Pedro Urrutia, director de la DGII, durante un conversatorio organizado por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC). (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 20 de mayo 2026

Santo Domingo, RD.– Los días de consumir contenido o alquilar hospedajes digitales libres de impuestos locales están llegando a su fin en la República Dominicana. El director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, confirmó que la institución presentará en un plazo de 60 días una propuesta formal para gravar con un 18 % de ITBIS a las plataformas digitales que operan en el país, tales como Netflix, Airbnb y Facebook.

Durante su participación en un conversatorio de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Urrutia adelantó que los gigantes tecnológicos se han mostrado receptivos ante la medida. "Todos los servicios digitales estarán capturados", enfatizó el funcionario, quien defendió la potestad del fisco para exigir este tributo basándose en el Código Tributario actual, aunque no descartó impulsar legislación adicional si fuera necesario para blindar el proceso.

Un viejo intento que busca concretarse

La intención del Estado dominicano de recaudar fondos a través de los servicios digitales extranjeros data de al menos el año 2022. Aunque a inicios de 2025 se emitió el decreto 30-25 para regular la aplicación de este impuesto, el Gobierno central decidió recular y derogar la normativa poco tiempo después. No obstante, las autoridades actuales critican la postura de ciertas multinacionales que asumen que el territorio dominicano es el único exento de estas obligaciones fiscales.

Hacia un sistema fiscal menos "atosigante"

Más allá del anuncio sobre la economía digital, el titular de la DGII reconoció públicamente los niveles de complejidad que enfrentan los contribuyentes para cumplir con el fisco dominicano. En ese sentido, prometió que su administración buscará simplificar la burocracia, poniendo especial atención en una reforma integral al Régimen Simplificado de Tributación (RST).

"No queremos destruir a nadie ni establecer reglas de juego imposibles de cumplir. No quiero saber de inspectores que estén atosigando a empresarios o que estén inventando cosas", puntualizó Urrutia, abogando por un enfoque institucional basado en el acompañamiento y no en la persecución del sector comercial.

Diario Azua / 20 de mayo 2026

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Los latinos en territorio estadounidense representan la quinta economía del mundo, solo superada por Estados Unidos, Japón, Alemania y China, en términos de poder adquisitivo global, según el estudio anual del PIB latino en EE.UU., el cual mide el gigantesco poder adquisitivo, consumo, inversión y aportes de los latinos a la economía estadounidense.

“Su crecimiento económico sigue siendo impresionante”, afirma el estudio, que destaca que su producción total alcanzó 4.1 billones de dólares en 2023, frente a 3.7 billones del año previo, datos dados a conocer recientemente.

Este notable aporte económico se sostiene principalmente en una ética de trabajo superior al promedio, un índice de empleo más alto y en su condición de población joven y en constante expansión dentro de la fuerza laboral estadounidense.

Miles de dominicanos, entre otras etnias, son propietarios de diversas empresas en EE.UU. que aportan cientos de miles de millones de dólares a la economía del país.

Con cerca de 68 millones de personas, los latinos representan el 19,5 % de la población de EE. UU., pero son responsables del 30 % del crecimiento total del PIB del país. Estados clave concentran la mayor parte de este PIB, destacándose California, Texas, Florida y Nueva York.

Según los expertos, el crecimiento y la influencia de la comunidad latina generan cambios en las decisiones de progreso y desarrollo económico, que algunos sectores perciben como una amenaza.

Los estudios no solo confirman su relevancia económica, sino que también abren la puerta a una reflexión sobre cómo este grupo demográfico puede influir en negocios, inversión y políticas nacionales en los próximos años.

Los informes también señalan que los latinos necesitan más educación financiera, mejor acceso a préstamos y mayores protecciones gubernamentales para evitar la discriminación económica y los fraudes.

Diario Azua / 20 de mayo 2026

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Profesionales dominicanos del área de la ingeniería y la construcción, residentes en esta ciudad, expresaron su respaldo a los reclamos formulados por el ingeniero Miguel Liberato, portavoz del Comité Institucional Codiano (CIC), para que el Gobierno dominicano agilice la conformación de la Comisión de Validación, Depuración y Pago, creada mediante la recién promulgada Ley 16-26.

Los profesionales sostienen que la promulgación de dicha legislación constituye un paso importante en la búsqueda de una solución institucional y legal a las históricas deudas pendientes del Estado dominicano con decenas de contratistas que ejecutaron obras públicas, muchas de las cuales llevan años prestando servicio a la ciudadanía.

En un documento de prensa, aseguran que resulta indispensable que el Ministerio de Hacienda y Economía impulse, con carácter de urgencia, las gestiones necesarias para formalizar la designación de los demás integrantes de la comisión, a fin de iniciar cuanto antes el proceso de validación, depuración y programación de pago contemplados en la ley.

“Durante décadas, numerosos ingenieros y contratistas han esperado una respuesta del Estado por trabajos ejecutados, supervisados y recibidos oficialmente; por lo que la entrada en vigencia de la Ley 16-26 no debe quedar atrapada en retrasos administrativos”, expresan.

Los firmantes señalaron que siguen con atención, desde el exterior, el proceso iniciado en República Dominicana y reiteraron su solidaridad con los contratistas aglutinados en el Comité Institucional Codiano (CIC), muchos de los cuales llevan años enfrentando dificultades económicas y humanas derivadas de la prolongada demora en los pagos.

Exhortan a las autoridades dominicanas a actuar con sentido de responsabilidad, transparencia y sensibilidad humana, permitiendo que la comisión comience sus labores en el menor tiempo posible.

Precisan que la credibilidad institucional del país también depende de la capacidad del Estado para honrar compromisos derivados de obras públicas legítimamente construidas y utilizadas por la población dominicana.

Entre los ingenieros firmantes figuran Luis González, Alberto Guerra, Jacinto Santos, Manuel Aguilera, Franklin Rosario y las arquitectas María Ramos, Alejandra Montalvo y Renato Ventura, entre otros.

Diario Azua / 20 de mayo 2026

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad en proceso de legalizarse ante Inmigración manifestaron aplaudir la decisión del juez federal del Distrito Sur de NY, Kevin Castel, de prohibir a partir de este martes que agentes del ICE arresten personas que acudan a los edificios en Manhattan en busca de adquirir su residencia ante un juez.

Esto significa que no podrán detener a inmigrantes de manera rutinaria o automática, expresan lleno de alegría los quisqueyanos, que no quisieron identificarse por temor a inconveniente durante sus procesos.

La primavera pasada, agentes federales en NYC y en todo el país comenzaron a detener a inmigrantes en masa después de que salían de las audiencias en los tribunales de inmigración.

Aunque la medida aplica únicamente a las cortes de inmigración ubicadas en el 26 de Federal Plaza, el 290 de Broadway y en el 201 de Varick Street, así como a sus alrededores, el juez subrayó que los agentes federales aún pueden realizar arrestos fuera de estos recintos.

Sostiene el magistrado que sólo se permitirán detenciones cuando una persona represente una amenaza seria para la seguridad pública, exista riesgo de violencia o en una situación extraordinaria debidamente justificada por la ley.

El fallo surge tras una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, la Unión Americana de Libertades Civiles y Make the Road New York. Esta última organización, calificó la decisión como una importante victoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para conocer su reacción ante el fallo judicial y nos respondieron que “Es de sentido común poner bajo custodia a los extranjeros indocumentados una vez concluidos sus procedimientos de expulsión. Y que nada prohíbe detener a quien infringe la ley en el lugar donde se le encuentre".

En el estado de NY, se estima una población indocumentada de entre 1 y 1.2 millones de personas. La inmensa mayoría se concentra dentro de los cinco condados de NYC.

Desde la primavera de 2022, más de 220,000 solicitantes de asilo han llegado a la urbe buscando refugio a través del sistema de albergues de la ciudad. Históricamente, la población indocumentada ha estado compuesta principalmente por personas provenientes de RD, China, Jamaica, México y Ecuador. 

Sin embargo, la ola reciente de llegadas también incluye a un número significativo de migrantes originarios de Venezuela y varios países de África.

Diario Azua / 20 de mayo 2026

Por Janet Báez

Es una costumbre casi arraigada en nuestra cultura colectiva señalar con vehemencia las fallas, la burocracia y los retrasos cuando asistimos a una oficina estatal. Sin embargo, cuando la experiencia es diametralmente opuesta cuando el ciudadano es recibido con dignidad, agilidad y empatía la justicia y la honestidad profesional nos obligan a levantar la voz para reconocerlo.

Recientemente me tocó acudir a la delegación de la Junta Central Electoral (JCE) que opera en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Lo que usualmente se anticipa como una jornada de largas esperas y procesos tediosos, se convirtió en una gratísima sorpresa y en una lección de lo que debe ser la verdadera vocación de servicio.

Desde el primer contacto con el personal, el sello distintivo es evidente: coordinación, cortesía y un profundo sentido humano. No se trata únicamente de que los sistemas tecnológicos funcionen o de que los documentos de identidad y actas del estado civil se entreguen con rapidez; el verdadero valor diferenciador radica en la actitud de quienes atienden.

La gestión de la  encargada de esta sucursal y el compromiso de su equipo de trabajo merecen un aplauso público. Han logrado estructurar un espacio dinámico donde el flujo ordenado de personas reduce significativamente los tiempos de espera, pero, por encima de todo, donde la eficiencia no ha desplazado a la calidez. En un entorno tan concurrido como la periferia universitaria, mantener esos estándares es una labor titánica que denota liderazgo y sensibilidad social.

Este tipo de dependencias dignifican la administración del Estado. Demuestran que los planes de modernización e inclusión que busca proyectar la JCE a nivel nacional no son solo retórica de oficina central, sino una realidad palpable en el día a día del ciudadano común.

Ojalá que el dinamismo y el trato humano de la JCE en la UASD dejen de ser la excepción para convertirse en la norma de toda la estructura pública del país. A la  encargada y a cada uno de sus colaboradores, mi más sincero reconocimiento; su labor diaria no solo facilita trámites, sino que devuelve la confianza en nuestras instituciones.

Hasta el momento, siete de las 12 personas sancionadas por la Orden Ejecutiva del 1 de mayo son militares. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 19 de mayo 2026

La Habana.– La reciente actualización de la lista de sancionados por Estados Unidos ha dejado al descubierto la verdadera radiografía del poder en Cuba. Al colocar a altos mandos militares en el centro de su estrategia de presión, Washington no busca debilitar un aparato de defensa tradicional, sino golpear a la institución que sostiene los hilos políticos y financieros de la isla.

Bajo la Orden Ejecutiva del pasado 1 de mayo, siete de los 12 ciudadanos penalizados son militares de alto rango (incluyendo varios generales), mientras que cuatro de las cinco empresas sancionadas operan bajo el control directo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La medida confirma que, para la Casa Blanca, el uniforme en Cuba es sinónimo de gobierno y negocios.

El factor Raúl Castro y el control político

A sus 94 años y sin cargos oficiales en el Gobierno o el Partido Comunista de Cuba (PCC), el general de Ejército Raúl Castro sigue siendo la figura central del tablero cubano. Los medios estatales lo llaman ahora "líder al frente de la revolución", y su influencia junto a la de su nieto y escolta, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, "Raulito" ha sido clave en los recientes e históricos contactos con Washington.

La presión estadounidense sobre la vieja guardia militar podría escalar a niveles sin precedentes. Medios en EE. UU. especulan sobre una posible acusación formal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización "Hermanos al Rescate", un movimiento que sacudiría los cimientos de la diplomacia bilateral.

Más allá del apellido Castro, la influencia militar es transversal:

Buró Político del PCC: Cuatro de sus 13 miembros son generales.

Gabinete de Ministros: Cinco carteras están en manos de uniformados.

Poder Legislativo: Cinco de los siete militares recién sancionados por EE. UU. ocupan además un escaño como diputados en la Asamblea Nacional.

Gaesa: El gigante corporativo que no rinde cuentas

El verdadero motor de las FAR no son las armas, sino Gaesa. Este opaco conglomerado empresarial, fundado en 1995 y dirigido hasta su muerte en 2022 por el general Luis Alberto López-Calleja (exyerno de Raúl Castro), controla aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba.

Gaesa maneja de forma exclusiva los sectores más lucrativos del país: la totalidad de la infraestructura hotelera, el monopolio de las telecomunicaciones (Etecsa), las tiendas minoristas en divisas, las aduanas, inmobiliarias y la Zona de Desarrollo Especial de Mariel (ZDEM).

A pesar de su colosal tamaño, el conglomerado opera en un secretismo absoluto. Sus oficinas en la Avenida del Puerto de La Habana carecen de letreros institucionales y sus finanzas no se integran al presupuesto del Estado, no reciben auditorías de la Contraloría General y apenas aportan impuestos al erario público.

Aunque estimaciones de la revista The Economist sugieren que el declive del turismo ha mermado sus fondos hasta dejar sus reservas en unos 1,000 millones de dólares, Gaesa sigue siendo el corazón financiero del régimen, convirtiéndose en el blanco prioritario de la estrategia de asfixia económica de los Estados Unidos.

Un agente de ICE participa de un operativo migratorio en EE. UU. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 19 de mayo 2026

Nueva York.– En un abierto desafío a la justicia federal, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron este martes a un joven hondureño de 21 años a su salida del tribunal de inmigración de Manhattan. La detención se ejecutó menos de 24 horas después de que un juez emitiera una orden estricta que prohíbe este tipo de operativos en los juzgados de la ciudad.

El arresto ocurrió en el icónico edificio gubernamental del 26 de Federal Plaza. El día anterior, el juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, había dictaminado que la política del Gobierno federal para justificar los arrestos en las cortes se basaba en una interpretación errónea de sus propias directrices, lo que supuso un giro drástico en los precedentes judiciales de la ciudad.

El arresto en segundos: "Fue impactante"

El joven detenido, identificado únicamente como Alexander y quien carece de antecedentes penales, fue interceptado por agentes de ICE enmascarados justo después de asistir a su audiencia. El activista y sacerdote Fabián Arias, quien presenció la escena, expresó su indignación:

"Les dijimos a las personas que no se preocuparan, que ya no podían detener a más gente. No puedo creerlo, fue cuestión de segundos. Me sorprendió muchísimo".

Benjamin Remy, abogado de la organización New York Assistant Group entidad que asumió la defensa del inmigrante junto al New York Habeas Project de la Universidad de Nueva York, señaló que el actuar de la agencia no los tomó por sorpresa: "Después de casi un año de personas sufriendo por la cruel política de detención y deportación masiva del ICE, este organismo ha demostrado que no piensa detenerse".

¿Una brecha legal en las excepciones?

Aunque la orden del juez Castel es clara, los memorandos internos de ICE vigentes desde 2021 contemplan excepciones muy específicas para realizar arrestos en zonas restringidas, tales como amenazas latentes a la seguridad nacional o preocupaciones extremas de seguridad pública.

Hasta el momento, las autoridades migratorias no han emitido comentarios ni aclarado si el caso de Alexander entra en alguna de estas categorías especiales. Mientras tanto, organizaciones civiles como la Coalición de Inmigración de Nueva York recordaron que "ninguna agencia está por encima de la ley, y el ICE no es la excepción".

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 19 de mayo 2026

Estrasburgo.– En una jornada de alta tensión y tras intensas negociaciones a puerta cerrada, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo provisional para poner en marcha el pacto comercial suscrito con Estados Unidos el verano pasado. La fumata blanca, anunciada en la madrugada de este miércoles por la presidencia chipriota del bloque, desactiva temporalmente la amenaza de una guerra arancelaria.

El pacto busca aplicar de manera inmediata los elementos arancelarios de la Declaración Conjunta del 21 de agosto de 2025. Las discusiones, celebradas en la ciudad francesa de Estrasburgo, se reactivaron a contrarreloj tras un primer intento fallido a principios de mayo, forzando a los negociadores de los 27 países miembros a destrabar el consenso durante la noche.

El factor Trump y el reloj del 4 de julio

Detrás de la prisa europea se encuentra un ultimátum explícito de la Casa Blanca. El presidente estadounidense, Donald Trump, había fijado el próximo 4 de julio fecha en que el país norteamericano conmemora el 250º aniversario de su independencia como el plazo límite para la ratificación total de lo acordado en Turnberry, Escocia.

El mandatario estadounidense argumentaba que Washington ya había cumplido con rapidez sus compromisos, por lo que amenazó a Bruselas con un severo castigo económico: elevar del 15% al 25% los aranceles a los automóviles y camiones de fabricación europea.

Con este consenso preliminar, la UE da un paso crucial para estabilizar la relación trasatlántica y evitar un golpe multimillonario a su industria automotriz, en un movimiento que ahora deberá seguir los canales formales para su ratificación definitiva antes de la fecha límite.

Puente inundado por las lluvias en la provincia de Puerto Plata/Fuente Externa

Diario Azua / 19 de mayo 2026

Santo Domingo, RD.– A raíz del impacto de las torrenciales lluvias provocadas por una vaguada el mes pasado, el Gobierno dominicano ha puesto en marcha 45 "procesos de excepción" que suman un monto total de RD$1,871,446,688.88. Estas licitaciones de emergencia buscan mitigar los severos daños sufridos en infraestructuras, viviendas y agricultura en las provincias declaradas bajo estado de excepción.

La disposición, amparada en el decreto 234-26 emitido por el presidente Luis Abinader el pasado 12 de abril, abarca las demarcaciones de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Según los datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), los fondos se distribuyen entre múltiples instituciones del Estado, algunas de las cuales aún tienen adjudicaciones pendientes para los meses de mayo y junio.

Entre las entidades con mayor volumen de recursos asignados destaca el Servicio Nacional de Salud (SNS), que reporta RD$441.6 millones distribuidos en dos enmiendas destinadas al equipamiento de centros de atención primaria y al mantenimiento correctivo de 33 centros de salud afectados.

Por su parte, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) lidera el proceso individual de mayor costo con una obra de construcción y reconstrucción vial y fluvial valorada en RD$419.6 millones, planificada para ser adjudicada a mediados de junio.

Asimismo, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) gestiona 10 procesos por un total de RD$350.5 millones, enfocados principalmente en la adquisición de insumos para la reparación de viviendas damnificadas. En el ámbito municipal, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha abierto nueve procesos por un valor que supera los RD$214.6 millones, destinados a drenaje pluvial y la reconstrucción de la verja perimetral del cementerio Cristo Redentor.

De acuerdo con las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el estado de emergencia regional se mantendrá vigente y los regímenes especiales de contratación continuarán activos hasta que un nuevo decreto disponga el retorno formal a la normalidad, previo informe de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).