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viernes, 25 de septiembre de 2026

Tribunal aplaza por tercera ocasión audiencia de coerción en el caso Senasa 2.0



Integrantes del proceso legal durante la extensa jornada del caso Senasa 2.0 en el tribunal del Distrito Nacional, que superó las nueve horas de deliberación. (Fuente externa / SMD)


Diario Azua / 25 de septiembre 2026

Santo Domingo.– El Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó por tercera ocasión la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la supuesta red de fraude denominada "Senasa 2.0", reprogramando la sesión para este viernes a las 2:00 p. m.

La jornada anterior, que se inició a las 2:00 p. m. y concluyó cerca de las 11:30 p. m., estuvo marcada por las intervenciones de las defensas técnicas, cuyos abogados presentaron reparos a la pretensión del Ministerio Público. El órgano garante del proceso solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del expediente.

Variación en las estrategias de la defensa

Durante las exposiciones del día, la estrategia legal del grupo de imputados mostró posturas divergentes. Mientras algunas defensas rebatieron los señalamientos de la acusación, otros abogados aceptaron parcialmente ciertos hechos con el objetivo de negociar acuerdos de colaboración o variaciones en las medidas cautelares solicitadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El tribunal prevé escuchar este viernes a los defensores restantes, dar paso a las réplicas y contrarréplicas correspondientes, y otorgar el derecho a la última palabra a los encartados antes de emitir su fallo.

Cuestionamientos al alcance de las indagatorias

Paralelamente al desarrollo del juicio, el representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surún Hernández, objeto el alcance del expediente acusatorio al considerar que la investigación debe extenderse a otros actores del sistema sanitario.

Surún Hernández cuestionó la ausencia en el proceso de propietarios de centros médicos privados, laboratorios y ejecutivos que, a su juicio, habrían participado en la sustracción de fondos públicos. Señaló además que diversos profesionales de la medicina cuyos códigos fueron presuntamente usurpados no han sido citados por los investigadores para rendir declaración.

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