Diario Azua / 19 de julio 2026
Por Natanael de los Santos
Diario Azua / 19 de julio 2026
Por Natanael de los Santos
Margarita Feliciano, Presidenta de FUNDACETI y Miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo
Diario Azua / 17 de julio 2026
Por Margarita Feliciano
La democracia necesita una prensa libre, una ciudadanía informada y una comunicación responsable. Lo que no necesita es que el escándalo sustituya la verdad ni que la difamación se disfrace de libertad de expresión.
En los últimos años, el Gobierno ha contribuido a transformar la comunicación dominicana en un negocio altamente rentable mediante cuantiosas inversiones publicitarias. Esto ha fortalecido a un grupo de influencers y comunicadores cuya influencia muchas veces se mide más por el alcance de sus plataformas que por su preparación, ética o compromiso con la verdad. Mientras tanto, periodistas y profesionales con trayectoria, respeto y credibilidad han quedado relegados frente a un modelo que premia el ruido por encima del contenido.
No apoyo una ley mordaza. Nadie debe ser silenciado por pensar diferente o por ejercer una crítica legítima al poder. La libertad de expresión es un derecho irrenunciable y una conquista democrática que debemos proteger.
Sin embargo, tampoco podemos aceptar que, bajo el amparo de esa libertad, algunos conviertan un micrófono o una red social en un tribunal donde se condena moralmente a ciudadanos sin pruebas, con rumores, historias fabricadas o acusaciones irresponsables. Cuando una mentira se repite ante cientos de miles de seguidores, deja de ser un simple comentario y se convierte en un daño real para la honra, la familia, el trabajo y la vida de una persona.
Más preocupante aún es cuando ese modelo de comunicación termina alimentando una cultura donde el morbo, el irrespeto y el descrédito generan beneficios económicos, influencia y poder. En ocasiones, la difamación deja de ser un exceso para convertirse en un mecanismo de presión, chantaje o negociación. Esa realidad no fortalece la democracia; la degrada.
La República Dominicana no necesita una ley para callar voces. Necesita una legislación moderna que establezca responsabilidades claras para quienes, de manera deliberada, difamen, manipulen información o destruyan reputaciones sin pruebas. Poner límites al abuso no es censurar; es proteger derechos fundamentales.
La libertad de expresión y el derecho al honor no son enemigos. Ambos pueden y deben coexistir. Una democracia madura protege la crítica, pero también protege la dignidad de sus ciudadanos. Porque la verdad nunca debe temer al debate, pero la mentira jamás puede convertirse en un negocio amparado por el silencio de las instituciones.
Diario Azua / 17 de julio 2026
Por Natanael de los Santos
Estimado profesor:
Hay seres humanos muy extraños: capaces, indomables, con estándares morales de altísimo valor. Incorregibles. Que no se dejan doblegar por la codicia, ni por las mieles del poder, ni por la dolce vita, ni por el consumismo y la vana apariencia. Usted fue uno de esos.
Su sólida formación y su regia moralidad hicieron que algunos pensaran que le faltó pragmatismo para trascender a niveles sociales o políticos más altos. Pero no. Usted decidió ser moralmente intachable, y profundo en sus principios y valores.
Su gran aporte y su apoyo incondicional a la gestión de Altagracia Paulino durante su paso por Pro Consumidor fue memorable.
Todavía recuerdo nuestras discusiones. Y recuerdo también el honor que me hizo al presentar un libro que me tocó publicar. Usted se encargó de destacar las fortalezas de ese texto, que defendía la potestad sancionadora del órgano rector de las relaciones de consumo en el país. En momentos en que el sector empresarial se había propuesto quitarle o negarle esa potestad, usted junto a Altagracia Paulino la defendieron a capa y espada. Junto a la opinión de juristas de nivel internacional como Ricardo Rivero. Por eso, profesor, le estaré eternamente agradecido.
La formación de profesionales como Yvelia Batista, Lissette Rivas, Esmerly D'Oleo, Samuel Vargas, entre otros, fue uno de sus mayores aportes a una sociedad que necesita gente comprometida, ante el gran deterioro moral que sufre la sociedad dominicana.
Nos enseñó a leer y a admirar a Chomsky, a Facundo Cabral, a Silvio Rodríguez y a cualquier artista que cantara la canción comprometida. Nos hizo saber que lo importante no es llegar solos ni pronto, sino con todos y a tiempo.
Gracias, David.
Fue usted tan valiente como el David bíblico que, con la onda de la verdad, supo derrumbar a gigantes de la mentira y de la avaricia.
Que la tierra le sea leve y que el Padre lo reciba amorosamente.
Hasta siempre, amigo.
Janet Báez, Comunicadora Social, Secretaria de Organizacion del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Asociacion de Periodistas Culturales (Asopprecultrd)
Diario Azua /14 de julio 2026
Por Janet Báez
La democracia dominicana no es un regalo de la fortuna ni una concesión graciosa del poder; es una arquitectura social perfectamente edificada sobre los hombros de hombres y mujeres que pagaron con su sangre el derecho a disentir. Desde las gestas restauradoras hasta los mártires de la tiranía trujillista y las luchas por las libertades públicas de finales del siglo XX, el hilo conductor de nuestra historia ha sido el mismo: la conquista irrenunciable de la palabra libre.
Por eso, ver que en pleno siglo XXI se pretendía colar en el nuevo Código Penal un blindaje legal que resucitaba la rancia figura del “ultraje” a funcionarios públicos no solo era un anacronismo jurídico, sino una bofetada a la memoria histórica de este país.
El reciente paso atrás dado por el Senado, al proponer la modificación de 19 artículos que amenazaban directamente la libertad de prensa y el derecho a la crítica, no debe leerse como un acto de benevolencia legislativa. Es, en realidad, el resultado directo de una sociedad civil y un bloque mediático que se negaron a retroceder las páginas del calendario democrático.
Castigar con hasta cinco años de prisión la difamación, o tipificar como delito cualquier gesto o palabra que un funcionario considerara “contrario a su dignidad personal”, era una invitación abierta a la censura previa y al miedo. En una república sana, el funcionario público debe estar sujeto al escrutinio más estricto, no protegido por un manto de intocabilidad que lo aísle de las quejas de quienes pagan su salario con sus impuestos. El poder debe ser incómodo; de lo contrario, se convierte en dictadura.
Es un alivio que la nueva propuesta reduzca las penas de cárcel por difamación y, sobre todo, que blinde las denuncias de corrupción y las críticas a la gestión pública siempre que estén sustentadas. No obstante, este episodio nos deja una lección urgente: la libertad de expresión es un músculo que se atrofia si no se ejercita, y el poder político sin importar el partido de turno siempre sentirá la tentación de controlar la narrativa.
La comisión bicameral que ahora estudia estas reformas tiene en sus manos una responsabilidad histórica antes del cierre de plazo de vistas públicas. No basta con “suavizar” el golpe; hay que extirpar del Código Penal cualquier resquicio autoritario que pretenda intimidar al ciudadano común, al periodista o al disidente.
Nuestra libertad costó demasiada sangre como para permitir que el miedo se legalice en un artículo de ley. Defender el derecho a hablar, a investigar y a criticar es la única garantía de que los sacrificios del pasado sigan teniendo sentido en el futuro.
Rafael Reyes Cabreja Lic. en Derecho por la UASD, una maestría en Ciencias Penales por la Escuela Nacional del Ministerio Público y un máster en Análisis e Investigaciones Criminales por la Universidad a Distancia de Madrid
Diario Azua / 14 de julio 2026
Por Rafael Reyes Cabreja
Una madrugada
de enero de 2021, a apenas 22 millas náuticas de Santo Domingo Este, una lancha
rápida cargada con 236 paquetes de cocaína fue interceptada por el Ministerio
Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada
dominicana. Horas más tarde, en las costas de Matanza, provincia Peravia, otro
operativo simultáneo sumaba 227 paquetes más a la incautación. En total, 463
paquetes de droga y siete detenidos en una sola jornada. La escena, lejos de
ser excepcional, ilustra un patrón que se repite con distintos rostros, rutas y
embarcaciones a lo largo de todo el litoral dominicano.
Ese patrón es
precisamente el hilo que atraviesa la investigación "Análisis del
tráfico marítimo de drogas en la República Dominicana": un país que,
por su posición geográfica entre el mar Caribe y el océano Atlántico, y a mitad
de camino entre los países productores de Suramérica y los grandes mercados de
consumo del norte, se ha convertido en pieza clave del engranaje del
narcotráfico internacional.
Lo que hace
especialmente difícil de combatir a esta modalidad de tráfico no es solo su
volumen, sino su capacidad de mutar. Cada vez que las autoridades logran cerrar
una vía, el crimen organizado abre otra. Durante años, la imagen dominante fue
la de la lancha rápida o "Go Fast": embarcaciones de fibra de
vidrio, propulsadas por dos o tres motores fuera de borda, capaces de
transportar hasta tres toneladas de droga a velocidades que las hacen casi
indetectables para los radares convencionales. Pero junto a ellas conviven hoy
los contenedores "preñados" en los puertos comerciales, las
embarcaciones de pesca que sirven de fachada legal, los artefactos
semisumergibles construidos de forma artesanal en zonas costeras remotas, la
carga que se deja flotando a la deriva para ser recogida después, e incluso los
primeros drones acuáticos, de superficie y subacuáticos, que empiezan a
aparecer en los informes especializados (Centro Internacional de Investigación
y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo, 2019, 2020).
Las cifras del
continente americano para 2019 confirman hacia dónde se inclina la balanza: los
contenedores concentraron el 27% de los eventos de narcotráfico marítimo
registrados, y las lanchas rápidas otro 23%, muy por encima de modalidades más
artesanales como las embarcaciones de pesca o los depósitos ilegales (Centro
Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo,
2019).
Buena parte de
esa cocaína nace en Colombia y Venezuela y llega a territorio dominicano
recorriendo unas 700 millas náuticas, una distancia que las lanchas rápidas
cubren reabasteciéndose de combustible en islas intermedias del Caribe. No es
casualidad: el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado
a la República Dominicana como uno de los principales países de tránsito de
cargamentos de cocaína, tanto hacia el mercado norteamericano como hacia
Europa, según el informe InSight Crime (2018). Provincias como San
Cristóbal, Barahona, Azua y el Distrito Nacional aparecen una y otra vez en los
operativos, convertidas en puntos de entrada recurrentes para este tráfico.
Persiguiendo
este fenómeno se encuentra un entramado legal que arrancó hace más de tres
décadas. La Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas sigue siendo la
columna vertebral de la persecución penal en el país, complementada por la Ley
155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que
apunta directamente al dinero que deja el negocio (Ley 50-88, 1988; Ley 155-17,
2017). A ellas se suman decretos reglamentarios como el 288-96, el 330-00 y el
408-17, y una red de compromisos internacionales desde la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes hasta la Convención de Viena de 1988 que obligan al
Estado dominicano a coordinar esfuerzos con otros países.
En la
práctica, esa persecución recae sobre todo en la Dirección Nacional de Control
de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas, ambos bajo el Poder Ejecutivo, y en
el Ministerio Público, que dirige las investigaciones a través de su
Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.
El caso de
enero de 2021 no fue un hecho aislado. Meses después, en las costas de
Bayahibe, provincia La Altagracia, cuatro ciudadanos colombianos fueron
detenidos junto a 278 paquetes de cocaína transportados en una lancha Go Fast
(DNCD, 2021a). Y en un operativo binacional que reunió a la Armada dominicana
con la Marina francesa, dentro del programa de cooperación ALCORCA, se
incautaron 488 paquetes más en altamar (DNCD, 2021c). Tres episodios, tres
rutas distintas, un mismo problema estructural.
Diario Azua / 10 de julio 2026
Por Karina Concepción Medina
Ese sistema constituye el vector económico dominante del deporte profesional dominicano, ya que, se destaca la intervención de las academias, entrenadores independientes y los bonos de firmas que anualmente convierten a cientos de atletas en activos económicos de las organizaciones de Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). De acuerdo con las cifras expuestas por la entidad, decenas de millones de dólares anualmente se emplean solo en los bonos de firmas internacionales.
En el 2026, el MLB Draft asignó US$358,662,500 en bonos distribuidos entre los 30 equipos de la organización (Callis, 2026), siendo la firma más costosa la del atleta venezolano Luis Hernández, con un bono de US$5,000,000 con los Gigantes de San Francisco. En el caso dominicano, el campocorto Wandy Asigen, quien se encuentra en el puesto número 2 de la lista de los 50 mejores prospectos internacionales de la MLB, fue el atleta con la firma más lucrativa, ya que, recibió un bono por US$3.9 millones con los Mets de Nueva York (Borek, 2026), lo que evidencia el alto volumen financiero y la preponderancia de los controles de cumplimiento.
Sin embargo, en la República Dominicana, el sistema opera con una palpable intermediación informal. De hecho, ello ha dado pie a la concepción de iniciativas gubernamentales que proponen regularizar el sistema, ya que, se ha reconocido como un terreno fértil para el fraude de identidad, uso de documentos falsos, estafas, corrupción privada, abuso contra menores, pagos no declarados a intermediarios, entre otros.
Es, en otras palabras, exactamente el perfil de riesgo que los programas de cumplimiento están llamados a identificar: alto valor, opacidad relativa, intermediación intensa y flujo de fondos. Por ello es importante la adopción de sistemas de cumplimiento normativo basados en la integridad, como cultura misional en la organización. En ese programa es indispensable prever, mínimamente, la debida diligencia documentada de los intermediarios, la trazabilidad de los flujos de dinero asociados a los bonos, el establecimiento de canales de reporte accesibles a los jugadores, entre otros.
Definitivamente, el activo de mayor valor y riesgo en el deporte dominicano es el futuro económico de un adolescente, negociado a través de un intermediario informal. Por lo que no se trata de un mero trámite y exige un modelo de gestión de riesgos penales respaldado por la articulación legal existente.
Por lo que hablar de compliance en la industria del beisbol dominicano se trata de proteger sueños, carreras, inversiones, la reputación de la organización y, sobre todo, la integridad del deporte.
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