Diario Azua / 2 de mayo 2026
Por Mildred Sena Vittini
Los eventos climáticos recientes en la República Dominicana no solo han sido intensos. Han sido reiterativos. Y lo más relevante no es su magnitud, sino su patrón: ocurren en distintos puntos del territorio, afectan ciudades grandes, medianas y pequeñas, y exponen una misma debilidad.
No es un problema local. Es un problema sistémico.
La evidencia es clara. Independientemente del tamaño de la ciudad o de su ubicación, los impactos tienden a repetirse: inundaciones urbanas, interrupción de servicios, afectación a comunidades vulnerables y respuestas centradas en la emergencia. Cambian los lugares. No cambia la lógica.
Esto no es casualidad.
Es el resultado de una forma de gestionar el riesgo climático que sigue anclada en la reacción, en lugar de la anticipación.
El cambio climático ha modificado profundamente el contexto en el que operan los territorios.
Sin embargo, la planificación y la toma de decisiones continúan basándose, en gran medida, en condiciones históricas. Se asume estabilidad donde ya hay incertidumbre. Se proyecta continuidad donde ya hay transformaciones.
Ese desfase tiene consecuencias.
Desde la perspectiva técnica, el problema no radica únicamente en la exposición climática, que en el caso dominicano es elevada, sino en la limitada capacidad de adaptación para gestionar riesgos de manera anticipada. Esto se traduce en decisiones que no incorporan escenarios futuros, en planes que no se implementan o no se actualizan, y en una débil articulación entre niveles de gobierno.
El resultado es un sistema que responde, pero no previene.
Este patrón plantea una implicación directa: si los impactos se repiten en distintos territorios y bajo condiciones similares, entonces el problema no está en el evento, sino en la forma en que se está gestionando el riesgo.
Y si el problema es estructural, la respuesta no puede seguir siendo reactiva.
Mejorar la capacidad de respuesta es necesario, pero no suficiente. Mientras las decisiones continúen tomándose después del evento, el riesgo permanecerá intacto. La reducción real del riesgo exige intervenir antes de que este se materialice.
Es en este punto donde la anticipación deja de ser una opción y se convierte en una condición para la gestión efectiva del cambio climático.
Aquí es donde la prospectiva adquiere sentido como herramienta de política pública. No se trata de predecir el futuro, sino de incorporar escenarios posibles para gestionar la incertidumbre en la toma de decisiones, permitiendo actuar hoy frente a riesgos que ya son conocidos.
Organismos como el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC por sus siglas en inglés) han señalado de manera consistente que los riesgos climáticos futuros estarán marcados por la acumulación de impactos y por la interacción entre múltiples factores. Esto implica que los eventos no solo serán más frecuentes, sino también más complejos.
En ese contexto, anticipar no es solo una capacidad técnica, sino también institucional y política.
Sin esa capacidad, la información sobre el futuro existe, pero no logra traducirse en decisiones con capacidad de incidir.
La anticipación, por sí sola, no transforma la realidad. Su valor depende de que exista un sistema institucional capaz de utilizar esa información para orientar decisiones, coordinar actores y actuar antes de que los riesgos se materialicen.
La anticipación permite reducir pérdidas, optimizar recursos y fortalecer la capacidad de los territorios para enfrentar lo que viene. Porque lo que viene no es incierto en su totalidad. Sabemos que habrá más eventos, mayor variabilidad y mayores presiones sobre los sistemas urbanos y naturales.
Lo que sí está en juego es la forma en que decidimos enfrentarlo.
Seguir reaccionando implica aceptar la repetición del daño. Anticipar implica intervenir sobre sus causas.
En un contexto de cambio climático, la diferencia entre ambos no es técnica. Es política.
Y hoy, más que nunca, gobernar bien ya no significa responder rápido. Significa decidir a tiempo.
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