Resultados de República Dominicana en el análisis de Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026
SANTO DOMINGO. La República Dominicana enfrenta un diagnóstico agridulce en materia de transparencia. Según el reciente informe "Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026" de la OCDE, el país posee un robusto andamiaje legal, pero falla drásticamente al momento de aplicar las reglas, especialmente en el financiamiento de los partidos y la integridad de la fiscalía.
El estudio revela una desconexión preocupante: mientras el país cumple con el 90 % de los criterios normativos en financiamiento político, su cumplimiento práctico apenas alcanza un 14 %, evidenciando que las leyes son, en muchos casos, "letra muerta".
Los "puntos ciegos": Partidos políticos y Fiscalía
La OCDE pone el dedo sobre la llaga al señalar que la Junta Central Electoral (JCE) no publica información sobre investigaciones ni sanciones impuestas a los partidos. Además, resalta que las cuentas anuales y los donantes de campaña no están disponibles de manera transparente en línea.
En cuanto al Ministerio Público, los números son alarmantes: el país solo cumple con el 5 % de los criterios prácticos de integridad, frente al 52 % del promedio de la OCDE. La organización critica que, pese a los exámenes de ingreso, los ascensos en la fiscalía no se rigen por un sistema claro de méritos.
Sanciones inexistentes y el vacío del "Cabildeo"
El informe es lapidario en dos áreas donde el país registra un 0 % de calificación:
Régimen Disciplinario: Aunque existen leyes de Función Pública, en la práctica no hay capacitación para investigadores ni sistemas electrónicos de gestión. Las garantías básicas, como la presunción de inocencia, no están blindadas en los procesos internos.
Cabildeo (Lobby): República Dominicana carece totalmente de un marco legal que regule las actividades de cabildeo, permitiendo "puertas giratorias" entre el sector público y privado sin períodos de enfriamiento.
Las luces: Acceso a la información y Justicia
No todo es negativo. El acceso a la información pública es la categoría con mejor desempeño, logrando un 58 % de cumplimiento práctico, situándose muy cerca del promedio de los países desarrollados (62 %).
Asimismo, la integridad judicial muestra bases sólidas con un 40 % de cumplimiento práctico. No obstante, la OCDE advierte que el país aún debe avanzar en la protección de denunciantes internos y en asegurar que los nombramientos en las Altas Cortes sean estrictamente por méritos.


























.jpg)




.jpg)


Social Buttons