Titulares

sábado, 2 de mayo de 2026


Diario Azua / 2 de mayo 2026

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Tribunal Federal de Apelaciones del 2do Circuito en esta ciudad dictaminó este martes que el gobierno del presidente Donald Trump no puede encarcelar a inmigrantes, incluyendo a cientos de dominicanos, sin otorgarles el derecho a fianza, citando "serias cuestiones constitucionales".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado audiencias de fianza a inmigrantes arrestados en todo el país, incluso aquellos que han vivido en Estados Unidos durante años sin antecedentes penales.

Abogados del gobierno sostienen que la política de detención obligatoria es legal en virtud de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, aprobada en 1996.

Mientras, el panel de los tres jueces determinaron que la interpretación del gobierno de la ley de 1996 contradice el texto claro de la norma, su propósito y su historia, y señaló que el Congreso había establecido un sistema escalonado para los casos de inmigración basado, en parte, en cuánto tiempo llevaba un inmigrante en el país.

Hasta ahora, más de 370 jueces federales -o alrededor del 90%- que han considerado esos casos de hábeas corpus también han rechazado el nuevo enfoque del gobierno.

Actualmente, hay más de 30.000 demandas de inmigrantes, entre ellos múltiples dominicanos, que, al no tener manera de solicitar fianza en el tribunal de inmigración, muchos han recurrido a los tribunales federales, pidiendo fianza mediante un proceso conocido como petición de hábeas corpus.

"Este fallo confirma, con razón, que la política del gobierno de detener a inmigrantes sin ningún proceso es ilegal y no puede sostenerse", afirmó Amy Belsher, directora de Litigio por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de NYC.

"El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, sin una oportunidad de solicitar su liberación. Contraviene la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la decencia humana básica", añadió.


Diario Azua / 2 de mayo 2026

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La Junta Central Electoral (JCE) abrirá, a partir del próximo día 20 de este mes, múltiples locales en el exterior donde los dominicanos residentes en diferentes países podrán obtener y renovar la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

Los connacionales podrán hacer su cita a través del portal https://nuevacedula.jce.gob.do/ y luego asistir, sin importar el mes de su cumpleaños, para adquirir el documento.

Los centros de cedulación en el exterior estarán ubicados en las sedes consulares de la República Dominicana en Estados Unidos: En Nueva York y Long Island, Nueva Jersey, Filadelfia y Allentown (Pensilvania), Boston (Massachusetts), Washington D.C., Los Ángeles (California), Miami, Houston (Texas) y Chicago (Illinois).

Asimismo, habrá centros en Canadá (Toronto, Montreal y Ottawa); Puerto Rico; Panamá; México (Ciudad de México); las islas de Curazao, Aruba y San Martín; además de Chile, Holanda y Suiza. En España estarán en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla; y en Italia, en Milán y Génova.

Para hacer la cita, los interesados deberán: Indicar que es en una oficina en el exterior, seleccionando su demarcación. 1- Ingresar sus datos en las opciones de identificación y completar los campos requeridos. 2- Elegir el centro de su preferencia para renovar el documento de identidad. 3- Seleccionar la fecha y el horario. 4- Colocar una vía de contacto (correo electrónico y teléfono principal son obligatorios). 5- Revisar todos los datos y verificar que la cita haya sido agendada con éxito. 

 


Diario Azua / 2 de mayo 2026

Santo Domingo. – El panorama legal para la libre expresión en la República Dominicana sufrirá un cambio drástico a partir de agosto de 2026. Con la entrada en vigor de la Ley 74-25, el nuevo Código Penal no solo endurecerá las sanciones por difamación, sino que introducirá la acumulación de penas, permitiendo que una persona reciba condenas independientes por múltiples hechos difamatorios.

Esta figura, conocida como el "concurso de infracciones" (Art. 46), implica que si un individuo comete varias conductas que violan la ley de manera independiente, las penas se irán sumando. Según el presidente del Colegio de Abogados (CARD), Trajano Vidal Potentini, aunque el cúmulo de penas es una fortaleza para combatir delitos graves, su aplicación en la libertad de expresión genera una profunda preocupación.

El fin de la difamación "barata"

Bajo la legislación actual, la difamación se castiga con un máximo de un año de prisión. Sin embargo, el nuevo marco legal eleva las apuestas significativamente:

Difamación estándar (Art. 208): Imputar hechos que afecten el honor o la imagen en redes sociales, YouTube o medios tradicionales conllevará de 2 a 5 años de prisión.

Difamación extorsiva (Art. 209): Si se difama para obtener un beneficio o forzar a la víctima a una acción, la pena sube de 5 a 10 años de prisión.

Agravantes: Si el acto es cometido por dos o más personas, las multas pueden alcanzar los 30 salarios mínimos.

¿Peligra la libertad de expresión?

Vidal Potentini advirtió sobre lo que denomina una "inflación punitiva". El jurista señaló que el incremento exponencial de las penas y la inclusión de conductas ambiguas como gestos que puedan considerarse "ultraje" contra funcionarios podrían aumentar la conflictividad judicial y amordazar la crítica pública.

"El tema de la libertad de expresión trae consigo mucha preocupación", afirmó el titular del CARD, tras informar que el gremio ya ha promovido acciones ante el Tribunal Constitucional para revisar posibles inconstitucionalidades antes de que la norma sea plenamente ejecutable en agosto.

La nueva ley es clara: las plataformas digitales, servicios de streaming y redes sociales están bajo el radar penal, lo que obliga a comunicadores y usuarios de internet a replantear la rigurosidad de sus publicaciones.


Diario Azua / 2 de mayo 2026

Con el fin de evaluar la calidad del servicio sin protocolos previos, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, realizó una visita no coordinada al Hospital Dr. Mario Tolentino Dipp en Santo Domingo Norte. Tras constatar la eficiencia operativa del centro, Landrón anunció la apertura de una nueva área de gastroenterología y elogió la capacidad tecnológica del establecimiento, que ya compite con los mejores estándares de la región.

Supervisión directa y sin filtros La jornada de supervisión, que forma parte de una estrategia de monitoreo continuo del SNS, abarcó áreas críticas como Emergencias, UCI, Salud Mental y Cirugía. Landrón recorrió los pasillos del hospital junto a su director, el doctor Miguel Ángel Guzmán Fermín, interactuando directamente con pacientes y colaboradores para medir la humanización y rapidez de la atención en tiempo real.

Tecnología de referencia regional Durante el recorrido, el titular del SNS resaltó que el Mario Tolentino Dipp no es solo un centro de salud pública convencional, sino un referente clínico-quirúrgico. "Disponemos de uno de los mejores equipos de resonancia magnética y tomografía de todo el país", afirmó Landrón, subrayando que esta infraestructura es clave para la precisión diagnóstica que demanda la población actual.

Expansión de la cartera de servicios Como resultado inmediato de la visita, se instruyó la habilitación de una nueva unidad de gastroenterología, con el objetivo de responder a la creciente demanda de consultas especializadas. Landrón también aprovechó para reconocer el respaldo del presidente Luis Abinader en la modernización del sistema sanitario dominicano y felicitó al personal médico y administrativo por mantener la excelencia tras la inauguración del centro.

Compromiso con la Red Pública El funcionario reiteró que las visitas "sorpresa" continuarán en otros centros de la Red Pública para asegurar que la eficiencia y la calidad no sean eventos aislados, sino la norma del sistema de salud nacional.


El presidente Luis Abinader en un acto celebradado este martes en el Palacio Nacional.


Diario Azua / 2 de mayo 2026

Con el objetivo de garantizar un proceso impecable y libre de cuestionamientos, el presidente Luis Abinader designó, mediante el Decreto 298-26, a una comisión de notables para supervisar la licitación de la Autopista del Ámbar. La medida busca fortalecer la rendición de cuentas en esta obra estratégica que conectará a Santiago con Puerto Plata, considerada vital para el relanzamiento económico del norte del país.

Vigilancia de alto nivel La nueva comisión está compuesta por figuras de amplia trayectoria y solvencia moral, encabezada por monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, junto a los destacados profesionales Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González. Este equipo tendrá la tarea de monitorear cada fase de la licitación de la vía que unirá la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata–Sosúa.

Poder de monitoreo y control social El decreto faculta a la comisión para:

Recibir denuncias: Ciudadanos y proveedores podrán canalizar observaciones y sugerencias directamente a este órgano.

Emitir hallazgos: La comisión elaborará informes técnicos que se integrarán al expediente administrativo.

Acceso total: Instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y RD Vial están obligadas a facilitar toda la documentación necesaria.

Ética y transparencia sin intervención Aunque los comisionados tendrán acceso a la información, el decreto aclara que su rol es estrictamente de observación. No intervendrán en la evaluación de ofertas ni en las decisiones técnicas del Comité de Compras y Contrataciones. Además, todos los miembros firmarán un compromiso ético para garantizar la inexistencia de conflictos de interés y proteger la confidencialidad del proceso.

Con este paso, el Poder Ejecutivo reafirma que la construcción de la Autopista del Ámbar no solo será un hito de ingeniería, sino también un referente de gobierno abierto y control social.



El cierre del camino vecinal en Jamao al Norte que conduce al río Arroyo Frío, una medida denunciada por los comunitarios como un abuso contra el derecho al libre tránsito

Diario Azua / 2 de mayo 2026

Lo que por décadas fue un acceso libre a la naturaleza, hoy es foco de un intenso conflicto social. Comunitarios de Arroyo del Gato, en la provincia Espaillat, denuncian que los nuevos propietarios de una finca de nacionalidad rusa han bloqueado el camino vecinal que conduce al río Arroyo Frío. La comunidad advierte que el cierre de este paso no solo limita la recreación, sino que impide el acceso a una fuente vital de agua para consumo y labores domésticas.

Cinco kilómetros de conflicto Según el testimonio de los residentes de esta zona de Jamao al Norte, la problemática inició hace aproximadamente cinco años tras la adquisición de una propiedad privada que abarca unos cinco kilómetros del cauce del río. Los comunitarios aseguran que los propietarios han instalado puertas y obstáculos de manera recurrente, inhabilitando el tránsito por un camino que consideran de uso público.

Un recurso vital bajo llave Para las familias de Arroyo del Gato, el acceso al río Arroyo Frío no es un lujo, sino una necesidad básica. Históricamente, el afluente ha sido utilizado para:

Consumo humano y doméstico: Lavado de ropa y abastecimiento de agua.

Actividad económica: Uso del recurso para labores del campo.

Identidad local: Espacio de recreación y patrimonio de la comunidad.

El reclamo legal Los denunciantes califican la situación como un "abuso" y exigen la intervención de las autoridades medioambientales y municipales. Argumentan que, según la legislación dominicana, los cuerpos de agua son de dominio público y el libre acceso a ellos debe ser garantizado, independientemente de la propiedad de los terrenos colindantes.


Diario Azua / 2 de abril 2026

En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y educativo de su distrito, el congresista Adriano Espaillat hará entrega formal de 2 millones de dólares en fondos federales al City College de Nueva York (CCNY) este viernes. Esta partida, gestionada por el legislador de origen dominicano, busca potenciar proyectos locales en el corazón de comunidades clave como Harlem y Washington Heights.

Inversión en el futuro comunitario La ceremonia de entrega tendrá lugar a las 2:00 p. m. en el emblemático Shepard Hall del campus del CCNY. Estos recursos no son un esfuerzo aislado; forman parte de una gestión robusta que ha logrado movilizar más de US$14.1 millones durante el presente ciclo legislativo para el beneficio del Distrito 13 de Nueva York.

Un compromiso con el Distrito 13 Espaillat, quien hizo historia al convertirse en el primer domínico-estadounidense en la Cámara de Representantes, continúa priorizando el desarrollo de sectores estratégicos. Los fondos asignados al City College están diseñados para impactar directamente en:

Iniciativas de investigación y programas locales.

Fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Proyectos de vinculación comunitaria en el noroeste del Bronx y el alto Manhattan.

Impacto regional La gestión del congresista abarca zonas de alta densidad poblacional y relevancia cultural para la diáspora, incluyendo Inwood, Washington Heights y Harlem. Con esta nueva inyección de capital federal, se busca garantizar que las instituciones académicas sirvan como motores de cambio y estabilidad para las familias del área.



Momento del arresto de González Contreras, vinculado a la supuesta estafa del proyecto West Side Residences, que afectó a decenas de inversionistas en la zona este. (Fuente externa)


Diario Azua / 2 de mayo 2026

El Ministerio Público dominicano ha dado un golpe a las redes de estafas inmobiliarias en el polo turístico del Este. Tras la captura de Joan Fernando González Contreras, las autoridades preparan la solicitud de prisión preventiva por su presunta vinculación en el fraude del proyecto West Side Residences Punta Cana. El arresto, ejecutado por la unidad especializada en prófugos, marca el inicio de un proceso judicial que busca resarcir a las víctimas de la constructora Paceo.

Captura y operativo especializado La detención de González Contreras no fue fortuita. Fue el resultado de un operativo liderado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos. El imputado era buscado por su participación clave en un esquema que afectó a numerosos inversionistas y familias que buscaban una propiedad en la zona turística de Punta Cana.

El esquema del proyecto "West Side Residences" Según las investigaciones preliminares, la estafa se articuló a través del proyecto habitacional West Side Residences, desarrollado por la Constructora Paceo. Las víctimas denuncian irregularidades en la entrega de inmuebles y el manejo de los fondos de inversión, lo que ha llevado al Ministerio Público a calificar el caso como una estafa inmobiliaria de gravedad.

Próximos pasos judiciales Actualmente, los fiscales se encuentran en la fase final de la elaboración de la medida de coerción. El Ministerio Público adelantó que solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, argumentando el riesgo de fuga y la necesidad de proteger la integridad del proceso de investigación, que aún podría arrojar nuevos implicados y ramificaciones delictivas.

Dr. Javier D. Restrepo,  Mons. Ramon de la Rosa y Dr. Amin Cruz

 

Por Dr. Amín Cruz
Diario Azua / 02 mayo 2026.-

“La libertad es el derecho de todo ser humano a ser honesto consigo mismo”, Friedrich Nietzsche.

En un mundo hiperconectado, donde la información circula a velocidades sin precedentes y las plataformas digitales se han consolidado como el principal ecosistema comunicacional, la ética periodística digital se erige como uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Más que una disciplina, constituye un compromiso ineludible con la verdad, la responsabilidad social y la dignidad humana.

La revolución tecnológica ha democratizado la producción y difusión de contenidos, permitiendo que tanto periodistas como ciudadanos participen activamente en la construcción del discurso público. Sin embargo, esta apertura también ha generado un entorno complejo y vulnerable, marcado por la proliferación de noticias falsas, la manipulación informativa, la descontextualización de los hechos y la erosión de la confianza en los medios.
Dr. Ignacio Ramonet y Dr. Amin Cruz, Pg.107
En este contexto, pensadores como el Dr. Ignacio Ramonet han advertido que el periodismo digital debe sostenerse sobre tres pilares fundamentales: veracidad, transparencia y responsabilidad social. Sin estos principios, la información deja de ser un bien público para convertirse en un instrumento de confusión y poder.

Desde el año 2005 hasta el 2019 de manera consecutiva venía reflexionando en el Congreso Hispanoamericano de Prensa y Congreso Mundial de Prensa la voz autorizada el maestro de maestros, el padre de la ética periodística en América Latina, Javier Darío Restrepo, quien afirmó con claridad visionaria: “El desafío no es únicamente técnico, sino profundamente ético. La inmediatez no puede sustituir la verificación, ni la viralidad justificar la ausencia de contexto. La ética digital no es un accesorio del periodismo; es su columna vertebral en el siglo XXI”.

Sus palabras adquieren hoy una vigencia indiscutible en una era dominada por algoritmos, tendencias virales y la presión constante de la inmediatez.

Organismos internacionales como la UNESCO han reiterado la necesidad de establecer marcos regulatorios y protocolos claros que orienten el ejercicio del periodismo en entornos digitales. Entre sus principales recomendaciones destacan: la verificación rigurosa de la información, la protección de la privacidad de las audiencias, la alfabetización mediática y el uso ético de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial, en particular, representa un punto de inflexión. Su capacidad para generar contenidos, segmentar audiencias y amplificar mensajes plantea interrogantes éticos fundamentales: ¿quién controla la información?, ¿cómo garantizar la transparencia de los algoritmos?, ¿de qué manera evitar la manipulación masiva? Estas preguntas obligan a repensar el rol del periodista no solo como informador, sino como garante de la verdad y mediador responsable entre la tecnología y la sociedad.

Voces contemporáneas como el Dr. Ignacio Ramonet, Mons. Ramon de la Rosa y Carpio y el Dr. Ricardo Nieves coinciden en que la ética periodística digital debe asumirse como un compromiso global e inquebrantable: proteger la verdad, salvaguardar la dignidad humana y garantizar que la información continúe siendo un bien público universal.

No se trata únicamente de adaptarse a la tecnología, sino de humanizarla. El periodismo no puede renunciar a su esencia en nombre de la rapidez ni del espectáculo. La credibilidad, construida durante décadas, puede perderse en segundos si se sacrifica el rigor por la viralidad.
El futuro del periodismo digital dependerá, en gran medida, de su capacidad para preservar la confianza ciudadana. Esto implica equilibrar innovación tecnológica con principios éticos universales, fortalecer la formación de los profesionales de la comunicación y promover una cultura informativa basada en la responsabilidad, la honestidad y el respeto.

“En este escenario, la ética deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estructural. No hay periodismo sin verdad, ni verdad sin ética”.

“La ética está por encima de la inmediatez, de la improvisación y del ‘figureo’ de las redes digitales.”

Dr. Amín Cruz, CEO, presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa y del Congreso Mundial de Prensa; Padre Embajador del Periodismo Hispanoamericano y Latinoamericano, diplomático, periodista, historiador, escritor y educador.