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| El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo que este miércoles se celebra en el Congreso. EFE/Chema Moya |
EFE / Madrid / 22 jul. 2020
Los desacuerdos del dictamen para la reconstrucción, en especial el que ha tumbado las medidas sociales, han puesto de manifiesto las dificultades a las que tendrán que enfrentarse el PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante los próximos presupuestos en un Congreso tan fragmentado.
Las centenares de propuestas que forman el documento para la reconstrucción social y económica no tendrán contenido social porque una mayoría heterogénea, compuesta por el PP, Vox y Cs, pero también por el PNV, Coalición Canaria, EH Bildu o el BNG, así lo ha decidido este miércoles.
Un total de 175 votos han sumado estos partidos, en tanto que el PSOE y Unidas Podemos han alcanzado 172 gracias al respaldo de última hora de ERC y de Más País, si bien sus portavoces, Gabriel Rufián e Íñigo Errejón, respectivamente, han expresado sus dudas sobre algunas cuestiones de la redacción.
Tres votos, por tanto, han infligido una derrota parlamentaria a los socios del Gobierno, lo que ya desde el martes se anticipaba siempre y cuando Vox terminara votando, como al final ha hecho.
Sanidad, Políticas Sociales y de Cuidados, Políticas en la UE y Reactivación Económica son las áreas en las que se iba a estructurar el dictamen.
El de las Políticas Sociales no aparecerá, y el económico, que en principio fue respaldado por solo un voto de diferencia, tendrá que someterse a una nueva votación en el próximo pleno extraordinario, previsiblemente dentro de una semana si tiene lugar la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar las últimas cumbres europeas.
La causa de la repetición se ha descubierto horas después cuando los letrados de la Cámara, al repasar las votaciones, han detectado que un diputado que había pedido votar por vía telemática, lo ha hecho presencialmente.
La incidencia ha conllevado la anulación de su voto y un nuevo recuento, lo que a su vez ha obligado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a emitir una resolución.
Se deduce que el diputado que ha cometido el error forma parte de uno de los grupos que ha votado a favor de los textos del dictamen, pues los totales de "síes" se han quedado en uno menos.
Como el bloque económico fue aprobado por un voto, se ha producido un empate que habrá que deshacer, como establece el reglamento.
Con todo, los textos social y económico son ejemplos de las discrepancias que tienen los grupos con los que habitualmente pacta el Gobierno.
El PNV anunció ayer que no estaría en el pacto social y lo mismo confirmó Cs, disgustado por la manera con la que el PSOE y Unidas Podemos han plasmado una medida sobre la exclusión de la educación concertada de las ayudas de la reconstrucción.
Aunque la dirección socialista intentó atraerlo hasta el último minuto de la negociación (dejaron de conversar una hora antes del final del plazo, a las 16.00 horas del martes), Cs no cambió de opinión.
Con el objetivo de evitar sorpresas, la negociación fue a varias bandas hasta el final. El grupo socialista cerró varias enmiendas transaccionales con ERC sobre la dependencia, la educación o la inversión en proyectos sociales, e igual actuó con Más País en una materia clave para Íñigo Errejón como la conciliación.
Con EH Bildu, además, Unidas Podemos acordó una enmienda para que las pensiones quedaran blindadas, pero no se sumó el PSOE, y los independentistas vascos dijeron adiós. Fuentes del grupo que dirige Pablo Echenique en el Congreso así lo han explicado.
En el documento económico las negociaciones también fueron intensas, hasta el punto de que el grupo socialista pactó varias propuestas con JxCat. Los catalanes al final se han abstenido, y justo esta decisión, más el apoyo que ya había adelantado la formación de Inés Arrimadas, han salvado dicho bloque.
En cambio, las áreas sanitaria y europea han recibido un holgado apoyo, lo que debe mucho a la posición adoptada finalmente por el PP a favor del pacto. Socialistas y populares, tras varios días rozando el acuerdo sobre la UE en la reconstrucción, lo ultimaron el martes.
El documento que sale este miércoles del Congreso es, fundamentalmente, un compendio de peticiones al Gobierno. Son de alcance político, sin rango legislativo.
Este factor, unido al método de trabajo que inició la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción, ha sido criticado por varios partidos que no suelen votar en contra de las iniciativas del Gobierno, sino al contrario.
Gabriel Rufián ha dicho que la crisis que se avecina "no se puede cerrar con una comisión parlamentaria" que ha funcionado como un "Juan Palomo entre PP y PSOE", e Íñigo Errejón ha dejado claro que, a su juicio, la comisión "ha servido para muy poco".
Pero, sobre todo, el diputado de Más País ha expresado su preocupación por lo que pueda hacer el Gobierno cuando lleve al Congreso el proyecto presupuestario. "Está eligiendo unos socios con los que no se hace una reconstrucción verde y justa", ha señalado.
Precisamente por eso, el representante de Compromís, Joan Baldoví, también molesto, ha puesto el acento en lo que pasará "a partir de hoy". Se ha referido a la negociación presupuestaria.
Los partidos se empiezan a posicionar. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha advertido de que esos presupuestos no se pueden acordar con el PP porque es un partido "incompatible" con el suyo.
"Un Ejecutivo en el que está Unidas Podemos es incompatible con acuerdos con una formación que pacta con la ultraderecha", ha zanjado.
Cs, actor clave en la Comisión para la Reconstrucción, ha pedido que prime la moderación en las cuentas. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado que el Gobierno tiene ante sí "una gran responsabilidad histórica", más tras el acuerdo de la UE en el fondo de recuperación, por lo que necesita a su partido.
El PNV también pone condiciones. Aitor Esteban le ha dicho a Pedro Sánchez que no le llame para hablar de los presupuestos si antes no convoca la comisión mixta entre Euskadi y el Estado.
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