La comisión del Senado que estudió y que rindió un informe para aprobar la nueva Ley de la DNI. (FUENTE EXTERNA)
Diario Azua / 10 de febrero 2026
Santo Domingo. — El 2026 estrena su calendario legislativo con una de las normativas más debatidas de los últimos tiempos. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 1-26, que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sepultando definitivamente al antiguo Departamento Nacional de Investigaciones.
A pesar de haber sido aprobada en el Congreso sin el respaldo de los partidos de oposición, esta ley llega con la misión de subsanar los errores de la normativa de 2024, la cual fue anulada por el Tribunal Constitucional por atentar contra la Carta Magna.
El gran blindaje: Orden judicial obligatoria
A diferencia de su predecesora, la Ley 1-26 incluye una cláusula negociada con la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) para proteger la privacidad y la libertad de prensa:
Sin orden no hay datos: La entrega de informaciones privadas a la DNI ahora está estrictamente sujeta a la autorización previa de un juez.
Sanciones severas: Quienes se nieguen a entregar datos sobre seguridad nacional, existiendo una orden judicial, podrían enfrentar hasta 3 años de prisión y multas de hasta 15 salarios mínimos.
¿Qué hará la nueva DNI?
La institución no solo cambia de nombre, sino que robustece sus atribuciones para enfrentar las amenazas del siglo XXI:
Seguridad Nacional: Investigar grupos que atenten contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado.
Ciberseguridad: Colaborar en la represión de delitos tecnológicos y proteger los sistemas críticos del Estado.
Control Migratorio: Depurar a solicitantes de visas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Crimen Organizado: Desarticular estructuras criminales y evaluar amenazas internas y externas.
Oposición se mantiene en pie de guerra
Aunque la ley ya es oficial y de entrada en vigencia inmediata, los legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo han reiterado sus críticas. El principal punto de discordia es la falta de fiscalización, argumentando que la entidad concentra demasiado poder sin un contrapeso institucional claro que vigile sus actuaciones.
Con la promulgación de la 1-26, el Gobierno busca cerrar un capítulo de incertidumbre jurídica y dotar al país de un sistema de inteligencia moderno, aunque el reto principal será demostrar en la práctica el respeto a la separación de poderes.
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