constantemente mediante la investigación no es digno de ser enseñado, pues sólo una universidad que investiga puede mantener viva la cultura que moldea el juicio y desborda el simple peritaje técnico.

Por su parte, John Henry Newman, desde “The idea of a university”, converge en este ideal al defender la enseñanza liberal como la cultivación de la intelectualidad, pues el entendimiento formado es lo que legitima cualquier profesión. Así, la confluencia de Newman, Humboldt y Ortega instituye una tesis inamovible: la universidad justifica su existencia formando sujetos pensantes, no meros proveedores de mano de obra especializada.

No obstante, esta alta aspiración a la elevación humana no puede ser sostenida sin confrontar las tensiones y críticas que surgen al contacto con la realidad social. Pierre Bourdieu, por ejemplo, al analizar los mecanismos de reproducción, evidenció cómo la escuela y las instituciones culturales funcionan como mediadores de las relaciones sociales por medio del concepto de “capital cultural”. Lo que se manifiesta como mérito o “excelencia intelectual” en el sistema educativo a menudo es, en verdad, un defecto directo de ventajas sociales y culturales previas.

Por ello, Bourdieu advierte severamente que la pretensión de universalizar una cultura “elevada” corre el riesgo de homologar criterios que, por su propia definición de “alto nivel”, excluyen a las clases subalternas, sirviendo así para consolidar jerarquías sociales de forma simbólica. Desde esta perspectiva, el ideal orteguiano necesita ser sometido a un urgente escrutinio: ¿para quiénes está pensada, concretamente, la elevación cultural? ¿No podría la invocación al “alto nivel” funcionar como un dispositivo eficaz para la legitimación disimulada del privilegio?

Conjuntamente, esta crítica se agudiza al considerar las propuestas de Jacques Rancière y Paulo Freire. El primero, con su figura del “maestro ignorante”, cuestiona la noción de una élite docente que jerárquicamente transmite saberes mientras que sostiene que la igualdad intrínseca de las inteligencias obliga a repensar radicalmente los métodos pedagógicos, demandando una profunda desconfianza hacia toda la pedagogía que presuma una autoridad epistémica incuestionable.

De manera complementaria, Paulo Freire reivindica una pedagogía dialógica y emancipadora que coloca en el centro de la práctica educativa la experiencia vital y la praxis de los oprimidos. En su “Pedagogía del oprimido”, nos recuerda una verdad fundamental para la acción colectiva: “nadie libera a nadie, nadie se libera solo” (Freire, 1970, p. 54). Aquí, el proceso de elevación no puede, por tanto, confundirse jamás con una verticalidad que desconozca o suprima los saberes que emanan de la cultura popular.

Ahora bien, es momento de plantear cómo se encuentra la situación actual de la educación, en tanto que el desafío contemporáneo de sostener la misión universitaria no reside en un retorno nostálgico a un pasado idealizado, sino en una relectura de la aspiración a la elevación sobre bases firmemente democráticas y pedagógicas. En el mundo occidental en general, y en Hispanoamérica en particular, la crisis educativa manifiesta un grave retroceso en la comprensión crítica y una cultura académica progresivamente instrumentalizada y utilizada como unidad básica de ideologías posmo-progres importadas.

Esta manipulación de las instituciones educativas ha conducido a una paradoja perversa: los establecimientos educativos, bajo la lógica posmoderna de la eficiencia y la bajada de línea nefasta de la imposición de lo “políticamente correcto”, no forman ya a personas preparadas para enfrentar los desafíos y conflictos del mundo en su complejidad, sino que producen sujetos escasamente capacitados para cumplir tareas limitadas y altamente estructuradas. De esta manera, la universidad se ha convertido en un mero engranaje de un sistema laboral que, además, excluye progresivamente al ser humano a medida que la inteligencia artificial gana terreno en tareas repetitivas y estandarizadas.

La “cultura general” de la que nos hablaba Ortega se ha disipado en la fragmentación disciplinar y en la utilidad inmediata. Este fenómeno ya fue advertido por Alasdair MacIntyre, cuyo llamado a recuperar la tradición como marco moral e intelectual se vuelve acuciante, pues la universidad sin un sentido teleológico claro es incapaz de resistir la colonización tecnocrática que reduce la educación a capital humano. El saber, desprovisto de su horizonte ético y de una formación integral, se convierte en una herramienta ciega, destinada a una obsolescencia acelerada por la máquina. La universidad se enfrenta así a la doble presión de atender las demandas perentorias del mercado sin sucumbir a la lógica de la máquina. Entonces, la pregunta orteguiana se reformula con una insistencia dolorosa: ¿cómo formamos seres humanos capaces de entender la sociedad y de intervenir éticamente en ella, si el sistema los entrena para ser obsoletos ante la máquina?

Recuperar el ideal orteguiano exige una vía que, primero, reintegre la investigación y la docencia como procesos recíprocos e interdependientes, pues la universidad que enseña a pensar vitaliza la investigación, y sólo la investigación nutre la enseñanza vigorosa. En segundo lugar, demanda la renovación de la cultura general, no como un canon fijo y excluyente, sino como una apertura crítica a múltiples tradiciones y prácticas culturales, incluyendo explícitamente las esferas populares y subalternas. En tercer lugar, las prácticas pedagógicas requieren ser democratizadas mediante métodos dialógicos y espacios de producción colectiva del conocimiento, lo que desactivaría la verticalidad excluyente que convirtió a la “casa del saber” en un antro elitista, habitado por una casta académica, del cual difícilmente algo común surja en favor de la sociedad que lo sostiene.

En este replanteo, el pensamiento de Hans-Georg Gadamer resulta esencial, puesto que al destacar que la comprensión auténtica es el resultado de un horizonte dialogante y no de la simple acumulación de datos escondidos, ofrece los recursos para una pedagogía hermenéutica que eduque para la interpretación crítica y la apertura a la alteridad. Gadamer lo expresa mucho mejor que yo, al indicar que “comprender no es un acto cognoscitivo aislado, sino participación en un diálogo con la tradición” (Gadamer, Verdad y método, 1960/1986, p. 102). Pues bien, al integrar la novedad y la tradición en un continuo proceso intelectual, la universidad podría cultivar la continuidad sin caer en la clausura dogmática.

Lo decisivo aquí, más allá de las medidas instrumentales de becas o cupos, es reinstaurar la idea fundacional de la universidad como espacio ético para elevar la experiencia humana mediante la reflexión colectiva: un lugar donde el saber se transmuta en un juicio responsable, y donde la técnica se somete a los más altos fines humanos.

En definitiva, queridos lectores, la gran apuesta por la educación como elevación es una apuesta por la democracia de las inteligencias y por la apertura hermenéutica ante la otredad. La misión universitaria, que oscila entre la excelencia exigida por Ortega y la justicia demandada por Freire, nos deja en la más íntima de las encrucijadas. Si la elevación implica la profunda transformación de nuestro modo de ser en el mundo, ¿cómo puede la universidad contemporánea articular, sin falsas dicotomías, el rigor intelectual con la justicia educativa, la tradición con la creatividad radical, y la investigación de frontera con el compromiso social ineludible? ¿Y no es la colonización tecnocrática e ideológica que hoy padecemos el precio de haber olvidado el aviso de que la formación del entendimiento debe preceder y enmarcar la capacitación de la mano de obra, haciéndonos ahora vulnerables a la obsolescencia programada por la tecnología?

Queda, finalmente, la pregunta que nos interpela con mayor peso moral y exigencia: ¿Estamos realmente dispuestos, como comunidad académica y como ciudadanos, a que la universidad nos someta a su proceso transformador -no para convertirnos en piezas útiles y serviles del engranaje productivo, sino para forjarnos como sujetos en perenne búsqueda de la verdad- y a sostener, con el esfuerzo colectivo más arduo, esa formación que dignifica al espíritu y al pueblo? El destino de la cultura, advertía Ortega, depende de esa respuesta.

Referencias bibliográficas

·         Bourdieu, P. (1973). La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Siglo XXI Editores.

·         Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. (Cita textual: p. 54).

·         Gadamer, H.-G. (1986). Verdad y método (2.ª ed., J. M. Alonso, trad.; obra original publicada en 1960). Síntesis. (Cita en el texto: p. 102).

·         Humboldt, W. von. (1999). Obras escogidas: textos sobre filosofía de la educación y la universidad (Ed. crítica). Fondo de Cultura Económica. (Cita en el texto: p. 112).

·         MacIntyre, A. (2009). God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition. University of Notre Dame Press.

·         Newman, J. H. (1852). The Idea of a University. Longmans, Green, and Co.

·         Ortega y Gasset, J. (1930). Misión de la Universidad. Espasa-Calpe. (Epígrafe y citas en el texto: pp. 27, 44).

·         Ortega y Gasset, J. (1930). Misión de la Universidad. Espasa-Calpe. (Cita textual: pp. 35-36).

·         Rancière, J. (1991). El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual (trad. española). Paidós.

·         Vasconcelos, J. (1925). La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana. Editorial Porrúa.

·         Maritain, J. (1943). Educación y cultura. Fondo de Cultura Económica.

Diario Azua / 21 de abril 2026

Por Ing. Mildred Sena Vittini

Las lluvias de los últimos días en la República Dominicana han vuelto a poner en evidencia una realidad que, aunque conocida, seguimos evitando enfrentar con la seriedad que merece. Calles colapsadas, viviendas anegadas, comunidades incomunicadas. Escenas que se repiten con una frecuencia que ya no permite llamarlas excepcionales.

Pero no nos equivoquemos: este no es solo un problema de clima. Es, sobre todo, un problema de vulnerabilidad.

No todos vivimos estos eventos de la misma manera. Aunque la lluvia cae sobre todos, sus efectos no son iguales. Hay quienes ven interrumpida su rutina; otros pierden su hogar, su sustento o la seguridad de su familia. Esta diferencia no es casual ni inevitable. Es el resultado de condiciones estructurales que determinan quién puede resistir y quién no.

La vulnerabilidad no depende únicamente de la exposición al evento, sino de la sensibilidad y de la capacidad de respuesta. Y es ahí donde el país enfrenta su mayor desafío: una limitada capacidad adaptativa desde sus estructuras institucionales.

Seguimos reaccionando cuando ya es tarde.

Persisten enfoques que priorizan soluciones visibles sobre soluciones efectivas. Se construyen obras sin integrar una visión territorial completa. Se subestima la importancia de sistemas básicos como el drenaje urbano, el alcantarillado o la gestión integral del agua. Y, quizás más grave aún, se continúa planificando sin incorporar el cambio climático como un eje central del desarrollo.

Las lluvias intensas, las sequías prolongadas y otros eventos extremos ya no son anomalías. Son patrones. Y frente a patrones, la improvisación deja de ser una opción.

Implica anticipar escenarios, fortalecer instituciones, es inversión, es gobernanza y, sobre todo, es colocar en el centro a quienes históricamente han sido más vulnerables. Porque no todos parten del mismo punto, y la adaptación climática sin equidad es, en el fondo, otra forma de exclusión.

Cuando colapsa una calle, un puente o una vivienda, no solo falla una infraestructura. Falla un modelo. Y cuando ese modelo falla de manera reiterada, lo que se deteriora no es solo lo físico, sino la confianza de la gente.

Hoy, muchas familias no solo enfrentan pérdidas materiales. Están perdiendo la esperanza. La esperanza de que el Estado pueda protegerlas. La esperanza de que el futuro sea distinto. La esperanza de que sus hijos no tengan que vivir las mismas tragedias.

Y un país sin esperanzas, es el riesgo más grande.

El cambio climático seguirá intensificándose y la pregunta ya no es si estos eventos volverán a ocurrir. La pregunta es si seguiremos respondiendo de la misma manera. Y esa respuesta, sigue siendo una tarea pendiente.

 

Por Néstor Estévez

Diario Azua / 19 abril 2026.-

Abril trae consigo, en República Dominicana, dos fechas que invitan a mucho más que celebración protocolar: el Día del Periodista y el Día del Locutor. Son ocasiones oportunas para felicitar, sí, pero sobre todo para detenerse. Detenerse a pensar qué significa hoy ejercer la palabra pública en una época marcada por la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la automatización creciente de los contenidos.

La pregunta ya no es solo cómo adaptarse a la tecnología. La verdadera pregunta es otra: ¿para qué estamos comunicando? En medio de un ecosistema saturado de mensajes, donde cada segundo compite por atención, el periodismo, la locución y la comunicación en sentido amplio enfrentan una exigencia mayor que la de dominar herramientas. Lo que está en juego es la capacidad de orientar, interpretar y agregar valor social desde el oficio.

Durante mucho tiempo, pertenecer a un medio reconocido bastaba para sostener una cuota de legitimidad. Pero esa etapa se ha ido diluyendo, y ya casi no existe. La multiplicación de voces y la lógica algorítmica han alterado el mapa de la autoridad pública. Cualquiera emite, cualquiera opina, cualquiera difunde. Pero no cualquiera comunica con responsabilidad, con contexto y con conciencia del efecto que produce en la vida colectiva.

Ahí está, precisamente, el desafío de este abril conmemorativo. Periodistas, locutores, productores, panelistas, comentaristas, conductores y creadores de contenido necesitamos hacer una pausa crítica. No para intimidarnos ante la IA, no para lamentar lo que cambió, sino para revisar qué valor real estamos aportando.

Porque la diferencia profesional ya no descansa únicamente en una buena dicción, en una voz agradable, en la rapidez para publicar o en la destreza frente a una cámara. Ahora nuestras oportunidades deben estar vinculadas con el criterio.

Algunos referentes

Ortega y Gasset advierte que la técnica, por sí sola, no resuelve el sentido de la existencia. Tener medios no equivale a tener dirección. En comunicación ocurre exactamente eso. Hoy existen más recursos que nunca para producir, editar, emitir, grabar, distribuir y viralizar. Pero si no hay una intención clara, una responsabilidad ética y un proyecto comunicacional con sentido público, todo ese despliegue termina sumándose al ruido.

Harari, desde otra perspectiva, recuerda que las sociedades se sostienen sobre relatos compartidos, sobre marcos de interpretación que hacen posible la convivencia. Ahí el papel del comunicador sigue siendo decisivo. No se trata solo de decir lo que pasa, sino de ayudar a entenderlo. No basta con repetir datos, amplificar escándalos o perseguir tendencias. Hace falta ofrecer contexto, jerarquizar lo importante, distinguir lo verdadero de lo engañoso y aportar serenidad donde otros solo inyectan ansiedad.

Toffler también ayuda a comprender esta transición. La comunicación de la era industrial era más centralizada; la de hoy es fragmentada, vertiginosa y dispersa. La audiencia dejó de ser cautiva. El prestigio dejó de venir garantizado por la plataforma. La confianza, ahora, se construye día a día. Y esa confianza no nace del volumen, sino de la coherencia; no surge del protagonismo, sino del servicio.

Comunicar con criterio

Por eso, en este mes de abril, la invitación es a recuperar la conciencia del oficio. A preguntarnos si cada intervención informa o confunde; si cada comentario orienta o intoxica; si cada espacio fortalece ciudadanía o solo alimenta vanidad, confrontación y superficialidad. Comunicar no es llenar minutos ni ocupar pantallas. Comunicar es asumir una responsabilidad con la inteligencia pública y con la salud democrática de la comunidad.

Una voz profesional agrega valor cuando educa, cuando previene, cuando explica, cuando eleva la conversación pública y cuando conecta a la gente con sus problemas reales y sus posibles soluciones. Agrega valor cuando sirve de puente entre conocimiento y ciudadanía, entre territorio e identidad, entre conflicto y convivencia. En tiempos de automatización, esa capacidad humana de mediación ética e interpretativa puede convertirse en el rasgo más valioso del periodismo y la locución.

Celebremos, entonces, pero sin evasiones. Que el Día del Periodista y el Día del Locutor no sean solo fechas para reconocimientos, placas y saludos en cabina. Que sean también una llamada a la reflexión profunda. Porque en una época donde abundan las voces, lo verdaderamente escaso es la orientación con sentido. Y ahí sigue estando, todavía, la grandeza de estos oficios.

 

Por Emilia Santos Frias

Diario Azua / 18 abril 2026.-

Como es conocido el cambio climático hace referencia a esos fenómenos meteorológicos extremos: sequías, inundaciones, huracanes intensos, derretimiento de glaciares, subida del nivel del mar, acidificación oceánica y pérdida de biodiversidad..., por muchos de estos la población dominicana sufre grandes pérdidas humanas y materiales.

Sus consecuencias que son funestas, acarrean también, grandes crisis alimentarias, migraciones forzosas, distintos daños a la salud humana y pérdidas económicas masivas a nivel global, debido a esta alteración persistente de los patrones climáticos y temperaturas de la Tierra, que se agrava con la quema de combustibles fósiles, deforestación y procesos industriales.

Asimismo, la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) que aumenta la temperatura global, generando efectos devastadores como el aumento del nivel del mar, sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Como se describió precedentemente.

Para combatir este fenómeno, se requiere la transición de energías limpias, reducir la deforestación y adoptar estilos de vida más sostenibles. Es por ello, que la República Dominicana, país que observa buenas normas y acciona para frenar los impactos del cambio climático, ejercita la Ley 64-00 de Medio Ambiente, Política Nacional de Cambio Climático, que procura reducir un 27% de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el 2030.

El enfoque abarca energía, transporte, y recursos forestales. De igual forma, el Decreto 269-15 que formaliza políticas de adaptación y migración. Estas normas se extienden al Acuerdo de París (2015) y la Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC), para limitar el calentamiento global. Cónsono con ellas, los Estados crean planes de reducción de emisiones (NDC) y fomentan la adaptación, teniendo como base las normas nacionales y estándares internacionales. Poseemos la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC).

Asimismo, la Ley No. 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), mediante su cuarto eje estratégico, plantea “una sociedad de producción y consumo, ambientalmente sostenible, que se adapte al cambio climático”. Como es sabido, este es “uno de los desafíos más importantes y urgentes que enfrenta la humanidad en el siglo 21, cuyos impactos ponen en peligro el desarrollo institucional, económico, social y ambiental de los países en vías de desarrollo”.

En ese aspecto la Constitución dominicana en su artículo 194 consagra que es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático. Sin embargo, “ ... se requiere de una firme voluntad política y una visión integral del problema del cambio climático. Estamos obligados a utilizar mecanismos más eficientes que los que hasta hoy se han puesto en ejecución, para mitigar los gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático.

Es preciso proteger el medio ambiente, modificando los hábitos actuales de producción y de consumo, e incentivando las inversiones que promueven la sostenibilidad ambiental, así como la cohesión social y territorial de la sociedad dominicana”. La premisa es de la actual Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) o Decreto 269-15, que como se precisó, establece el marco estratégico nacional alineado con el Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto, que obliga a los Estados industrializados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente dióxido de carbono.

Entre otras leyes que complementan el marco jurídico para accionar en la mitigación de los daños ocasionados por el cambio climático en nuestra nación es la Ley 57-07, de Energías Renovables que promueve energía limpia; de Residuos Sólidos, 225-07, que regula la gestión de desechos; de Áreas Protegidas, 202-04, para la conservación y manejo de ecosistemas. Además, existen instituciones como el Consejo Nacional para el Cambio Climático , creado mediante el Decreto 601-08, que es el rector de las políticas públicas: formula, diseña y ejecuta estrategias y acciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adapta la nación a los efectos del cambio climático.

No obstante, es urgente, necesaria la educación climática para crear cambios de comportamiento en la población, transformar la concienciación en acción, para mitigar y adaptar el cambio climático, es decir, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y prepararnos para los impactos inminentes. Ella encierra asimismo, la promoción de hábitos sostenibles como el ahorro energético, reciclaje y movilidad activa, para poder reducir la huella ecológica, formar una ciudadanía crítica y responsable.

Tenemos que volver al fomento desde la educación básica, de huertos escolares, y formación en eficiencia energética. Enseñar a las comunidades escolares a crear mapas de riesgo y planes de contingencia ante desastres. Además acogernos a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),acerca de crear conciencia ciudadana, mediante el desarrollo de valores para actuar como agentes de cambio.

Formar a personas responsables, críticas y comprometidas con los desafíos globales. Aquí cada docente es clave, al guiar proyectos prácticos, desde reciclaje hasta energía solar en escuelas. En fin, al impartir educación ambiental.

Sin olvidar que, cada persona en la individualidad y en la colectividad es un pilar de la conciencia mundial, cuando fomenta respeto a derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad medioambiental.

Hasta pronto.

La autora reside en Santo Domingo

Es educadora, periodista, abogada y locutora.

santosemili@gmail.com

 

Por Lisandro Prieto Femenía

Diario Azua / 18 abril 2026

“El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y ésta es la mentira que se desliza de su boca: 'Yo, el Estado, soy el pueblo'” Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra (2011, p. 78)

Cuando la historia no se traduce en aprendizaje ético, transmuta en una circularidad macabra que devora a sus eslabones más débiles. El reciente y doloroso asesinato de Ángel en la provincia de Chubut, Argentina, va más allá de un episodio aislado o una anomalía estadística, sino que se nos presenta como el síntoma de una patología profunda en la estructura del juicio institucional. Al igual que sucedió con Lucio Dupuy, nos hallamos ante una arquitectura judicial que, obnubilada por la corrupción y marcos ideológicos patéticos, parece haber postergado la observación empírica de los hechos en favor de una abstracción teórica. Esta ceguera no es gratuita, en tanto que se trata de una negligencia con pretensiones de virtud política que termina por entregar la vida de un niño a las manos de su verdugo bajo la apariencia de un “derecho restituido”.

La filosofía del derecho nos ha advertido largamente sobre los peligros de una justicia que se desvincula de la singularidad humana para servir a intereses categóricos. Michel Foucault, en su análisis sobre los mecanismos de poder, señalaba cómo las instituciones tienden a normalizar discursos que, en lugar de proteger al individuo, buscan validar una estructura de control o una narrativa política imperante. En este sentido, la decisión de otorgar la custodia de Ángel a su madre- a pesar de las señales de alarma y la precariedad de los vínculos- resuena con la misma lógica que sentenció la vida de Lucio: la prevalencia de un prejuicio de género o de un romanticismo biológico por encima del principio de interés superior del niño.

Esta forma de ejercer el poder se inscribe en lo que Giorgio Agamben denominaba la gestión de la “nuda vida”, donde el sujeto queda reducido a un elemento biológico manipulable por el bando soberano de la ley. Al ignorar la biografía del dolor que ya marcaba el cuerpo de estos niños, los jueces operaron desde una asepsia técnica que despoja al infante de su condición de persona para convertirlo en un objeto de transacción ideológica.

En este punto, es imperativo cuestionar qué sucede en la psique de un magistrado cuando la evidencia del peligro es silenciada por el eco de un manual doctrinario. Hannah Arendt, al reflexionar sobre la naturaleza del mal, introdujo un concepto que hoy cobra una vigencia aterradora. Para ella, el mayor peligro no reside necesariamente en la maldad intrínseca, sino en la renuncia a la capacidad de pensar, es decir, en el cumplimiento automático de una función dentro de un apartado burocrático que ha perdido su norte moral: “Lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no eran pervertidos ni sádicos, sino que eran, y siguen siendo, terroríficamente normales” (Arendt, 2003, p. 418).

Esta “normalidad” del funcionario inútil que se limita a aplicar la norma sin considerar las consecuencias vitales de su fallo es la que hoy enluta nuevamente a la sociedad argentina. Cuando la ideología destroza a la justicia, lo que queda es un cascarón jurídico vacío, incapaz de distinguir entre la protección de un derecho y la condena a muerte de un inocente. Retomando a Foucault en este punto, recordemos cómo describe en su obra “Vigilar y castigar” a un sistema penal y judicial que no busca necesariamente la verdad, sino la producción de una verdad que sea útil para el mantenimiento de un orden específico. Pues bien, en los casos de Lucio y Ángel, la utilidad buscada parece ser la validación de un paradigma de deconstrucción de roles que, trágicamente, ignoró completamente la pulsión destructiva real de las progenitoras.

La perversidad de este mecanismo radica en la infiltración de la ideología de género como un filtro que deforma la realidad fáctica. Al presuponer una bondad ontológica o una superioridad moral inherente a una de las partes por su adscripción a un colectivo o identidad protegida por el relato oficial, la justicia abdica de su imparcialidad. Se produce entonces lo que Jean-François Lyotard describiría como un “litigio”, donde la víctima no tiene un lenguaje para expresar su agravio porque las categorías de la ley han sido capturadas por el discurso dominante. En esta instancia, la ideología opera como un metarrelato totalitario que anula la evidencia clínica y el sentido común que logra que el magistrado no juzgue hechos, sino que se dedique a confirmar dogmas de moda.

Esta captura ideológica no se agota en el pestilente estrado, sino que se extiende hacia los auxiliares de la justicia, particularmente en el campo de la psicología pericial. El caso de Ángel, al igual que el de Lucio, pone de manifiesto cómo el informe psicológico ha dejado de ser una herramienta de diagnóstico clínico para convertirse en un instrumento de validación doctrinaria. Cuando el psicólogo interviene desde una “perspectiva” pre-configurada, su mirada ya no busca el bienestar del niño, sino la armonización del caso con la agenda de género dominante. Esta desprofesionalización implica una traición ética sin precedentes en la que se genera una sustitución de la salud mental por la ingeniería social. Sigmund Freud, en “El malestar en la cultura”, ya nos advertía sobre la fragilidad de los vínculos humanos frente a las pulsiones agresivas, señalando que la cultura y sus leyes intentan- a menudo sin éxito- contener esta destructividad. Si el psicólogo ignora la peligrosidad latente de una madre o un entorno abusivo para no contradecir el relato de infalibilidad materna deconstruida, está cometiendo una negligencia criminal. Al negar esta cuota de agresividad instintiva en las progenitoras por razones ideológicas, la psicología forense se convierte en el cómplice silencioso que abre la puerta al verdugo. La destrucción de la familia, entendida como el núcleo de protección primaria, se acelera cuando los peritos prefieren la comodidad del consenso político antes que la aspereza de un informe que denuncie los peligros reales que rodean a la víctima.

Asimismo, es fundamental incorporar el aviso que realizó Jordan Peterson sobre la desintegración de las estructuras jerárquicas en la competencia y la verdad en favor de aquellas basadas meramente en el poder ideológico. Peterson sostiene que cuando una sociedad reemplaza el análisis objetivo de la conducta individual por categorías de identidad colectiva, el resultado es una ceguera moral que termina por victimizar a los más inocentes. Concretamente, en su obra “12 reglas para vivir”, nos dice que “si no puedes entender por qué alguien hizo algo, mira las consecuencias de sus acciones y luego infiere sus motivaciones” (Peterson, 2018, p. 145).

Si inferimos la motivación de la justicia y sus peritos en los casos de Ángel y Lucio a través de sus consecuencias –el asesinato de dos niños-, descubrimos una voluntad de sacrificar la realidad en el altar del resentimiento ideológico. Peterson argumenta que las ideologías son sustitutos simplistas del pensamiento complejo que permiten a las personas sentirse moralmente superiores sin asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus creencias. En este sentido, la perversidad judicial y pericial no es solo un error técnico, sino una manifestación de lo que Peterson describe como el deseo de “reescribir la estructura de la realidad” para que encaje en una utopía dogmática, aunque ello implique ignorar el riesgo de muerte inminente.

Esta degradación funcional del nefasto poder judicial convive con la impunidad que resulta aberrante para el ciudadano común. La figura del juez y del perito, protegida por una estabilidad que debería garantizar su independencia de juicio, se ha transformado en un escudo para la negligencia temeraria. Mientras que cualquier profesional debe responder ante la ley por su mala praxis, aquellos que entregan a un niño a sus asesinos parecen habitar en una dimensión de irresponsabilidad absoluta sin consecuencias. Esta ausencia de castigo no es sólo un error o fallo administrativo, sino una traición al principio de igualdad: la sociedad contempla, entre la impotencia y el estupor, cómo aquellos que deciden sobre la vida y la muerte permanecen a gusto en sus cargos, blindados por privilegios corporativos, mientras que las familias entierran a sus hijos.

El caso de Ángel expone con crudeza lo que algunos sectores ya definen como una “discusión incómoda” pero ineludible: la existencia de fallos judiciales que, lejos de basarse en la sana crítica, parecen redactados bajo la presión de un clima de época que penaliza el juicio de valor sobre la conducta materna. Esta tensión entre la protección real y el cumplimiento de la consigna ideológica crea un vacío legal donde el niño queda completamente desamparado. La justicia, al intentar ser un motor de cambio social, olvida su función primordial de preservación de la vida, convirtiendo las sentencias en manifiestos que, paradójicamente, terminan por ser sentencias de muerte.

La decadencia moral que subyace a estos casos también se manifiesta en la respuesta social y comunicativa. Existe una tendencia a la compartimentación de la empatía, donde ciertos sectores temen denunciar la falla judicial por miedo a que dicha crítica sea interpretada como un ataque a banderas ideológicas más amplias. Sin embargo, la justicia que se niega a reconocer sus propios errores bajo el pretexto de sostener un relato político se convierte en cómplice de la tragedia. La mirada de la ley sobre la infancia debería ser, por definición, una mirada libre de apriorismos, un enfoque que comprenda que la vulnerabilidad de un niño de cuatro años no entiende de agendas, sino de protección inmediata y efectiva.

En este sentido, la recurrencia del patrón- denuncias desestimadas, advertencias familiares ignoradas y una entrega final al entorno abusivo- sugiere que el sistema judicial padece una desconexión ontológica con la realidad. No se trata sólo de falta de presupuesto o de personal, sino de una crisis grave de discernimiento. Al respecto, Emmanuel Levinas, al hablar de la ética como “filosofía primera”, sostenía que el encuentro con el rostro del “Otro” constituye una demanda de responsabilidad infinita que no puede ser eludida por ninguna ley general: “El rostro se me impone sin que yo pueda dejar de ser responsable de su miseria. La conciencia pierde su primacía. La presencia del rostro significa un orden” (Levinas, 2015, p. 81).

El rostro de Ángel, como el de Lucio, era una apelación ética, un orden de protección que el sistema eligió traducir a términos administrativos, privandolo de su humanidad antes de que la violencia física terminara con su vida. El juez y la psicóloga, al desviar la mirada del rostro sufriente hacia el código ideológico, rompieron el pacto fundacional de la justicia. La ideología, al colectivizar la culpa y la virtud, deshumaniza la singularidad del niño, tratándolo como una pieza de recambio en un experimento de ingeniería social. Peterson refuerza esta idea al advertir que cuando dejamos de tratar a las personas como individuos y empezamos a tratarlas como representantes de grupos, la crueldad se vuelve no solo posible, sino inevitable.

Esta impasividad social ante la persistencia de funcionarios judiciales degenerados en sus funciones es el síntoma final de una comunidad que ha perdido su instinto de autopreservación moral. Una sociedad que tolera que sus magistrados decidan desde el prejuicio y no desde la evidencia, y que luego les permite permanecer impunes, es una comunidad que ha aceptado la barbarie como norma. La tolerancia ante la injusticia institucionalizada ha logrado erosionar los cimientos de la confianza pública porque si el funcionario no responde por sus actos, el derecho se convierte en una farsa y la ley en un instrumento de tortura para quienes, en realidad, debería defender.

¿Cómo es posible que, tras la conmoción nacional que supuso el caso de Lucio Dupuy, los resortes preventivos hayan fallado con tal exactitud en el caso de Ángel? La respuesta parece hallarse en la institucionalización de la indiferencia bajo el ropaje de la “perspectiva”. Si la perspectiva, cualquiera que sea, impide ver las lesiones en el cuerpito de un niño o el terror en su voz y su mirada, entonces ese enfoque ha dejado de ser una herramienta de justicia para convertirse en un instrumento al servicio de la opresión. La muerte de Ángel nos obliga a confrontar una verdad incómoda: la decadencia moral no sólo reside en quienes ejecutan el acto violento, sino en la pasividad reglamentada de quienes tenían el deber jurídico de evitarlo. El silencio en las oficinas judiciales y el ruido de las consignas abstractas se han fundido en una melodía fúnebre que se repite. Mientras el derecho siga siendo un campo de batalla para la validación de teorías en lugar de un refugio para la vida, seguiremos asistiendo al sacrificio de los más pequeños en el altar de la soberbia ideológica y el desinterés político.

Esta repetición de lo atroz nos sitúa en un escenario de desamparo metafísico. Cuando el Estado, que según la teoría del contrato social de Hobbes debería ser el garante de la seguridad básica, se convierte en el facilitador de la agresión por omisión deliberada, el tejido mismo de la civilización se desgarra. No estamos ante un “error judicial” en términos procesales, estamos ante una perversión de la “phronesis” aristotélica, esa prudencia que permite aplicar la ley universal al caso concreto con sabiduría y justicia.

Para cerrar, queridos lectores, sólo nos queda preguntar: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la evidencia de la realidad para mantener a salvo nuestras construcciones teóricas? ¿Qué nombre debemos darle a una justicia que, en su afán de ser políticamente correcta, termina siendo humanamente abyecta? La pregunta queda suspendida en el aire, allí donde el llanto de un niño no fue escuchado a tiempo por quienes tienen la obligación de ser sus oídos y su voz. ¿Será Ángel el último nombre en esta lista de negligencias, o hemos aceptado ya, con resignación cobarde, que la ideología tiene permiso de matar en nombre del “progreso”? ¿Es la justicia un acto de protección al débil o una simple gimnasia retórica para los poderosos de turno? ¿Cuánto tiempo más permitiremos que el mapa ideológico oculte el territorio del dolor ajeno y que la impunidad de los responsables sea el sello de nuestra decadencia?

¿Podremos alguna vez mirar a los ojos de estas víctimas sabiendo que nuestra pasividad fue su sentencia? La respuesta no está en ningún expediente, sino en la capacidad que nos queda, como sociedad, de volver a sentir el horror frente a lo injustificable y de exigir que la venda de la justicia no sea para no ver el dolor, sino para no discriminar el auxilio.

Referencias bibliográficas

Agamben, G. (1998). Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Pre-Textos.

Arendt, H. (2003). Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal (12.ª ed.). Lumen.

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

Freud, S. (1992). El malestar en la cultura. Alianza Editorial.

Levinas, E. (2015). Ética e infinito. La balsa de la Medusa.

Lyotard, J.-F. (1988). La diferencia. Gedisa.

Nietzsche, F. (2011). Así habló Zaratustra (Edición de bolsillo). Alianza Editorial.

Peterson, J. B. (2018). 12 reglas para vivir. Un antídoto al caos. Planeta.

El autor es docente escritor y filósofo

San Juan - Argentina (2026)

Por Lisandro Prieto Femenía

Diario Azua / 13 abril 2026.-

“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento; una teoría, por muy elegante y económica que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes, si son injustas han de ser reformadas o abolidas” (Rawls, 1971/2006, p. 17).

La irrupción y la naturalización de la violencia en la esfera de lo cotidiano borra por completo las fronteras entre la seguridad del hogar y la intemperie absoluta. El caso de Pepe, un ciudadano de ochenta años en silla de ruedas que se vio obligado a empuñar un arma para defender su integridad en el barrio del Bon Pastor deja de ser una simple anécdota periodística para convertirse en un síntoma de la fractura metafísica de nuestro tiempo. En este caso, como en otros tantos, la justicia deja de ser la búsqueda de la equidad para transformarse en un artefacto burocrático nefasto que, en su afán de pureza procedimental y política, termina victimizando a quien ya ha sido despojado de todo por la precariedad y el miedo.

El suceso precitado, ocurrido en el humilde distrito de Sant Andreu en Barcelona, presenta una escena que desafía cualquier pretensión de orden civilizatorio. Un hombre de avanzada edad, cuya movilidad depende exclusivamente de una silla de ruedas, se encontró súbitamente con un lumpen que decidió ingresar a su domicilio por la fuerza. La respuesta de Pepe, un único golpe certero con un cuchillo de cocina frente a la amenaza de quien pretendía robarle y hacerle daño, ha sido interpretada por el sistema judicial y mediático como un acto que amerita la prisión provisional, sin fianza de por medio.

Evidentemente, este sistema parece haber olvidado la premisa fundamental de la condición humana en la que la vulnerabilidad no es una abstracción, sino una realidad biológica y social. Cuando el Estado falla en su contrato primordial de garantizar seguridad, el individuo es arrojado de vuelta a un estado de naturaleza donde la supervivencia dicta la norma. Al intervenir a posteriori, la ley, en manos de depravados e ignorantes con altos cargos judiciales, no juzga el miedo ni la fragilidad de quien depende de una silla de ruedas o un respirador artificial, sino que aplica una racionalidad técnica que ignora por completo la asimetría del encuentro violento.

Al respecto, recordemos que Michel Foucault, en su obra fundamental “Vigilar y castigar”, desentraña cómo la justicia moderna se desplaza hacia un control del alma y de la conducta, señalando que “la justicia penal de hoy no se mueve ya a decir que castiga delitos; dice que busca corregir, reeducar, normalizar” (Foucault, 1975/2002, p. 23). En este escenario, Pepe no es visto como una víctima que reacciona, sino como un elemento desviado que ha roto el monopolio de la violencia estatal, siendo por ello procesado bajo una lógica que lo iguala al agresor inicial. La absurda detención policial ha provocado una movilización social sin precedentes bajo la consigna “todos somos Pepe”, donde los vecinos denuncian no sólo la inseguridad crónica, sino la incomprensión de una judicatura que parece vivir en una torre de marfil jurídica (pero, si la rascamos, lejos de marfil, vamos a encontrar mucho pus).

La perversidad intrínseca de esta lógica radica en la incapacidad manifiesta de las instituciones para distinguir entre la agresión iniciática y la resistencia desesperada. Al despojar al acto de su contexto vital, la justicia opera una inversión moral donde el victimario, por el hecho de haber sucumbido en su intento delictivo, es elevado a la categoría de objeto de protección jurídica, mientras que la víctima real es degradada a la condición de verdugo.

En este punto, queda claro que la ceguera axiológica precitada ignora que el derecho no puede exigir heroísmo ni santidad a quien se encuentra en una situación de inferioridad física extrema. Immanuel Kant, al tratar los límites de la ley en su texto “La metafísica de las costumbres”, sugería que existe una equidad que la ley estricta no puede alcanzar, pues “la máxima de la equidad consiste en que el derecho estricto sea mitigado por la consideración de la situación de necesidad” (Kant, 1797/1989, p. 38). No obstante, el sistema procesal posmoderno prefiere la simetría del expediente a la verdad de la carne, tratando la defensa de la vida y de la propiedad como un exceso punible en lugar de entenderla como el último refugio de la dignidad.

Esta pretendida deshumanización se profundiza aún más cuando el legalismo ciego reduce la existencia de Pepe a la categoría teórica de “vida nuda”, un concepto que Giorgio Agamben utiliza para describir a aquel ser humano que es incluido en el orden jurídico únicamente a través de su exclusión y castigo. Al encarcelar a un anciano totalmente vulnerable, el sistema lo despoja de sus atributos políticos y sociales para tratarlo como un mero cuerpo biológico que debe ser gestionado por la maquinaria penitenciaria. Asimismo, Agamben advierte en su texto “Homo Sacer” que “la política de los modernos es, en este sentido, una biopolítica en la que la vida misma se convierte en el objeto de los cálculos del poder estatal” (Agamben, 1995/1998, p. 15), indicándonos con ello que la frialdad del juez posmo-progre no es una muestra de imparcialidad, sino un ejercicio de desprecio por la biografía del sujeto, transformando el dolor y la invalidez en datos irrelevantes frente a la majestuosidad de un código penal que se aplica como una guillotina abstracta.

El encarcelamiento de Pepe nos revela, en última instancia, el quiebre total del contrato social por parte de un Leviatán que ha desertado de sus funciones fundamentales. Recordemos que la legitimidad del Estado descansa sobre la promesa de proteger la vida de sus ciudadanos pero, cuando esa garantía desaparece en las periferias olvidadas, el pacto se disuelve y la vida en sociedad pasa a ser vida salvaje. Recordemos que Thomas Hobbes, en su “Leviatán”, fue tajante al respecto: “El deber del soberano consiste en el fin para el cual fue investido con el poder soberano, que no es otro sino la procuración de la seguridad del pueblo” (Hobbes, 1651/2017, p. 287).

Ahora bien, si el soberano no sólo es incapaz de evitar la agresión en el hogar del desvalido, sino que además castiga la resistencia natural de éste, se convierte en un ente predador que ha roto el vínculo de la reciprocidad. Tampoco debemos olvidar que Jean-Jacques Rousseau nos advertía, en “El contrato social”, que cualquier ley que no emane de la voluntad general y que no busque el bien común es nula, afirmando que “cuando el Estado, por su mala administración, permite que los ciudadanos sean víctimas del miedo y de la injusticia, el pacto social se rompe y los individuos recuperaran su libertad natural (Rousseau, 1762/2007, p. 42). En el Bon Pastor, el Estado se manifiesta no como protector, sino como un verdugo burocrático inútil que castiga al ciudadano por haber sobrevivido a su propia negligencia.

Ante lo precedentemente señalado, es imperativo denunciar que esta casta de jueces, a menudo percibidos como ineficaces y degenerados en su función social, no surge de un vacío existencial ni nace de la nada, sino que es el destilado amargo de una sociedad profundamente corrompida e individualista. La judicatura es el espejo donde se refleja una colectividad que ha entronizado la indiferencia como mecanismo de defensa, un cuerpo social que sólo recupera la capacidad de conmoción cuando el filo de la tragedia corta su propia piel. Al respecto, Zygmunt Bauman señaló con agudeza, en “Modernidad líquida”, cómo los vínculos humanos han sido reemplazados por conexiones precarias, afirmando que “la responsabilidad por el otro ha sido desplazada por una preocupación egoísta por la propia seguridad, convirtiendo a la justicia en una transacción técnica antes que en un compromiso moral” (Bauman, 2000/2004, p. 48).

El juez que sentencia sin piedad a la víctima es, sin dudas, el hijo predilecto de una cultura que desprecia profundamente a la vejez y a la debilidad, una cultura que Nietzsche describiría como dominada por el nihilismo de los “últimos hombres”, aquellos que han perdido la capacidad de crear nuevos valores y se conforman con el confort de una legalidad hueca. En “Así habló Zaratustra”, el filósofo nos explica las consecuencias de esta degradación del espíritu al exclamar: “¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre ya no lanzará la flecha de su anhelo por encima del hombre, y en que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar. Yo os digo: es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina” (Nietzsche, 1883/2003, p. 45). En otras palabras, sin ese caos ético, sin esa capacidad de sentir el dolor ajeno como propio, la justicia se transmuta en una autómata despiadada al servicio de un orden corrupto e hipócrita que prefiere la paz de los cementerios a la justicia de los hombres de carne y hueso.

Dentro de este engranaje deshumanizado, la responsabilidad ética del juez de turno emerge como una cuestión de urgencia ontológica. El magistrado no debería ser un autómata que traslada los hechos a la norma, sino un actor social cuya decisión valida o destruye la fe en el cuerpo político. Cuando un juez opta por la prisión preventiva para un hombre en la situación de Pepe, está claudicando ante la comodidad del procedimiento para evitar la interpelación del rostro sufriente.

Consecuentemente, Emmanuel Levinas, en su libro “Ética e infinito”, sostiene que la responsabilidad por el otro es la estructura misma de la subjetividad, afirmando que “la epifanía del rostro es ética; el rostro me habla y por ello me invita a una relación que no tiene medida con un poder que se ejerce” (Levinas, 1982/1991, p. 79). Pues bien, al ignorar la mirada del anciano en su absoluta fragilidad física y anímica, el juez rompe este vínculo ético primordial. Su responsabilidad no termina en la letra de la ley o de su dictamen mediocre, sino que comienza en el reconocimiento de la asimetría de poder. Un legalismo que se niega a mirar a los ojos a las víctimas para comprender su pavor es, en última instancia, una complicidad silenciosa con la injusticia que supuestamente pretende combatir.

Esta igualación es, sin duda alguna, una forma de violencia institucional que casi nadie quiere advertir. La insistencia judicial en la reclusión de un anciano con problemas respiratorios y movilidad reducida revela una desconexión ontológica entre la norma y la vida mientras que el sistema se percibe a sí mismo como un fin y no como un medio para la paz social. Sobre este último aspecto en particular, Hannah Arendt, al reflexionar sobre la crisis de las instituciones y la naturaleza de la ley, advertía que la pérdida de la autoridad y del sentido común conduce a un legalismo vacío que puede ser tan devastador como la anarquía. En su obra “Sobre la violencia”, la autora sostenía que “el dominio de la ley, en su forma más pura, debería ser la protección del espacio público frente a la arbitrariedad, pero cuando la ley se convierte en un engranaje administrativo, pierde su relación con la justicia” (Arendt, 1970/2006, p. 54). En Barcelona, el clamor popular no es un llamado a la justicia por mano propia, sino una denuncia contra una estructura que parece castigar la resistencia del débil mientras se muestra impotente ante la reincidencia delictiva que asola a los barrios periféricos.

La perversión de todo esto reside en que la víctima es obligada a demostrar, bajo estándares de una proporcionalidad de gabinete, que su vida valía más que la de quien decidió vulnerar su domicilio. Se le exige al hombre postrado la sangre fría de un jurista en el momento en que su instinto de conservación era lo único que le quedaba. Esta exigencia es el reflejo de una sociedad decadente que prefiere el orden cosmético de un expediente cerrado a la resolución profunda de la inseguridad estructural. La ley, en su aplicación más gélida y obtusa, se convierte en un segundo asalto: si el primero fue físico y perpetrado por el ladrón, el segundo es simbólico y ejecutado por el magistrado que ignora la indefensión real del anciano.

Como siempre, queridos lectores, me gustaría cerrar esta humilde reflexión con algunas preguntas que nos sirvan de disparador para pensar en profundidad el problema que hoy nos convoca. ¿Qué queda de la dignidad humana cuando la defensa del propio aliento es tipificada como una amenaza al orden social? ¿Es posible hablar de justicia en un sistema donde la fragilidad extrema de un anciano no es un atenuante absoluto, sino un detalle marginal frente al rigor de la prisión preventiva?

Insisto, si la ley no es capaz de distinguir entre el lobo y el cordero que muerde para no ser devorado, quizá hayamos cruzado el umbral hacia una era donde el derecho es sólo el sudario con el que cubrimos el cadáver del sentido común. Al cerrar la celda de Pepe, ¿no estamos acaso clausurando la esperanza de que el contrato social aún tenga algún valor para los más desamparados? En definitiva, ¿hasta qué punto la burocratización de la piedad nos ha vuelto cómplices de la barbarie procesal? ¿Qué tribunal juzgará a quienes, en nombre de la ley, despojaron de humanidad al desprotegido?

Referencias Bibliográficas

Agamben, G. (1998). Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida (A. Gimeno Cuspinera, Trad.). Pre-Textos. (Obra original publicada en 1995).

Arendt, H. (2006). Sobre la violencia (G. Solana, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1970).

Bauman, Z. (2004). Modernidad líquida (M. Rosenberg, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 2000).

Cuatro. (2026, 8 de abril). Mandan a prisión a un anciano en silla de ruedas por defenderse con un cuchillo. Noticias Cuatro. https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/20260408/mandan-prision-anciano-silla-ruedas-defenderse-cuchillo_18_018824437.html

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión (A. Garzón del Camino, Trad.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1975).

Hobbes, T. (2017). Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil (C. Mellizo, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1651).

Kant, I. (1989). La metafísica de las costumbres (A. Cortina & J. Conill, Trads.). Tecnos. (Obra original publicada en 1797).

La Vanguardia. (2026, 9 de abril). La familia del hombre en silla de ruedas que mató a un ladrón reclama su libertad. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20260409/11508904/familia-hombre-silla-ruedas-mato-ladron-reclama-libertad.html

Levinas, E. (1991). Ética e infinito (J. M. Ayuso Díez, Trad.). Visor. (Obra original publicada en 1982).

Metrópoli Abierta. (2026, 7 de abril). El barrio del Bon Pastor se vuelca con el vecino de 80 años en silla de ruedas que mató a un ladrón: "Justicia para Pepe". El Español. https://metropoliabierta.elespanol.com/sant-andreu/20260407/barrio-bon-pastor-vuelca-vecino-anos-silla-ruedas-mato-ladron-justicia-pepe/1003742748917_0.html

Nietzsche, F. (2003). Así habló Zaratustra (A. Sánchez Pascual, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1883).

Peinado, Q. (2026, 8 de abril). Los vecinos del hombre en silla de ruedas que mató al ladrón que pretendía robarle en Barcelona: "Todos somos Pepe". El País. https://elpais.com/espana/catalunya/2026-04-08/los-vecinos-del-hombre-en-silla-de-ruedas-que-mato-al-ladron-que-pretendia-robarle-en-barcelona-todos-somos-pepe.html

Rawls, J. (2006). Teoría de la justicia (M. D. González, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1971).

Rousseau, J.-J. (2007). El contrato social o principios de derecho político (M. Armiño, Trad.). EDAF. (Obra original publicada en 1762).

El autor es docente, escritor y filósofo

San Juan - Argentina (2026)

Diario Azua / 10 de abril 2026

Por Rafael Pineda

Comunicador, Publicista, Consultor Creativo

“No basta con alcanzar la sabiduría,  es necesario saber utilizarla”. Cicerón.

No ha de pasar desapercibido para nadie, que el próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reúne en su nombre a los dos más grandes reyes del antiguo Israel: David (1040-970 a. c.) y Salomón, su hijo, (970-931 a. c.). Jorge Salomón Asjana David, que no tiene ínfulas de rey, aunque deba reinar (regir, dirigir, administrar), coincidentemente lleva en sus nombres y apellidos a estos dos icónicos monarcas bíblicos conocidos por ciertos talentos que se me antojan también presentes en el perfil de liderazgo del rector de la UASD para período 2026-2023.  

Salvando las vastas distancias de tiempo, espacio y culturas, abro este ejercicio con el rey David, quien cobró fama siendo solo un joven pastor de ovejas, al vencer al gigante Goliat en uno los relatos bíblicos más memorables. La “onda” de Asjana fue otra, el gigante al que tuvo que enfrentar, siendo también muy joven, fue al peligro de la intrascendencia y todos sus sinónimos. Y como David Rey, Jorge Salomón venció también desde muy joven, al ingresar a la carrera de medicina en nuestra Alma Mater, iniciando un ascenso imparable como estudiante, monitor, docente, director de Escuela, dos veces Decano y dos veces vicerrector, hasta encontrarse hoy a las puertas del puesto más elevado de su carrera como gerente universitario.      

De las cualidades conocidas del rey David, tomaré aquellas que lo definen como un monarca justo y un guerrero audaz. Desde que conozco al Dr. Jorge Asjana David, puedo dar testimonio del gran sentido de justicia que le caracteriza y sin el cual habría sido imposible alcanzar los niveles de liderazgo de que hoy goza. Lo mismo puede decirse de su incansable capacidad de trabajo, es un “guerrero”, en el mejor sentido de la palabra, con energía casi inagotable para asumir las tareas de sus múltiples responsabilidades. Con jornadas que empiezan a muy tempranas horas de la madrugada y finalizan a altas horas de la noche, incluyendo viajes constantes por todo el país.    

El segundo paralelismo se me antoja incluso más pertinente respecto a los desafíos que deberá enfrentar el próximo rector. Pues el rey Salomón no solamente fue un gran monarca unificador del reino bajo su mando, sino que según sus biógrafos, al rezar a su Dios, en lugar de poder le pidió sabiduría para gobernar. Y he aquí los dos rasgos que quiero resaltar: el de gerenciar con gran sentido y vocación de unidad, y el de la sabiduría para resolver con éxito los dilemas y retos que el ejercicio del poder entraña en la vida de todo gobernante.

Creo que el Dr. Asjana David pasará a la historia, entre otros logros, como “el gran unificador de la familia uasdiana”. Ningún candidato en la UASD había hecho confluir tantas voluntades en un propósito común, y este es un factor nodal de su éxito: haber construido una gran alianza mediante el principio de “unidad en la diversidad”, reuniendo a las más variopintas corrientes de pensamiento expresadas en partidos, movimientos y grupos de apoyo. Desde altos dirigentes, funcionarios y sectores del gobierno y del partido gobernante (PRM), hasta los partidos mayoritarios de oposición como Fuerza del Pueblo, PLD y las fuerzas de la izquierda política.

Al nivel interno, la unidad de las fuerzas que activan en la UASD en torno al proyecto Asjana Rector 2026-2030, ha sido el factor dominante en el presente proceso. Como muestra, tres aspirantes a la rectoría: la Dra. Rosalía Sosa, el Ing. Alejandro Ozuna y el Dr. Pablo Valdez, pospusieron sus aspiraciones para asumir el proyecto que encarna el Dr. Asjana. La fuerza cohesiva del proyecto Asjana Rector se expresa, por ejemplo, en casos donde más de un candidato o candidata aspiran a una misma posición electiva cobijados bajo esta misma sombrilla unitaria. En otros, la profundización del clima unitario ha logrado fusionar candidaturas mediante la posposición de aspiraciones o la conformación de fórmulas victoriosas, como en el ejemplo de las candidaturas por el decanato de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

En el epicentro de este fenómeno poco común, actúa como un gran imán el carisma, liderazgo, experiencia y visión transformadora del Dr. Asjana sobre el presente y futuro de la Primada de América. Una visión tan pertinente como urgente, tan moderna como incluyente, tan académica como humana, tan social como científica; en la que todos los uasdianos y uasdianas vemos reflejadas nuestras propias visiones y expectativas, porque tiene en su centro a la academia por encima de intereses particulares, consciente de que solo haciendo “más grande y mejor” a la UASD, los uasdianos y uasdianas podremos seguir disfrutando del prestigio de su estatus, y una calidad de vida y laboral cada vez más humana y decente. Pero sobre todo, Asjana David representa la garantía de que la Primada de América siga siendo la “universidad abierta, democrática, popular y autónoma” que definió el Movimiento Renovador, para que los menos favorecidos de la sociedad puedan tener acceso a una educación superior de calidad.

Retomando el paralelismo con el rey Salomón, rescato de éste su don más conocido: sabiduría. Todos recordamos la parábola de las dos madres que vivían juntas y dieron a luz a sendos bebés. Una de ellas mientras dormía, se acostó encima de su bebé asfixiándolo hasta morir. Al despertar y darse cuenta, aprovechó que la otra madre aún dormía y cambió su bebé muerto por el bebé vivo. La disputa entre ambas, alegando cada una ser la madre del bebé vivo, llegó ante el Rey Salomón, quien mandó traer una espada diciendo que cortaría el bebé en dos y daría a cada madre la mitad. Pero una de ellas se opuso resueltamente a esta crueldad, prefiriendo que le dejasen el bebé vivo a la otra. Y así supo el Rey que ésta era la verdadera madre del niño.  

La sabiduría, esa “capacidad de aplicar la inteligencia y la experiencia para comprender la vida profundamente, distinguiendo lo bueno de lo malo y actuando con buen juicio” (RAE), es un don esencial para gobernar con éxito. Con casi medio siglo de experiencia acumulada, con la justicia de David, el rey guerrero, y la grandeza de Salomón, el rey sabio, el Dr. Jorge Salomón Asjana David está más que listo para, desde el 17 de julio próximo, cumplir junto a la familia uasdiana el gran compromiso de… “hacer de la Primada, la primera”.

Por Dr. Amín Cruz

Diario Azua / 09 abril 2026.-

“Las guerras no terminan en el campo de batalla; comienzan allí y se prolongan en la vida cotidiana de quienes nunca empuñaron un arma."

En un mundo saturado de imágenes de destrucción y cifras de víctimas, hay una dimensión de la guerra que rara vez ocupa los titulares principales, pero que afecta silenciosamente a millones de personas: su impacto económico global.

La guerra en Oriente Medio no solo se libra en el terreno militar. También se combate con consecuencias duraderas en los mercados energéticos, en las cadenas de suministro y en la estabilidad financiera internacional. Es ahí donde se configura una crisis menos visible, pero potencialmente más prolongada.

El primer golpe ha sido energético. El estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio mundial de petróleo y gas, se ha convertido en un punto de tensión crítica. Cuando una región por la que circula cerca de un tercio del petróleo global se vuelve inestable, el efecto no es regional: es sistémico. Para los países importadores, esto no es solo un aumento de precios, es un castigo económico que erosiona ingresos, frena la producción y deteriora la calidad de vida.

La energía es apenas el inicio, la guerra ha vuelto a exponer la fragilidad de las cadenas de suministro globales. El desvío de rutas marítimas, el encarecimiento de seguros y los retrasos logísticos están alterando el flujo de bienes esenciales. Entre ellos, uno particularmente sensible: los fertilizantes. Su escasez no solo afecta a los agricultores, sino que anticipa un problema mayor: el encarecimiento de los alimentos.

Aquí es donde la crisis deja de ser macroeconómica y se vuelve profundamente humana, en los países de bajos ingresos, donde una parte significativa del ingreso se destina a la alimentación, cualquier aumento de precios se traduce en hambre, en inestabilidad social y en tensiones políticas. La inflación, en este contexto, no es una cifra técnica: es una amenaza cotidiana.

Y, sin embargo, el impacto no es uniforme. Mientras algunas economías exportadoras de petróleo se benefician temporalmente del alza de precios, otras enfrentan déficits crecientes y presiones fiscales insostenibles. Esta asimetría revela una verdad incómoda: las crisis globales no golpean a todos por igual; amplifican las desigualdades existentes.

Los mercados financieros, por su parte, reaccionan con nerviosismo. La volatilidad aumenta, los costos de financiamiento se elevan y las economías más endeudadas ven reducirse su margen de maniobra. En este escenario, el riesgo no es solo una desaceleración económica, sino una posible cadena de crisis fiscales en países vulnerables.

Frente a este panorama, organismos como el Fondo Monetario Internacional intentan contener el impacto mediante asistencia técnica y financiera. Su directora, Kristalina Georgieva, ha advertido sobre el creciente número de países que requieren apoyo. Pero la pregunta persiste: ¿es suficiente?

La realidad es que el mundo enfrenta esta nueva crisis con menos herramientas que en el pasado. Altos niveles de deuda, márgenes fiscales limitados y una creciente fragmentación geopolítica reducen la capacidad de respuesta coordinada.

Lo más preocupante no es solo la magnitud del shock, sino su posible duración. Si el conflicto se prolonga, el mundo podría entrar en una fase de incertidumbre permanente, donde la energía cara, la inflación persistente y la inestabilidad financiera se conviertan en la nueva normalidad.

En ese escenario, la guerra dejaría de ser un evento para convertirse en un contexto. Y tal vez ese sea el mayor riesgo: que el mundo se acostumbre. Porque cuando la crisis se normaliza, también lo hace la desigualdad, la precariedad y la indiferencia. Detrás de todo eso vendrá el abuso de poder, los especuladores, ladrones, corruptos y más…

La guerra en Oriente Medio no sólo redefine fronteras geopolíticas. Está redibujando el mapa económico global. Y en ese mapa, como tantas veces, los más vulnerables aparecen en la zona de mayor riesgo.

"Cuando la inestabilidad se vuelve costumbre, el mayor peligro no es la crisis, sino aprender a vivir con ella."

¡"La humanidad exige coherencia, responsabilidad y liderazgo"!

¡"La paz no puede ser un discurso; debe ser una acción sostenida, verificable y respetada por todos"!

¡PORQUE SIN CUMPLIMIENTO, NO HAY PAZ EN EL MUNDO!

Dr. Amín Cruz CEO, presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa y del Congreso Mundial de Prensa; Padre Embajador del Periodismo Hispanoamericano y Latinoamericano, diplomático, periodista, historiad