Por Ramón Mercedes / Diario Azua

Nueva York / 12 agosto 2026.-

“La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, y el congresista Ritchie Torres (NY-15) anunciaron este lunes una inversión estatal de casi 10 millones de dólares para construir y equipar un laboratorio de cateterismo cardíaco en el Hospital Lincoln, cerrando así la brecha de financiación que el legislador había señalado y por la cual había abogado ante el estado.

Esta inversión es fundamental para promover la equidad en salud en el sur del Bronx, una zona que históricamente ha enfrentado un acceso limitado a atención cardíaca especializada.

El Hospital Lincoln opera la sala de emergencias más concurrida en NYC y la tercera más concurrida del país; sin embargo, no cuenta con un laboratorio de cateterismo cardíaco ni con la capacidad para realizar intervenciones coronarias percutáneas.

Por ello, los pacientes con infarto agudo de miocardio deben ser estabilizados y trasladados a otros hospitales, lo que incrementa el riesgo de muerte o daño permanente.

La gobernadora Hochul afirmó que “todos los neoyorquinos merecen tener acceso a la atención médica vital que necesitan, cuando y donde la necesitan”, y destacó que esta inversión fue posible gracias al esfuerzo de los profesionales de la salud del hospital y de los representantes electos del Bronx.

El congresista Torres señaló que el sur del Bronx ha esperado demasiado tiempo por la atención cardíaca que merece, y celebró que finalmente se cubriera la brecha de 9 millones de dólares para hacer justicia sanitaria en la comunidad.

Mientras, Cristina Contreras, directora ejecutiva del Centro Médico Lincoln, dijo: “Esta financiación representa un logro histórico para el Hospital y los residentes del sur de El Bronx.

Agradecemos a la gobernadora Hochul, al congresista Torres y a todos nuestros funcionarios electos a nivel federal, estatal y local que colaboraron para que esto fuera posible. El Laboratorio permitirá mantener la atención médica de alta calidad a nivel local, algo fundamental cuando alguien sufre un infarto, ya que cada segundo cuenta”, subrayó Contreras.

Por Ramón Mercedes / Diario Azua

Nueva York / 12 agosto 2026.-

Ante la eliminación del programa temporal de subsidios de 9.800 millones de dólares para los planes independientes de medicamentos de la Parte D de Medicare -que entrará en vigor el 1 de enero de 2027-, el experto en seguros de salud Jaime Vargas exhorta a los dominicanos a visitar su oficina para recibir orientación gratuita, en el Alto Manhattan.

Entre los afectados, añadió Vargas, figuran miles de dominicanos.

La Parte D de Medicare ayuda a cubrir el costo de medicamentos recetados, tanto de marca como genéricos, y está disponible para todos los beneficiarios a través de aseguradoras privadas aprobadas.

Según la organización especializada en políticas de salud KFF, algunos beneficiarios podrían enfrentar aumentos de hasta 20 dólares mensuales en sus primas.

También continúan las renovaciones de Medicaid, y algunos adultos de 19 a 64 años deberán ajustarse a nuevos periodos de renovación según las directrices estatales del mercado de salud.

En NY, se han aplicado medidas para simplificar y ampliar la inscripción automática en el Programa de Ahorro de Medicare, utilizando datos de personas que ya reciben ayudas por bajos ingresos, precisó Vargas.

La gobernadora Kathy Hochul criticó duramente los recortes impulsados por el presidente Donald Trump, asegurando que incrementarán los costos de medicamentos recetados para 1.3 millones de adultos mayores neoyorquinos.

Para consultas y asesoría gratuita, los interesados pueden acudir a la oficina de Vargas en el 1286 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 174 y 175, en el Alto Manhattan, o llamar al 212-923-4343. Vargas destaca que lleva más de cuatro décadas atendiendo en esa misma dirección.

Por Ramón Mercedes / Diario Azua

Nueva York / 12 agosto 2026.-

La Policía de esta ciudad ha incautado este año 3259 armas de fuego de distintos calibres en las calles de los cinco condados.

Brooklyn encabeza la lista con 915 armas desde enero, seguido de El Bronx con 782. Asimismo, 764 en Manhattan, 605 en Queens y 193 en Staten Island. De las armas recuperadas 199 eran armas fantasmas, sin número de serie que pueden ser difíciles de rastrear para las fuerzas del orden.

El anuncio se produce cuando el NYPD informa de mínimos históricos en la violencia armada durante los primeros siete meses del presente año. Entre enero y julio, la policía registró 381 incidentes con armas de fuego, un 7,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

El número de víctimas de disparos disminuyó un 5,5 %, mientras que los homicidios cayeron casi un 23 %, pasando de 193 el año pasado a 149 este año. La disminución fue aún mayor en los complejos de viviendas públicas de la ciudad.

La Policía afirma que los incidentes con armas de fuego en esas zonas han disminuido en más del 33 %, mientras que las víctimas de disparos han bajado un 35 % y los homicidios un 45 %, sostienen las autoridades.

La comisionada de policía Jessica Tisch afirma que los esfuerzos del departamento por retirar las armas ilegales de las calles, combatir la actividad de las pandillas y desplegar agentes en zonas que sufren violencia han contribuido a la disminución de los delitos.

Afirma haber llevado a cabo 25 detenciones relacionadas con pandillas en lo que va del año. El Plan de Reducción de la Violencia de Verano del departamento también ha desplegado hasta 3.800 agentes cada noche en 72 zonas designadas, incluidas áreas de viviendas públicas y el sistema de metro.

Trajano Potentini expresa preocupación por expedientes que superan ampliamente la duración máxima prevista para el proceso penal y sostiene que el ejercicio legítimo de recursos por parte de los abogados no puede ser calificado automáticamente como táctica dilatoria

Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 12 agosto 2026.-

El Colegio de Abogados de la República Dominicana expresó su profunda preocupación ante lo que considera una creciente inobservancia de las garantías vinculadas al debido proceso de ley, particularmente en lo relativo a la duración razonable de los procesos penales y a la aplicación de los criterios que regulan la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo establecido para la tramitación de los casos.

Trajano Potentini al ser entrevistado en el programa Despierta RD que se transmite de lunes a viernes entre 6:00 y 8:00 de la mañana por Telecentro canal 13, de Grupo Telemicro, por los periodistas Gilbert Guzmán, Yudelki Guerrero y Yicet Bueno, advirtió que en la administración de justicia penal dominicana se ha venido generalizando una práctica preocupante mediante la cual determinados procesos permanecen abiertos durante períodos considerablemente superiores a los límites previstos por el ordenamiento jurídico, llegando incluso a extenderse por cinco años o más, sin que en algunos casos se haya superado siquiera la primera instancia, caso concreto del Exprocurador General de la República Jean Alain Rodríguez, quien cuenta con un voluminoso e inmanejable expediente que indefectiblemente nunca podrá ser conocido sin que se viole la duración máxima del proceso, ello así por las razones que exponemos a continuación:

Primero: La lectura de la acusación de 12.274 páginas, llevaría como se ha podido evidenciar para su incorporación por, incluso mandatorio por la norma semanas y semanas en un tribunal solo dedicado a ello.

Segundo: Todos los imputados tendrían en función de la norma, la posibilidad de acreditar un máximo de 3 abogados para su defensa, eso sin considerar asistentes y otro personal de apoyo, pero si sumamos 63 imputados, por 3 abogados cada uno, tendríamos solo de la defensa principal, 189 defensores, los cuales no cabrían en ningún estrado, amén de las dificultades en tiempo para su participación.

Tercero: Más de 3.500 pretensiones probatorias, solo del Ministerio Público, habilitando a cada imputado, para que, en relación a las pruebas de su imputación particular, estos puedan producir igual cantidad de pruebas, arrojando números desproporcionados e inmanejables.

Cuarto: En Igual sentido por el tema de un principio rector de la constitución y en particular del Código Procesal Penal, la igualdad de armas que postula, que los imputados también en relación a los 400 testigos propuestos por el Ministerio Público, tendrían la garantía de proponer igual cantidad de testigos por imputado, en aquellos testimonios que vayan dirigidos a ellos, también números inmanejables, de más de 25 o 30 mil testigos en teoría.

Quinto: Los testigos no podrían el día que le corresponda, estar dentro de la sala de audiencia, hasta tanto no le toque su turno, de ahí que el Poder Judicial debería irse preparando para habilitar los espacios y logística que pueda albergar tal cantidad de personas y abogados, además de que esto no entorpezca las labores cotidianas del Poder Judicial en la administración de justicia en detrimento de muchos imputados.

A juicio de Potentini, esta situación debe generar una seria reflexión dentro de todo el sistema de justicia, debido a que la prolongación indefinida de los procesos puede comprometer principios esenciales del Estado de derecho, entre ellos la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho de toda persona sometida a un proceso penal a obtener una decisión dentro de un plazo razonable. Señaló que el problema adquiere mayor dimensión cuando expedientes sometidos a la jurisdicción penal permanecen durante años sin alcanzar una sentencia definitiva, generando una especie de judicialización permanente de las personas involucradas.

El representante del gremio jurídico manifestó preocupación por la tendencia a atribuir al ejercicio de recursos, incidentes y mecanismos procesales contemplados por la legislación una supuesta intención dilatoria, particularmente cuando posteriormente esas actuaciones son utilizadas para justificar la prolongación del proceso. De ahí que suscribimos las declaraciones del Dr. Carlos Balcacer quien entiende que interpretar de manera extensiva las actuaciones defensivas como mecanismos destinados a retrasar los procesos podría producir consecuencias negativas sobre el ejercicio de la abogacía y generar un efecto inhibidor sobre los profesionales del derecho, quienes tienen el deber de utilizar los medios legales disponibles para proteger los derechos e intereses de sus representados.

En ese orden de ideas el CARD entiende que debe establecerse una diferenciación clara entre una actuación manifiestamente abusiva destinada exclusivamente a obstaculizar un procedimiento y el ejercicio legítimo de las herramientas que el ordenamiento jurídico coloca a disposición de las partes para salvaguardar sus derechos. En esas atenciones, sostuvo que la interposición de recursos, excepciones, incidentes o cualquier otra actuación prevista dentro del sistema procesal no puede ser convertida, por sí sola, en una presunción de comportamiento dilatorio.

Potentini lamentó como lo había expresado en otras oportunidades, incluso favorable para las partes envueltas, el que este emblemático caso se llevará hasta las últimas consecuencias, situación que se hace poco probable, por los escollos procesales que hemos identificados y que sin lugar a duda no auguran otro camino, ahora o más tarde, que no sea la extinción de la acción penal, por el vencimiento del plazo razonable para la persecución y judicialización.

En ese contexto, explicó que una persecución penal eficaz no necesariamente debe medirse por la cantidad de páginas que contenga un expediente, por el número de testigos propuestos o por el volumen de las pruebas presentadas. Por el contrario, sostuvo que uno de los desafíos de una administración de justicia moderna consiste en lograr procesos eficientes, manejables y compatibles simultáneamente con la obligación del Estado de perseguir las infracciones y con el deber de respetar las garantías fundamentales de todas las partes.

Indicó que los órganos encargados de la persecución penal deben ponderar desde la etapa de investigación la viabilidad procesal de las acusaciones que serán sometidas a los tribunales, de manera que estas puedan ser conocidas de forma efectiva y dentro de parámetros temporales razonables.

Finalmente, Potentini también abordó en su participación en Despierta RD, la implementación del Nuevo Código Penal, el auto aumento ilegal del salario de los miembros del Consejo del Poder Judicial, además de la trascendencia que supone la evaluación y escogencia y renovación de La Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Erik Alma, Gisselle Valera, Vivian Peña-Izquierdo, Meiny González, Prashant Hemady, Malachai Hernández, Alexis Siles, Paulette Ricart, Melissa Hernández, Welvis Beltrán y Stanley Greidinger.

Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 12 agosto 2026.-

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), a través de su Comité de Tecnología e Innovación (CTI), y en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, realizó la primera edición de Young Innovators, un encuentro concebido para fortalecer los vínculos entre el ecosistema emprendedor y el sector empresarial, promoviendo conexiones que permitan a nuevas empresas acceder a conocimiento, mercados, aliados y oportunidades para crecer, escalar y competir tanto a nivel local como internacional.

La apertura estuvo a cargo de Meiny González, presidenta del Comité de Tecnología e Innovación de AMCHAMDR, quien destacó la visión de Young Innovators como una plataforma para acercar al emprendedor dominicano con el empresariado, el Gobierno, inversionistas, mentores y otros actores del ecosistema, contribuyendo a crear las condiciones para que las ideas innovadoras puedan convertirse en empresas capaces de crecer, exportar y transformar sus mercados.

González resaltó que esta iniciativa da continuidad al trabajo que AMCHAMDR ha desarrollado durante los últimos años en favor del emprendimiento, incluyendo pitch competitions, la participación de emprendimientos dominicanos en eMerge Americas, el lanzamiento del Mapa del Ecosistema Emprendedor Dominicano y su vinculación con la Red Nacional de Emprendimiento.

El encuentro contó con la participación de Prashant Hemady, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, quien ofreció unas palabras de bienvenida y tuvo a su cargo la presentación del orador principal de la jornada.

La conferencia central, titulada “U.S. Best Practices on Innovation and IP Protection”, estuvo a cargo de Malachi Hernández, fundador de Ipelint, quien abordó el papel de la propiedad intelectual como herramienta para transformar la innovación en valor competitivo, comercial y escalable. Durante su presentación, Hernández explicó las distintas formas de protección de los activos intangibles —incluyendo patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales— y destacó la importancia de incorporar una estrategia de propiedad intelectual desde las primeras etapas de desarrollo de una innovación.

Hernandez planteó que la protección de la propiedad intelectual no debe entenderse únicamente como una defensa legal, sino como parte de un ciclo que permite a las empresas innovar y proteger, capturar mercado, reinvertir capital y desarrollar nuevas generaciones de productos y soluciones. Asimismo, presentó elementos del sistema estadounidense de propiedad intelectual y de los mecanismos internacionales disponibles para proteger innovaciones en distintos mercados.

Dirigiéndose especialmente a jóvenes innovadores y emprendedores, Hernández enfatizó la importancia de investigar el mercado desde las etapas iniciales, validar continuamente las soluciones con clientes reales, integrarse activamente a los ecosistemas empresariales y construir estrategias de propiedad intelectual que evolucionen junto con el negocio. Su presentación destacó además la relación entre activos de propiedad intelectual sólidos, capacidad de atraer inversión y construcción de valor empresarial a largo plazo.

Uno de los momentos centrales de Young Innovators fue el panel “Construyendo puentes: ¿Cómo empresas y startups innovan juntas?”, con la participación de Welvis Beltrán Matos, arquitecto empresarial de Grupo Ramos, y Alexis Siles, fundador y CEO de Snap Compliance, bajo la moderación de Melissa Hernández, líder de la Comisión de Emprendimiento del Comité de Tecnología e Innovación de AMCHAMDR.

La conversación permitió contrastar las perspectivas de una empresa consolidada y una startup sobre los desafíos y oportunidades de la innovación abierta. Los panelistas abordaron cómo las organizaciones pueden identificar retos susceptibles de ser resueltos junto al ecosistema emprendedor; las condiciones necesarias para generar confianza entre corporativos y startups; la gestión del riesgo al experimentar con nuevas soluciones; y la evolución de estas relaciones desde un vínculo tradicional cliente-proveedor hacia alianzas capaces de generar nuevas capacidades, tecnología, propiedad intelectual y oportunidades de negocio. El panel también puso énfasis en la posibilidad de convertir problemas empresariales locales en soluciones escalables.

Como parte de la jornada, Vivian Peña Izquierdo, pasada presidenta del Comité de Tecnología e Innovación de AMCHAMDR, realizó la presentación de una nueva categoría de afiliación a la membrecía de la Cámara, dedicada a startups, como parte de los esfuerzos dirigidos a continuar acercando el ecosistema emprendedor a la Cámara. Finalmente, Paulette Ricart, vicepresidenta del Comité de Tecnología e Innovación, tuvo a su cargo las palabras de cierre del encuentro, destacando el compromiso de la Cámara con contribuir a una República Dominicana capaz no solo de adoptar innovación, sino también de crearla, protegerla, escalarla y exportarla.

Este encuentro fue posible gracias al apoyo del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, INICIA, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice Dominicana, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro Dominicana, Banco Santa Cruz y Cervecería Nacional Dominicana. Además, agradecemos a nuestros patrocinadores: Dave and Busters, Banco Popular, Banreservas, Banco BHD, Visa, Universal, Seguros Reservas, Barrick, Scotiabank, Hub de Innovación, ADOFINTECH y Wako.

Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 12 agosto 2026.-

El periodista Iván Féliz denunció este lunes que el conductor de un carro impactó su yipeta provocando un accidente múltiple en el elevado de la avenida John F. Kennedy sobre la Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, y escapó del lugar para evitar sus responsabilidades.

El comunicador, que labora en Grupo de Medios Telemicro, explicó que el conductor del carro marca Ford Focus, placa A 822620, viajaba a alta velocidad la mañana del pasado jueves en dirección Oeste Este, cuando descendía por el elevado próximo Distribuidora Corripio, y al encontrarse con la yipeta del periodista frenó abruptamente recorriendo varios metros y lo impactó en la parte trasera, y a su vez el comunicador colisionó con un camión de una empresa privada que le quedaba delante.

Explicó que el irresponsable conductor, quien vestía franela, pantalón y chancletas, aprovechando la buena voluntad del periodista pidió que se orillaran, momento que aprovechó para escapar rápidamente, pero ya el periodista había tomado imágenes del hecho.

Tras el accidente múltiple, Iván Féliz acudió a realizar su reporte al Centro del Automovilista, y se espera que aparezca el hombre que provocó el desastre, dejando grandes pérdidas al vehículo del trabajador de la prensa y del camión.

Diario Azua / 11 de agosto 2026

El dirigente provincial en Barahona afirmó que la elección de Luis Abinader, Gloria Reyes y Juan Garrigó fortalece la estructura institucional de la organización política.

BARAHONA — El presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edgar Augusto Féliz Arbona, sostuvo que la organización oficialista sale plenamente fortalecida luego de la reciente conformación de sus nuevas autoridades nacionales, destacando el clima de consenso, madurez y disciplina que rodeó la jornada partidaria.

Féliz Arbona valoró la designación del presidente Luis Abinader al frente del PRM, así como las incorporaciones de Gloria Reyes, en la Secretaría Nacional de Organización, y de Juan Garrigó, en la Secretaría General.

A juicio del dirigente sureño, la composición del nuevo cuadro directivo responde a una fórmula equilibrada que conjuga trayectoria, juventud, capacidad técnica y compromiso social.

"Lo más importante es que hemos demostrado que podemos avanzar unidos. La nueva dirección combina trayectoria y experiencia con juventud, capacidad y entrega, elementos indispensables para seguir fortaleciendo nuestro partido”, expresó Féliz Arbona.

Consolidación y retos de la militancia

El representante oficialista en Barahona enfatizó que la armonía exhibida en el proceso demuestra la madurez democrática alcanzada por la entidad. Asimismo, planteó que la nueva cúpula directiva asume la meta de dinamizar las bases, consolidar la estructura organizativa y mantener una línea de proximidad con la sociedad civil.

Féliz Arbona concluyó felicitando formalmente a las autoridades electas y ratificó su compromiso de seguir impulsando la unidad interna y el trabajo político desde la provincia de Barahona.

Imagen ilustrativa de un hombre mientras es extraditado. 

Diario Azua / 11 de agosto 2026

Mediante el Decreto 543-26, el Gobierno dominicano autorizó la entrega de Mario Juan García, quien es requerido por la justicia del Estado de Connecticut.

SANTO DOMINGO — El Gobierno dominicano, a través del Poder Ejecutivo, autorizó la extradición a los Estados Unidos del ciudadano dominicano Mario Juan García, atendiendo a una solicitud formal formulada por la justicia del Estado de Connecticut por graves acusaciones vinculadas a delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 543-26, promulgado este lunes 10 de agosto. La disposición responde a la solicitud fundamentada en el expediente policial presentado en julio de 2025 ante el Tribunal Superior del referido estado estadounidense.

Cargos y marco de cooperación

De acuerdo con la orden ejecutiva, García deberá hacer frente en territorio norteamericano a cargos por agresión sexual en segundo grado, poner en riesgo la integridad de un menor y promover la participación de menores en representaciones de carácter obsceno.

Con la emisión de este decreto, los organismos de seguridad locales procederán con el trámite de entrega correspondiente a los agentes federales estadounidenses. La acción se enmarca dentro de los convenios bilaterales de cooperación judicial y asistencia mutua vigentes entre República Dominicana y los Estados Unidos para el combate del crimen transnacional.

María Gerinelda Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Luis Henry Molina Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, jueces de la Suprema Corte de Justicia que declinaron ser evaluados por el CNM. (CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL)

Diario Azua / 11 de agosot 2026

La declinación de Luis Henry Molina y otros tres magistrados para someterse a la revisión de su desempeño expone las debilidades metodológicas de un sistema que carece de puntuaciones objetivas.

SANTO DOMINGO — El proceso de evaluación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) vuelve a quedar en el centro del debate institucional tras la renuncia simultánea de cuatro de sus integrantes a someterse al examen del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Entre los magistrados que decidieron no optar por un nuevo período figuran el presidente del alto tribunal, Luis Henry Molina Ramírez, junto a Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia. Aunque ninguno argumentó públicamente inconformidad con el proceso y se acogieron al marco normativo vigente, la coincidencia de las salidas reabre las interrogantes sobre los vacíos del sistema de medición judicial.

El peso del antecedente de 2025

El escenario actual evoca las sombras del proceso evaluativo de 2025, el cual concluyó con la salida de los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. En aquella ocasión, decisiones clave terminaron definiéndose mediante el voto calificado del presidente Luis Abinader tras empates cuatro a cuatro dentro del CNM.

Dichos antecedentes dejaron al descubierto la brecha entre los informes técnicos favorables y los veredictos finales, evidenciando cómo criterios subjetivos como la cercanía a la edad de retiro o interpretaciones de gestión se impusieron sobre la reducción real de la mora judicial.

¿Evaluación técnica o apreciación política?

Si bien la Constitución (Art. 181), la Ley Orgánica 138-11 y el Reglamento 2-25 establecen un abanico de criterios como integridad, producción de sentencias, eficiencia e independencia, el sistema carece de una matriz pública de puntuación.

Esta ausencia de métricas objetivas genera un amplio margen de discrecionalidad en un órgano de naturaleza predominantemente política, donde la mayoría oficialista ejerce un peso determinante y varios de sus integrantes no poseen formación jurídica.

Sectores jurídicos y de la sociedad civil advierten que, al no haber una escala clara que conecte los datos estadísticos con el resultado final, la evaluación corre el riesgo de desnaturalizarse y convertirse en un nuevo proceso de selección política, comprometiendo así la garantía de independencia del Poder Judicial.