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| Fernando Custodio, director general |
Opinión editorial
Hoy, la República Dominicana exhibe un órgano electoral moral y éticamente robustecido, proyectado por la evidencia de su trabajo y reconocido por una población que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, así como entre la crítica responsable y la difamación, especialmente cuando esta última parece estar impulsada, quizás, por intereses económicos.
Es lamentable que, en muchas ocasiones, algunos medios de comunicación intenten ensuciar honras personales y reputaciones construidas a lo largo de los años mediante el buen servicio y el decoro con que sus protagonistas han desarrollado primero sus vidas personales y, posteriormente, sus trayectorias profesionales como servidores de los sectores público y privado.
En este territorio de 48 mil kilómetros cuadrados que conforma la República Dominicana, cualquiera puede intentar ensuciar una reputación, pero no todo el que acusa tiene la razón.
Ese tipo de esfuerzo por informar no hace honor a la verdad ni constituye un buen ejercicio del periodismo cuando se aparta del compromiso de llevar a la población información veraz, equilibrada y responsable.
Hablar del desempeño de Ramón Andrés Jáquez Liranzo, Samir Rafael Chami Isa, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Rafael Armando Vallejo Santelises e Hirayda Fernández Guzmán, como miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, debe hacerse con transparencia y responsabilidad, porque se trata de personas forjadas y formadas bajo principios de moralidad, responsabilidad y decoro.
Ellos saben que el organismo que dirigen constituye una de las columnas vertebrales de la institucionalidad dominicana, tanto desde el punto de vista documental de la nacionalidad como desde la perspectiva del sistema democrático del país.
Recientemente, algunos desenfrenos comunicacionales han intentado arrojar sombras sobre la Junta Central Electoral por el simple hecho de que sus integrantes han viajado al exterior en misiones institucionales y de representación. Se trata de una institución que, por su naturaleza y experiencia, desempeña un papel relevante dentro del sistema de administración electoral de América Latina.
Al observar la carta que el Pleno de la JCE envió el 12 de agosto de 2026 al señor Aníbal de Castro, director de Diario Libre, se puede apreciar con claridad la necesidad de colocar determinadas informaciones en su debido contexto. La misiva pone en evidencia aspectos que, en algunas supuestas investigaciones periodísticas, no habían sido suficientemente explicados.
La carta señala que ese medio cuestiona actuaciones institucionales que, en algunos casos, trascienden la legítima fiscalización del gasto público para formular valoraciones que requieren ser debidamente aclaradas.
La JCE explica en su comunicación que respeta irrestrictamente la libertad de prensa y reconoce el derecho de los medios de comunicación a investigar y fiscalizar el uso de los recursos públicos. Sin embargo, esa misma responsabilidad periodística exige que las actuaciones institucionales sean presentadas atendiendo a su contexto, finalidad y alcance real.
La misiva precisa que es necesario determinar qué cubre cada asignación: alojamiento, alimentación, transporte interno, impuestos y demás gastos relacionados con una misión. Comparar únicamente una cifra diaria, sin establecer previamente que se están confrontando conceptos equivalentes, puede conducir a conclusiones incorrectas.
Hay otro dato importante y oportuno que explica el Pleno de la JCE: la institución no tiene inconveniente alguno en explicar sus actuaciones, particularmente cuando aplica un régimen de viáticos establecido desde el año 2005 mediante el Acta 18/2005, y no una disposición creada o modificada específicamente para las misiones cuestionadas.
Pero una cosa es fiscalizar el gasto público y otra muy distinta es intentar vincular una capacitación institucional con compras, restaurantes y consumo de vino, sin establecer de manera clara la relación real entre esos elementos y la misión oficial.
En la actualidad, la JCE cuenta con 25 Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE), 12 oficinas satélites y 5 puntos fijos, para un total de 42 oficinas. A estas se suman 24 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), destinadas al montaje y organización de las elecciones con antelación. Además, se coordinan las instalaciones de cuatro oficinas satélites en Europa.
Para este equipo, compuesto por Ramón, Dolores, Samir, Hirayda y Rafael, debe estar claro que cada peso utilizado tiene que poder explicarse; que cada viaje debe responder a una finalidad institucional; que cada viático debe estar debidamente sustentado, y que cada misión debe ser capaz de demostrar sus resultados.
Pero también entendemos que la fiscalización pública debe responder a la naturaleza, las responsabilidades y el contexto particular de cada institución.
La Junta Central Electoral constituye una de las columnas vertebrales de la democracia dominicana y, por esa razón, es una institución que el pueblo debe cuidar con esmero. Esta es una responsabilidad que también conocen muy bien los medios de comunicación del país.
La crítica y la fiscalización son necesarias en toda democracia. El periodismo tiene el legítimo derecho de investigar, cuestionar y exigir transparencia. Sin embargo, ese ejercicio pierde valor cuando se convierte en un instrumento para desacreditar, difamar o afectar moralmente a personas e instituciones sin que existan fundamentos suficientes.
En una sociedad democrática, nadie debe estar por encima de la fiscalización, pero tampoco nadie debería ser condenado públicamente por insinuaciones, interpretaciones sesgadas o informaciones incompletas.
La JCE pertenece al pueblo dominicano. Su patrimonio institucional trasciende a quienes circunstancialmente la dirigen. Por eso, cualquier señalamiento en su contra debe ser tratado con la seriedad que merece una institución fundamental para la vida democrática del país.
Defender la JCE no significa negar el derecho a cuestionarla. Significa exigir que toda crítica esté acompañada de hechos, evidencias, contexto y responsabilidad. Porque fiscalizar es necesario, pero difamar nunca puede ser presentado como periodismo.
La verdad, finalmente, no necesita estiércol para crecer; necesita hechos, transparencia y responsabilidad.
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