Diario Azua / 19 de mayo 2026
La
conservación ambiental dejó hace tiempo de ser una discusión exclusivamente
ecológica. Hoy representa uno de los mayores desafíos de gobernanza de los
territorios, especialmente en países altamente vulnerables como la República
Dominicana, donde convergen presiones económicas, desigualdades sociales y una
creciente exposición a eventos climáticos extremos.
Las fuertes
lluvias registradas en distintos puntos del país durante los últimos años han
vuelto a evidenciar una realidad incómoda: muchas de nuestras vulnerabilidades
no son únicamente naturales. Son también el resultado de decisiones
territoriales acumuladas durante décadas.
Inundaciones
recurrentes, comunidades aisladas, deslizamientos de tierra, colapso de
drenajes urbanos y afectaciones a medios de vida muestran que el problema
trasciende la emergencia climática. Lo que está en juego es la capacidad de
anticipar riesgos antes de que estos se conviertan en crisis sociales y
económicas.
Y en medio
de ese escenario emerge otra discusión igualmente compleja: la minería.
La
actividad minera representa una fuente importante de ingresos, inversión y
empleo para la economía dominicana. Diversos informes muestran que el sector ha
tenido una incidencia significativa en el crecimiento económico nacional,
atrayendo inversión extranjera y generando dinamismo territorial en varias
provincias.
Negar esa
realidad sería simplificar irresponsablemente el debate. Pero ignorar los
conflictos sociales, ambientales e hídricos asociados a determinadas prácticas
extractivas sería igualmente peligroso.
En
distintos territorios del país, comunidades han manifestado preocupación por la
degradación ambiental, la presión sobre fuentes de agua, la extracción de
materiales en ríos y los impactos acumulativos sobre ecosistemas
estratégicos.
El problema
es que frecuentemente el debate público se plantea como una confrontación
absoluta entre conservación y desarrollo económico, cuando en realidad ambos
dependen mutuamente.
No existe
desarrollo económico sostenible en territorios ecológicamente colapsados. Pero
tampoco puede sostenerse una agenda de conservación desconectada de las
condiciones socioeconómicas de las comunidades que habitan esos territorios.
Ahí radica
precisamente la complejidad.
Las
comunidades vinculadas a actividades extractivas, agrícolas o asentadas en
zonas de riesgo no toman decisiones en abstracto. Lo hacen condicionadas por
empleo, ingresos, acceso a servicios, vulnerabilidad climática y oportunidades
reales de desarrollo. Por eso las políticas ambientales fracasan cuando se
diseñan únicamente desde la lógica técnica y no desde la comprensión integral
del territorio.
La
conservación necesita legitimidad social.
Y la
legitimidad social requiere reconocer que las personas no defienden el ambiente
solamente por conciencia ecológica, sino también cuando perciben que su
bienestar futuro depende de ello.
La
respuesta ya no puede limitarse a reaccionar después del desastre.
Necesitamos
fortalecer una capacidad nacional de anticipación.
Anticipar
implica comprender cómo interactúan múltiples variables al mismo tiempo: clima,
pobreza, uso de suelo, presión económica, gobernanza local, infraestructura,
agua y dinámicas productivas. Significa tomar decisiones antes de que las
tensiones territoriales se conviertan en conflictos sociales o crisis
ambientales irreversibles.
Eso exige
una gobernanza más articulada, territorialmente diferenciada y basada en
evidencia.
No todas
las comunidades enfrentan las mismas condiciones. No todos los territorios
tienen la misma capacidad adaptativa. Tampoco todos los proyectos generan los
mismos impactos ni las mismas oportunidades. Precisamente por eso las
decisiones deben construirse considerando las realidades sociales y económicas
específicas de cada territorio.
La
anticipación no elimina los conflictos. Pero sí permite gestionarlos con mayor
legitimidad, menor improvisación y mejores posibilidades de equilibrio entre
conservación, desarrollo y bienestar humano.
Ese
probablemente será uno de los grandes desafíos de la República Dominicana en
los próximos años: entender que proteger ecosistemas ya no consiste únicamente
en conservar recursos naturales, sino en construir territorios capaces de
resistir, adaptarse y sostener condiciones dignas de vida frente a un futuro cada
vez más incierto.
Porque al
final, conservar no es impedir el desarrollo.
Es evitar
que el desarrollo destruya las condiciones que hacen posible la vida y la
estabilidad de las próximas generaciones.
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