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| Todos los atletas galardonados, acompañados por el comité ejecutivo de UDESA, junto a invitados especiales y patrocinadores |
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| Eulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros |
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| Todos los atletas galardonados, acompañados por el comité ejecutivo de UDESA, junto a invitados especiales y patrocinadores |
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| Eulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros |
Diario Azua / 13 de mayo 2026
Santo Domingo – Con el objetivo de convertir el ingenio tecnológico en una herramienta de justicia social, el Defensor del Pueblo inauguró oficialmente la primera edición del concurso “Hackatón por los Derechos”. Durante 48 horas intensivas, estudiantes de secundaria y universitarios de todo el país se enfrentarán al reto de diseñar soluciones digitales y sociales que protejan los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El acto, liderado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, marca un hito en la apertura del órgano constitucional hacia las nuevas generaciones. Según Ulloa, esta jornada no es solo una competencia, sino un espacio de "innovación pública responsable" donde los jóvenes de entre 16 y 25 años transforman sus ideas en aplicaciones, bots y plataformas de alto impacto social.
El evento, que se celebra los días 12 y 13 de mayo, funciona como un laboratorio de ideas donde equipos multidisciplinarios reciben mentoría especializada. Los participantes trabajan en:
Creación de aplicaciones y plataformas digitales.
Desarrollo de modelos de intervención comunitaria.
Diseño de herramientas para fortalecer el diálogo institucional.
“Buscamos soluciones tangibles que mejoren la calidad de vida de los dominicanos, utilizando la tecnología y el pensamiento crítico como motores de cambio”, destacó Ulloa durante la apertura.
Para motivar la excelencia, el Defensor del Pueblo, junto a patrocinadores como INDOTEL, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de la Juventud y Fundación Rica, han dispuesto atractivos premios:
1er Lugar: Beca académica y RD$300,000 en capital semilla.
2do Lugar: RD$150,000 en capital semilla.3er Lugar: Tablets para cada integrante del equipo.
Además de los premios económicos, los participantes acceden a paneles, talleres y conferencias, consolidando una red de liderazgo juvenil enfocada en la promoción de la ciudadanía activa y el respeto a la dignidad humana.
SANTO DOMINGO ESTE – Los residentes del Ensanche La Isabelita han dicho "basta". Lo que debería ser un pulmón verde y un espacio de tránsito digno en la Avenida Iberoamericana se ha transformado en un foco de infección que amenaza con dañar permanentemente la salud del sector y el entorno ecológico.
La comunidad hace un llamado directo y enérgico al alcalde Dio Astacio: ¿Qué está pasando con la gestión de residuos en nuestra demarcación? Lo que inició como una acumulación por deficiencias en la recogida, hoy parece un "transfer" improvisado que está devorando el área verde de la zona.
La proliferación de ratas, mosquitos y el hedor insoportable han convertido la vida de los vecinos en un calvario. El cúmulo descontrolado de desechos sólidos no solo afea la entrada al sector, sino que pone en riesgo extremo a los niños y envejecientes, quienes son los más vulnerables ante el brote de enfermedades.
Los moradores de La Isabelita exigen respuestas concretas y no más promesas:
Intervención Inmediata: ¿Por qué se permite que un área verde sea utilizada como depósito de escombros y residuos comerciales masivos?
Saneamiento Urgente: Se requiere un operativo de desinfección total para erradicar las plagas que ya invaden las viviendas cercanas.
Vigilancia y Sanciones: Es necesario que la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) implemente vigilancia para detener a quienes utilizan este espacio como vertedero ilegal.
Alcalde Astacio, la comunidad de La Isabelita espera que su gestión demuestre con hechos el compromiso con la salud pública y el rescate de los espacios públicos que prometió durante su campaña. ¡No permitan que dañen nuestra salud y nuestro entorno!
Diario Azua / 13 de mayo 2026
Santo Domingo – No es solo diplomacia; es una transacción millonaria. Un reciente informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, titulado "At What Cost", ha puesto al descubierto los incentivos económicos y políticos que Washington ofrece a naciones terceras para que se conviertan en receptores de migrantes deportados.
Desde febrero de 2025, bajo la administración de Donald Trump, la estrategia de enviar extranjeros a países que no son los suyos se ha sistematizado. A cambio, los gobiernos receptores acceden a beneficios que van desde cheques millonarios hasta la flexibilización de visados para sus propios ciudadanos.
El informe revela cifras contundentes: Washington ha desembolsado más de 40 millones de dólares en este esquema.
US$32.3 millones han sido transferidos directamente a gobiernos extranjeros.
US$7.2 millones se han destinado exclusivamente a la logística de los vuelos de expulsión.
Países como El Salvador, Paraguay, Costa Rica y Guinea Ecuatorial ya forman parte de esta red de acuerdos, cuyos términos, en su mayoría, se mantienen bajo estricta confidencialidad.
¿Por qué un país aceptaría a nacionales de otras tierras? Los beneficios documentados incluyen:
Transferencias de efectivo: Pagos directos para la gestión de los centros de recepción.
Tratos preferenciales en visas: Facilidades para que los nacionales del país receptor viajen a EE. UU. (un ejemplo reciente en RD es el acceso al programa Global Entry).
Apoyo en organismos internacionales: Respaldo diplomático en foros como la ONU.
Mientras los gobiernos firman memorandos, las organizaciones de derechos humanos lanzan señales de alerta. El informe del Senado documenta casos alarmantes, como el de 250 venezolanos enviados a prisiones de máxima seguridad en El Salvador.
Los riesgos críticos identificados son:
Deportaciones "ciegas": Migrantes que no saben a qué país son enviados hasta que el avión aterriza.
Desamparo legal: Una vez que el migrante toca suelo en el tercer país, EE. UU. se desliga de cualquier responsabilidad legal.
Devolución en cadena: El peligro de que el país receptor vuelva a deportar a la persona hacia naciones donde su vida corre peligro, violando leyes internacionales de refugio.
En este contexto, la República Dominicana ha firmado recientemente su propio acuerdo para acoger a un "número limitado" de extranjeros, bajo la promesa de que se respetará la soberanía nacional y se excluirá a ciudadanos haitianos y menores no acompañados. Sin embargo, el contenido íntegro del documento aún no ha sido de dominio público, manteniendo la tendencia de opacidad que el Senado estadounidense critica en su reporte.
Diario Azua / 13 de mayo 2026
Santo Domingo – Ante la creciente ola de dudas y críticas de diversos sectores sociales, el canciller Roberto Álvarez salió al frente para desglosar la letra pequeña del nuevo memorando de entendimiento con los Estados Unidos. Bajo la sombrilla de la iniciativa "Escudo de las Américas", el país servirá de puente y no de destino final para extranjeros deportados.
Aquí te presentamos los puntos fundamentales para entender qué cambió y qué no en la política migratoria dominicana:
El acuerdo es tajante: quedan excluidos los ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados y cualquier persona con antecedentes penales.
A diferencia de otros acuerdos internacionales, República Dominicana no procesará asilos ni refugios. El país funciona exclusivamente como una escala técnica de tránsito.
Los deportados no se quedarán a vivir ni a esperar juicios. Su permanencia se cuenta en "cuestión de días" antes de ser enviados a sus países de origen.
Toda la logística, desde el alojamiento temporal hasta los tickets de avión para la repatriación final, será costeada íntegramente por el Gobierno de los Estados Unidos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) supervisará que el proceso de tránsito se realice bajo estándares humanitarios y de eficiencia.
Ningún extranjero entrará al país sin la autorización previa y expresa de las autoridades dominicanas. El control fronterizo sigue siendo potestad exclusiva del Estado.
Estas personas no entran al sistema migratorio ordinario; no podrán solicitar regularización ni estatus de residente en suelo dominicano.
El memorando no es vinculante jurídicamente y tiene una vigencia inicial de un año. Si el Gobierno dominicano considera que no conviene, puede cancelarlo de forma unilateral en cualquier momento.
El canciller recordó que esta cooperación es parte de una alianza estratégica. Gracias a este acercamiento, RD logró apoyo en la ONU para la fuerza contra pandillas en Haití y el ingreso al exclusivo programa Global Entry.
"La política exterior no se guía por consignas emocionales", sentenció Álvarez, defendiendo el acuerdo como una herramienta de cooperación digna que trae beneficios concretos al país en materia de seguridad y facilitación de viajes.
Diario Azua / 13 de mayo 2026
Santo Domingo – En un movimiento estratégico para blindar el espacio aéreo nacional, el Gobierno dominicano anunció este miércoles la prórroga de la autorización que permite a aeronaves y personal militar de los Estados Unidos operar en aeropuertos estratégicos del país.
La medida, que entró en vigor el pasado 1 de mayo y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026, forma parte de la iniciativa de seguridad “Escudo de las Américas”. Según explicó el canciller Roberto Álvarez, el objetivo central es potenciar la vigilancia, la interdicción de narcóticos y la respuesta rápida frente a las amenazas del crimen organizado en la región.
Las operaciones estadounidenses se concentrarán en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro. Las autoridades enfatizaron que todas las actividades se realizarán bajo la estricta coordinación de los organismos de seguridad dominicanos, garantizando el respeto a la soberanía nacional.
Además de la vigilancia aérea, el acuerdo incluye:
Modernización tecnológica: Implementación de sistemas biométricos en puntos de entrada.
Capacitación: Entrenamiento especializado para personal dominicano en tácticas de seguridad aeroportuaria.
Cooperación Migratoria: Un mecanismo para facilitar el retorno de nacionales de terceros países deportados desde EE. UU. (excluyendo a ciudadanos haitianos).
En el marco de estos acuerdos, la República Dominicana reafirmó su postura internacional al designar oficialmente a Hezbolá y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organizaciones terroristas, alineándose con las resoluciones de seguridad global.
Con esta extensión, el país busca no solo mejorar la seguridad interna, sino también fortalecer su competitividad y la confianza del sector turístico al proyectarse como un destino seguro y tecnológicamente avanzado.
Diario Azua / 13 de mayo 2026
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