Los desalojos y amenazas inquietan a residentes en La Caleta y Valiente. (Fuente Externa)
Diario Azua / 25 de junio 2026
SANTO DOMINGO ESTE. – La incertidumbre y el temor se han apoderado de cientos de familias en el sector de La Caleta, especialmente en la comunidad de Gran Valiente. Diversas organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos han alzado la voz para denunciar una ola de constantes amenazas y ejecuciones de desalojos que ponen en riesgo el esfuerzo de toda una vida de los residentes.
A través de un comunicado conjunto, los representantes comunitarios alertaron que estas acciones destruyen en minutos lo que a las familias les tomó años construir. Asimismo, enfatizaron que estos procedimientos vulneran de manera directa el artículo 59 de la Constitución dominicana, el cual consagra el derecho a una vivienda digna, además de violar tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso
Ante la gravedad de la situación, las entidades hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader para que intervenga de manera urgente. Entre sus principales demandas se encuentran:
Declaratoria de utilidad pública: Solicitan que el Estado declare de utilidad pública las parcelas ocupadas por las familias que llevan años residiendo en el lugar.
Moratoria legislativa: Piden al Congreso Nacional aprobar una pausa temporal en los desalojos a nivel nacional.
Protocolo oficial: Exigen la creación de un protocolo especial para regular estos procesos y la destitución inmediata del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
"Numerosas familias han invertido años de esfuerzo en la construcción de sus viviendas y ahora enfrentan el riesgo de perderlas en cuestión de minutos", señalaron los portavoces de las organizaciones.
Denuncian inseguridad en los operativos
Francisca Sánchez, hablando en representación de los afectados, hizo una enérgica solicitud al director de la Policía Nacional. Sánchez denunció que presuntos grupos delincuenciales suelen acompañar estos operativos de desalojo con el único fin de saquear y sustraer las pertenencias de los ciudadanos despojados de sus hogares.
La denuncia cuenta con el respaldo de coaliciones de peso, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, la Red Urbano Popular, el Movimiento Somos Todos Valiente y el colectivo "Ya Está Bueno de Abusos", junto a diversas juntas de vecinos de la zona.
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