POR: ORLANDO ARIAS
Diario Azua / 1 de febrero 2026
Santo Domingo.– Diversos sectores reaccionaron alarmados ante la reciente información de la Direcciona General de Aduanas (DGA) que da cuenta de la considerable cantidad de impuestos dejados de pagar por comerciantes chinos en el país, por lo que advirtieron que el Gobierno no necesitan una reforma fiscal que cargue aún más a la población, sino aplicar con firmeza las leyes vigentes para frenar la evasión fiscal.
Señalan que la evasión de impuestos por parte de numerosos establecimientos comerciales de origen chino constituye una sangría millonaria para las finanzas públicas, privando al Estado dominicano de recursos suficientes para fortalecer los servicios básicos, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni afectar a los trabajadores y pequeños contribuyentes.
De acuerdo con datos divulgados por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), hasta un 95 % de los comercios chinos en el país operaría fuera de los niveles adecuados de formalización, sin emitir comprobantes fiscales válidos, sub declarando ingresos y evadiendo el pago del ITBIS, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros tributos establecidos por la ley.
Según la FDC, se estima que más del 80 % de la mano de obra utilizada en estos establecimientos no estaría debidamente registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Al respecto, han levantado su voz, además de la FDC, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines (ASONAIMCO), la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (CODOCON), el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones (CNCP) y la Asociación de Mayorista de Provisiones de Santo Domingo (AMAPROSADO), entre otras entidades.
En múltiples ocasiones gremios empresariales de la República Dominicana, han manifestado su respaldo a las fiscalizaciones que realiza la DGA a comercios de origen chino. Argumentan que estas acciones son fundamentales para garantizar una competencia justa y enfrentar la evasión fiscal.
Sostienen que estas prácticas se realizan, en muchos casos, ante la permisividad o falta de fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes, generando una grave distorsión del sistema tributario y una competencia desleal que afecta a los comerciantes nacionales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.
Mientras tanto, afirman "al trabajador dominicano y a los pequeños y medianos contribuyentes se les exige cumplir rigurosamente con el pago de impuestos, grandes evasores, en su mayoría chinos, continúan operando prácticamente sin controles, lo que constituye una profunda injusticia social y debilita la confianza en el sistema impositivo"
Precisan que las cifras oficiales respaldan sus preocupaciones, en tal sentido detallan que el más reciente informe de la Dirección General de Aduanas (DGA) da cuenta de que realizó más de 130 auditorías a importadores asiáticos, detectando diferencias fiscales superiores a los RD$4,500 millones, dinero que había sido evadido mediante subvaluación de mercancías y otras prácticas irregulares. Solo en auditorías recientes se han recuperado más de RD$1,500 millones a favor del Estado dominicano.
Los sectores denunciantes explican que cada peso evadido en impuestos se traduce directamente en menos recursos para combatir la pobreza, reducir la criminalidad, generar empleos y mejorar los servicios de salud, educación, vivienda y seguridad social, afectando de manera directa la calidad de vida de la población.
Advirtieron, además, que el daño es doble, ya que una parte significativa de los recursos que no se pagan en impuestos no se reinvierte en la economía nacional, sino que es transferida al exterior hacia los países de origen de esos comerciantes, debilitando aún más el desarrollo económico interno y la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales.
A esta situación —señalan— se suma la persistente falta de controles, transparencia y rendición de cuentas en diversas instituciones públicas, donde el despilfarro, la mala administración y los actos de corrupción continúan afectando el uso eficiente de los recursos del Estado.
En ese contexto, las entidades firmantes hicieron un llamado directo al Gobierno para que abandone cualquier intento de reforma fiscal regresiva y concentre sus esfuerzos en combatir de manera frontal la evasión tributaria del comercio chino, fortalecer la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), intensificar las auditorías, aplicar la ley sin privilegios y garantizar un régimen real de transparencia en la administración pública.
Finalmente, insistieron en que la República Dominicana no necesita más impuestos, sino más justicia fiscal, controles efectivos y un Estado que garantice que todos, sin excepción, paguen lo que le corresponde conforme a la ley.
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