lunes, 11 de mayo de 2026
viernes, 8 de mayo de 2026
Diario Azua / 8 de mayo 2026
Por: Patria Heredia
La República Dominicana atraviesa una crisis silenciosa y dolorosa: la pérdida de valores, de orientación y de protección hacia nuestra niñez y adolescencia.
Cada día vemos cómo menores crecen rodeados de violencia, abandono emocional, falta de supervisión, pobreza espiritual y una peligrosa normalización de la agresividad.
El reciente caso del niño Raudiel Martínez Corporán, encontrado sin vida en una cañada en Hato Damas, San Cristóbal, ha estremecido el corazón de todo un país.
Según las informaciones preliminares, el menor habría sido asesinado por otros adolescentes tras una discusión relacionada con unos peces “beta”, un hecho que evidencia hasta dónde está llegando la descomposición social y emocional entre nuestros jóvenes.
Duele profundamente pensar que niños estén perdiendo la vida a manos de otros menores.
Esto obliga a la sociedad a hacerse preguntas serias: ¿Qué estamos enseñando en nuestros hogares? ¿Qué consumen nuestros hijos en redes sociales? ¿Dónde está el acompañamiento emocional, espiritual y psicológico? ¿Qué papel están jugando las autoridades, las escuelas y la comunidad?
No podemos seguir viendo estos hechos como casos aislados.
La violencia juvenil está creciendo, y detrás de ella existe una generación marcada por la falta de atención, la ausencia de oportunidades, la pérdida del respeto por la vida y la influencia negativa de contenidos violentos.
La niñez Dominicana necesita ser rescatada. Necesita padres presentes, escuelas más humanas, iglesias activas, comunidades vigilantes y un Estado que priorice la salud mental y la protección infantil.
Un niño no nace siendo violento; muchas veces la sociedad lo empuja al abandono, al resentimiento y a la oscuridad.
Hoy lloramos por Raudiel, pero también por una República Dominicana que parece perder poco a poco la sensibilidad ante el dolor ajeno.
Si no actuamos ahora, mañana podrían ser más las familias destruidas, más los sueños enterrados y más las lágrimas derramadas sobre una tierra que clama paz, orientación y valores.
La niñez no puede seguir creciendo entre violencia, indiferencia y desesperanza.
Proteger a nuestros niños debe convertirse en una misión Nacional.
jueves, 7 de mayo de 2026
miércoles, 6 de mayo de 2026
Diario Azua / 6 de mayo 2026
Por Román Jáquez Liranzo
Salió apresurada de su casa. La estudiante nunca imaginó que encontraría la muerte ese mismo día, que se convertiría en víctima por resistir a su agresor. “Debió dejarse atracar”, gritaba su madre en las honras fúnebres pagadas por un “político”. Un disparo anuló su vida. Las cámaras de un “colmadón” grabaron los hechos. El vídeo, de unos 15 segundos, se hizo viral en las redes sociales, pero la “viralidad” duró poco porque unos memes faranduleros la opacaron. El poder de los medios de comunicación estaba agobiado por unos asuntos empresariales y estatales, y la víctima pasó a ser una estadística criminal.
Pero la madre, una de esas madres solteras, insistió. El presunto victimario fue identificado y apresado, era un joven de unos 19 años que había cumplido, en su adolescencia, una condena de 2 años por un conflicto con la ley penal. Parece que el tiempo de la condena por aquel hecho fue poco para poder reinsertarlo, positivamente, a la sociedad. La prisión preventiva como medida de coerción para el presunto agresor es el mandato de la política criminal, pero todo se desvaneció, repentinamente, porque no tenía un abogado que lo defendiera.
Entonces, el sistema, imbuido en el respeto de los derechos fundamentales (como debe ser), le brindó un defensor público como garantía de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Por cierto, unos defensores públicos con altísimos niveles de preparación y compromiso institucional, modelos a seguir en su entrega. Un año de prisión preventiva fue la decisión. La noticia no fue noticia, sólo algunos twitters solidarios de compañeros de la de la universidad de la occisa.
En el otro extremo, la madre rogaba a uno de los abogados del barrio que asumiera su representación en el caso porque el fiscal le había dicho, con orgullo, que en realidad él no era su abogado sino el representante de toda la sociedad, que era un funcionario del Ministerio Público y que debía dirigir la investigación con objetividad. La madre, quien recibía el apoyo económico de su única hija (quien era cajera en una empresa de promoción al vicio de la apuesta), recurrió al empeño de sus enseres para pagar los honorarios profesionales, los “gastos del proceso” y unos “benditos sellos” que el abogado le dijo que tenía que cubrir porque si no “soltaban al muchacho”.
Durante dos años la madre asistió a todos los vaivenes del proceso penal. Para esa época, ya vivía con una hermana que la auxilió moral y económicamente luego de aquella tragedia que le había agravado su enfermedad. Hasta que, por fin, una mañana lluviosa de octubre y con una sala de audiencias inundada de agua por unas filtraciones de la vetusta edificación judicial, se dictó sentencia: 20 años de cárcel y una indemnización en daños y perjuicios de 5 millones de pesos a la madre de la víctima. “Dios es justo” se escuchó en el tribunal.
El condenado pasó a cumplir los 20 años en uno de los recintos carcelarios del nuevo modelo penitenciario (referencia internacional de cómo se deben hacer las cosas bien), además, con el recelo defensor de un juez de ejecución de la pena que vela, como guardián, por sus derechos constitucionales. Ese sistema penitenciario, como debe ser, le permitió al condenado aprender varios oficios técnicos, obtener varios reconocimientos deportivos y graduarse de una profesión. Habían pasado 12 años.
Para la madre el tiempo se detuvo con el último respiro de su procreación, nunca transcurrió un segundo desde su muerte. Nada paliaba su dolor, ni siquiera la sentencia. No obstante, algún familiar se había frotado las manos con la cuantiosa suma de dinero como reparación a los daños materiales y morales que otorgaba la decisión del juez. “Hay que pelear eso, prima. Ese dinero no se puede perder”, le exigían familiares en una reunión con representantes legales. Ella siempre argumentaba que su hija no tenía precio, que lo mercurial no le devolverá su sonrisa.
Olvidaban los ambiciosos e ilusos la insolvencia del condenado. “La indemnización civil simplemente no puede ser materializada porque no tendría como pagarla”, les dijo un abogado que le habían recomendado en la Parroquia. “Pues que pague con cárcel, que se pudra en esas cuatro paredes”, expresó uno de los consanguíneos. El togado, de vocación católica, les aclaró que, lamentablemente, la Constitución establece que no hay apremio corporal, o sea, prisión, por deuda civil como es la condena de los 5 millones de pesos. Y que en ocho años, aunque no pague, saldría libre.
“Pues que pague el Estado”, se escuchó decir. El jurista advirtió que en este país no existe la indemnización estatal, lo que algunos países llaman los fondos de compensación estatales, como parte de la seguridad social, para paliar las necesidades económicas de las víctimas de delitos violentos cuando no aparece el victimario o cuando el mismo es insolvente. “Así es el sistema”, sentenció.
5 años después murió la madre. En sus últimos 17 años le quedó el desaliento de una tortuosa e incompleta justicia penal que le impuso un castigo moral y social aún mayor que el establecido al que mató a su hija. Cuentan que 15 años después, un defensor de los derechos de las víctimas, publicó una obra titulada “¿Y la víctima? Muy bien, gracias”, que se convertía en una referencia obligada para los estudiosos de la victimología, y que el autor, irónicamente, en un país caribeño, había cumplido dos sentencias penales de 2 y 20 años, respectivamente.
El autor publicó, hace 10 años, este artículo en acento.com, el 15 de junio del 2016.
martes, 5 de mayo de 2026
Testigo del tiempo
domingo, 3 de mayo de 2026
Diario Azua / 2 de mayo 2026
Por Mildred Sena Vittini
Los eventos climáticos recientes en la República Dominicana no solo han sido intensos. Han sido reiterativos. Y lo más relevante no es su magnitud, sino su patrón: ocurren en distintos puntos del territorio, afectan ciudades grandes, medianas y pequeñas, y exponen una misma debilidad.
No es un problema local. Es un problema sistémico.
La evidencia es clara. Independientemente del tamaño de la ciudad o de su ubicación, los impactos tienden a repetirse: inundaciones urbanas, interrupción de servicios, afectación a comunidades vulnerables y respuestas centradas en la emergencia. Cambian los lugares. No cambia la lógica.
Esto no es casualidad.
Es el resultado de una forma de gestionar el riesgo climático que sigue anclada en la reacción, en lugar de la anticipación.
Ese desfase tiene consecuencias.
Desde la perspectiva técnica, el problema no radica únicamente en la exposición climática, que en el caso dominicano es elevada, sino en la limitada capacidad de adaptación para gestionar riesgos de manera anticipada. Esto se traduce en decisiones que no incorporan escenarios futuros, en planes que no se implementan o no se actualizan, y en una débil articulación entre niveles de gobierno.
El resultado es un sistema que responde, pero no previene.
Este patrón plantea una implicación directa: si los impactos se repiten en distintos territorios y bajo condiciones similares, entonces el problema no está en el evento, sino en la forma en que se está gestionando el riesgo.
Y si el problema es estructural, la respuesta no puede seguir siendo reactiva.
Mejorar la capacidad de respuesta es necesario, pero no suficiente. Mientras las decisiones continúen tomándose después del evento, el riesgo permanecerá intacto. La reducción real del riesgo exige intervenir antes de que este se materialice.
Es en este punto donde la anticipación deja de ser una opción y se convierte en una condición para la gestión efectiva del cambio climático.
Aquí es donde la prospectiva adquiere sentido como herramienta de política pública. No se trata de predecir el futuro, sino de incorporar escenarios posibles para gestionar la incertidumbre en la toma de decisiones, permitiendo actuar hoy frente a riesgos que ya son conocidos.
Organismos como el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC por sus siglas en inglés) han señalado de manera consistente que los riesgos climáticos futuros estarán marcados por la acumulación de impactos y por la interacción entre múltiples factores. Esto implica que los eventos no solo serán más frecuentes, sino también más complejos.
La anticipación, por sí sola, no transforma la realidad. Su valor depende de que exista un sistema institucional capaz de utilizar esa información para orientar decisiones, coordinar actores y actuar antes de que los riesgos se materialicen.
La anticipación permite reducir pérdidas, optimizar recursos y fortalecer la capacidad de los territorios para enfrentar lo que viene. Porque lo que viene no es incierto en su totalidad. Sabemos que habrá más eventos, mayor variabilidad y mayores presiones sobre los sistemas urbanos y naturales.
Lo que sí está en juego es la forma en que decidimos enfrentarlo.
Seguir reaccionando implica aceptar la repetición del daño. Anticipar implica intervenir sobre sus causas.
En un contexto de cambio climático, la diferencia entre ambos no es técnica. Es política.
Y hoy, más que nunca, gobernar bien ya no significa responder rápido. Significa decidir a tiempo.
sábado, 2 de mayo de 2026
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| Dr. Javier D. Restrepo, Mons. Ramon de la Rosa y Dr. Amin Cruz |
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| Dr. Ignacio Ramonet y Dr. Amin Cruz, Pg.107 |



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