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Diario Azua / 8 de mayo 2026
La Junta Central Electoral (JCE) manifestó este viernes su profunda preocupación ante la propuesta de reducir el financiamiento público a las organizaciones políticas, advirtiendo que esta medida comprometería la seguridad jurídica, la operatividad logística y la equidad que sostiene el sistema democrático dominicano.
El conflicto surge debido a la discrepancia entre las leyes vigentes. Mientras que la Ley 20-23 (Orgánica del Régimen Electoral) estipula que en años no electorales como este 2026 los partidos deben recibir el 0.25 % de los ingresos nacionales, la Ley de Presupuesto 99-25 solo consignó el 0.12 %, es decir, menos de la mitad de lo que corresponde por ley.
Impacto en la operatividad y planificación
Según el comunicado de la JCE, una disminución adicional de los recursos no solo es un tema monetario, sino que afecta directamente los pilares del funcionamiento político:
Logística y Operación: Afectaría la planificación financiera y el cumplimiento de compromisos y obligaciones ya contraídas por los partidos para el año 2026.
Educación y Fortalecimiento: Se verían limitados los programas de formación y la estructura interna de las agrupaciones políticas.
Integridad Electoral: El órgano advierte que el recorte podría incidir negativamente en la legalidad y la equidad en la contienda, principios que la JCE debe garantizar por mandato constitucional.
Un llamado al respeto constitucional
La JCE recordó que, bajo los artículos 211 y 212 de la Constitución, tiene la responsabilidad de velar por elecciones libres y transparentes. En ese sentido, calificó al sistema de partidos como la "columna vertebral" de la democracia dominicana.
"Una reducción presupuestaria afectaría la certidumbre jurídica basada en leyes ya promulgadas y resoluciones vigentes, como la Resolución 01-2026", subrayó el organismo.
Escenario de incertidumbre
El organismo electoral hizo un llamado directo a las autoridades competentes, confiando en que se actuará respetando el marco legal preexistente. La advertencia llega en un momento en que el Gobierno busca ajustar el gasto público, pero la JCE insiste en que la estabilidad del sistema político no debe ser el precio a pagar por los ajustes presupuestarios.
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