Diario Azua / 29 de enero 2026
Lo que comenzó como una medida temporal en marzo de 2022 se ha consolidado como la política de Estado definitiva en El Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una nueva extensión de 30 días al régimen de excepción, asegurando que la suspensión de garantías constitucionales continuará vigente, al menos, hasta el 1 de marzo de 2026.
La decisión de los legisladores no solo responde a la situación interna, sino que lanza una advertencia sobre el contexto regional. El decreto cita específicamente los recientes ataques en Guatemala, donde la pandilla Barrio 18 asesinó a 10 policías, como una razón para no bajar la guardia y evitar que el "efecto contagio" desestabilice la paz alcanzada en suelo salvadoreño.
Cifras que impactan y dividen Hasta la fecha, la estrategia liderada por el presidente Nayib Bukele ha resultado en la detención de más de 91,000 personas. Si bien el oficialismo celebra la drástica reducción de homicidios y la recuperación de territorios, las sombras sobre la medida crecen:
Denuncias: Más de 6,400 casos reportados por organizaciones humanitarias.
Muertes en custodia: Se documentan al menos 470 fallecimientos bajo custodia estatal, muchos con señales de violencia.
Suspensión de derechos: Los detenidos carecen de derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones permanece suspendida.
Pese a las críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos, Bukele mantiene niveles de aprobación históricos, utilizando el régimen como el pilar de su segundo mandato y como un modelo que otros países de la región comienzan a observar con atención.
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