Una persona pasa frente a un panel informativo durante un seminario de concienciación con motivo del Día Mundial del Alzheimer.EFE/EPA/Fuente Externa/
Diario Azua / 23 de julio 2026
Una alianza de sociedades científicas y organizaciones de afectados advierte que la decisión de no cubrir los primeros fármacos que frenan el deterioro cognitivo generará inequidad en el acceso a la salud.
El debate sobre la incorporación de terapias avanzadas al Sistema Nacional de Salud español ha alcanzado un nuevo punto de tensión. Una amplia coalición formada por la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (Ceafa) y las principales sociedades médicas del país entre ellas la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) manifestaron su firme rechazo a la decisión del Gobierno de no financiar los primeros medicamentos diseñados para modificar el curso de la enfermedad.
La postura fue fijada por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), organismo que optó por no incluir estas terapias en la cobertura pública. La resolución ha sido calificada de "profundamente decepcionante" por los colectivos firmantes, quienes recuerdan que los fármacos ya cuentan con el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
La controversia sobre el beneficio clínico y la seguridad
Uno de los puntos centrales del desacuerdo radica en la evaluación del impacto terapéutico. Mientras los órganos evaluadores fundamentan su negativa en los márgenes de eficacia y los riesgos asociados, los especialistas argumentan que los análisis deben realizarse con rigor integral:
Avance cualitativo: A diferencia de los tratamientos tradicionales centrados en mitigar síntomas, estas nuevas moléculas constituyen el primer avance capaz de ralentizar la progresión de la patología en fases específicas.
Valor para el paciente: Aunque las sociedades médicas reconocen que el beneficio clínico es modesto y conlleva riesgos conocidos, enfatizan que ganar tiempo de autonomía funcional representa un impacto significativo para los enfermos y sus familias.
Uso acotado: Las entidades aclaran que no demandan un uso masivo, sino una prescripción regulada bajo criterios clínicos estrictos, protocolos homogéneos y supervisión especializada.
Advierten sobre el riesgo de una brecha en el acceso
El comunicado conjunto advierte que la falta de financiamiento público creará un escenario de desigualdad en la atención sanitaria. Al estar autorizados los medicamentos, las familias con recursos económicos suficientes podrán adquirirlos por la vía privada, mientras que la mayoría de los usuarios del sistema público quedará excluida de esta alternativa.
Ante este panorama, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes hicieron un llamado formal al Ministerio de Sanidad para reabrir el diálogo, evaluar las evidencias en su conjunto y establecer un marco de acceso equitativo dentro de la sanidad pública.
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