Por Oscar Lòpez Reyes
Cerramos los ojos, contemplando imaginariamente los amaneceres y anocheceres terroríficos de la dècada de 1970 en Barahona, cuando –siendo un imberbes- desde una organización maoísta pro-china y los clubes culturales contendìamos contra las crueldades de los “gorilas” policiales, y ahora -50 años despuès- los abrimos en una terraza en la cual todavìa se esparcen remanentes de una época que dejó traumas, asì como mártires y héroes reverenciables.
Evoco a un agente del Servicio Secreto que diò una paliza, impiadosamente y sin ninguna sanción, a mi tìo Manuel Lòpez, quien junto a otros parientes cercanos –los hermanos Rafael, Modesto y Aino Lòpez- viajò a la zona colonial a empuñar fusiles para defender la constitucionalidad y la soberanía de la Patria; otro tìo, Romàn Lòpez, también sufrió una golpiza, y mi primo Pablo Pèrez Lòpez (Palìn) fue acribillado tras una manifestación popular. Y desaparecieron y aniquilaron a mi compañero de estudios secundarios Juan Pablo Pelayo Fèliz (MPD) y a màs de una veintena de compueblanos.
Entre 1966 y 1978 –los denominados 12 años de los tres gobiernos de Joaquìn Balaguer-, la violencia alineò como una política de Estado para apisonar a los adversarios y sofocar las protestas ciudadanas, sin negar que tácticas de agrupaciones de izquierda también aletearon como escorias en la refriega política y sirvieron de pretexto para las acometidas. Estos fueron diez de sus linajes:
1.- Asesinatos extrajudiciales de opositores, a mansalvas, hasta en presencia de fiscales.
2.- Protecciòn por mandos superiores de uniformados de grises involucrados en crímenes, para que no fueran sometidos a la Justicia.
3.- Desapariciones “forzadas” frecuentes.
4.- Colocaciòn de panfletos comunistas y armas a adversarios del gobierno.
5.- Allanamientos e incursiones abruptas y aparatosas en residencias de perseguidos.
6.- Arrestos ilegales sin dar oportunidad a los afectados de avisar a familiares y mantenimiento en prisión por mas de 48 horas sin presentar acusaciones ante un Juez, conforme la Constitución.
7.- Policìas infractores juzgados por tribunales policiales, en casos escandalosos, por lo general bajo el manto del encubrimiento.
8.- Redadas masivas e indiscriminadas, con peladas y la formulación de expedientes falsos a los apresados.
9.- Elaboraciòn de sumarios penales con declaraciones extraìdas con la utilización de mètodos de torturas a los imputados y datos supuestos, sin presencia de un defensor tècnico.
10.- Negaciòn de libertad dispuesta por jueces, por considerar la Policìa que estos no tenían razón, en el reino de los desafueros judiciales.
Màs de 50 años despuès de aquellas vivencias, los estertores de las transgresiones al estado de derecho aùn retumban, en la individualidad de miembros de las fuerzas pùblicas al margen de las normas establecidas.
1.- Ejecuciones extrajudiciales por agentes de la Policía Nacional, la Dirección Nacional para el Control de Drogas (DNCD) y las Fuerzas Armadas, bajo el alegato de intercambios de disparos con perseguidos por robos/asaltos, asesinatos y otros delitos. .
2.-Uso excesivo de la fuerza: arrestos vejatorios, golpizas con garrotes y làstigos, redadas indiscriminadas, torturas con la modalidad de bolsas plásticas en la cabeza; agravios físicos y verbales y otros atentados contra la integridad personal, en menor cuantìa en relación con el período de los 12 años de Balaguer.
3.- Colocaciòn de drogas y armas a sospechosos de tràficos y ventas de estos productos, y violaciones carnales a trabajadoras sexuales y transgèneros.
4.- Desapariciones “forzadas” esporàdicas.
5.- Intervenciones telefónicas mùltiples, sin autorizaciones de jueces.
6.- Asignaciòn de fiscales y abogados en los màs concurridos cuarteles policiales y oficinas de la DNCD, para proteger los derechos de los detenidos y los procesos investigativos.
7.- Reformas institucionales de la Policía Nacional y sus juzgados internos, sometimientos a tribunales ordinarios de sus agentes señalados en quebrantamientos de los derechos fundamentales; creación del Instituto de Dignidad Humana, el Instituto Policial de Educaciòn (IPE) y el Instituto de Educaciòn de las Fuerzas Armadas.
8.- Aprobaciòn de la Constituciòn del 2010 y sanciòn de nuevas legislaciones para proteger el derecho a la vida y la administración de Justicia, como los códigos Penal y Procesal Penal, asì como nuevas càmaras y modernización del Ministerio Pùblico.
9.- Instituciòn del Defensor del Pueblo (Ombudsman), por medio de la Ley 19-01 y con rango constitucional, para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las ilegalidades y arbitrariedades.
10.- Surgimiento de organizaciones de la sociedad civil, que promueven el respeto a los derechos humanos, monitorean y dan seguimiento a sus facetas, asì como la aceptación de Repùblica Dominicana de la jurisdicción a la Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Creada por Trujillo Molina, el 2 de marzo de 1936, la actual Policìa Nacional guarda en sus bóvedas los actos màs sangrientos y horripilantes –que no acaben en su museo-, y acumula el màs largo y ancho porcentaje de impunidad. Desde ese año hasta el 2020, se estampa como el cuerpo social número uno en quebrantar derechos y segar vidas. Los esfuerzos realizados para forjar una institución digna han sido apreciables pero, aùn asì, menos del 10% de los desmanes precitados son ventilados en los tribunales, y ante salvajadas ruidosas agentes son apresados y destituidos.
La herencia cultural de los interventores y viejos caudillos, caciques y tiranos de reprimir con el tarugo para imponer el orden y la autoridad, sigue gravitando como una fatalidad, en evidentes pròrrogas generacionales. Esa hemorragia pestilente, transmitida a través de documentos/reglamentos y estilos, ha machacado desde las ocupaciones francesas, haitianas, españolas y norteamericanas. Cuando el acoso hastìa, se varìan los nombres de los òrganos armados: Comisarìa, Gendarmerìa, Policìa Urbana y Rural, Policìa Gubernativa, Policìa Municipal, Cuerpo de Serenos de Santo Domingo, Brigada Nacional, Policìa Nacional Dominicana y Guardia Nacional Republicana, la màs famosa por su severidad y por la frase “apresado por la Guardia de Mon” (presidente Ramòn Càceres).
La Policìa Nacional guarda en sus bóvedas los actos màs sangrientos y horripilantes –que no acaben en su museo-, y acumula el màs largo y ancho porcentaje de impunidad. Desde 1936 hasta el 2020, se estampa como la entidad social número uno en quebrantar prerrogativas y tronchar vidas.
En la contemporaneidad, la màs aconsejable política pública para que los agentes obedezcan la Constituciòn y normativas adjetivas, y preserven a sus semejantes, podemos bifurcarla, en perspectiva del futuro inmediato, en cinco ramales:
1.- Garantizar a los policìas tranquilidad espiritual y equilibrio mental, con salarios que satisfagan sus necesidades existenciales básicas.
2.- Fijarles horarios màs limitados y humanos, con tiempo para descansar y realizar tareas de superación personal.
3.- Profundizar en los estudios de actualización y especialización, e incentivar màs adecuadamente el especialismo.
4.- Emplear armas no letales, que no provoquen daños físicos ni psíquicos, aprobadas por organismos internacionales, para afrontar las manifestaciones pùblicas y desobediencias/rebeldía de ciudadanos.
5.- Extender prioritariamente los trabajos conjuntos con las comunidades.
Para vigilar y proteger a la ciudadanía, la Policìa no tiene que hacer ningún despojo para sacudirse del maleficio, ni tampoco ponerse otro nombre. Procede, eso sì, cambiar de cultura y los métodos repulsivos que, en ocasiones, son marciales. Sin efectuar profundos estudios cualitativos y cuantitativos, comencemos con los anteriores, y otros que sean pertinentes.
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