Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Central de Investigación (Dicrim) despliegan labores de patrullaje y fiscalización durante una intervención preventiva en sectores del Distrito Nacional. (Foto:Fuente Externa)
Diario Azua /2 de octubre 2026
Santo Domingo. — Un marcado debate sobre los límites del uso de la fuerza policial y la efectividad de las órdenes de captura se ha desatado en el país, tras revelarse que la cantidad de personas requeridas por la justicia supera la nómina total de la Policía Nacional.
De acuerdo con datos oficiales correspondientes al cierre de agosto, la institución cuenta con 43,464 agentes activos frente a un registro de 53,877 órdenes de arresto pendientes dirigidas a 50,865 personas. Unas 22,832 de estas órdenes corresponden a delitos de alta severidad como robos, agresiones físicas, homicidios y tráfico de drogas.
El contraste sale a la luz pública luego de investigaciones periodísticas que señalan un incremento en los decesos de personas en conflicto con la ley durante operativos de seguridad. Ante esto, representantes del Gobierno mantienen un discurso firme. El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña reiteraron el llamado a los prófugos a entregarse por las vías correspondientes, asegurando que el Estado reforzará el patrullaje, la tecnología y el despliegue policial para garantizar el orden público.
Por su parte, sectores del ámbito jurídico e institucional han expresado preocupación por los denominados "intercambios de disparos". El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (#Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, enfatizó que la persecución del delito no justifica las ejecuciones extrajudiciales y exigió que el uso de la fuerza se apegue a las garantías constitucionales del derecho a la vida. En la misma línea, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (#IDDP) solicitó investigaciones independientes para esclarecer las muertes ocurridas en intervenciones policiales.
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