Titulares

sábado, 5 de septiembre de 2026

El nuevo formato de la Agenda Semanal amplía el papel comunicacional del mandatario dominicano, quien ya no solo informa y responde, sino que ahora conduce, pregunta y cuestiona públicamente a sus propios funcionarios.

Por Rafael Méndez
Diario Azua / 05 septiembre 2026.-

Este artículo forma parte de una serie de tres estudios de caso sobre comunicación presidencial permanente, que continuará con Donald Trump, expresión extrema de la personalización y la hipercomunicación, y concluirá con Andrés Manuel López Obrador, quien desde las antípodas convirtió durante seis años sus conferencias mañaneras en un instrumento sistemático para disputar y conservar el control de la narrativa pública.

El presidente Luis Abinader ha llevado la estrategia comunicación permanente a una fase particularmente sugestiva: ya no se limita a encabezar el Gobierno y comunicar sus decisiones, sino que ha pasado a desempeñar simultáneamente los papeles de vocero, moderador y cuestionador público de sus propios funcionarios, colocando su figura en el centro de una estrategia comunicacional permanente que procura controlar no solo el mensaje gubernamental, sino también la manera en que ese mensaje llega a la opinión pública.

La transformación quedó claramente expuesta con el estreno de la Agenda Semanal, el 24 de agosto de 2026, cuando el presidente apareció conduciendo una especie de reunión pública de trabajo, preguntando a ministros y directores sobre programas, resultados y compromisos, en un formato inicialmente anunciado sin participación presencial de periodistas, aunque durante esa misma primera entrega Abinader informó que los comunicadores serían incorporados posteriormente.

La modificación prácticamente inmediata del formato constituye por sí sola un elemento digno de análisis, porque apenas una semana después la segunda entrega ya contó con periodistas invitados, lo que obliga a preguntarse si el diseño originalmente concebido, con el presidente preguntando y los funcionarios respondiendo sin la presencia directa de la prensa, resultó insuficiente para llenar las expectativas que el propio Gobierno había depositado sobre el nuevo espacio.

Aunque no se puede afirmar que esa haya sido necesariamente la conclusión oficial, lo que sí resulta evidente es que uno de los componentes fundamentales del formato fue modificado prácticamente al momento de su estreno, una señal de improvisación en una estrategia comunicacional que, por su propia naturaleza, debería haber llegado al público con reglas, objetivos y procedimientos claramente definidos.

De responder preguntas a cuestionar a sus funcionarios

El cambio es mucho más profundo que la sustitución de un nombre por otro, porque La Semanal con la Prensa, iniciada en 2023 y suspendida a finales de 2025, colocaba al presidente frente a periodistas que lo interrogaban sobre distintos asuntos nacionales, mientras que LA Agenda Semanal invierte parcialmente aquella relación y convierte al mandatario en quien formula preguntas y exige explicaciones públicas a ministros y funcionarios de una administración cuya responsabilidad política superior recae precisamente sobre él.

Ahí surge una de las paradojas más interesantes del nuevo modelo: el presidente aparece colocado a ambos lados de la mesa, como jefe del Gobierno responsable de las ejecutorias de sus funcionarios y, al mismo tiempo, como supervisor visible que les pregunta qué han hecho, cuáles dificultades enfrentan, cuánto falta por cumplir y cuándo estarán disponibles determinados resultados.

La estrategia puede resultar comunicacionalmente eficaz porque proyecta la imagen de un mandatario vigilante, informado y exigente, permite ordenar semanalmente los temas que el Gobierno quiere colocar en discusión y convierte a ministros y directores en protagonistas de una rendición pública de cuentas, pero también corre el riesgo de transformar al propio presidente en una suerte de fiscalizador de una administración que él mismo dirige.

Cuando la comunicación se convierte en una forma de ejercer el poder

Desde la perspectiva de la comunicación política, esa fórmula se inserta dentro de lo que se conoce como campaña permanente, entendida como la utilización sistemática de técnicas propias de la competencia electoral para mantener durante todo el ejercicio gubernamental una narrativa favorable, administrar la agenda pública, responder anticipadamente a los adversarios y preservar una relación directa entre gobernante y ciudadanía.

La Semanal con la Prensa ya respondía en buena medida a esa lógica, pero LA Agenda Semanal amplía la apuesta al convertir al presidente no solo en la principal fuente del mensaje gubernamental, sino también en conductor del escenario donde ese mensaje se organiza, se explica y se proyecta, mientras los funcionarios comparecen bajo su dirección para exponer resultados y responder interrogantes.

La presencia posterior de periodistas introduce un necesario componente de contradicción y evita que el espacio quede reducido exclusivamente a una conversación del Gobierno consigo mismo, pero no elimina una realidad fundamental: el Ejecutivo selecciona el escenario, organiza los temas, convoca a los participantes, administra los tiempos y coloca al presidente en el centro de todo el dispositivo comunicacional.

El problema no consiste entonces en determinar si un presidente habla mucho o poco, porque la experiencia contemporánea demuestra que la exposición permanente puede convertirse tanto en fortaleza como en debilidad, sino en establecer para qué habla, cuánto espacio concede a sus ministros y voceros, qué peso conserva su palabra y hasta dónde la Presidencia puede absorber funciones comunicacionales que tradicionalmente corresponden a otros niveles del Gobierno.

El recurso más escaso de un presidente no es el tiempo disponible ante cámaras y micrófonos, sino el valor de su palabra, y cuando el mandatario se convierte simultáneamente en gobernante, vocero, moderador y cuestionador de sus propios funcionarios, la comunicación deja de ser únicamente un instrumento para explicar la gestión y comienza a convertirse en una modalidad particular de ejercicio del poder.
Lucirys Mateo, Pedro Borrell, Gamal Michelén, Joan Ferrer y Federico Fondeur

 El Salvador será el país invitado de honor y la edición estará dedicada al arquitecto dominicano Pedro Borrell.

Por Luisa Esther Suárez Díaz / Diario Azua
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. / 05 septiembre 2026.-

El Ministerio de Cultura de la República Dominicana y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD) presentaron oficialmente la XIII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la República Dominicana (BIAURD 2026), que se celebrará los días 19, 20 y 21 de noviembre, bajo el lema “TRANSVERSO: Diálogos que conectan en todas las dimensiones”.

La nueva edición del principal encuentro nacional dedicado a la arquitectura y el urbanismo tendrá como eje general la innovación, tecnología e identidad” y estará dedicada al destacado arquitecto dominicano Pedro Borrell, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo de la arquitectura nacional.

El lanzamiento estuvo encabezado por el viceministro de Patrimonio Cultural, señor Gamal Michelén, y la presidenta de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, Lucirys Mateo, quienes ofrecieron detalles sobre la programación, las novedades y los principales componentes de esta edición.

La BIAURD 2026 se plantea como un espacio para analizar y debatir los desafíos que atraviesan la arquitectura y el territorio en la actualidad, incluyendo el crecimiento urbano, la transformación del paisaje, la vivienda, la movilidad, el patrimonio, la resiliencia climática, la tecnología y la construcción de una visión territorial de futuro.
Oliver Severino y Francesco Gravina
El Salvador, país invitado de honor

Uno de los elementos destacados de esta edición será la participación de El Salvador como país invitado de honor, con el propósito de ampliar el diálogo regional entre el Caribe y Centroamérica en torno a los desafíos que comparten sus territorios.

La participación estará articulada bajo la línea “Del Caribe a Centroamérica: territorios conectados por la memoria y la transformación”, que propone abordar temas relacionados con la vulnerabilidad climática, la presión urbana y la identidad cultural.

Un certamen que amplía sus perspectivas

Como parte de la XIII BIAURD se presentaron también las bases del concurso y sus áreas de evaluación, que abarcan diversas expresiones de la práctica arquitectónica y urbana.

Entre las categorías se encuentran Arquitectura construida; Urbanismo y planificación territorial; Espacio público y paisaje; Vivienda y hábitat; Patrimonio, memoria e identidad; Arquitectura sostenible y resiliente; Investigación, teoría y crítica; Innovación tecnológica y procesos experimentales; y Arquitectura joven o emergente.

La organización dará a conocer las fechas correspondientes a la postulación de obras arquitectónicas, urbanas y paisajísticas, así como los detalles del proceso de participación.

De acuerdo con la presidenta de la SARD, esta edición parte de la idea de que los grandes desafíos contemporáneos se manifiestan simultáneamente en múltiples dimensiones: el territorio, la ciudad, el paisaje, la vivienda, la infraestructura, la cultura, la tecnología, el clima y la vida cotidiana.

En ese sentido, explicó que el concepto “TRANSVERSO” busca propiciar conexiones entre distintas realidades y disciplinas, entendiendo la arquitectura y el urbanismo como herramientas para interpretar y transformar el entorno.
Yermys Peña, Adis Ozuna y Karen Troncoso
Una plataforma para el diálogo y el pensamiento

La XIII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la República Dominicana aspira a consolidarse como una plataforma de exhibición, pensamiento crítico, debate e intercambio, así como un espacio para proyectar las prácticas arquitectónicas y urbanas dominicanas hacia el ámbito regional.

La edición 2026 incorpora además nuevas iniciativas orientadas a fortalecer el alcance del certamen y contribuir a su reposicionamiento como referente regional.

Con la celebración de la BIAURD 2026, el Ministerio de Cultura y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana reafirman su compromiso con la promoción de la arquitectura, el urbanismo y la reflexión sobre los procesos de transformación del territorio y las ciudades.

La XIII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la República Dominicana se celebrará los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2026, con una programación que reunirá a profesionales, académicos, estudiantes, investigadores y representantes de distintos sectores vinculados a la arquitectura y el desarrollo urbano.

En el acto de lanzamiento también estuvieron presentes el director del Museo de Arte Moderno, Federico Fondeur; el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), George Richardson; Addis Ozuna, expresidenta de la SARD; así como los arquitectos Omar Ranciel y Hermel González.

Así como directores de escuelas de arquitectura, urbanistas, paisajistas, profesionales de las industrias creativas y miembros de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana.

 

Mapamundi aprobado por la Asamblea de la ONU. (FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA ONU)


Diario Azua / 5 de septiembre 2026

Santo Domingo — La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que promueve el uso de proyecciones cartográficas con proporciones de área equivalentes, una medida orientada a corregir las distorsiones históricas en la representación geográfica de continentes como África, América Latina y Asia.
La iniciativa, impulsada por Togo bajo el nombre "Correct the Map" en representación del Grupo Africano, obtuvo 164 votos a favor, seis abstenciones y el voto en contra de Estados Unidos. La resolución de carácter no vinculante recomienda la adopción de la proyección Equal Earth, desarrollada en 2018 para ofrecer una escala precisa de la superficie de los territorios.
El modelo cartográfico tradicional de Mercator, creado en 1569 con fines de navegación marítima, amplía de forma desproporcionada los territorios cercanos a los polos. Bajo ese esquema, Groenlandia aparenta una extensión similar a la de África, cuando en realidad el continente africano posee 30.3 millones de kilómetros cuadrados frente a los 2.1 millones del territorio insular (una diferencia de 14 veces).
Con la implementación progresiva de Equal Earth en materiales educativos, plataformas digitales y organismos internacionales, regiones como el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y la India ganarán visibilidad relativa. En contraste, territorios del hemisferio norte como Canadá, Rusia y el norte de Europa mostrarán una dimensión proporcional sin alterar fronteras ni soberanías territoriales.


Dos personas caminan por una calle recogiendo envases vacíos para reciclarlos, este martes en la Habana (Cuba). (EFE)


Diario Azua / 5 de septiembre 2026

La Habana — En lo que economistas califican como la confirmación del viraje de Cuba hacia una economía de mercado, el Gobierno cubano comenzó a plasmar en normativas oficiales un conjunto de 176 reformas que transforman el panorama productivo y comercial de la isla.

Entre las medidas más destacadas figura la autorización para constituir empresas privadas con plantillas superiores a los 100 trabajadores, expandiendo el esquema de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) vigente desde 2021. Estas entidades podrán formar cadenas de distribución nacional e ingresar en asociaciones con capital extranjero.

El nuevo marco legal introduce además profundos cambios para la inversión internacional y la diáspora:

Contratación directa: Las firmas extranjeras operarán sin intermediación de las agencias de empleo estatales y podrán otorgar incentivos en divisas a sus empleados.

Capital en el exterior: Se habilita la participación de cubanos residentes fuera de la isla como socios de empresas privadas nacionales.

Tierras en usufructo: El Estado otorgará terrenos a personas jurídicas de forma indeterminada o bajo plazos de hasta 99 años renovables, emulando estrategias aplicadas en países como China y Vietnam.

Pese a que autoridades como el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, confían en un impacto económico a corto plazo, analistas señalan que la efectividad del paquete normativo estará condicionada por las sanciones financieras internacionales y la falta de reformas en el sistema bancario y cambiario local.


Diario Azua/ 5 de septiembre 2026

Washington — Los venezolanos que soliciten asilo político en Estados Unidos se enfrentan a un nuevo y severo obstáculo legal. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó este viernes que los solicitantes deberán demostrar de manera explícita que su vida o libertad corren peligro bajo la administración de Delcy Rodríguez, al considerar que la captura y salida de Nicolás Maduro supuso un cambio significativo en las condiciones políticas del país sudamericano.

El dictamen judicial vinculado al Departamento de Justicia de EE. UU. sienta un precedente tras la anulación del asilo que le había sido concedido a una opositora venezolana. Aunque un juez inferior determinó en su momento que la mujer sufría persecución por su abierta oposición a Maduro, la junta ordenó revisar el caso bajo el argumento de que la destitución del antiguo líder transforma los fundamentos de la persecución futura.

La postura ha desatado una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos y abogados de inmigración, quienes sostienen que el aparato represivo estatal se mantiene inalterado bajo la presidencia interina de Rodríguez, en un contexto además agravado por la crisis humanitaria e infraestructura tras los devastadores sismos de junio pasado.

Esta resolución llega en un momento de estrechamiento del cerco migratorio impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que abarca la cancelación del Estatus de Protección Temporal (#TPS) para más de 500,000 venezolanos y una tasa de rechazo de asilo que se ubica en un 94%. El fallo se produce, asimismo, mientras Washington y el nuevo ejecutivo en Caracas negocian acuerdos bilaterales de alto nivel, incluyendo la gestión conjunta de importantes reservas petroleras y la eventual convocatoria a elecciones.


 

Jueces del Tribunal Constitucional durante la audiencia pública celebrada el miércoles 26 de agosto del 2026. (ER)


Diario Azua / 5 de septiembre 2026

Santo Domingo — El Tribunal Constitucional (#TC) devolvió al Tribunal Superior Electoral (#TSE) el expediente que buscaba anular las restricciones impuestas por la Junta Central Electoral (#JCE) a la publicación de encuestas, tras determinar que ningún tribunal ordinario o especializado puede apoderarlo mediante una declinatoria o remisión de expediente.

Mediante la sentencia #TC/0852/26, la alta corte desestimó el procedimiento utilizado por el TSE, el cual se había declarado incompetente frente a un recurso contencioso incoado por la organización Justicia sin Fronteras y envió directamente el caso al #TC para un control concentrado de constitucionalidad.

El órgano garante de la Carta Magna calificó la acción del #TSE como un "erróneo envío", enfatizando que la potestad de los jueces para evaluar su propia competencia no les permite modificar las atribuciones fijadas por la ley para otros órganos. En ese sentido, aclaró que una acción directa de inconstitucionalidad requiere un procedimiento formal y específico iniciado por las partes interesadas, no una conversión o "recalificación" automática promovida por otra jurisdicción.

Con esta resolución, el Constitucional dejó sin examinar el fondo de la controversia así como la solicitud de suspensión cautelar del reglamento de la #JCE, por lo que el debate sobre la legalidad y constitucionalidad de limitar las encuestas electorales fuera del periodo de precampaña continuará su curso en el Tribunal Superior Electoral.

viernes, 4 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se prepara para intervenir en la inauguración de la Foundry School en el Instituto de la Paz Donald Trump, en Washington D. C., Estados Unidos. (EFE/EPA/JIM L) 


Diario Azua / 4 de septiembre 2026

Washington — El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una gira oficial por Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre, con el propósito de consolidar alianzas estratégicas en materia de seguridad, comercio y asistencia humanitaria con administraciones afines a la Casa Blanca.

De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Estado, el itinerario del jefe de la diplomacia estadounidense contempla reuniones con los mandatarios y representantes de las delegaciones gubernamentales de la región. En Ecuador, mantendrá un encuentro con el presidente Daniel Noboa para darle continuidad a la cooperación militar contra el crimen organizado. Por su parte, la parada en Perú marcará el primer acercamiento de alto nivel con la administración de la presidenta Keiko Fujimori tras asumir el poder a finales de julio.

En el caso de Colombia, Rubio evaluará el apoyo de Washington para la reconstrucción del país tras el sismo del pasado 10 de agosto, además de profundizar en la lucha contra el narcoterrorismo y el impulso del comercio bilateral. Medios locales señalan que el secretario de Estado podría reunirse en Barranquilla con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

La visita oficial se enmarca en una etapa de mayor alineación geopolítica entre Washington y varios Gobiernos de la región, destacando el reciente ingreso de Colombia a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) y la planificación de operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

 Donni Santana Cuevas (centro) durante una audiencia. (DL)


Diario Azua

Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. — Tras calificar de "errónea y carente de sustento normativo" la resolución que benefició al exembajador Donni Santana Cuevas, la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal dispuso que el exfuncionario vuelva a prisión durante los fines de semana, tras haber disfrutado de 15 meses de libertad condicional injustificada.

Santana Cuevas, condenado a 20 años de reclusión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, contaba con apenas siete años encarcelado, por lo que no cumplía con el requisito legal de haber agotado al menos la mitad de la pena para optar por dicho beneficio.

El fallo del tribunal de segundo grado dio la razón de forma parcial al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, el cual denunció la existencia de una "desnaturalización del periodo de prueba" por parte del juez de ejecución de la pena, José Manuel Arias, quien había enviado al condenado a su vivienda para supuestamente evitar contagios de enfermedades infectocontagiosas en el recinto carcelario.

La nueva resolución establece que Santana deberá ingresar al centro penitenciario del 15 de Azua todos los viernes a las 7:00 a. m. y saldrá los lunes a la misma hora.

No obstante, por decisión mayoritaria (2 a 1) de los jueces Lourdes Yanaire Rodríguez y Luis Domingo Sención, el tribunal mantuvo la validez de un permiso laboral concedido al exfuncionario para trabajar como encargado de cobros legales en una empresa privada por un sueldo de 40,000 pesos mensuales. La medida fue fijada con un límite de dos años, venciendo el 1 de agosto de 2027. La decisión contó con el voto disidente de la presidenta del tribunal, Zeida L. Noboa Pérez, quien cuestionó que se intentara regularizar una decisión con vicios de origen.




 

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei,en una fotografía de archivo. (EFE)

Diario Azua / 4 de septiembre 2026

Santo Domingo — El Gobierno de Irán actualizó este jueves el balance de las víctimas dejadas por la reciente ofensiva militar de Estados Unidos en su territorio, elevando a 142 la cifra de heridos, mientras que el número de fallecidos se mantiene en 18 personas, entre las que se contabilizan civiles y miembros de las fuerzas armadas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud iraní, entre los lesionados figuran 61 mujeres y 44 menores de edad. Por su parte, las autoridades denunciaron impactantes daños a la población civil, destacando que uno de los proyectiles estadounidenses alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda en la provincia de Hormozgan, dejando cuatro muertos y decenas de heridos.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó bajas dentro de sus filas, reportando la muerte de cuatro integrantes de su fuerza aeroespacial en la provincia de Kermanshah y tres miembros de la milicia basiji en la isla de Lavan. Reportes oficiales también registraron siete víctimas mortales adicionales en diversos puntos de la provincia de Juzestán.

La diplomacia iraní tildó las acciones de Washington como "crímenes de guerra". En contraposición, la administración estadounidense justificó los ataques dirigidos contra posiciones de la Guardia Revolucionaria como una medida de respuesta ante las agresiones a buques comerciales en el estrecho de Ormuz y a las tropas norteamericanas desplegadas en la región.