miércoles, 2 de septiembre de 2026
Lic. Carlos A. Beira, Miembro del CDP.
Diario Azua / 2 de septiembre 2026
Un llamado a la reflexión al presidente Luis Abinader y al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Luis Pérez
La remodelación de la Casa del Periodista, con una inversión anunciada de 66 millones de pesos, puede representar una importante mejora para la infraestructura y las actividades del gremio. Sin embargo, ante esta realidad surge una pregunta que merece ser escuchada y respondida: ¿no ha llegado también el momento de mirar hacia aquellos periodistas que, después de dedicar gran parte de sus vidas al ejercicio de esta profesión, hoy enfrentan enfermedades catastróficas, limitaciones económicas y situaciones de extrema vulnerabilidad?
El presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Luis Pérez, tienen en sus manos la oportunidad de hacer que esta inversión trascienda las paredes de un edificio y se convierta también en una expresión concreta de solidaridad con cientos de profesionales de la comunicación que hoy necesitan ayuda.
Porque una institución gremial no puede medir su grandeza únicamente por la belleza de su sede. Su verdadera grandeza está en la capacidad de proteger y acompañar a sus miembros cuando más lo necesitan.
Por eso, respetuosamente, hacemos un llamado a ambos presidentes para que recapaciten y contemplen, dentro de las prioridades del gremio, un programa especial de pensiones y asistencia para periodistas afectados por enfermedades catastróficas, así como para aquellos que, por edad, discapacidad o precariedad económica, ya no pueden sostener dignamente sus hogares.
No se trata de oponerse a la remodelación de la Casa del Periodista. Se trata de establecer prioridades humanas. Se trata de preguntarnos si, en medio de una inversión de 66 millones de pesos, no es posible encontrar mecanismos para garantizar que quienes han informado, denunciado, investigado y defendido durante décadas los intereses de la sociedad dominicana puedan recibir un respaldo digno cuando la enfermedad toca sus puertas.
¿De qué vale una casa hermosa si quienes deberían disfrutarla están postrados en una cama, luchando contra el cáncer, insuficiencia renal u otras enfermedades catastróficas, sin recursos para costear sus tratamientos?
Una Casa del Periodista debe ser mucho más que un espacio para celebrar actos, reuniones, encuentros y actividades sociales. Debe ser también una casa que abrace, proteja y tienda la mano a sus miembros.
No podemos esperar que nuestros compañeros mueran para reconocer sus méritos. La solidaridad debe llegar cuando todavía están aquí para recibirla.
Y vale recordar una verdad tan sencilla como dolorosa: desde el más allá no se puede asistir a fiestas, reuniones ni actividades gremiales.
Por eso, este llamado no pretende dividir, sino provocar una reflexión. Que esos 66 millones de pesos no sean recordados únicamente como la inversión que hizo más hermosa una edificación, sino también como el punto de partida de una política que devuelva esperanza y dignidad a los periodistas que hoy enfrentan las circunstancias más difíciles de sus vidas.
La Casa del Periodista puede tener paredes nuevas, salones modernos y una imagen majestuosa. Pero su mayor obra será siempre cuidar a sus periodistas.
Presidente Luis Abinader, presidente Luis Pérez: todavía estamos a tiempo de pensar primero en la gente.
Diario Azua / 2 de septiembre 2026
Educación policial en la mira: inspeccionan infraestructuras y planes de estudio de la Escuela de Cadetes
Las autoridades académicas del IPES buscan garantizar estándares de calidad en la preparación de las nuevas promociones policiales.
Con el objetivo de verificar la calidad operativa del programa de formación para oficiales, el rectorado del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) encabezó una jornada de supervisión académica e infraestructura en la principal Escuela para Cadetes del país.
La iniciativa busca adaptar los métodos de enseñanza e instalaciones a las exigencias operativas actuales. Durante la inspección, las autoridades académicas constataron las condiciones de los recintos pedagógicos e identificaron áreas clave para elevar el nivel técnico y normativo de los futuros oficiales.
En el marco de la visita, el general Juan Hilario Guzmán Badía dirigió un mensaje a los alumnos enfocado en la responsabilidad social del ejercicio policial. Destacó que el plan institucional busca graduar profesionales capacitados para poner en práctica una doctrina basada en la protección efectiva a la ciudadanía y el apego irrestricto a los derechos fundamentales.
Diario Azua / 2 de septiembre 2026
La máxima corte protege el derecho a la intimidad y ordena reclasificar expedientes antiguos que continúen operando como activos.
El Tribunal Constitucional recordó a los cuerpos de seguridad del Estado los límites temporales para el manejo de los datos de los ciudadanos. Mediante una reciente jurisprudencia, el órgano garante de la Carta Magna reiteró que las fichas preventivas o de inteligencia policial deben dejar de figurar como registros activos una vez cumplidos los 10 años de su creación.
La resolución se produjo al acoger una acción de habeas data interpuesta por un ciudadano que, en 2024, comprobó mediante certificación oficial que un registro policial abierto en su contra en enero de 2011 mantenía vigencia operativa, violando lo contemplado en el Decreto 122-07.
El TC remarcó que las autoridades tienen prohibido difundir este tipo de fichas caducadas, ya que su divulgación incurriría en una vulneración a la intimidad y la propia imagen del individuo. Si bien la normativa permite que los órganos de investigación penal conserven fichas permanentes ligadas a condenas judiciales definitivas, los expedientes preventivos o de mero control interno deben ser archivados de forma reservada cumplido el plazo legal.
Vista aérea de la megatienda china Cirasol en Santo Domingo Este. (DL/LT)
Diario Azua / 2 de septiembre 2026
Ancodomu señala que las megatiendas orientales generan una disparidad en el mercado dominicano y pide auditar los convenios comerciales con Pekín.
Representantes del sector comercial del país alzaron su voz para pedir la intervención directa del Poder Ejecutivo ante lo que consideran un crecimiento desmedido e inequitativo de las inversiones comerciales provenientes de China en el territorio nacional.
A través de un pronunciamiento oficial, la Asociación Nacional de Comerciantes Dominicanos Unidos (Ancodomu) propuso formalmente al presidente Luis Abinader la conformación de una comisión de alto nivel. Este espacio, que integraría a legisladores, autoridades municipales, órganos judiciales, mandos de seguridad y gremios empresariales, tendría la tarea de evaluar las repercusiones de los grandes establecimientos asiáticos en la economía local.
De acuerdo con el gremio, el modelo operativo de estas grandes superficies —algunas con extensiones que alcanzan los 30,000 metros cuadrados— está desplazando a los negocios tradicionales. La entidad sostiene que los comercios dominicanos se enfrentan a un escenario adverso debido a costos de venta con los que resulta imposible competir, presuntas irregularidades tributarias y contrataciones al margen de la legislación laboral vigente.
Asimismo, Ancodomu instó a que esta mesa de trabajo revise de manera exhaustiva el impacto social, legal y económico de los acuerdos bilaterales vigentes entre la República Dominicana y la República Popular China. La meta final, indicaron, debe ser el restablecimiento de condiciones de mercado equilibradas y la salvaguarda de la producción y la fuerza laboral dominicana.
Enmanuel Cedeño Brea era asesor general y coordinador técnico de la Superintendencia de Bancos. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)
Diario Azua / 2 de septiembre 2026
El Poder Ejecutivo formalizó la designación de Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea como el nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana, decisión rubricada por el presidente Luis Abinader a través del Decreto 606-26.
La llegada de Cedeño Brea busca cubrir la vacante institucional generada tras la renuncia del economista Alejandro Fernández Whipple, quien dimitió de la posición el pasado mes de julio.
El nuevo titular de la entidad reguladora es jurista especializado en economía, regulación financiera y gestión de riesgos. Con amplio recorrido en la administración pública, ejerció entre 2024 y 2026 como asesor general y coordinador técnico de la propia Superintendencia de Bancos. Previamente, ocupó la Intendencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (2022-2024) y se desempeñó como subgerente de Regulación e Innovación en el órgano bancario entre 2020 y 2022.
A nivel académico, Cedeño Brea posee un doctorado (Ph.D.) en Derecho y Economía por las universidades de Róterdam, Hamburgo y Bolonia, así como Maestrías de la London School of Economics (LSE) y Queen Mary University of London. Cuenta además con acreditaciones internacionales en gestión del riesgo financiero y prevención de delitos financieros.
En el ámbito profesional privado, ejerció la consultoría en materia de prevención de lavado de activos para entidades financieras de alcance global y se ha desempeñado como docente investigador en instituciones como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Unibe y el Instituto OMG.
Polígono central del Distrito Nacional. (D L/ARCHIVO)
Diario Azua / 2 de septiembre 2026
El endeudamiento del Gobierno dominicano registró una fuerte aceleración durante los primeros siete meses de 2026. Entre enero y julio, el monto en nuevas emisiones de financiamiento alcanzó los 6,277.9 millones de dólares, cifra que casi duplica el promedio anual de 3,231.8 millones de dólares colocado durante el periodo 2023-2025.
Con esta dinámica de financiamiento en el mercado local e internacional, el saldo total de la deuda del sector público no financiero se situó en 67,827.8 millones de dólares al cierre de julio de 2026, lo que representa un crecimiento del 10.2 % respecto a diciembre del año anterior. Desde 2023, la deuda acumulada del Estado ha experimentado un incremento absoluto de 12,999 millones de dólares, equivalente a una expansión del 23.7 %.
De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía, solo en el mes de julio se sumaron 457.1 millones de dólares en nuevos compromisos. Con este resultado, el indicador deuda/PIB se ubicó en un 48.2 %, mostrando un alza acumulada de 2.8 puntos porcentuales desde 2023.
El mayor dinamismo se concentró en el endeudamiento interno, el cual creció un 22.6 % entre enero y julio de este año para situarse en 19,712.1 millones de dólares. Por su parte, la deuda externa ascendió a 48,115.8 millones de dólares, tras registrar una subida del 5.8 % en el mismo lapso.
El incremento del endeudamiento responde a un descalce entre la evolución del gasto y los ingresos fiscales. Los datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) e informes oficiales señalan que, de enero a junio de 2026, los gastos del Gobierno central crecieron un 8.5 %, superando en 1.2 puntos porcentuales al avance de las recaudaciones (7.3 %). La brecha se profundizó en julio, mes en el que los ingresos públicos cayeron un 9.9 % interanual, mientras que las erogaciones estatales aumentaron un 12.8 %.
Diario Azua / 2 de septiembre 2026
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió suspender la divulgación de los informes de auditoría sobre las instituciones estatales y mantuvo bajo reserva los hallazgos de las evaluaciones practicadas en los últimos cuatro años. Con esta medida, la entidad supeditó la difusión de los documentos a la autorización explícita del Poder Ejecutivo.
La determinación se hizo pública tras el rechazo sistemático a solicitudes de acceso a la información tramitadas durante este año. Ante los requerimientos, el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, sostuvo mediante una comunicación oficial que la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno no contempla la obligación legal de publicar los resultados de las inspecciones. Según argumentó el titular, la finalidad de dichos análisis es corregir fallas administrativas internas, por lo que la remisión de los informes finales le corresponde al presidente de la República y a las entidades involucradas.
Esta postura representa un giro drástico frente a los compromisos asumidos en 2020 y 2022, cuando el Ejecutivo dispuso auditar la administración pública y divulgar las revisiones presupuestarias en favor de la rendición de cuentas. De las 390 auditorías ejecutadas por la Contraloría entre 2023 y 2025, únicamente el 9.7 % figura de acceso público en su portal institucional. Asimismo, permanecen inaccesibles los estudios realizados a administraciones anteriores, los cuales requirieron inversión de recursos del Estado para la contratación de firmas privadas especializadas.
El bloqueo informativo afecta incluso a procesos en los que se concluyó la etapa de réplica por parte de las entidades examinadas, como ocurrió con dos evaluaciones aplicadas al Ministerio de Agricultura correspondientes a los períodos 2020-2023 y 2024. La CGR rehusó referirse a dichos expedientes alegando su carácter preliminar, a pesar de que la falta de objeción por parte del ministerio auditado convirtió las observaciones en definitivas.
El criterio esgrimido por la CGR choca con las disposiciones de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Esta legislación establece el carácter público de la documentación financiera vinculada al presupuesto estatal y limita la reserva exclusivamente a borradores de procedimientos no concluidos. La normativa estipula además sanciones penales e inhabilitación para el ejercicio de la función pública a los funcionarios que obstaculicen el derecho ciudadano a la información de manera arbitraria.













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