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Magistrado presidente Luis Henry Molina Peña anuncia plan transformador para elevar la eficiencia y la confianza en la justicia. Llamó a los jueces a actuar con rigor ante maniobras dilatorias injustificadas.
En la audiencia solemne celebrada a propósito del Día del Poder Judicial, el magistrado Luis Henry Molina detalló los alcances de Visión Justicia 20/24, la estrategia que demarca las soluciones a las problemáticas del sistema, contemplando la reducción de la mora judicial, el acceso digno, la respuesta oportuna y eficiente, la transparencia del sistema y la protección a personas en condición de vulnerabilidad.
SANTO DOMINGO.-
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, demarcó este martes los principales problemas que afectan al sistema de justicia del país, al pronunciar por primera vez su discurso en la audiencia solemne a propósito del Día de Poder Judicial.
Al iniciar sus palabras ¡En nombre de la República!, comprometió a juezas y jueces a ser honorables y dedicados para proteger la honra y el trabajo y garantizar la probidad que sostiene la confianza en las instituciones. “Nuestra independencia como jueces no radica solo en la neutralidad de nuestras sentencias, se nutre de la conducta diaria, antes, durante y después de dictar sentencia”, señaló.
El magistrado Molina Peña pronunció el discurso de la audiencia solemne que, como es de rigor, celebró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en presencia del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y con la asistencia de representantes del sistema judicial, la comunidad académico-jurídica, así como los órganos constitucionales, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
Durante sus palabras, esbozó el plan estratégico denominado Visión Justicia 20/24, que inició con un camino de consultas observando con distintas lentes las problemáticas del sistema: “Enfrentamos retos grandes, es tiempo de hacerles frente”, indicó al describir su compromiso de asegurar un sistema de justicia con certeza jurídica que haga posible la convivencia pacífica y el desarrollo económico. “Llevar acceso digno a las distintas instalaciones, con respuesta pronta a quienes requieren servicios eficientes”.
“La protección en igualdad ante la ley demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son más vulnerables. En ese ámbito, la forma en que la violencia contra las mujeres se ha expresado en nuestro país constituye un dolor y una gran vergüenza que debe llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción”, proclamó Molina Peña.
Explicó que en cada departamento judicial habrá Centros Especiales de Entrevistas para víctimas de violencia en materia de género, conocidos como Cámara Gessel, para garantizar la privacidad y evitar la revictimización de las mujeres y que la Escuela Nacional de la Judicatura desarrollará a partir de marzo un programa nacional de entrenamiento y sensibilización al personal judicial y administrativo.
Al mencionar al juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, doctor José Trías Monge, resaltó el criterio de que “la justicia tardía pierde el derecho a su nombre”. “No es posible que ciudadanos y ciudadanas tengan la vida suspendida, porque no sale una decisión de los tribunales. O que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia para protegerlo estén en retardo”, declaró.
Llamó a limitar con firmeza y decisión las maniobras dilatorias injustificadas que retardan los procesos judiciales y aplicar mecanismos administrativos y hasta trabajar en horario extendido para acabar con la mora judicial. En ese sentido, informó que la Suprema Corte de Justicia tiene 18,357 casos pendientes de resolución y anunció que asumirá de inmediato los casos de mayor antigüedad, y de inmediato se encargará personalmente de los expedientes de la primera década de este siglo.
Aseguró también combatir la inequidad en la distribución de la carga judicial, lo que implicará mecanismos distintos de distribuir los casos entre los tribunales y jueces y de administrar de forma más eficiente el presupuesto del Poder Judicial. “No es razonable que, si nuestra principal tarea es impartir justicia, la totalidad de nuestros tribunales accedan solo al 68% del presupuesto, mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración recibe el 32%”, declaró.
El presidente de la SCJ resaltó el trabajo de juezas y jueces y sostuvo que da fe y testimonio de la honorabilidad y la excelencia de su inmensa mayoría, destacando que hoy día 774 de los 778 jueces y juezas son de carrera.
En adición, Molina Peña ha concebido un sistema de integridad para el fortalecimiento de las normas éticas y del régimen disciplinario, “Una justicia más transparente para tener más confianza en su servicio”. Con ello se persigue un mayor rigor y cumplimiento de las reglas, mayor capacidad de rendición de cuentas y evaluación de indicadores de desempeño.
Incluye, además, un plan de formación permanente de los jueces, que fortalezca el enfoque en la calidad de los fallos y la reducción de errores.
“Con humildad, pero también con la responsabilidad que supone hacerlo en nombre de la República y en representación de este grupo excepcionalmente formado y trabajador, de mujeres y hombres que integran nuestro Poder Judicial, les pido a los dominicanos y dominicanas apoyo, tiempo y fe”, proclamó el magistrado Luis Henry Molina Peña, resaltando que este proceso de transformación requiere de tiempo, continuidad y estabilidad.
En la Audiencia Solemne, que introdujo varios cambios en esta ocasión, se incorporó por primera vez una barra con testigos de honor en representación de sectores en condición de vulnerabilidad.
Kenia Lora, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), participó en representación de niños y niñas; Soraya Lara Caba, presidenta del Patronato de Ayuda a las Mujeres Maltratadas (Pacam), por las mujeres víctimas de violencia; mientras que por las personas con discapacidades asistieron Mery Pérez de Marranzini, presidenta fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y Francina Hungría, que preside la fundación homónima.
Los actos oficiales se iniciaron esta vez con la audiencia solemne, celebrada a las 9:00 de la mañana en la Sala Augusta de la SCJ; le siguieron una misa de acción de gracias en la catedral, presidida por monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo de Santo Domingo, y una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde pronunció unas palabras el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
DISCURSO MAGISTRADO PRESIDENTE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, LUIS HENRY MOLINA PEÑA, CON OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PODER JUDICIAL
Santo Domingo, 7 de enero de 2020
Ciudadano Presidente Constitucional de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez. Autoridades constitucionales de la Nación dominicana, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial la República, Integrantes del cuerpo diplomático, Ciudadanas y ciudadanos ¡En nombre de la República! Con esta fórmula cada jueza y cada juez inicia sus sentencias.
Al hacerlo, afirman con fuerza que administran justicia en representación de ese sistema de valores, equilibrios, reglas y límites que confluyen en el entramado republicano.
En esa expresión consta que estamos obligados a decidir siguiendo las normas constitucionales y legales/ y los ideales por la convivencia y el interés general.
En nombre de la República comparezco ante ustedes.
Lo hago por primera vez, a nueve meses de haber asumido la conducción del Poder Judicial, para ponderar su estado.
Para compartir detalles sobre la manera en que velamos por asegurar que sea como la sociedad y la Constitución han encomendado.
En nombre de la República,/ voy hablar de las principales fortalezas y debilidades de la Justicia dominicana,/ de la manera en que vamos a potenciar nuestra productividad.
También de la forma que estamos procediendo para superar los desafíos que se nos presentan./
De lo que hace falta para que nuestra Justicia se acerque/ cada día más/ a las expectativas democráticas del pueblo soberano.
Lo hago en un momento significativo de la historia contemporánea./ En múltiples puntos del planeta, sin que nuestra región sea una excepción,/ una ruptura radical de la confianza marca la relación entre los ciudadanos y las instituciones públicas./
En Asia, Europa y toda América/ las personas demandan un compromiso franco,/ transparente e inmediato./ Las respuestas que el Estado puede ofrecer hasta el momento,/ en sus diferentes formas de servir,/ no están satisfaciendo./
La Justicia no puede creerse ajena a ese sentimiento general de desconfianza, desesperanza e indignación./ Somos también objeto de esa interpelación./ Y de manera responsable,/ debemos tomarlo muy en serio. 1 2 En toda democracia el Poder Judicial es,/ en muchos sentidos,/ el más débil de los tres brazos del Estado./
El Poder Legislativo tiene como misión hacer las leyes, y fiscalizar las acciones del Poder ejecutivo./ A su vez, el ejecutivo tiene como función hacer respetar las leyes,/ ejecutar el presupuesto nacional,/ fomentando el desarrollo social y económico de la nación,/ promoviendo la participación de sus actores,/ en el marco de una convivencia democrática y regulada por un Estado social de derecho./
La fortaleza del Poder judicial – amigos y amigas –,/ la de los jueces y juezas/ descansa en el respeto de la ciudadanía por la forma en que administran justicia./ De ahí la trascendental importancia de rendir cuentas claras sobre lo que hacemos./ Que cada dominicano interesado/ escuche de boca de los responsables,/ claramente,/ cómo andan las cosas en la Justicia de nuestro país.
Que cada ciudadana y ciudadano comprenda los problemas que la aquejan/ y cómo se atienden./ Que todos sepan en qué medida hay razones para creer en el Poder Judicial dominicano.
Con ese objetivo en mente,/ hoy me dirijo en primer término a los ciudadanos y ciudadanas de la República./
A cada dominicano y a cada dominicana/ preocupada por el país./ Lo hago sin excepciones, porque me dirijo al afortunado que puede vivir con holgura y en salud./
Pero sobre todo al trabajador que lucha con salarios bajos,/ a ese que no tiene empleo formal y la que no goza de la seguridad social/ necesaria para llevar una vida digna para ella o él y su familia. /
A los niños, niñas y adolescentes y a la juventud dominicana…/ pues su futuro es especialmente determinado por nuestras decisiones de hoy./ Tenemos el deber de entregar una razón para vivir con orgullo en nuestro país./
Una seguridad de que el sistema de justicia piensa en su protección./ Me dirijo también a las mujeres,/ que todavía viven la humillación de procesos judiciales que perpetúan la desigualdad./
Que se enfrentan a un sistema de justicia que las revictimiza./ Y que tras el abuso o el crimen/ puede llegar incluso a generar riesgos para sus vidas./ Hablo para quienes envejecen buscando protección ante las limitaciones de su edad./
Y sí,/ claro que sí,/ a los extranjeros que buscan en la República Dominicana mejores oportunidades./ Igual que millones de compatriotas dominicanos las buscan para los suyos en suelos ajenos./ Damas y caballeros,/ Me dirijo hoy a las juezas y jueces que componen nuestro sistema./
Somos nosotros quienes, día tras día, en las salas de audiencia,/ en los despachos judiciales/, al escuchar las pruebas y redactar los fallos,/ echamos adelante el andamiaje judicial del país./ Hoy miramos al conjunto de los trabajos./
La justicia no es otra cosa que el trabajo de todos nosotros./ Por ello/ desde mi llegada a este poder de la República,/ he querido acercarme lo más posible a todos ustedes./
He visitado cada uno de los centros de justicia del país/ para conocer de primera mano/ los problemas que como jueces enfrentan./ Me he esforzado por informarme de la realidad concreta en el diálogo con ustedes./ Esa/ que tantas veces se esconde detrás de las estadísticas./
En ese intercambio se fundamenta una parte muy importante de los planteamientos que hoy debo formular.
Me dirijo asimismo a la comunidad jurídica de nuestro país./ Pesa sobre nuestros hombros/ mucha responsabilidad por la salud del sistema de justicia:/ los abogados y funcionarios,/ 2 3 las facultades de derecho, los juristas, doctrinarios y actores de opinión/. Fungen ustedes un papel importantísimo en el ecosistema de la justicia./
En la difícil tarea de moldear el Derecho y fortalecerlo,/ unificando criterios y reglas/ para asegurar la certeza jurídica./
Ese papel lo tienen también los legisladores y las autoridades administrativas que elaboran las leyes,/ la normativa que debemos aplicar, a veces demasiado compleja y rebuscada,/ en ocasiones obsoleta y en necesidad de urgente actualización.
En primer lugar,/ señoras y señores,/ una enfermedad grave se ha vuelto crónica y hoy amenaza el sentido mismo de la administración de justicia:/ la mora judicial. Como bien señalara en su momento el honorable juez presidente de la Corte Suprema de Puerto Rico, José Trías Monge/: “la justicia tardía pierde el derecho a su nombre.
” Debo ser muy claro:/ estoy plenamente consciente de que la celeridad en la solución de las controversias sometidas al conocimiento de la justicia/ no puede sustituir la calidad y pertinencia de las decisiones que esta tome./
Pero la demora en la solución de los asuntos sometidos a nuestro conocimiento atenta contra la dignidad de las personas/, y nos priva de la seguridad jurídica indispensable para una convivencia pacífica,/ próspera y democrática.
Frente a este mal,/ una combinación de resignación y apatía se ha instalado al interior de nuestro sistema/. La desesperanza, aprendida tras tantos intentos de derrotar la enfermedad/ parece dominar muchos espíritus.
¡No podemos aceptarlo! No es posible que ciudadanos y ciudadanas tengan la vida suspendida, porque no sale una decisión de los tribunales. O que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia para protegerlo estén en retardo.
Ninguna sociedad del siglo veintiuno debiera tolerarlo. Por esa razón,/ nuestra primera respuesta ante el atraso ha sido buscar la distribución más equitativa y eficiente posible,/ para que las responsabilidades y cargas que detentan los jueces y juezas/ pueda alcanzar niveles de resolución aceptables.
Al estudiar durante estos pocos meses la forma en que las responsabilidades y tareas del sistema se encuentran distribuidas/, hemos podido observar una marcada inequidad en la asignación de esta carga judicial./
Constatamos discrepancias relevantes entre el número de jueces, para cada nivel del sistema, y el porcentaje de casos ingresados anualmente./
El número de estos que cada juez debe resolver y el porcentaje del presupuesto asignado para ello/ distan mucho de ser proporcionales.
Así, mientras los jueces de primera instancia y de la Suprema Corte deben conocer en promedio 484 y 486 casos cada uno/, respectivamente./ Este número disminuye en el caso de los jueces de paz y de cortes de apelación/ a tan solo 169 y 131 casos en promedio cada uno./
Con el objetivo de distribuir de manera más efectiva y racional la carga/, avanzaremos en modalidades de administración judicial que hagan posible/, por ejemplo,/ que nuestros magistrados de corte de apelación,/ sin perder su carácter de tales, puedan resolver asuntos de primera instancia.
Trabajaremos en mecanismos legales y justos/ que permitan distribuir la relación entre los jueces y la carga de trabajo./
Organizaremos los horarios de las audiencias para respetar el tiempo de las 3 4 ciudadanas y los ciudadanos que recurren a la justicia/ o deben comparecer ante ella, así como el tiempo de sus abogados y abogadas.
Senoras y senores, Al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia he encontrado, solo en ella, 18.357 casos acumulados/ que en junio de este año esperaban resolución./
Entre ellos hay varios que aguardan por sentencia desde el siglo pasado./ He asumido junto a mis compañeros/ el desafío de resolver aquellos casos que se encuentran/ hace más tiempo pendientes en ella./
La prédica con la acción, con el ejemplo,/ es mejor que la prédica de la palabra./ Mañana miércoles se emiten con mi firma fallos en los 10 asuntos de mayor antigüedad/ que aguardaban por resolución ante la Suprema Corte./
También asumiré los casos de la primera década de este siglo/ para reducir el rezago del tribunal que presido. De igual modo mis pares.
En tercer lugar, nos corresponde asumir el desafío de revisar nuestros procedimientos y prácticas./ En una primera etapa, ha sido indispensable estudiar los procedimientos internos del Poder Judicial,/ llenos de vericuetos y complicaciones inútiles/ que son fuente cierta de demora./
La Suprema Corte se dispone, sin pausa ni tregua,/ a reglar sus procedimientos internos para asegurar que conduzcan tanto como sea posible/ al establecimiento de estándares y usos que mejoren dicha situación./
Hace pocos meses, la Corte de Casación francesa,/ la decana del sistema de casación,/ sepultó los viejos estilos de redacción de sentencias./ Recargados de repeticiones y formalismos, esas usanzas no aportaban nada a la calidad del fallo./
Hace tan solo algunas semanas, la Audiencia Provincial de Madrid regularizó la extensión y estilo de los escritos que se le presentan,/ algo que ya había hecho antes el Tribunal Supremo español./
Es hora de nosotros movernos en la dirección que apuntan esas cortes y ajustar mejor los tiempos del Derecho. Para acercarlos a los tiempos de los conflictos que estamos llamados a resolver./ Y vamos a hacerlo.
En una siguiente etapa, este trabajo permitirá identificar las reformas de procedimiento prioritarias./ Las que deberemos someter a conocimiento y aprobación del Poder Legislativo./ Tarea en la cual estoy seguro contaremos con el apoyo decidido de sus honorables incumbentes./
La inequidad en la distribución de la carga judicial/ también nos enfrenta a preguntas relacionadas con la eficiencia presupuestaria y de gasto.
Por ejemplo, mientras los juzgados de paz, los tribunales de primera instancia, las cortes de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia acceden al 68% del presupuesto de la justicia,/ el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración, recibe el 32% de este./ Nuestro principal llamado es el de impartir justicia/ en buen Derecho/ y así debe reflejarse en la distribución del presupuesto.
La relación entre el presupuesto, los recursos humanos disponibles y la tarea efectiva que se ejecuta, plantea otras dudas. Por ejemplo:/ Los juzgados de paz poseen el 23% de las plazas del sistema,/ pero atienden sólo el 14% de los casos./
Reciben para ello el 11% del presupuesto. Los tribunales de primera instancia atienden el 74% de los nuevos ingresos,/ pero reciben sólo el 29% del presupuesto./
Las cortes de apelación atienden el 10% de los nuevos ingresos,/ pero reciben el 22% del presupuesto./ En primera instancia contamos con el 44% de las plazas judiciales./
Las Cortes de Apelaciones representan un 31% de las plazas.
La racionalidad de la 4 5 distribución de recursos y cargas a las que hago referencia no responde a criterios de eficiencia, capaces de mejorar el servicio y honrar la dignidad de los magistrados facilitando su trabajo y supliendo sus necesidades./
El espacio para mejorar la eficiencia interna en la operación del sistema/ es amplio/ y es nuestro deber hacerlo. Ciudadanas y ciudadanos, El pasado mes de noviembre, la Directora Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Inka Mattila, visitó el Modelo Puerto Plata.
En un momento tomó la palabra y alentó al Poder Judicial dominicano a seguir el camino que estábamos iniciando con un dominicanismo.
Fue jocoso pero entusiasta escuchar a la finlandesa darnos aliento para “Jumpear” la justicia. Su aplatanado sentido del humor logró conectar con la intención de la actual gestión del Consejo del Poder Judicial. Y con lo que trabajamos para que sea una aspiración de todos los presentes.
Una causa de todos los dominicanos. Quiero hacer esa ocurrencia de ella una causa de todos los dominicanos y dominicanas que me escuchan. Vamos a seguir trabajando para “jumpear” la Justicia y lograr un servicio judicial/ que centralice el manejo de audiencias en cada sede./
Que provea condiciones a las salas,/ equipándose y capacitando mejor a sus usuarios,/ operadores y funcionarios./ Para reducir prácticas temerarias y distorsiones.
Y para alentar las buenas prácticas posibles en el marco de las leyes vigentes/ o modificando,/ con el concurso de toda la sociedad,/ las que hagan falta. #TransformaJusticia es la etiqueta con que jueces y juezas identifican el esfuerzo iniciado en Puerto Plata.
Un camino largo que espero podamos recorrer en armonía y con el constante compromiso de mejorar todos los días. La búsqueda de justicia no es una abstracción./
Es un ejercicio cotidiano que requiere de inteligencia, dedicación/ y sensatez en el uso de los recursos./
Es una exigencia de la vida en la República./ Y también una condición para la fe de los ciudadanos en su democracia. Por eso hemos definido que el primer y primordial eje de trabajo durante los próximos meses será la búsqueda del servicio judicial oportuno y eficiente, que las dominicanas y dominicanos necesitan y exigen.
Desde el mes de julio de 2019/ el Poder Judicial inició un proceso que hemos denominado Visión Justicia 20/24.
Un proceso dinámico y minucioso/ que incluyó la consulta a los usuarios internos y externos./ Veintiocho (28) mesas con abogados/as y actores de la sociedad./
Encuentros con organizaciones vinculadas al sector justicia, representantes de organizaciones que trabajan con sectores vulnerables,/ jueces y juezas de todo el país./
Divididas en diferentes materias y jurisdicciones/ las consultas aportaron tres mil cuatrocientos sesenta y un (3,461) puntos sugeridos relativo a los problemas y sus expectativas./
Estos fueron procesados técnicamente, agrupados/ y presentados para consenso con los actores internos./
Ese proceso terminó a finales del pasado mes de noviembre,/ dejando iniciado el prototipo activo del Departamento Judicial de Puerto Plata.
Algunos se preguntarán/ cuál es el objetivo hacia el que tendemos con Visión Justicia 20/24./ Procuramos para la nación dominicana un proceso de transformación./ Los jueces dominicanos vivimos hoy un serio compromiso con la función./
La difícil misión que ordena 5 6 la Constitución/ y esperan de nuestra investidura los dominicanos y dominicanas/ debe llevarse a cabo con mayor perspectiva./
Para ofrecer un servicio de justicia oportuno y eficiente,/ debemos hacer ajustes en el modo en que hacemos nuestro trabajo diario./ Ajustes que significan y significarán/ algunos sacrificios,/ cambios de perspectiva y adaptación./
No es tarea fácil reorientar la justicia hacia la posibilidad de administrar/ de manera integral/ el sistema, cuando ni siquiera se cuenta con un sistema estadístico confiable para responder a la demanda./ Pero resultará con toda seguridad/ en la mejora de los servicios.
En la transformación de ese y otros sistemas que permitan el seguimiento al trabajo y las necesidades. En la creación y adecuación de protocolos y reglamentos/ que permitan estandarizar y unificar criterios jurídicos y administrativos./
Además, hay que atender los retos y oportunidades de la digitalización del servicio./
Con la integración de la personalidad digital,/ la disposición de un centro de notificaciones/ que permita ubicar los casos desde su inicio hasta su fin./
Hace falta también, integrar esa posibilidad/ con un modelo multicanal de atención a los usuarios y usuarias que dejamos por iniciado./
Con manuales de gestión documental y de despacho/ que agilicen, organicen y permitan un criterio más enfocado/ para dar respuesta a la ciudadanía./
Pero sobre todo, el respeto del tiempo de los actuantes en justicia. (Pausa) Nuestro pueblo es inteligente./ Sabe que sólo a través de jueces íntegros encontrará fallos justos./
La inmensa mayoría de nuestras juezas y jueces son honorables y dedicados./ Para proteger su honra y su trabajo/ y garantizar la probidad que sostiene la confianza en las instituciones de la República,/ debemos asumir que nuestra tarea en este campo es continua/; un esfuerzo diario que no se detiene./
La independencia de los jueces no radica solo en la neutralidad de nuestros fallos./ Se nutre de nuestra conducta diaria,/ antes y después del momento de dictar sentencia./
Por eso, en los pasados meses hemos puesto punto final a prácticas incompatibles con las expectativas de conducta de los jueces:/ no más entrevistas de partes con jueces que conocen una causa./
No más accesos conjuntos de jueces,/ abogados y fiscales a las salas de justicia. Soy de la opinión además,/ de que debemos hacer públicas las decisiones del Comité de Ética sobre actuaciones judiciales./
Así como incluir estas decisiones en el expediente de cada juez o jueza./ La justicia debe movilizarse para asegurar la suplencia de jueces por otros jueces./
En República Dominicana los abogados deben ser abogados/ y los jueces jueces./
Recurrir a jueces interinos y suplentes procedentes de la abogacía en funciones,/ es anacrónico, y peligroso./ No se justifica en nuestro estado de desarrollo/ y está próximo a llegar a su fin.
Señoras y señores, Hemos llevado a cabo una planificación estratégica que toca cada instancia de nuestro sistema./ Su texto está a disposición de cada una y cada uno de ustedes/ y del público en la 6 7 plataforma digital del Poder Judicial./
Sin embargo, el centro de nuestra atención estará puesto, en el tiempo por venir/ en los objetivos y tareas que he reseñado: Subrayo que queremos afianzar, impulsar, intensificar/, fortalecer por distintos medios la integridad/ para lograr una justicia confiable./
Con mayor rigor y cumplimiento de las reglas,/ mayor capacidad de rendición de cuentas y evaluación de indicadores,/ para que el desempeño cuente con posibilidades de medición más aptas a los objetivos/ y las necesidades del trabajo.
Eso es esencial en el eje de acciones para la integridad, que no es otra cosa que la entereza en la conducta y la actitud dignas del respeto de todos y todas./
Los distintos productos y tareas que se llevan y llevarán adelante/ aseguran un mayor cumplimiento de reglas./ Más rigor en la rendición de cuentas/ y un mayor empoderamiento de los servidores judiciales.
Para que los dominicanos y dominicanas puedan contar con una justicia confiable/ es necesaria la formación constante y continua de sus servidores y usuarios./
Capacitar para la transformación/ conlleva apertura, sentido de la realidad en la que operamos/ y de los elementos necesarios para mejorarla./ El enfoque en la calidad de los fallos y la reducción de errores/ requiere de un sistema de gestión de calidad a la vanguardia de la región./
El mismo se encuentra en fase de diseño activo.
El seguimiento de las distintas acciones transformadoras,/ su revisión y actualización constante/, se debe valer de un sistema de gestión de cambio./
Pero sobre todo, de la comprensión por parte de la ciudadanía y los usuarios internos y externos./
Sin ellos es imposible lograr que el servicio pueda darse dentro de los estándares y exigencias de los tiempos actuales./
Por eso se ha concebido el sistema de integridad como un entramado abierto e integral de reglas que alimentan que la Justicia sea un único cuerpo donde cada uno es responsable de sus actuaciones ante los procesos internos y ante la sociedad, en el marco del debido proceso./
Los mecanismos que buscan hacer inmune a la judicatura,/ y preservan el comportamiento ético de los jueces y servidores/ están siendo estudiados y pensados./
Para que la rendición de cuentas, la prevención de conductas no íntegras y la evaluación,/ apunten hacia el establecimiento de niveles distintos para la auditoría conductual./
Separando el control ético (que supone recomendaciones sobre la conducta)/ del control disciplinario/ (que debe ser un régimen interno que prevea faltas y sanciones administrativas) fortalecido.
De igual modo,/ tienen gran importancia los controles financieros y el trabajo de relacionamiento con la ciudadanía,/ así como el fortalecimiento de la gestión mediática,/ como parte de la actualización y mejora de procesos para una pedagogía del rol judicial.
Damas y caballeros, 7 8 La promesa constitucional de igual protección ante la ley/ es quebrantada cada vez que un habitante de esta tierra se ve impedido de acceder/ en condiciones libres y dignas a la administración de justicia./ Es nuestro deber, en nombre de la República,/ garantizar el cumplimiento de dicha promesa./
Con ese fin, estamos organizando el trabajo en nuestras instalaciones./
Doscientas nueve (219) a lo largo y ancho de nuestra patria,/ que para optimizar su uso y obtener el máximo provecho de ellas/ requieren cambios en la perspectiva de su ordenamiento./
Hablo de la adecuación de la operación de las sedes judiciales/ para facilitar el acceso a los servicios/ que están llamadas a proveer./ Atenderemos con especial cuidado las necesidades de los tribunales/ hoy dispersos./
El control de la calidad en el servicio depende de la capacidad de inventario y esta de la posibilidad de organizar de manera efectiva, para responder a los problemas. Procuraremos utilizar al máximo el potencial de las salas de audiencia que hoy son subutilizadas, porque las lógicas de funcionamiento no se encontraban enfocadas en dar respuesta. (Pausa) (Tomar agua) La protección en igualdad ante la ley/ demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son más vulnerables./
En ese ámbito, la forma en que la violencia contra las mujeres se ha expresado en nuestro país constituye un dolor y una gran vergüenza/ que debe llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción./
Si bien la solución integral del problema no está en nuestras manos,/ el sistema de justicia no puede amparar ninguna forma de violencia contra las mujeres./
Es nuestra tarea asegurar que una mujer que haya sido víctima de violencia de género/ encuentre en la justicia un espacio digno,/ protegido y sensible frente a su sufrimiento./
Un espacio/ en el que se responda con la premura y el cuidado necesarios/ para evitar que el procedimiento se convierta en un calvario de revictimización.
Aseguraremos la existencia y acondicionamiento de Centros Especiales de Entrevistas para víctimas de violencia en materia de género,/ conocidos como Cámara Gessel,/ en cada departamento judicial país./
He instruido a la Escuela Nacional de la Judicatura diseñar e implementar, a partir de marzo de este año,/ un programa nacional de entrenamiento y sensibilización para todo el personal administrativo y judicial llamado a intervenir en este tipo de casos./
En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas,/ haremos de este programa otro hito en nuestro esfuerzo por reorientar la administración de justicia hacia un trato a las víctimas de violencia de género de acuerdo con su dignidad/ y los mejores estándares internacionales.
Para preservar y aumentar su legitimidad/ el Poder Judicial tiene un rol más allá de la difícil tarea de armonizar los hechos con el Derecho./
Además de la resolución de conflictos en los casos que nos son apoderados por las partes (el Ministerio Público y los defensores),/ la Justicia tiene un rol social importante./
En esa tarea, debemos abogar por mayor dignidad en el trato,/ en el acceso y uso de los servicios que ofrecemos/.
Por lo que en el eje Justicia para todas y todos, se ha planteado fortalecer y profundizar el acceso a la justicia. Para que haya entrada real y efectiva es necesario valerse de las herramientas y sistemas digitales./
Pronto los usuarios, usuarias, abogados y abogadas que acuden a los tribunales/, podrán contar con un acervo sistematizado de información relevante/ que facilite comprender y recibir los servicios a los usuarios.
Impulsaremos además acciones de atención a temáticas de interés e impacto social,/ sumadas a una infraestructura digna/ que acoja a todas las personas por igual./
Para que no haya una sola persona que pueda considerarse excluida/ o limitada para acceder a los servicios de Justicia.
Uno de los más interesantes elementos proyectados en la Visión Justicia/ es la concepción y desarrollo de una Base de conocimiento de procesos (por materia)/ que reúna la jurisprudencia y legislaciones que sirven de soporte al ejercicio./
Para poner a disposición de los usuarios y servidores todo el acervo documental requerido./ Estas y otras acciones/ abren la institucionalidad de la justicia a un ejercicio más equitativo y abierto./ Junto a la diversificación, aumento y sistematización estandarizada de entes de Resolución Alternativa de Conflictos./
Estas acciones/ serán de gran impacto en la necesaria descongestión/ o reducción de la demanda del sistema. Por su impacto en el sistema,/ la regulación y registro de los distintos profesionales que intervienen en los procesos/ traerá seguramente mayor confianza en el Poder Judicial./
Contando con Registros activos de usuarios,/ servidores y auxiliares de la Justicia/ será posible prevenir,/ remediar y sancionar las formas de ejercer que distorsionan el sistema./
Así como también, establecer canales efectivos de comunicación con quienes sea requerido a lo largo de los procesos.
Al asumir las riendas del Poder Judicial de la República,/ me reencuentro con un sistema de administración de justicia que tiene razones fundadas para sentir orgullo./
La justicia dominicana es tributaria de una tradición larga e ilustre. Santo Domingo tenía Real Audiencia desde 1511,/ cuando gran parte de nuestro continente era aún tierra desconocida para la cultura occidental./
Fuimos incluso la sede del tribunal de apelación de Puerto Rico hasta 1800./ Nuestra Suprema Corte de Justicia, heredera de esa Real Audiencia,/ tiene origen tan temprano como 1845./ Las cámaras civiles y penales, el Tribunal de Tierras y los Juzgados de Paz provienen de la década de 1920./
Tenemos raíces nobles y una vasta experiencia en el servicio de la justicia./ No improvisamos. 9 10 A partir de 1998, antes que muchos otros países de la región.../ (óigase bien) nuestro Poder Judicial consolidó su independencia mediante un proceso de reclutamiento y selección de jueces,/ de entrenamiento y de carrera judicial regulados por la ley y al margen de interferencias externas y decisiones políticas. Nuestras juezas y jueces son genuinos representantes de las diversas realidades socioeconómicas y culturales que dan forma a nuestra vida nacional./
En ellos se expresa el mérito y la inclusión/ que han de distinguir a los servidores públicos de cualquier estado moderno./ Los conozco bien.
Tuve responsabilidad en su formación cuando encabecé la Escuela Nacional de la Judicatura./ Me he reunido durante estos meses con la inmensa mayoría de ellos./ Puedo dar fe de su compromiso y excelencia./
Disponemos de la mejor base para avanzar hacia la etapa siguiente de nuestro desarrollo judicial./ Por lo mismo, en esta crucial coyuntura, debo convocar a nuestras juezas y jueces en dos sentidos fundamentales:
En primer lugar/, les llamo a actuar con rigor al enfrentar maniobras dilatorias injustificadas y reclamaciones carentes de fundamento./
¡Que no les tiemble el pulso! Erradiquemos estas prácticas,/ pues son un virus que distrae fuerzas y atención de la tarea de administrar justicia bien servida/ para tantos que la reclaman y necesitan con razón./
La garantía de integridad que las dominicanas y dominicanos esperan es ser jueces y juezas apegados al Derecho./ Comprendamos de una vez, no es el interés de unos pocos intervinientes el que defendemos,/ sino el interés superior de todas las partes.
Me atrevo a pedirles, además,/ conociéndolos bien,/ extremar su dedicación y sacrificio en el servicio de la justicia./
El destino de ella, así como el respeto y confianza de nuestra patria,/ reposan hoy sobre nuestros hombros./
Enfrentar la mora judicial, garantizar la dignidad en el trato a quienes desde su vulnerabilidad acuden en busca de justicia/ y preservar la integridad de juezas y jueces/ es un desafío que hoy recae sobre nosotros./
Como en tantas ocasiones, deberán trabajar más allá de horarios y agendas predefinidas./ Muy por sobre lo que legalmente están obligados a hacer./ Es necesario./
La República y su gente así lo requieren con urgencia.
La atención de la sociedad está hoy concentrada en el proceso de renovación democrática de las autoridades./
Pasados estos procesos, los invito a la reflexión, el diálogo/ y la interacción productiva/ que debe caracterizar la relación entre las autoridades y dignidades de una república democrática y moderna./
Anticipo que su concurso será indispensable en el futuro próximo/ para adelantar las reformas legislativas que permitan actualizar y simplificar nuestros procedimientos,/ así como para asegurar que sean las personas y sus necesidades las que los orienten./
El nuestro debe ser un Derecho atento a los avances del mundo. Debemos garantizarlo. Sean mis palabras finales para quienes representan el sentido último de nuestra existencia:/ las dominicanas y dominicanos que confían sus libertades y su patrimonio a quienes servimos la justicia. Comprendo las dudas y cuestionamientos de los dominicanos y dominicanas de buena voluntad./
¿Cómo no desesperar cuando la reparación del daño,/ la protección de la vida, la honra o el resguardo de la propiedad tardan tanto?/
¿Cómo confiar en 10 11 procedimientos y en resoluciones que no son bien explicadas ni armonizadas en el criterio de los magistrados?
Con humildad, pero también con la responsabilidad que supone hacerlo en nombre de la República/ y en representación de este grupo excepcionalmente formado y trabajador,/ de mujeres y hombres que integran nuestro Poder Judicial,/ les pido a los dominicanos y dominicanas apoyo, tiempo y fe./
El trabajo de la Justicia está orientado/ y con las prioridades en la dirección de sus necesidades y demandas. Pero sobre todo les pido,/ sentido de futuro, diálogo y confianza/ para mantener latiendo la esperanza,/ que siempre que lucha vence al pesimismo.
Ante nosotros está la noble y difícil tarea de transformar el Derecho y la Justicia/ para asegurar la certeza jurídica que hace posible la convivencia pacífica/ y el desarrollo económico./
Garantizar el respeto a las garantías y libertades que la Constitución y las leyes han conferido a cada quien en esta sociedad es un compromiso.
Mi esfuerzo y mi responsabilidad es honrar la voluntad de gente solidaria y llena de ganas, que merece de nosotros una justicia de calidad, íntegra y equitativa.
Estamos trabajando mucho y muy duro para que sea posible. Con el respaldo de todos los dominicanos de buena fe./
Con probidad y dedicación,/ con sentido de urgencia,/ y rigor metodológico para la eficacia, debemos decir,/ EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA,/ QUE VAMOS A LOGRARLO.
Muchas gracias.
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