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Por Víctor Peña
Desde hace muchos años ha sido tradición de los presidentes en la República Dominicana, por razones obvias que los cambios en los gabinetes se generen los 16 de agosto o en su defecto los 27 de febrero.
Después de la llegada de Danilo Medina al poder las cosas han sido un tanto diferentes y es que el actual mandatario es un presidente atípico y realiza sus cambios gubernamentales en cualquier momento casi siempre antes de llegar las fechas indicadas.
Por lo regular algunos presidentes cuando realizan sus cambios en el tren gubernamental, lo hacen atendiendo sugerencias y recomendaciones de dirigentes partidarios y de uno que otro funcionario de confianza, sin contar que finalmente ellos deciden quién va y quién no.
Pero es un deber de los jefes de Estado curarse en salud, y mandar a investigar cada recomendado, pero además tienen todos los mecanismos de controles de seguridad para eso, de no ser así, se exponen a que se cuele en su gobierno, sin importar si es de su partido o no, cualquier indeseable que le genere desconfianza ante el población.
El presidente Danilo Medina en sus últimos decretos sorprendió a la opinión pública con algunos nombramientos de personas que han estado en la palestra pública y no precisamente por cosas buenas y como era lógico los cuestionamientos no se hicieron esperar.
Con justa razón los diferentes medios se hicieron eco de los casos en que el Poder Ejecutivo designaba a Van Troy Suazo, como viceministro de la Juventud, Andrés Boció Fortuna, nombrado Cónsul General de la República Dominicana en Anse-á-Pitre, Haití y Enrique Martínez, Asesor en desarrollo territorial del Poder Ejecutivo.
Cabe recordar que Van Troy Suazo, está actualmente preso en Baní por violencia doméstica, Andrés Boció Fortuna ya estuvo en un consulado en Haití y fue destituido en el 2007 bajo un escándalo donde lo mínimo que se le imputaba era haber negociado visados irregularmente hacia la República Dominicana, por su lado Enrique Martínez, durante su paso por el CEA, una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas reveló, que había un desfalco por el valor de más de 70 millones de pesos que involucraban su mandato y el de Joaquín Domínguez Peña.
La verdad que estos tres casos en particular, nos dejan un mal sabor de boca y en cualquiera de los escenarios que se haya producido ya sea por recomendaciones o motus propio del presidente Medina, hubo una falta grave, porque personajes con este historial empañan cualquier gobierno, se supone que los funcionarios por nombrar deben pasar un cedazo y lo más penoso es que dentro del Partido de Liberación Dominicana y sus aliados, si se quiere, hay personas probas y con capacidad que nunca han estado en cargos públicos que pueden ocupar estos y otros puestos, sin que se generen este tipo de escándalos que dejen en entre dicho la calidad de funcionarios que nos gastamos.
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