Titulares

miércoles, 2 de septiembre de 2026

Por Alfredo Cruz Polanco
Diario Azua / 02 septiembre 2026.

“Cualquier sastre del campo al del pueblo le hace un flux”. Juan Antonio Alix

Este artículo, de la autoría de este humilde servidor, fue publicado hace más o menos ocho años, pero dada la importancia de su contenido y porque aún se mantiene vigente, lo he querido retomar de nuevo, aprovechando el inicio del año escolar en nuestro país y porque las falencias y deficiencias de nuestro sistema escolar aún se mantienen.

Con gran pesar he observado que en los últimos años, varias asignaturas, técnicas y métodos gramaticales de nuestro sistema educativo, que en el pasado aportaron excelentes resultados a la enseñanza pública y privada, han sido eliminados del currículo escolar.

Lo más grave y lamentable ha sido la eliminación del currículo escolar de la asignatura “Moral y Cívica”, una nefasta decisión que ha contribuido, en gran medida, a la gran inversión de valores morales, familiares, humanos, espirituales y de principios éticos que hoy se observan en nuestra sociedad.

Desde que la misma fue eliminada, ha aumentado el irrespeto a las leyes y a la Constitución de la República; a la protección y cuidado del patrimonio público; a los valores y símbolos patrios, al medio ambiente y a los recursos naturales; a la aplicación de una justicia correcta; han aumentado los crímenes y los feminicidios, los actos de corrupción pública y privada, en fin, a la delincuencia en sentido general.

También se han dejado de impartir la lectura comprensiva, la lectura y la expresión oral; la narrativa, la caligrafía, entre otras, como una forma de aprender a retener lo escuchado y a adquirir una buena dicción y ortografía, lo cual queda reflejado en el bajo nivel formativo de una gran parte de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, los cuales se comunican entre sí a través de las redes sociales (WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, etc.).


Estos transmiten sus ideas tal como las expresan en su lenguaje verbal habitual, con lo cual contribuyen a cualquierizar y a disminuir el lenguaje escrito. La mayoría de nuestros estudiantes no pueden interpretar el contenido de un simple texto, porque no dominan la técnica de la lectura comprensiva.

Estas técnicas educativas deben ser retomadas urgentemente por nuestro sistema educativo y cultivadas y dominadas por nuestros estudiantes, pues son indispensables para su buen desarrollo profesional e intelectual.

Parte de estas técnicas las aprendimos en los primeros cursos de la primaria, realizados en una pequeña y rudimentaria escuela de un campo de Santiago de los Caballeros; de piso de tierra, cubierta de madera de palmas y techada de canas. Allí me enseñaron a cantar, además del Himno Nacional (12 estrofas), el de Duarte, Sánchez, Mella, el de la entrada a la escuela, el de las Madres, de la autoría de la insigne vegana Trina de Moya, esposa de Horacio Vásquez, varias veces presidente de la República, y muchos más.

Ahora me entero de que los exámenes finales que se impartían a los estudiantes del 2.º curso del bachillerato, equivalente al 8.º curso, serán también eliminados.

Lamentablemente, esto tiene mucho que ver con las bajas calificaciones obtenidas por nuestro país cuando el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), apéndice de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realiza una prueba aleatoria para evaluar la formación de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura, cuando llegan al final de la etapa de la enseñanza obligatoria.

Con esto se confirma que la verdadera formación escolar, en sanos valores y principios morales, no solo se obtiene en escuelas y colegios con grandes edificaciones, sino, en aquellas que cuentan con buenos y verdaderos maestros, como los que tuvimos en nuestra infancia y también, en cada uno de nuestros hogares.

Ojalá que los responsables de evaluar y velar por el fortalecimiento del sistema educativo de nuestro país tomen conciencia de ello, pues gran parte de nuestros jóvenes estudiantes así lo demuestran en sus comportamientos y desenvolvimiento. Esperamos que estas humildes reflexiones no
caigan en el vacío o en un terreno estéril.

El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Exdiputado al Congreso Nacional
Exmiembro de la Cámara de Cuentas de
la República 2010-2016
Diario Azua
Santo Domingo, Rep. Dom. / 02 septiembre 2026.-

El senador por San Juan, Félix Bautista, depositó ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca eliminar el método D’Hondt para la elección de diputados, regidores y vocales de los distritos municipales.

La iniciativa plantea modificar la forma en que se distribuyen los escaños, bajo el argumento de que el método D’Hondt no garantiza una correspondencia directa entre la cantidad de votos obtenidos individualmente por los candidatos y la asignación de los puestos electivos.

Bautista sostiene que el mecanismo vigente resulta injusto y desproporcionado, debido a que la suma de los votos obtenidos por los candidatos de una organización política puede determinar la asignación de escaños, incluso cuando otros aspirantes hayan obtenido una mayor votación individual.
El proyecto propone que los candidatos sean escogidos mediante el principio de mayoría simple, de manera que resulten electos quienes obtengan la mayor cantidad de votos válidos en sus respectivas demarcaciones.

La propuesta también contempla derogar la Ley 157-13, que establece el sistema de votación preferencial y el método D’Hondt, además de modificar disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 20-23.

El legislador argumenta que su propuesta procura fortalecer el carácter directo del sufragio y garantizar que la voluntad expresada por los electores se refleje de manera más efectiva en la conformación de la representación política.


Lic. Carlos A. Beira, Miembro del CDP.


Diario Azua / 2 de septiembre 2026

Un llamado a la reflexión al presidente Luis Abinader y al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Luis Pérez

La remodelación de la Casa del Periodista, con una inversión anunciada de 66 millones de pesos, puede representar una importante mejora para la infraestructura y las actividades del gremio. Sin embargo, ante esta realidad surge una pregunta que merece ser escuchada y respondida: ¿no ha llegado también el momento de mirar hacia aquellos periodistas que, después de dedicar gran parte de sus vidas al ejercicio de esta profesión, hoy enfrentan enfermedades catastróficas, limitaciones económicas y situaciones de extrema vulnerabilidad?

El presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Luis Pérez, tienen en sus manos la oportunidad de hacer que esta inversión trascienda las paredes de un edificio y se convierta también en una expresión concreta de solidaridad con cientos de profesionales de la comunicación que hoy necesitan ayuda.

Porque una institución gremial no puede medir su grandeza únicamente por la belleza de su sede. Su verdadera grandeza está en la capacidad de proteger y acompañar a sus miembros cuando más lo necesitan.

Por eso, respetuosamente, hacemos un llamado a ambos presidentes para que recapaciten y contemplen, dentro de las prioridades del gremio, un programa especial de pensiones y asistencia para periodistas afectados por enfermedades catastróficas, así como para aquellos que, por edad, discapacidad o precariedad económica, ya no pueden sostener dignamente sus hogares.

No se trata de oponerse a la remodelación de la Casa del Periodista. Se trata de establecer prioridades humanas. Se trata de preguntarnos si, en medio de una inversión de 66 millones de pesos, no es posible encontrar mecanismos para garantizar que quienes han informado, denunciado, investigado y defendido durante décadas los intereses de la sociedad dominicana puedan recibir un respaldo digno cuando la enfermedad toca sus puertas.

¿De qué vale una casa hermosa si quienes deberían disfrutarla están postrados en una cama, luchando contra el cáncer, insuficiencia renal u otras enfermedades catastróficas, sin recursos para costear sus tratamientos?

Una Casa del Periodista debe ser mucho más que un espacio para celebrar actos, reuniones, encuentros y actividades sociales. Debe ser también una casa que abrace, proteja y tienda la mano a sus miembros.

No podemos esperar que nuestros compañeros mueran para reconocer sus méritos. La solidaridad debe llegar cuando todavía están aquí para recibirla.

Y vale recordar una verdad tan sencilla como dolorosa: desde el más allá no se puede asistir a fiestas, reuniones ni actividades gremiales.

Por eso, este llamado no pretende dividir, sino provocar una reflexión. Que esos 66 millones de pesos no sean recordados únicamente como la inversión que hizo más hermosa una edificación, sino también como el punto de partida de una política que devuelva esperanza y dignidad a los periodistas que hoy enfrentan las circunstancias más difíciles de sus vidas.

La Casa del Periodista puede tener paredes nuevas, salones modernos y una imagen majestuosa. Pero su mayor obra será siempre cuidar a sus periodistas.

Presidente Luis Abinader, presidente Luis Pérez: todavía estamos a tiempo de pensar primero en la gente.


Diario Azua / 2 de septiembre 2026

Educación policial en la mira: inspeccionan infraestructuras y planes de estudio de la Escuela de Cadetes

Las autoridades académicas del IPES buscan garantizar estándares de calidad en la preparación de las nuevas promociones policiales.

Con el objetivo de verificar la calidad operativa del programa de formación para oficiales, el rectorado del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) encabezó una jornada de supervisión académica e infraestructura en la principal Escuela para Cadetes del país.

La iniciativa busca adaptar los métodos de enseñanza e instalaciones a las exigencias operativas actuales. Durante la inspección, las autoridades académicas constataron las condiciones de los recintos pedagógicos e identificaron áreas clave para elevar el nivel técnico y normativo de los futuros oficiales.

En el marco de la visita, el general Juan Hilario Guzmán Badía dirigió un mensaje a los alumnos enfocado en la responsabilidad social del ejercicio policial. Destacó que el plan institucional busca graduar profesionales capacitados para poner en práctica una doctrina basada en la protección efectiva a la ciudadanía y el apego irrestricto a los derechos fundamentales.



Diario Azua / 2 de septiembre 2026

 La máxima corte protege el derecho a la intimidad y ordena reclasificar expedientes antiguos que continúen operando como activos.

El Tribunal Constitucional recordó a los cuerpos de seguridad del Estado los límites temporales para el manejo de los datos de los ciudadanos. Mediante una reciente jurisprudencia, el órgano garante de la Carta Magna reiteró que las fichas preventivas o de inteligencia policial deben dejar de figurar como registros activos una vez cumplidos los 10 años de su creación.

La resolución se produjo al acoger una acción de habeas data interpuesta por un ciudadano que, en 2024, comprobó mediante certificación oficial que un registro policial abierto en su contra en enero de 2011 mantenía vigencia operativa, violando lo contemplado en el Decreto 122-07.

El TC remarcó que las autoridades tienen prohibido difundir este tipo de fichas caducadas, ya que su divulgación incurriría en una vulneración a la intimidad y la propia imagen del individuo. Si bien la normativa permite que los órganos de investigación penal conserven fichas permanentes ligadas a condenas judiciales definitivas, los expedientes preventivos o de mero control interno deben ser archivados de forma reservada cumplido el plazo legal.

 

      Vista aérea de la megatienda china Cirasol en Santo Domingo Este. (DL/LT)


Diario Azua / 2 de septiembre 2026

 Ancodomu señala que las megatiendas orientales generan una disparidad en el mercado dominicano y pide auditar los convenios comerciales con Pekín.

Representantes del sector comercial del país alzaron su voz para pedir la intervención directa del Poder Ejecutivo ante lo que consideran un crecimiento desmedido e inequitativo de las inversiones comerciales provenientes de China en el territorio nacional.

A través de un pronunciamiento oficial, la Asociación Nacional de Comerciantes Dominicanos Unidos (Ancodomu) propuso formalmente al presidente Luis Abinader la conformación de una comisión de alto nivel. Este espacio, que integraría a legisladores, autoridades municipales, órganos judiciales, mandos de seguridad y gremios empresariales, tendría la tarea de evaluar las repercusiones de los grandes establecimientos asiáticos en la economía local.

De acuerdo con el gremio, el modelo operativo de estas grandes superficies —algunas con extensiones que alcanzan los 30,000 metros cuadrados— está desplazando a los negocios tradicionales. La entidad sostiene que los comercios dominicanos se enfrentan a un escenario adverso debido a costos de venta con los que resulta imposible competir, presuntas irregularidades tributarias y contrataciones al margen de la legislación laboral vigente.

Asimismo, Ancodomu instó a que esta mesa de trabajo revise de manera exhaustiva el impacto social, legal y económico de los acuerdos bilaterales vigentes entre la República Dominicana y la República Popular China. La meta final, indicaron, debe ser el restablecimiento de condiciones de mercado equilibradas y la salvaguarda de la producción y la fuerza laboral dominicana.



Enmanuel Cedeño Brea era asesor general y coordinador técnico de la Superintendencia de Bancos. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)


Diario Azua / 2 de septiembre 2026

El Poder Ejecutivo formalizó la designación de Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea como el nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana, decisión rubricada por el presidente Luis Abinader a través del Decreto 606-26.

La llegada de Cedeño Brea busca cubrir la vacante institucional generada tras la renuncia del economista Alejandro Fernández Whipple, quien dimitió de la posición el pasado mes de julio.

El nuevo titular de la entidad reguladora es jurista especializado en economía, regulación financiera y gestión de riesgos. Con amplio recorrido en la administración pública, ejerció entre 2024 y 2026 como asesor general y coordinador técnico de la propia Superintendencia de Bancos. Previamente, ocupó la Intendencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (2022-2024) y se desempeñó como subgerente de Regulación e Innovación en el órgano bancario entre 2020 y 2022.

A nivel académico, Cedeño Brea posee un doctorado (Ph.D.) en Derecho y Economía por las universidades de Róterdam, Hamburgo y Bolonia, así como Maestrías de la London School of Economics (LSE) y Queen Mary University of London. Cuenta además con acreditaciones internacionales en gestión del riesgo financiero y prevención de delitos financieros.

En el ámbito profesional privado, ejerció la consultoría en materia de prevención de lavado de activos para entidades financieras de alcance global y se ha desempeñado como docente investigador en instituciones como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Unibe y el Instituto OMG.

 

                             Polígono central del Distrito Nacional. (D L/ARCHIVO)


Diario Azua / 2 de septiembre 2026

El endeudamiento del Gobierno dominicano registró una fuerte aceleración durante los primeros siete meses de 2026. Entre enero y julio, el monto en nuevas emisiones de financiamiento alcanzó los 6,277.9 millones de dólares, cifra que casi duplica el promedio anual de 3,231.8 millones de dólares colocado durante el periodo 2023-2025.

Con esta dinámica de financiamiento en el mercado local e internacional, el saldo total de la deuda del sector público no financiero se situó en 67,827.8 millones de dólares al cierre de julio de 2026, lo que representa un crecimiento del 10.2 % respecto a diciembre del año anterior. Desde 2023, la deuda acumulada del Estado ha experimentado un incremento absoluto de 12,999 millones de dólares, equivalente a una expansión del 23.7 %.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía, solo en el mes de julio se sumaron 457.1 millones de dólares en nuevos compromisos. Con este resultado, el indicador deuda/PIB se ubicó en un 48.2 %, mostrando un alza acumulada de 2.8 puntos porcentuales desde 2023.

El mayor dinamismo se concentró en el endeudamiento interno, el cual creció un 22.6 % entre enero y julio de este año para situarse en 19,712.1 millones de dólares. Por su parte, la deuda externa ascendió a 48,115.8 millones de dólares, tras registrar una subida del 5.8 % en el mismo lapso.

El incremento del endeudamiento responde a un descalce entre la evolución del gasto y los ingresos fiscales. Los datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) e informes oficiales señalan que, de enero a junio de 2026, los gastos del Gobierno central crecieron un 8.5 %, superando en 1.2 puntos porcentuales al avance de las recaudaciones (7.3 %). La brecha se profundizó en julio, mes en el que los ingresos públicos cayeron un 9.9 % interanual, mientras que las erogaciones estatales aumentaron un 12.8 %.


Diario Azua / 2 de septiembre 2026

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió suspender la divulgación de los informes de auditoría sobre las instituciones estatales y mantuvo bajo reserva los hallazgos de las evaluaciones practicadas en los últimos cuatro años. Con esta medida, la entidad supeditó la difusión de los documentos a la autorización explícita del Poder Ejecutivo.

La determinación se hizo pública tras el rechazo sistemático a solicitudes de acceso a la información tramitadas durante este año. Ante los requerimientos, el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, sostuvo mediante una comunicación oficial que la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno no contempla la obligación legal de publicar los resultados de las inspecciones. Según argumentó el titular, la finalidad de dichos análisis es corregir fallas administrativas internas, por lo que la remisión de los informes finales le corresponde al presidente de la República y a las entidades involucradas.

Esta postura representa un giro drástico frente a los compromisos asumidos en 2020 y 2022, cuando el Ejecutivo dispuso auditar la administración pública y divulgar las revisiones presupuestarias en favor de la rendición de cuentas. De las 390 auditorías ejecutadas por la Contraloría entre 2023 y 2025, únicamente el 9.7 % figura de acceso público en su portal institucional. Asimismo, permanecen inaccesibles los estudios realizados a administraciones anteriores, los cuales requirieron inversión de recursos del Estado para la contratación de firmas privadas especializadas.

El bloqueo informativo afecta incluso a procesos en los que se concluyó la etapa de réplica por parte de las entidades examinadas, como ocurrió con dos evaluaciones aplicadas al Ministerio de Agricultura correspondientes a los períodos 2020-2023 y 2024. La CGR rehusó referirse a dichos expedientes alegando su carácter preliminar, a pesar de que la falta de objeción por parte del ministerio auditado convirtió las observaciones en definitivas.

El criterio esgrimido por la CGR choca con las disposiciones de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Esta legislación establece el carácter público de la documentación financiera vinculada al presupuesto estatal y limita la reserva exclusivamente a borradores de procedimientos no concluidos. La normativa estipula además sanciones penales e inhabilitación para el ejercicio de la función pública a los funcionarios que obstaculicen el derecho ciudadano a la información de manera arbitraria.