Por Lisandro Prieto Femenía

Diario Azua / 08 noviembre 2025.-

«La función social del trabajo exige que no sea un mero bien de mercado» Karl Polanyi, La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo (1944/2001, p. 70)

En los pliegues de la modernidad occidental se ha tejido una convicción que sostiene la organización política y económica de nuestras sociedades: el trabajo trasciende el ámbito de la transacción económica. Es la matriz a partir de la cual se configuran la dignidad, la autonomía y el reconocimiento social de las personas. Cuando la mercancía del trabajo se deja sin mediaciones institucionales protectoras, esas dimensiones constitutivas se ven severamente corrompidas. Por ello, la discusión sobre la reforma laboral excede el instrumental tecnocrático del crecimiento económico y entra de lleno en el terreno de la justicia política.

Tomar en serio la afirmación de Polanyi- quien advirtió que “la función social del trabajo exige que no sea un mero bien de mercado”- obliga a una pregunta nodal: ¿cómo actualizar las normas que regulan el trabajo sin convertir la modernización en sinónimo de despojo social? Esta pregunta adquiere una presión inédita debido a la conjunción de la globalización, la fragmentación productiva y la automatización tecnológica, factores que han vuelto problemáticas las categorías tradicionales del derecho laboral. Las transformaciones en la forma de producir no sólo reestructuran empleos, sino que recomponen sustancialmente la relación de poder entre quien ordena la tarea y quien la ejecuta. Al respecto, Martha Nussbaum señalaba que las instituciones económicas deben ser juzgadas por su capacidad de sostener las capacidades humanas básicas. En ausencia de tales salvaguardas, la eficiencia económica resulta moralmente insuficiente. Si este criterio se adopta como orientador, la reformulación normativa debe ser evaluada por su capacidad para preservar condiciones de vida mínimas y oportunidades reales de desarrollo, más que por su aptitud a reducir costos empresariales.

Ahora bien, el caso argentino ilustra con claridad las tensiones dialécticas entre la norma y la realidad. La Ley de Contrato de Trabajo (LCT), Ley N.º 20.744, sancionada en el año 1974, ha permanecido como el núcleo del derecho laboral formal durante décadas. Sin embargo, la persistencia de un texto no basta para avalar su actualidad normativa, en tanto que la LCT fue diseñada para relaciones laborales típicas de una economía industrial, caracterizadas por trabajos estables, jornadas definidas y empleadores identificables. Hoy, en contraste, muchas relaciones se mediatizan por plataformas digitales, contratos por proyecto y cadenas de subcontratación que desplazan la subordinación a ámbitos menos visibles. Este desfase entre el diseño normativo y las prácticas económicas facilita formas de precariedad que la letra de la ley, si bien vigente, no logra capturar ni remediar eficazmente.

Esa debilidad se traduce en indicadores sociales que muestran la magnitud del problema. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (IDEC) reportó en su última serie que una fracción sustantiva de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad y subempleo, con particular incidencia en los sectores de comercio y construcción (INDEC, 2025). A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que la coexistencia de un sector formal con extensos cinturones de precariedad es una característica persistente de las economías “en desarrollo”, y que las transformaciones tecnológicas pueden agudizar esta dualidad si las políticas públicas no articulan medidas redistributivas y de protección (OIT, 2021, p. 12). Estas evidencias confirman una intuición filosófica central: la justicia laboral no se garantiza por declaraciones abstractas cuando las prácticas sociales y las tecnologías permiten eludir el cumplimiento material de los derechos.

El análisis filosófico exige, además, una crítica de legitimidad. Por ejemplo, John Rawls propone que las instituciones justas son aquellas que organizan las desigualdades de modo que favorezcan a los menos aventajados. Desde esa perspectiva, cualquier reforma que aumente la vulnerabilidad de los trabajadores más frágiles vulnera la equidad institucional. (Rawls, 1971/1999, p. 52). Del mismo modo, la tradición republicana nos recuerda, a través de Philip Pettit, que la ausencia de controles frente a autoridades económicas que actúan con arbitrariedad configura situaciones de dominación que impiden la libertad no dominada de los ciudadanos (Pettit, 1997, p. 37). Aplicada al ámbito laboral, esta reflexión nos sugiere que la protección no sólo es un beneficio material, sino también una condición de autonomía y de ciudadanía efectiva: sin derechos laborales aplicables y verificables, la persona queda a merced de potencias organizativas que limitan su capacidad de planificación y su esfera de autodeterminación.

La incorporación de inteligencia artificial y algoritmos de gestión añade una dimensión de urgencia práctica y normativa ineludible. Cuando los sistemas automatizados determinan asignaciones, evaluaciones y ritmos de trabajo, la subordinación adopta formas tecnológicas que escapan a las categorías tradicionales de una ley escrita hace 51 años. Sobre este aspecto en particular, Richard Susskind y Daniel Susskind señalan que la tecnología no sólo sustituye labores, sino que transforma las estructuras de autoridad profesional y reconfigura las relaciones de confianza entre organizaciones y trabajadores (Susskind & Susskind, 2015, p. 9). Ante esta nueva manifestación de poder, la normativa no puede permanecer pasiva, sino que debe transitar la simple visibilidad jurídica de la relación a la trazabilidad ética del control. La nueva ley debe exigir la transparencia algorítmica de las decisiones que afectan la vida laboral, proveer mecanismos efectivos de impugnación de decisiones automatizadas y establecer criterios claros de responsabilidad cuando la plataforma o el sistema tecnológico median funciones esenciales de gestión. Estas exigencias no deben interpretarse como un gesto de sabotaje a la innovación, sino, por el contrario, como condiciones de legitimidad ineludibles para que dicha innovación sea social y éticamente sostenible. La prudencia aquí reside en reconocer la eficiencia potencial de los algoritmos, pero someter su potestad disciplinaria a un escrutinio que preserve el derecho fundamental del trabajador a comprender y refutar aquello que rige su destino laboral.

El desafío filosófico y jurídico más acuciante reside en redimensionar la arquitectura jurídica del vínculo laboral, hallando un punto medio que abrace las formas flexibles del presente y del futuro sin disolver el principio innegociable de la dignidad humana. La reforma debe sostener, por un lado, una tarea de cierre de brechas legales que permita la externalización del riesgo y la ocultación sistemática de las relaciones de subordinación. Esto requiere trascender la noción clásica de “dependencia” y redimensionarla para que se incluya aquellas subordinaciones mediadas por la tecnología y las nuevas dependencias económicas de plataformas y estructuras productivas fragmentadas. La clave para un equilibrio prudente no es prohibir las nuevas formas de trabajo, sino definir figuras de responsabilidad solidaria que alcancen a la totalidad de los actores que se benefician de tales estructuras productivas: esto garantiza que la flexibilidad del modelo de negocio no se traduzca en la rigidez de la precariedad para el trabajador. La segunda tarea se debería centrar en la construcción de políticas públicas que acompañen los procesos de transición laboral, exigiendo la implementación de redes de transición concretas, tales como programas de formación profesional, seguros de ingreso temporales y políticas activas de empleo que mitiguen los costos sociales de la reconversión productiva.

En este sentido, la OIT sintetiza esta tríada fundamental en su insistencia sobre la necesidad de políticas que atiendan, simultáneamente, la creación de empleo, la protección social y el diálogo social (OIT, 2019, p. 4), una orientación que enlaza intrínsecamente la eficacia económica con la legitimidad democrática. Siguiendo esta línea de razonamiento, es evidente que se debería rechazar categóricamente la falsa dicotomía entre protección y competitividad, la cual se sustenta también en experiencias comparadas. Modelos que combinan una flexibilidad operativa con fuertes redes de protección social- sumados a sistemas robustos de diálogo social y políticas activas- han demostrado que es perfectamente posible lograr tasas de reempleo elevadas sin sacrificar los estándares esenciales de seguridad laboral (Madsen, 2006, p. 18). Es importante que esto se entienda con claridad: proteger no impide innovar, sino que, más bien, exige una arquitectura institucional robusta que facilite los procesos de adaptación menos traumáticos y socialmente más equitativos.

La exigencia ética que subyace a la defensa de una reforma protectora remite, en última instancia, a la concepción del trabajo como práctica valorativa y constitutiva de la vida buena. Privar de protecciones a quienes sostienen la reproducción social es, en términos morales, una forma inaceptable de deshumanización institucional y de explotación encubierta. Además, es imperativo que los procedimientos de la reforma sean democráticos y deliberativos. La legitimidad de los cambios normativos se afianza cuando los grupos afectados participan activamente en la definición de las reglas que regirán su vida laboral. Esta es una exigencia de justicia procedimental tan relevante como la justicia distributiva, pues sólo procedimientos inclusivos pueden generar normas que sean efectivamente aplicables y percibidas como legítimas.

Desde la perspectiva normativa, conviene insistir en la necesidad de salvaguardas mínimas que actúen como umbrales no negociables. Estas protecciones deben garantizar los aportes previsionales y la cobertura de salud, asegurar indemnizaciones razonables, reconocer firmemente los derechos de licencia y la negociación colectiva y, de manera crítica, habilitar vías rápidas y eficaces de reclamo frente a las decisiones algorítmicas. Polanyi nos recuerda que las protecciones sociales no son simples añadidos sino condiciones esenciales de la cohesión social frente al poder expansivo y desregulador del mercado (Polanyi, 1944/2001, p. 3). Así, la concreción de estas protecciones no es una concesión filantrópica sino el requisito fundamental para que la economía produzca legitimidad y estabilidad.

La reforma debe ser concebida, en última instancia, como un proyecto de reconstrucción del pacto social en torno al trabajo. No se tratará de una operación técnica, sino de una deliberación política profunda que reconozca la densidad moral del trabajo y su centralidad en la reproducción de la vida en comunidad. Implementar reformas que modernicen sin desproteger es elegir un horizonte de sociedad que priorice la equidad, la autonomía y el respeto a la condición humana frente a la tentación de convertir la innovación en pretexto para descargar costos sociales sobre los más vulnerables.

Si la modernidad occidental tuvo la virtud de articular derechos en torno al trabajo, la tarea pendiente es actualizar esa articulación para la era digital sin renunciar a sus conquistas fundamentales: la protección social, el reconocimiento y la capacidad real de las personas para proyectar sus vidas.

El debate sobre la reforma laboral se enfrenta, en su núcleo, a la tensión entre la obsolescencia de las herramientas legales petrificadas y la imperiosa necesidad ética de reconfigurar la justicia en la esfera del trabajo digital. La respuesta no se encuentra en la supresión de las protecciones históricamente conquistadas, sino, por el contrario, en su profunda sofisticación filosófica y jurídica. Es menester interrogar al presente con cierto rigor: ¿Cómo puede el derecho laboral, tradicionalmente anclado en la subordinación jurídica visible propia del taller y la fábrica, lograr la arquitectura conceptual y normativa para capturar y sancionar la subordinación algorítmica que se ejerce de forma opaca a través de plataformas digitales y sistemas de gestión automatizada?

Del mismo modo, si la justicia institucional se define por su capacidad irrenunciable para proteger a los menos aventajados, como argumenta Rawls, surge la pregunta crítica sobre los parámetros normativos concretos que deberían establecerse para medir, con precisión empírica, si una reforma laboral ha disminuido o aumentado la vulnerabilidad de los trabajadores informales y subempleados. A ello se suma la exigencia republicana de la libertad como no dominación, según Pettit, lo cual nos obliga a inquirir: ¿qué mecanismos de control democrático, sindical y legal son verdaderamente necesarios para garantizar que la eficiencia tecnológica, son su capacidad de arbitrio automatizado, no se convierta en una nueva fuente de poder caprichoso y arbitrario sobre la vida y el destino laboral del trabajador, limitando así su autonomía?

Por último, frente a los modelos comparados de flexiguridad (Madsen) y la insistencia persistente de la OIT en el diálogo social como eje rector, la cuestión política fundamental es esta: ¿Qué pasos institucionales y políticos son indispensables para construir un consenso tripartito- involucrando al Estado, a los empleadores y a los trabajadores- que, con legitimidad robusta, pueda sostener una reforma que equilibre la competitividad económica con las garantías mínimas innegociables para la dignidad humana?

Referencias

· INDEC — Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre 2025. Buenos Aires: INDEC.

· Madsen, P. K. (2006). Flexiguridad: Una nueva perspectiva sobre la política del mercado laboral en Dinamarca. En J. Miles (Ed.), Cambio en el mercado laboral: Políticas y prácticas en Europa (pp. 15–32). Oxford University Press.

· Nussbaum, M. (2011). Creando capacidades: El enfoque de desarrollo humano. Harvard University Press.

· OIT — Organización Internacional del Trabajo. (2019). Trabajo decente y economía del cuidado. Ginebra: OIT.

· OIT — Organización Internacional del Trabajo. (2021). Panorama Mundial del Empleo y la Protección Social 2021: El papel de las plataformas digitales de trabajo. Ginebra: OIT.

· Pettit, P. (1997). Republicanismo: Una teoría de la libertad y el gobierno. Oxford University Press.

· Polanyi, K. (2001). La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo (2ª ed.; traducción española revisada). Beacon Press. (Obra original publicada en 1944).

· Rawls, J. (1999). Teoría de la Justicia (edición revisada). Harvard University Press. (Obra original publicada en 1971).

· República Argentina. Ley N.º 20.744, Régimen del Contrato de Trabajo. Sancionada 11 de septiembre de 1974; promulgada 20 de septiembre de 1974. Texto ordenado por Decreto 390/1976.

· Susskind, R., & Susskind, D. (2015). El futuro de las profesiones: Cómo la tecnología transformará el trabajo de los expertos humanos. Oxford University Press.

El autor es docente, escritor y filósofo

San Juan - Argentina (2025)

  

Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 08 noviembre 2025.-

El Ministerio de Salud inició este viernes la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, en la que unas 1,840 brigadas se desplazarán por todo el territorio nacional visitando casa por casa, especialmente en zonas vulnerables y con mayor población de caninos y felinos, con el propósito de inmunizar a 800 mil animales y avanzar hacia la eliminación de la rabia transmitida por perros antes del año 2030.

El operativo está coordinado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ) y cuenta con más de un millón de dosis disponibles para proteger a las mascotas y prevenir la propagación del virus de la rabia.

Durante los días 7, 8 y 9 del presente mes, brigadas del organismo de Salud recorrerán barrios, sectores y comunidades de todas las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS), aplicando vacunas gratuitas y seguras a perros y gatos.

El acto de lanzamiento estuvo encabezado por el ministro de Salud, Víctor Atallah, quien destacó el compromiso del Gobierno con la protección de los animales y la salud integral. Señaló que la vacunación de perros y gatos “es una responsabilidad compartida y una muestra de amor y respeto hacia los animales”.

“Dios nos bendijo con la presencia de estos preciosos animales que hoy estamos dispuestos a inmunizar. Ellos son parte intrínseca de nuestra vida y no simples objetos; son seres vivientes a los que debemos cuidar. Proteger a los animales es también protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias”, expresó el ministro.

El ministro también hizo un llamado a la población a participar activamente en la campaña. “Queremos que la población traiga a sus perros y gatos a vacunar. 

Este es un acto de amor incondicional, y una bella expresión de la gracia que Dios nos ha dado”, agregó.

Como parte de las facilidades dispuestas, el Ministerio de Salud habilitó más de 170 puntos fijos de vacunación en todo el país, mientras que en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, los puntos están distribuidos en las Áreas II, III, V, VI y VIII de Salud. 

Entre ellos se incluyen parques, centros comunales, clubes, instalaciones del Área V en Gascue, la Cruz Roja Dominicana, y puntos estratégicos en Villa Faro, Los Mina, Los Tres Brazos, Villa Mella, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Pantoja, entre otros.

La institución invitó a la ciudadanía a consultar la lista completa de puntos de vacunación en todo el país a través de las redes sociales oficiales @SaludPublicaRD y de la página web del Ministerio.

El ministro Atallah recordó que en el país existe una Ley de Protección Animal que establece el cuidado responsable de los animales y subrayó que el Ministerio de Salud trabaja junto al Ministerio Público para garantizar su cumplimiento.

De su lado, el director de CECOVEZ, doctor José Luis Cruz Raposo, indicó que para este 2025 el Ministerio tiene desplegadas 1,840 brigadas de vacunación distribuidas en las DPS y DAS, que estarán visitando casa por casa, principalmente en las zonas más vulnerables y con mayor densidad de mascotas.

Informó que se han habilitado más de 170 puntos fijos de vacunación en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde; en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo operan 64 de estos puntos para garantizar una cobertura amplia.

“Pedimos a la ciudadanía que abra las puertas a nuestras brigadas, que están debidamente uniformadas e identificadas. Las vacunas son seguras y confiables. Este año, al igual que el pasado, estamos utilizando la vacuna Verorab, adquirida a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de las mejores a nivel mundial”, aseguró Cruz Raposo.

Asimismo, explicó que el Ministerio de Salud ha fortalecido la vigilancia epidemiológica de la rabia animal, capacitando al personal provincial en nuevas técnicas de toma y envío de muestras al laboratorio, lo que ha permitido una detección más oportuna y eficiente de posibles casos.

“Es importante que la población sepa que cuando un animal agrede a una persona, esta debe acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica y el esquema de vacunación antirrábica correspondiente. La rabia es prevenible si se actúa a tiempo”, puntualizó.

También participaron el director del Área V de Salud, doctor Francisco Gómez, y la gobernadora de la Plaza de la Cultura, Yajaira Torres, quienes resaltaron la importancia de esta jornada para el bienestar animal y la protección de la salud de la población.

El Ministerio de Salud recordó que, aunque la vacunación antirrábica se realiza durante todo el año, esta jornada especial busca abarcar a todos los animales que aún no han recibido su dosis, reforzar la cobertura nacional y avanzar hacia la eliminación total de la enfermedad.

 

Por Ramón Chávez / Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom. / 08 noviembre 2025.-

La temporada navideña recibe una inyección de energía y ritmo con el lanzamiento del nuevo sencillo "Lo Nuestro Es Gozarnos la Navidad", interpretado por la carismática Steffany Constanza y el legendario Fernando Villalona. Este explosivo dueto promete convertirse en el himno de las fiestas, invitando a todos a celebrar con alegría y pasión.

La combinación del inconfundible carisma y talento de Fernando Villalona, "El Mayimbe", con la frescura y el encanto de Steffany Constanza, crea una química musical irresistible. "Lo Nuestro Es Gozarnos la Navidad" es un torbellino de ritmos caribeños, mambo y swing, diseñado para encender cualquier celebración navideña.

Desde los primeros acordes, la canción captura la esencia de la Navidad dominicana: un "bonche", un "teteo", un "jangueo" lleno de conexión, alegría y buena vibra. La letra invita a cantar, bailar y disfrutar de la temporada en compañía de seres queridos.

"Lo Nuestro Es Gozarnos la Navidad" cuenta con arreglos magistrales de Moisés Sánchez, música y composición del reconocido Luis Medrano, y las voces privilegiadas de Steffany Constanza y Fernando Villalona. El resultado es una fiesta auditiva que evoca el espíritu festivo y la calidez de la Navidad.

Steffany Constanza: "Para mí es un sueño hecho realidad colaborar con una leyenda como Fernando Villalona. Queremos regalarle al público una canción que los haga bailar y celebrar la Navidad con todo el corazón." Fernando Villalona:"La Navidad es una época de alegría y unión, y esta canción refleja ese espíritu. Steffany es una artista talentosa y me siento muy contento de compartir este proyecto con ella."

Steffany Constanza:** Joven y talentosa artista dominicana, conocida por su versatilidad y carisma en el escenario. Su voz y presencia han conquistado al público, convirtiéndola en una de las figuras emergentes más prometedoras de la música latina.

Fernando Villalona:Ícono de la música dominicana, "El Mayimbe" ha cautivado a generaciones con su voz inigualable y su carisma arrollador. Con una trayectoria de décadas, es uno de los artistas más queridos y respetados de la República Dominicana.

 

Por Ramón Mercedes / Diario Azua

Nueva York / 07 noviembre 2025.-

Dominicanos de diferentes corrientes políticas, incluidos pertenecientes al partido oficial, se han mostrado alarmados por la cifra dada recientemente por el aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, de que el actual Gobierno ha incrementado la nómina pública en más de 100 mil empleados, en su mayoría «botellas».

Muchos de ellos, pidiendo no ser fotografiados, afirman que se han cansado de solicitar un empleo en algunas de las instituciones públicas establecidas aquí, pero todo se mantiene copado por familiares, amantes, esposas y relacionados de los altos dirigentes del PRM-NY.

Actualmente, las oficinas del Estado dominicano establecidas en la Gran Manzana son: Consulado, la misión de la ONU, Turismo, Dirección de Cultura, Index, SeNaSa, Familia Feliz, La Mano Amiga, Defensor del Pueblo, Intrant, UASD, ProDominicana, InPosDom y Aduanas, entre otras.

Añaden que lo mismo ha sucedido con sus familiares, amigos y relacionados residentes en la República Dominicana, «no hay para nadie».

«El Gobierno dominicano debería ser más equitativo en proporcionar más empleo a los jóvenes, y que el 90% de ellos no solo sea para dirigentes y militantes del PRM, porque el Estado es para todos, sin banderías políticas», indican.

«Es alarmante lo proclamado por Javier García de que la RD necesitó 42 años para aumentar en 100 mil el número de empleados públicos, mientras que el Gobierno del PRM logró ese incremento en apenas cuatro años. «Lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta», sostienen.

Cargos con salarios más altos en dominicana: Gobernador del Banco Central (BC) con un salario bruto aproximado de RD$1,843,190 mensuales. El vicegobernador de la misma entidad bancaria, con alrededor de RD$1,542,565 mensuales.

El Superintendente de Bancos con RD$1,145,184 al mes. Superintendente de Seguros con RD$800,000 mensuales. Superintendente del Mercado de Valores con RD$770,000 al mes. Director General de Impuestos Internos (DGII) con RD$598,772 mensuales.

Entre los dominicanos que declararon figuran Antonio de Jesús Ortiz, Wilson Madera, Antonio Luna, Héctor López, Altagracia de Contreras, Margarita del Orbe, Hansel Rivera, Stalin Ortega, María Torres, Máximo Guzmán, Josefa Gutiérrez, Elvin Sierra, Pedro Lluberes, Emilio Rojas, Sandro Reyes, Emiliano Toribio y Rodolfo Liberato, entre otros.

 

Por Ramón Mercedes / Diario Azua

Nueva York / 07 noviembre 2025.-

La decisión de la Fuerza de Pueblo (FP) de señalar y elevar a la dirigente de esa entidad política, Leidy Laura Núñez, a la Dirección Política (DP) sin haberse ganado la posición por trabajos políticos en la circunscripción 1-USA, nos ha causado descontento y desesperanza en la entidad política, expresan dirigentes de varios estados.

En un documento en conjunto enviado por dirigentes de este estado, Nueva Jersey, Pensilvania, y Massachusetts, pidiendo total reservas de sus nombres, coinciden en manifestar que desaprueban la decisión del partido de «escoger», «señalar» e «imponer» la esposa del presidente de la FP en dicha circunscripción, no obedece a:

«Trabajos políticos ganados, suficientes méritos, ni lealtad a la organización para «premiarla», habiendo múltiples compañeros en los distintos estados con mayores méritos, trabajos, lealtades y sacrificio que Laura Núñez.

Como la «millonaria» fue escogida e impuesta, ella deberá hacerse cargo de pagar los locales del partido, los delegados para las elecciones y coordinar las labores para seguir desarrollando el avance de la entidad que dirige el doctor Leonel Fernández.

Recordaron que el partido ha premiado la «impuntualidad» y «malcriadeza» en EUA, ya que en el último viaje del presidente Fernández, con múltiples actividades y juramentaciones en la circunscripción, ella no asistió a ningún evento por haber perdido en sus aspiraciones a la DP durante el pasado congreso elector Manolo Tavares Justo y quedara en la posición No. 20 con un 14.84% al obtener solo 270 votos.

Pero su esposo, Alfredo Rodríguez, ratificado como presidente de la FP en la misma circunscripción, tampoco asistió, como forma de «rebeldía» y «ñoñería», sostienen en el documento.

Especificaron que Laura Núñez es una perdedora, precisando que también perdió en otros dos intentos, cuando en octubre 2022 el partido elevó a 22 mujeres a la DP y cuando aspiró a diputada en el pasado proceso electoral.

En conclusión, los dirigentes indican que por méritos esa posición debió recaer en otros compañeros políticos de la circunscripción con sobradas condiciones y méritos, que han dejado el cuero en las calles por el doctor Fernández.

Por Ramón Mercedes / Diario Azua

Nueva York / 07 noviembre 2025.-

El congresista Adriano Espaillat (D-13), presidente del Caucus Hispano del Congreso, ha propuesto un Plan de Supervisión y Protección de Inmigración de 10 puntos.

Esta estrategia surge del análisis de experiencias como la militarización de Chicago y los arrestos de personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y DACA, e incluso ciudadanos estadounidenses.

Espaillat precisa «que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) debe reestructurarse por completo». «Esto es una guerra urbana». «Lo que están haciendo es inaceptable». Debe haber cierto nivel de control en las agencias federales, que evite que un agente enmascarado sin nombre, apellido ni número de placa toque puertas y persiga a nuestras comunidades».

Los 10 puntos son: 1. Activar redes de respuesta rápida para brindar apoyo legal y presencial inmediato durante las operaciones de La Migra, garantizando la coordinación en tiempo real entre organizaciones y funcionarios electos.

2. Designar escuelas, pequeños negocios y espacios comunitarios como zonas seguras donde se prohíba la actividad de ICE.

3. Utilizar los recursos de la campaña “Aprendiendo sin Miedo” para lanzar una estrategia local multilingüe que describa los derechos de la comunidad, qué hacer y qué no hacer durante los encuentros con oficiales federales.

4. Coordinar las organizaciones de asistencia jurídica, los colegios de abogados en un sistema centralizado de derivación para gestionar las detenciones masivas.

5. Desarrollar un marco de “cierre flexible” que permita a las escuelas asegurar los campus, limitar el acceso de ICE y comunicarse discretamente con las familias.

6. Capacitar a voluntarios para documentar e informar de forma segura sobre actividades irregulares del ICE o de las fuerzas del orden.

7. Implementar planes de seguridad con enfoque en el trauma para estudiantes de secundaria, incluyendo acceso inmediato a asesoramiento psicológico tras incidentes con las fuerzas del orden.

8. Alentar a los distritos escolares a autorizar opciones de aprendizaje virtual a corto plazo para los estudiantes que tengan demasiado miedo para asistir a la escuela.

9. Establecer visitas periódicas de congresistas a los tribunales de inmigración y a los centros de detención para identificar violaciones del debido proceso.

10. Instar al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a emitir directrices que limiten la aplicación de la ley cerca de lugares sensibles, prohíban el uso de agentes químicos y protejan a todos los residentes, independientemente de su estatus, de la discriminación.

 

Por Ramón Mercedes / Diario Azua

Nueva York / 07 noviembre 2025.-

A partir de este viernes la Administración del presidente Donald Trump ha decidido recortar el tráfico aéreo en un 10% en 40 aeropuertos de Estados Unidos para tratar de aliviar la presión sobre los controladores aéreos (déficit vigente de más de 2.000) afectados por el cierre del gobierno federal.

La medida no tiene precedentes, afectará entre 4.000 y 4.500 vuelos diario, tanto comerciales como de carga. Entre los aeropuertos afectados se encuentran los ubicados en el área triestatal (John F. Kennedy, LaGuardia y Newark-NJ) por donde viajan a diario miles de pasajeros dominicanos, entre otras etnias.

Otros aeropuertos que se verán afectados: El de Philadelphia, Teterboro, Ronald Reagan-Virginia, Miami, Orlando, Tampa, Boston, Atlanta, Houston, Los Ángeles, San Francisco y Chicago, entre otros.

Una reducción sostenida de vuelos podría generar retrasos, cancelaciones y un descenso temporal en la llegada de pasajeros. Esto se produce justo antes de Acción de Gracias o Thanksgiving, la fiesta nacional con mayor tránsito de viajeros en territorio estadounidense.

La medida preocupa a aerolíneas que operan rutas regulares hacia el Caribe, ya que EUA representa más del 60 % del tráfico aéreo internacional hacia la RD.

Ante estos inconvenientes, muchos connacionales han expresado posponer sus viajes a la RD para las navidades

Alarma dominicanos NYC cifras dada por Javier García nómina publica aumenta en más de 100 mil empleados

Descontento en FP circunscripción 1-USA

Congresista Espaillat presenta plan para frenar deportaciones

Aeropuertos NY y NJ entre los 40 reducirán vuelos en USA a partir de este viernes

 

Por Janet Báez / Diario Azua
Santo Domingo, Rep. Dom. / 06 noviembre 2025

La Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO), en alianza con Dominican Access, la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Inc (FENADID), la Asociación Dominicana de Sordociegos (ADSOC) y la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), realizaron un importante seminario titulado "Evaluación de la Accesibilidad como Puente hacia la Inclusión" que reunió a líderes sociales, actores políticos y expertos en derechos humanos con el fin de promover acciones concretas para reducir las brechas de accesibilidad en el país.

El evento responde a una necesidad urgente de transformar las normativas en acciones efectivas. La actividad se enmarca como una respuesta técnica a las Observaciones Finales emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, que evidencian las deficiencias en la implementación de políticas inclusivas en República Dominicana. La jornada se centró en analizar y definir estrategias para cerrar dichas brechas y garantizar derechos plenos.

Durante el seminario, el enfoque principal fue la premisa de que la Accesibilidad Universal constituye la base indispensable para la plena inclusión social de las Personas con Discapacidad (PcD). Los participantes coincidieron en que la República Dominicana enfrenta graves obstáculos en materia de accesibilidad, especialmente en el ámbito laboral, limitando la participación activa de este colectivo en todos los ámbitos de la vida pública y privada. La discusión resaltó la necesidad de avanzar con urgencia en la eliminación de barreras físicas, tecnológicas y actitudinales.

El discurso central estuvo a cargo de Wilson Medina, Coordinador Nacional de ASODIFIMO, quien expresó la importancia de seguir impulsando cambios concretos. "Aunque hemos logrado avances, persisten brechas significativas en accesibilidad que deben ser abordadas con determinación", aseguró Medina. Además, reafirmó el compromiso del sector en la construcción de una nación donde las PcD puedan ejercer sus derechos plenamente, reforzando el lema: "Nada de nosotros sin nosotros".

El seminario también incluyó paneles de análisis técnico y presentaciones prácticas. Los expertos debatieron los hallazgos de las Observaciones Finales del CDPD y las propuestas surgidas en el Diplomado sobre Accesibilidad Universal. Los participantes presentaron soluciones replicables y acciones concretas para mejorar la infraestructura, los servicios y las políticas públicas, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. La jornada culminó con la ceremonia de graduación del diplomado, que fortaleció el liderazgo técnico de los asistentes en materia de accesibilidad.

Este encuentro representa un paso decisivo hacia la formulación de una hoja de ruta que garantice la inclusión social en República Dominicana. Las organizaciones impulsoras no solo demandan cambios normativos, sino que se posicionan como actores clave en la generación de capacidades técnicas y políticas que permitan cerrar las brechas existentes. La conferencia reafirmó el compromiso de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa de la diversidad y comprometida con los derechos de las PcD.

Con esta iniciativa, ASODIFIMO y sus aliados refuerzan su liderazgo en la defensa de los derechos de las Personas con Discapacidad en República Dominicana, así como también se evidencia la voluntad del sector de transformar las normativas en acciones concretas que impacten positivamente en la vida de miles de dominicanos y dominicanas, garantizando así un futuro más justo, accesible y equitativo para todos.

 

 

Diario Azua

Puerto Río Haina, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom. / 02 noviembre 2025.-

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), calificó como trascendental la llegada de diez nuevos cruceros por primera vez a la República Dominicana, a través de las distintas terminales portuarias.

APORDOM informó que, dentro del itinerario de cruceros, los que vendrán al país por primera vez son: Aida SOL, de la línea Aída; Cel Xcel, de Celebrity Cruiser; Brilliant Lady, de Virgin Voyager; Brilliant OTS, de MSC Cruises; Rhapsody, de Royal Caribbean; Carnival Legend, de Carnival Cruiser; Majestic Princess y Coral Princess, de Princess Cruises; NCL Getawey y NCL Joy, de Norwegian Cruises Line.

De su lado, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, resaltó la gran importancia del arribo de nuevos barcos, ya que esto consolida la confianza que tienen las líneas de cruceros en nuestro país como destino ideal para la visita de los viajeros por nuestras diferentes zonas costeras.

En el reporte de llegada de los cruceristas en el mes de noviembre la institución portuaria detalló que llegarán 67 buques, segunda mayor cantidad este año, siendo Taíno Bay la de mayor recepción con 40, seguida por Amber Cove con 23 y Cabo Rojo con 4.

La Autoridad Portuaria Dominicana, mediante notificación, reiteró que de acuerdo a lo establecido en cuanto al calendario de proyección de llegada de cruceristas, las fechas seleccionadas pueden cambiar debido a las condiciones del clima y modificaciones en las rutas determinadas por las líneas de cruceros.

-Características específicas de los barcos

Aida SOL cuenta con 253.3 metros de eslora con capacidad de navegación de 21.8 nudos.

Cel Xcel tiene capacidad para 3,260 pasajeros y 1,400 tripulantes.

Brilliant Lady: capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes, con eslora de 278 metros.

Brilliant OTS: 2,152 pasajeros y capacidad de navegación de 25 nudos.

Majestic Princess: 330 metros de eslora, capacidad para 3,560 pasajeros y 1,346 tripulantes.

Coral Princess: capacidad para 2,000 pasajeros con 294 metros de eslora y velocidad de navegación de 21.5 nudos.

Rhapsody: navegación de 23 nudos, con 279 metros de eslora y capacidad para 2,040 pasajeros.

NCL Getawey: capacidad para 3,963 pasajeros, con 326 metros de eslora y 22.5 nudos de velocidad de navegación.

Carnival Legend: capacidad de 2,124 pasajeros, 930 tripulantes, 293 metros de eslora y velocidad de navegación de 22 nudos.

NCL Joy: cuenta con 333 metros de eslora, con capacidad para 3,776 pasajeros y 1,821 tripulantes.

 

Diario Azua

Azua de Compostela, Rep. Dom. / 02 noviembre 2025.-

Este domingo, en Azua la Fuerza del Pueblo realizó dos encuentros que reafirman el crecimiento de esa organización política en esta demarcación.

Una de las actividades se llevó a cabo en el Restaurant El Mesón Suizo, en la ciudad Azua de Compostela y en el municipio Padre las Casas, provincia Azua, donde fueron juramentados valiosos dirigentes políticos, entre ellos el exdiputado Ramón Santana, expresidente del PRM.

Cada día más dominicanos se suman al proyecto Fuerza del Pueblo (FP), el cual catalogan como la esperanza para la transformación de República Dominicana.

Militantes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo en Azua de Compostela y Padre las Casas vocifiraban a todo pulmón que ¨el camino hacia el 2028 ya está en marcha¨.

Cientos de dirigentes políticos y personalidades de la sociedad encabezado por Ramón Santana, fueron juramentados en la Fuerza del Pueblo (FP).

Santana fue jefe de campaña del PRM en la provincia Azua, quien se comprometió a trabajar día y noche para que Leonel Fernández sea el próxomo presidente de la República en el 2028.

Una multitud afuera y otra multitud adentro del Hotel Montemar esperó a

Leonel Fernández para que éste los juramentara como miembros de la Fuerza del Pueblo.

Por Carmen Estévez / Diario Azua

Santo Domingo, Rep. Dom./ 02 noviembre 2025. -

La diputada de la provincia de Hato Mayor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carmen Ligia Barceló, destacó los alcances y objetivos de la iniciativa legislativa “Déjala ir”, un ambicioso paquete de 18 proyectos de ley impulsado por 75 legisladoras de toda Latinoamérica.

El proyecto, inventivado por 71 diputadas y 4 senadoras, busca establecer una reforma estructural e integral para enfrentar la violencia intrafamiliar, de género y los feminicidios en la República Dominicana.

Durante su participación en el programa “Qué Tenemos Radio”, Carmen Ligia explicó que esta propuesta nace desde el Congreso Nacional, bajo la coordinación de la diputada Kimberly Taveras, y que se ha convertido en una de las alianzas femeninas más amplias y sólidas del continente.

“En la República Dominicana vivimos una situación alarmante. Cada semana tenemos casos de mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas. Esto se ha convertido en una pandemia social que exige una respuesta estructural del Estado”, afirmó la legisladora.

La diputada precisó que “Déjala ir” propone una política de Estado integral, que no se limite a campañas mediáticas, sino que incluya educación emocional y de igualdad desde las escuelas, fortalecimiento del sistema de salud mental y atención psicológica en hospitales, y la creación de un registro nacional de agresores reincidentes.

“Queremos que exista un historial al que puedan acceder los jueces, fiscales y la policía, de manera que se conozca el peligro que representa cada agresor. Además, proponemos que se les retire el arma de fuego a quienes estén en ese registro y se les niegue el permiso a quienes lo soliciten”, explicó.

La iniciativa también contempla la implementación de grilletes electrónicos para agresores con medidas de coerción, una jurisdicción especializada en violencia intrafamiliar, delitos sexuales y de género, y la creación de casas de acogida en cada provincia que ofrezcan no solo refugio, sino también capacitación, apoyo psicológico, capital semilla y microcréditos para mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, la propuesta establece un subsidio temporal de seis meses para facilitar la reintegración de las víctimas a la vida laboral y social, evitando que la dependencia económica las mantenga dentro del ciclo de violencia.

“Queremos romper la dependencia económica y emocional. Para lograrlo, planteamos destinar un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a un fondo nacional contra la violencia de género, intrafamiliar y sexual”, enfatizó la diputada.

Sobre el nombre de la campaña, “Déjala ir”, Carmen Ligia explicó que es un llamado directo al respeto de la vida y la libertad de las mujeres:

“Apelamos al hombre a que deje ir la relación, que permita que la mujer viva y continúe con su vida. No se trata de pertenencia, se trata de humanidad.”

La legisladora destacó además la importancia de la educación y la investigación para comprender las causas profundas de la violencia, señalando que dentro de la reforma se contempla la creación del Observatorio Nacional de Feminicidios y la realización de perfiles criminológicos de los agresores para desarrollar políticas más efectivas.

Carmen Ligia reconoció que el proceso será paulatino, pero aseguró que República Dominicana cuenta con las bases técnicas y humanas para iniciar la transformación:

“Tenemos las herramientas y los profesionales necesarios. Lo que hace falta es estructurar un plan con metas, fechas, recursos y responsables. Si no se traduce en acción concreta, las políticas públicas se quedan en poesía”, subrayó.

Diario Azua

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom./ 02 noviembre 2025. -

La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Derechos Humanos, que coordina la miembro titular, Hirayda Marcelle Fernández, realizó el “Taller Voces e Identidad", dirigido a niños y niñas como parte de la promoción de la identidad dominicana.

En la actividad estuvieron presentes, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, la miembro titular Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, el rector del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC), Felipe Carvajal de los Santos, la miembro suplente María Estela de León Veloz; Argentina Sosa, técnico del nivel primario de la Regional del Ministerio de Educación en Santiago.

Además, Haime Thomas Frías Carela, presidente de la Junta Electoral de Santiago de los Caballeros, José Nicolás Cantisano Rojas y Santiago Nolasco Núñez Santana, miembros de la Junta Electoral de esta ciudad, Clara Elena Castellanos Thomas, secretaria administrativa, así como María Luisa Victoria, en representación de la miembro titular, Dolores Fernández Sánchez, y Alejandrina de Leones, suplente 3era. Oficialía Civil de Santiago, en representación del miembro titular Rafael A. Vallejo Santelises.

Durante la actividad, Fernández Guzmán destacó que la iniciativa se realiza con un propósito humano-educativo de acompañar a los niños y niñas en el reconocimiento y valoración de la identidad como un derecho fundamental.

Añadió que la misma nace del firme compromiso de fortalecer la ciudadanía desde sus raíces más tempranas, la cual es la infancia.

Informó que estos talleres se realizan de manera simultánea los días jueves y viernes destinados a niños y niñas de primero, segundo y tercero de primaria con edades entre 6 y 9 años en 13 centros educativos de Santiago.

“La identidad no es solo un nombre en un documento. Es una historia, una voz, un origen, una pertenencia”, destacó Fernández Guzmán en el acto celebrado en la Escuela República de Venezuela.

Indicó que desde la JCE como garante del Registro Civil y la identidad asumen con responsabilidad el compromiso de fortalecer la conciencia sobre este derecho desde las primeras etapas de la vida tras señalar que la educación en derechos no comienza en la adultez, sino que se construye desde la infancia cuando se enseña a cada niño/a que su nombre, su familia, su historia y su voz merecen respeto y reconocimiento..

En tanto, Argentina Sosa, técnico del nivel primario de la Regional del Ministerio de Educación en Santiago, durante sus palabras de bienvenida agradeció la iniciativa y reafirmó el compromiso que tienen de fomentar la identidad tras señalar que desde temprana edad trabajan con los niños y niñas en este aspecto.

“Taller Voces e Identidad”

Durante los talleres se ofrece herramientas pedagógicas, lúdicas y creativas para que los/as docente puedan transmitir a los demás pequeños el valor de tener una identidad reconocida, respetada y celebrada.

Fueron impartidos en los centros La Salle Santo Hermano Miguel, Instituto Iberia, Escuela Francisca María Pérez, Instituto para el Desarrollo Integral Da Vinci, Colegio Dominicano, Escuela Eugenio Dechamps, Escuela Ana Josefa Jiménez, Colegio Mis Pasitos, Instituto Evangélico, Instituto de Estudios Avanzados (IEA), Centro de Educativo María Eugenia Hernández, Escuela Ovidio Paulino.

Por Lisandro Prieto Femenía

Diario Azua / 02 noviembre 2025.-

“La acción política requiere de un 'espacio de aparición' donde los individuos pueden influir en la esfera pública”. Arendt, H. (1958). La condición humana.

La tradición del pensamiento político, desde sus albores en la polis griega, ha estado obsesionada con una pregunta que persiste en el corazón de nuestras democracias contemporáneas: ¿por qué la gran mayoría de los hombres y mujeres comunes, aquellos que sostienen la estructura productiva y social, se encuentran sistemáticamente excluidos de los niveles más altos de la administración estatal? La disparidad entre el pueblo y la élite gobernante no puede ser reducida a la narrativa simplista de una “conspiración de casta”.

Es, en rigor, el resultado de una compleja amalgama de factores estructurales, psicológicos y morales que, aunque a veces culminan en la corrupción manifiesta, revelan limitaciones profundas inherentes tanto a la naturaleza humana como al diseño de las instituciones que deberían contenerla. Pues bien, amigos míos, hoy los invito a explorar las raíces de este vacío, zambulléndonos en los mecanismos teóricos que lo explican y en la corrosión ética que lo perpetúa.

El distanciamiento comienza con la arquitectura misma del poder. En 1911, Robert Michels, a través de su obra fundacional titulada “Los partidos políticos”, enunció la “ley de hierro de la oligarquía”. Nuestro autor sostenía que, ineludiblemente, cualquier organización de gran escala, incluso aquellas nacidas de la más ferviente vocación democrática, debe desarrollar una burocracia técnica y directiva para funcionar.

Esta necesidad práctica de gestión profesionaliza a los líderes, quienes eventualmente se separan de la base, buscando perpetuarse, creando una élite que se autorrefuerza. La complejidad de las democracias modernas, con sus estructuras partidarias, sus requerimientos financieros y sus sofisticados canales de comunicación, opera como un filtro implacable que favorece al profesional de la política, excluyendo a la mayoría que carece del tiempo, el capital o la habilidad de chupar medias para navegar en dicha arena.

Asimismo, este mecanismo estructural se ve legitimado por el discurso de la meritocracia, elogiado en la retórica oficial como el garante de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la meritocracia funciona a menudo como un sofisticado velo que disimula la reproducción del privilegio. Tal como anticipó Michael Young en “The rise of the meritocracy” (1958), un sistema que promete justicia puede degenerar fácilmente en una “nueva aristocracia basada en la educación y el capital cultural”. La selección de cuadros políticos, en la práctica, prioriza la experiencia en redes de influencia, la pericia en la negociación de élite y la destreza para moverse en las reglas no escritas del juego, actuando como barreras insalvables para la clase trabajadora que no posee dichas credenciales ni el capital social para adquirirlas.

Ahora bien, este vacío no es solo un problema de acceso estructural, sino también una profunda crisis de la relación ética y psicológica del individuo con el Estado. La filosofía política encuentra la raíz del distanciamiento en la alienación. Recordemos que Karl Marx describió esta condición como la “falta de reconocimiento de la propia actividad en los productos sociales” (Marx & Engels, 1848). En definitiva, el ciudadano común percibe hoy que la política, como producto de su esfuerzo y de su vida en comunidad, no le pertenece, puesto que se siente ajeno y traicionado por un ámbito que considera “sucio” y distante de las realidades de la desigualdad cotidiana.

Esta alienación se agrava por el vaciamiento de sentido del espacio público. Al respecto, Hannah Arendt enfatizó en su obra “La condición humana” (1958) que la política es la esfera de la “acción”, intrínseca a un “espacio de aparición” donde los individuos se manifiestan y ejercen influencia. Pero la moderna tecnificación de la gestión y la delegación de decisiones en comités técnicos- fenómeno bien analizado por la ciencia política- han reducido drásticamente este espacio. El ciudadano queda relegado a la pasividad del voto periódico, disminuyendo su sentido de eficacia hasta convencerlo de que debe callar. Si el ámbito público no permite la acción, la única respuesta racional del ciudadano desengañado es la resistencia pasiva o la apatía, lo que cimienta una cultura del desinterés que favorece a la minoría ya instalada.

Por su parte, la sociología de la cultura añade una capa que es crucial: Pierre Bourdieu, en su obra “La distinción: criterio y bases sociales del gusto” (1979), nos legó el concepto de “capital cultural”. Las clases dominantes reproducen su posición transmitiendo códigos, lenguajes y saberes que no son accesibles a la mayoría. La política, por lo tanto, no sólo exige enormes recursos económicos, sino también un tipo específico de capital cultural que refuerza la narrativa de que el ámbito público no es para cualquier ciudadanos de a pie, consolidando así la autoexclusión.

La brecha entre la ciudadanía y el poder se convierte en un círculo vicioso que se autoalimenta con combustible moral. La percepción de la política como un ámbito reservado a los sátrapas y corruptos provoca el repliegue ético de aquellos individuos que poseen capital moral y social, negándose a participar en una arena que consideran tóxica y peligrosa. Es la gente de bien, la que cumple con sus obligaciones, la que se auto-excluye.

Este abandono moral por sostener el “espacio de aparición” pavimenta el camino para la perpetuación de la élite que se critica a diario. El vacío dejado por el ciudadano desengañado, es ocupado de inmediato por la lógica patrimonial del poder, descrita por Max Weber (1922), donde el dominio de la autoridad tradicional se basa en la lealtad personal y no en la competencia técnica. Los líderes establecen círculos de confianza incondicional, donde la corrupción se vuelve un mecanismo de supervivencia política para asegurar la cohesión del grupo gobernante. Irónicamente, la exclusión moral y la alienación ciudadana terminan por reforzar la “ley de hierro de la oligarquía” (Michels, 1911), confirmando la profecía inicial que llevó a la retirada de los hombres y mujeres comunes. La no-participación se erige, entonces, como el mecanismo más eficaz para la autorregulación y supervivencia de la élite.

La fractura de este circulo vicioso exige la movilización de la voluntad colectiva, una voluntad que no va a surgir por sí sola, sino que debe ser cultivada. Aquí reside el rol fundamental de la educación cívica, entendida no como la simple instrucción pasiva y de pésima calidad sobre leyes y fechas históricas, sino como una pedagogía crítica de la polis. En este punto, no es casual que cualquier profesional con título habilitante, llámese profesor en ciencias de la educación o abogado, pueda dictar en los colegios una materia tan crucial como formación ética y ciudadana.

La participación política, para ser efectiva, debe estar informada por un profundo sentido de la justicia. Este sentido no es innato, sino que debe ser cultivado mediante la reflexión crítica sobre los principios que rigen la sociedad. Sobre este asunto en particular, John Rawls, en su obra “Teoría de la justicia” (1971), enfatizó que un sistema justo requiere que los ciudadanos desarrollen un “sentido de la justicia” que motive la obediencia a las instituciones equitativas, pero también la crítica informada cuando éstas fallan.

Por lo tanto, la educación cívica es el vehículo para dotar a los ciudadanos de las herramientas para reconocer y recuperar el “espacio de aparición” de Arendt. Un sistema educativo serio debe enseñar a actuar políticamente, no sólo a votar, puesto que debe desmitificar los códigos culturales que usa la élite (Bourdieu), y debe empoderar al individuo para que reconozca su propia actividad en los productos sociales (Marx). Una ciudadanía formada es la única barrera real contra la consolidación de “castas”, pues sólo ella puede revertir la alienación y transformar la resistencia pasiva en acción política consciente y bien dirigida.

Tampoco podemos dejar de lado el asunto del mecanismo de la corrupción y el nombramiento “a dedo”, que se consolidan como transgresiones directas a la base ética de la democracia. Al operar sobre la lealtad y el clientelismo, estos actos se convierten en una desigualdad estructural que garantiza la exclusión de la clase trabajadora, violando el principio de “igualdad de oportunidades” que Rawls defendió como un pilar de la justicia social.

Es necesario decirlo sin tapujos: la corrupción no es un exceso, sino una falla inherente al diseño que prioriza las relaciones personales sobre el mérito transparente. El acceso a cargos gubernamentales está fuertemente vinculado a las redes clientelares y a la capacidad de financiar campañas, elementos que escapan al alcance de la mayoría. Al socavar la fe en la posibilidad de ascenso por eficacia, el sistema político genera una profunda desesperanza mientras que valida la percepción de que la esfera pública es un coto privado, alimentando el círculo vicioso de la apatía de los buenos ciudadanos.

La falaz narrativa de la meritocracia persiste como una capa de legitimación, manteniendo viva la falsa esperanza de que el esfuerzo individual sea el único factor determinante. No obstante, una crítica filosófica honesta nos exige complejizar esta percepción. La existencia innegable de políticos comprometidos y honestos coexiste con la de los corruptos, revelando que los sistemas políticos son escenarios de una “complejidad” donde se mezclan motivaciones altruistas y egoístas, y no sólo la maldad.

Ante este panorama de exclusión sistémica, la filosofía no ofrece fórmulas mágicas, sino la obligatoriedad de interrogar lo que parece inmutable, abriendo el debate hacia la acción. En esta línea, cabe cuestionar si una reforma institucional que garantice la rotación periódica de cargos y una transparencia rigurosa en la selección de funcionarios tendría la fuerza suficiente para fracturar el núcleo de la “ley de hierro de la oligarquía”. Más aún, se hace imperativo explorar en qué medida una profunda y crítica educación cívica -una pedagogía de la polis dictada por filósofos-, junto con la creación de nuevos espacios de participación directa, podría realmente contrarrestar la alienación y devolver al ciudadano común la capacidad efectiva de influir en la esfera pública.

Finalmente, la reflexión más aguda nos lleva a inquirir: ¿es factible concebir un modelo de meritocracia que reconozca y valore el capital social y cultural de la clase trabajadora, sin que este se vea reducido, una vez más, a una simple herramienta de selección elitista? Estas interrogantes no buscan la clausura del debate, sino abrir nuevas vías de pensamiento. La filosofía, al desafiar las certezas y exponer las tensiones internas de nuestras instituciones, nos recuerda que la búsqueda de una política inclusiva es un proceso continuo, alimentado por la crítica y la voluntad colectiva de transformar lo que hoy parece inmutable.

Referencias

Arendt, H. (1958). La condición humana. Barcelona: Editorial Crítica.

Bourdieu, P. (1979). La distinción: criterio y bases sociales del gusto. Barcelona: Editorial Gedisa.

Marx, K., & Engels, F. (1848). Manifiesto del Partido Comunista.

Michels, R. (1911). Los partidos políticos. Leipzig: Duncker & Humblot.

Rawls, J. (1971). Teoría de la justicia. Madrid: Alianza Editorial.

Weber, M. (1922). Economía y sociedad. (J. H. H. Weiner, Trans.). México: Fondo de Cultura Económica.

Young, M. (1958). The Rise of the Meritocracy. London: Penguin Books.

El autor es docente, escritor y filósofo

San Juan - Argentina (2025)

Por Ramón Mercedes / Diario Azua

Nueva York / 02 noviembre 2025.-

Tres desconocidos disfrazados de trabajadores de la construcción robaron de una casa, ubicada cerca de la calle 160 y Drive 84, en Jamaica Hills-Queens, US$3,200.000 a eso de las 2:20 de la tarde el pasado 16 de octubre.

La policía dio a conocer la información este jueves 30 de octubre, especificando que los ladrones entraron por la puerta trasera de la vivienda y sustrajeron joyas depositadas en una caja fuerte, valorado por en el mencionado monto.

No se sabe si había alguien en la casa en el momento del robo, aunque la policía indicó que no se reportaron heridos.

Dos de los ladrones llevaban cascos blancos, chaquetas de construcción de colores neón y gafas de protección, además de mochilas negras. El conductor del vehículo de fuga, un Hyundai Elantra azul, vestía una sudadera blanca con capucha, pantalones negros, zapatos deportivos grises y guantes negros.

La uniformada divulgó imágenes de los malhechores. No se han producido arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

También a través de la página www.crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Asimismo, en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.