sábado, 5 de septiembre de 2026
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| Lucirys Mateo, Pedro Borrell, Gamal Michelén, Joan Ferrer y Federico Fondeur |
El Salvador será el país invitado de honor y la edición estará dedicada al arquitecto dominicano Pedro Borrell.
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| Oliver Severino y Francesco Gravina |
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| Yermys Peña, Adis Ozuna y Karen Troncoso |
Mapamundi aprobado por la Asamblea de la ONU. (FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA ONU)
Dos personas caminan por una calle recogiendo envases vacíos para reciclarlos, este martes en la Habana (Cuba). (EFE)
Diario Azua / 5 de septiembre 2026
La Habana — En lo que economistas califican como la confirmación del viraje de Cuba hacia una economía de mercado, el Gobierno cubano comenzó a plasmar en normativas oficiales un conjunto de 176 reformas que transforman el panorama productivo y comercial de la isla.
Entre las medidas más destacadas figura la autorización para constituir empresas privadas con plantillas superiores a los 100 trabajadores, expandiendo el esquema de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) vigente desde 2021. Estas entidades podrán formar cadenas de distribución nacional e ingresar en asociaciones con capital extranjero.
El nuevo marco legal introduce además profundos cambios para la inversión internacional y la diáspora:
Contratación directa: Las firmas extranjeras operarán sin intermediación de las agencias de empleo estatales y podrán otorgar incentivos en divisas a sus empleados.
Capital en el exterior: Se habilita la participación de cubanos residentes fuera de la isla como socios de empresas privadas nacionales.
Tierras en usufructo: El Estado otorgará terrenos a personas jurídicas de forma indeterminada o bajo plazos de hasta 99 años renovables, emulando estrategias aplicadas en países como China y Vietnam.
Pese a que autoridades como el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, confían en un impacto económico a corto plazo, analistas señalan que la efectividad del paquete normativo estará condicionada por las sanciones financieras internacionales y la falta de reformas en el sistema bancario y cambiario local.
Diario Azua/ 5 de septiembre 2026
Washington — Los venezolanos que soliciten asilo político en Estados Unidos se enfrentan a un nuevo y severo obstáculo legal. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó este viernes que los solicitantes deberán demostrar de manera explícita que su vida o libertad corren peligro bajo la administración de Delcy Rodríguez, al considerar que la captura y salida de Nicolás Maduro supuso un cambio significativo en las condiciones políticas del país sudamericano.
El dictamen judicial vinculado al Departamento de Justicia de EE. UU. sienta un precedente tras la anulación del asilo que le había sido concedido a una opositora venezolana. Aunque un juez inferior determinó en su momento que la mujer sufría persecución por su abierta oposición a Maduro, la junta ordenó revisar el caso bajo el argumento de que la destitución del antiguo líder transforma los fundamentos de la persecución futura.
La postura ha desatado una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos y abogados de inmigración, quienes sostienen que el aparato represivo estatal se mantiene inalterado bajo la presidencia interina de Rodríguez, en un contexto además agravado por la crisis humanitaria e infraestructura tras los devastadores sismos de junio pasado.
Esta resolución llega en un momento de estrechamiento del cerco migratorio impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que abarca la cancelación del Estatus de Protección Temporal (#TPS) para más de 500,000 venezolanos y una tasa de rechazo de asilo que se ubica en un 94%. El fallo se produce, asimismo, mientras Washington y el nuevo ejecutivo en Caracas negocian acuerdos bilaterales de alto nivel, incluyendo la gestión conjunta de importantes reservas petroleras y la eventual convocatoria a elecciones.
Jueces del Tribunal Constitucional durante la audiencia pública celebrada el miércoles 26 de agosto del 2026. (ER)
Diario Azua / 5 de septiembre 2026
Santo Domingo — El Tribunal Constitucional (#TC) devolvió al Tribunal Superior Electoral (#TSE) el expediente que buscaba anular las restricciones impuestas por la Junta Central Electoral (#JCE) a la publicación de encuestas, tras determinar que ningún tribunal ordinario o especializado puede apoderarlo mediante una declinatoria o remisión de expediente.
Mediante la sentencia #TC/0852/26, la alta corte desestimó el procedimiento utilizado por el TSE, el cual se había declarado incompetente frente a un recurso contencioso incoado por la organización Justicia sin Fronteras y envió directamente el caso al #TC para un control concentrado de constitucionalidad.
El órgano garante de la Carta Magna calificó la acción del #TSE como un "erróneo envío", enfatizando que la potestad de los jueces para evaluar su propia competencia no les permite modificar las atribuciones fijadas por la ley para otros órganos. En ese sentido, aclaró que una acción directa de inconstitucionalidad requiere un procedimiento formal y específico iniciado por las partes interesadas, no una conversión o "recalificación" automática promovida por otra jurisdicción.
Con esta resolución, el Constitucional dejó sin examinar el fondo de la controversia así como la solicitud de suspensión cautelar del reglamento de la #JCE, por lo que el debate sobre la legalidad y constitucionalidad de limitar las encuestas electorales fuera del periodo de precampaña continuará su curso en el Tribunal Superior Electoral.
viernes, 4 de septiembre de 2026
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se prepara para intervenir en la inauguración de la Foundry School en el Instituto de la Paz Donald Trump, en Washington D. C., Estados Unidos. (EFE/EPA/JIM L)
Diario Azua / 4 de septiembre 2026
Washington — El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una gira oficial por Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre, con el propósito de consolidar alianzas estratégicas en materia de seguridad, comercio y asistencia humanitaria con administraciones afines a la Casa Blanca.
De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Estado, el itinerario del jefe de la diplomacia estadounidense contempla reuniones con los mandatarios y representantes de las delegaciones gubernamentales de la región. En Ecuador, mantendrá un encuentro con el presidente Daniel Noboa para darle continuidad a la cooperación militar contra el crimen organizado. Por su parte, la parada en Perú marcará el primer acercamiento de alto nivel con la administración de la presidenta Keiko Fujimori tras asumir el poder a finales de julio.
En el caso de Colombia, Rubio evaluará el apoyo de Washington para la reconstrucción del país tras el sismo del pasado 10 de agosto, además de profundizar en la lucha contra el narcoterrorismo y el impulso del comercio bilateral. Medios locales señalan que el secretario de Estado podría reunirse en Barranquilla con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.
La visita oficial se enmarca en una etapa de mayor alineación geopolítica entre Washington y varios Gobiernos de la región, destacando el reciente ingreso de Colombia a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) y la planificación de operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
Donni Santana Cuevas (centro) durante una audiencia. (DL)
Diario Azua
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. — Tras calificar de "errónea y carente de sustento normativo" la resolución que benefició al exembajador Donni Santana Cuevas, la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal dispuso que el exfuncionario vuelva a prisión durante los fines de semana, tras haber disfrutado de 15 meses de libertad condicional injustificada.
Santana Cuevas, condenado a 20 años de reclusión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, contaba con apenas siete años encarcelado, por lo que no cumplía con el requisito legal de haber agotado al menos la mitad de la pena para optar por dicho beneficio.
El fallo del tribunal de segundo grado dio la razón de forma parcial al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, el cual denunció la existencia de una "desnaturalización del periodo de prueba" por parte del juez de ejecución de la pena, José Manuel Arias, quien había enviado al condenado a su vivienda para supuestamente evitar contagios de enfermedades infectocontagiosas en el recinto carcelario.
La nueva resolución establece que Santana deberá ingresar al centro penitenciario del 15 de Azua todos los viernes a las 7:00 a. m. y saldrá los lunes a la misma hora.
No obstante, por decisión mayoritaria (2 a 1) de los jueces Lourdes Yanaire Rodríguez y Luis Domingo Sención, el tribunal mantuvo la validez de un permiso laboral concedido al exfuncionario para trabajar como encargado de cobros legales en una empresa privada por un sueldo de 40,000 pesos mensuales. La medida fue fijada con un límite de dos años, venciendo el 1 de agosto de 2027. La decisión contó con el voto disidente de la presidenta del tribunal, Zeida L. Noboa Pérez, quien cuestionó que se intentara regularizar una decisión con vicios de origen.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei,en una fotografía de archivo. (EFE)
Diario Azua / 4 de septiembre 2026
Santo Domingo — El Gobierno de Irán actualizó este jueves el balance de las víctimas dejadas por la reciente ofensiva militar de Estados Unidos en su territorio, elevando a 142 la cifra de heridos, mientras que el número de fallecidos se mantiene en 18 personas, entre las que se contabilizan civiles y miembros de las fuerzas armadas.
De acuerdo con el Ministerio de Salud iraní, entre los lesionados figuran 61 mujeres y 44 menores de edad. Por su parte, las autoridades denunciaron impactantes daños a la población civil, destacando que uno de los proyectiles estadounidenses alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda en la provincia de Hormozgan, dejando cuatro muertos y decenas de heridos.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó bajas dentro de sus filas, reportando la muerte de cuatro integrantes de su fuerza aeroespacial en la provincia de Kermanshah y tres miembros de la milicia basiji en la isla de Lavan. Reportes oficiales también registraron siete víctimas mortales adicionales en diversos puntos de la provincia de Juzestán.
La diplomacia iraní tildó las acciones de Washington como "crímenes de guerra". En contraposición, la administración estadounidense justificó los ataques dirigidos contra posiciones de la Guardia Revolucionaria como una medida de respuesta ante las agresiones a buques comerciales en el estrecho de Ormuz y a las tropas norteamericanas desplegadas en la región.
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