No cabe duda de que el nuestro es un país corrupto, por lo menos de acuerdo a lo establecido en el informe de la organización sin fines de lucro Transparencia Internacional, titulado “Barómetro de la Corrupción en América Latina, 2019”, donde se nos coloca en 2do. lugar, como los países más corruptos del área, junto a Panamá, sólo por debajo de Venezuela.
Es como si el flagelo del enriquecimiento ilícito en la Administración Pública dominicana tuviera causas biológicas, históricas, sistémicas, religiosas, endémicas y familiares. Tan profundas son sus raíces que alcanzan la fundación misma de nuestra nación, es decir, desde la llegada de Cristóbal Colón a nuestras tierras. Basta revisar el comportamiento asumido por los rectores de los destinos nacionales desde que éramos colonia, época en la que los gobernadores de turno hacían reparticiones de tierras e indios buscando provechos personales, para citar solamente un caso. Como puede verse, la corrupción pública es, según los anales históricos, tan vieja como el inicio de nuestra identidad nacional.
Max Weber da explicaciones hasta religiosas acerca del por qué en países católicos había más incidencia de la corrupción que en países protestantes. En su obra “La ética Protestante y el espíritu capitalista”, con la que marcó el inicio de la sociología como disciplina científica, asumió que las absoluciones morales que se hacían con las confesiones creaban vías confortadoras frente a quienes inescrupulosamente incumplían sus funciones.
Hay razones de todo tipo por la que los dominicanos actuamos de tal manera, muchas de ellas referidas en la obra del Dr. José Rafael Abinader Wasaf titulada “La Corrupción administrativa en América Latina: el caso de la República Dominicana”, de 1986.
Muchos analistas ven en los bajos salarios, en la inseguridad e inestabilidad del empleo público, producto de las súbitas modificaciones administrativas que se producen como resultado de los cambios de gobierno, pero también se atribuyen como causas de corrupción la falta de garantía del porvenir de los servidores públicos, que después de largos años de servicio carecen de verdadera protección estatal. Esta nos parece circunstancia decisiva como causa generadora de la corrupción pero, de todas las que pueden considerarse, la peor es la inversión de los valores morales, producto de la aceptación de los hechos cumplidos.
Estamos, pues, ante un estado que promueve y auspicia la corrupción, que ahora, por varias razones que explicaré, va en aumento. En este sentido, hay corrupción en nuestro país:
Porque precisamente la corrupción es la que paga las carísimas campañas políticas, sobre todo las reelecciones presidenciales;
Porque los mayores corruptores son los empresarios, que hacen jugosas ofertas y ofrecen tentadoras comisiones a quienes ejercen cargos públicos;
Porque en este concepto de la vida light en el que estamos viviendo, todo es permitido y moralmente aceptado;
Porque la presión al servidor público inicia en su propia casa, por la familia que le hace exigencias incesantes, iniciando por su pareja (para que adquiera una casa para ella y para hijos, vehículos para sí y beneficios para los demás familiares, entre ellos la colocación en empleos que casi siempre se convierten en botellas);
Porque la impunidad histórica alienta el peculado: todo el que ha robado en los últimos 100 años se ha quedado con su fortuna y se ha reciclado socialmente;
Porque la gente se burla públicamente de quien es honesto y, después de cancelado, pasa después grandes dificultades por apremios económicos, sin que nadie reconozca su correcto proceder;
Porque lo que más rápido y fácil produce movilidad social es un cargo público;
Porque el Estado no tiene o suele no tener dolientes y quienes tienen cargos públicos, prefieren hasta la cárcel antes que perder el patrimonio obtenido;
Porque en el actual sistema electoral, el que no tiene recursos no puede aspirar a una posición electiva, pero acceder a un cargo de elección popular exige la inversión de millones de pesos que deben reponerse o pagarse.
Porque, penosamente, en nuestra sociedad no se ejemplariza al funcionario modelo. Nada más hay que ver la situación de indefensión extrema en la que fallecieron hombres verticalmente honestos, como don Julio Sauri, ex administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero el caso más relevante, que sepamos, fue el del Dr. Jorge Martínez Lavandier, quien después de haber ocupado importantísimas posiciones como la Dirección General de Aduanas y la de Rentas Internas, entre varias otras, terminó sus días a los 82 años en un hogar de ancianos con una pírrica pensión de hambre. No faltó quien dijera, de manera capciosa, que él fue un “mal ejemplo para la sociedad” porque la enseñanza que involuntariamente dejó, después de 35 años de servicios ininterrumpidos al Estado, fue que “la honradez no paga.”
La impunidad se institucionalizó con la frase “la corrupción se para en la puerta de mi despacho”, del Dr. Joaquín Balaguer, pues con ello admitió que la misma estaba en todas las instituciones oficiales. También, con el “borrón y cuenta nueva” al que se vieron obligados dos hombres honestos como el Profesor Bosch y Don Antonio Guzmán.
Como no hay corruptos sin corruptores, debe saber el ministerio público que los grandes beneficiados de ese entramado de perversión están en el sector privado, porque sin ellos es imposible construir esos grandes negocios.
La diferencia entre la vieja y la nueva corrupción son los montos y usos. Antes lo hacían solo para garantizarse un mínimo de estabilidad (una casa, un vehículo una finquita o un negocio para vivir de él). Ahora estamos ante un flagelo mayor, el de la mega corrupción, aquella que le roba el presente y el futuro a nuestros hijos, porque ya no se roban pesos sino millones de dólares, para adquirir lujosas mansiones y villas, carros deportivos costosísimos, helicópteros y aviones, importantes inversiones en empresas y cuentas multimillonarias en el extranjero. ¡Pero qué locura demencial es ésta, que en una pobre república isleña bananera y tercermundista de apenas 48 mil kilómetros existan fortunas ilícitas de decenas de millones de dólares!
Sin que nadie piense que estoy justificando acciones, la persecución administrativa debe enfocarse en los casos en los que el Estado puede recuperar sumas importantes, pero no en caerle atrás a la “corrupción de la subsistencia”, porque esa es una pérdida de tiempo y de recursos, además de que la misma está en todo el cuerpo social dominicano.
Lo más extraño es que los poseedores de esas mega-fortunas, salvo escasísimas excepciones, no son dirigentes políticos de oficio ni de larga data, ni están al frente de los partidos políticos del país. La mayoría de los corruptos son oportunistas y advenedizos que llegan al poder por amistad, por sociedad, por vinculaciones amorosas o relaciones de familiaridad con los detentadores del poder de turno, que reciben grandes y multimillonarios contratos de obras, de compras y hasta concesiones.
Ustedes no verán esa mega-corrupción en los auténticos dirigentes partidarios. Al contrario, como fácilmente se sabrá, la mega-corrupción se verá en aquellos que tuvieron acceso a la cercanía de quienes decidían, en calidad de compadres, familiares, socios, amigos y novias.
En definitiva, los grandes beneficiados de la corrupción, sobre todo de los últimos 60 años, son los que pululan alrededor de los gobiernos y de manera oportunista los asaltan; los que lo obtenido los disfrutan solo para sí, porque al no tener compromisos políticos reales, ni militancia ortodoxa, no comparten su patrimonio ilegalmente obtenido con sus compañeros de partido.
La realidad es, sin embargo, que la corrupción es sistémica y estructural. Ningún Estado que tenga la realidad pandémica del peculado, como el caso nuestro, puede creer en la buena fe, en la seriedad de sus funcionarios, que serán presionados por las realidades que se les imponen. A ello se une la discrecionalidad de poder comprar y contratar en más de 300 instituciones públicas. La situación no cambiará si no se le quita esa potestad de comprar a todo el mundo y solo se otorga a una o a dos instituciones, de manera que solamente esas tengan el derecho legal a comprar, a adquirir bienes, servicios u otorgar concesiones.
En procura de buscar soluciones a esa realidad en que vivimos, a través del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) y de la Fundación Transparencia Institucional (Futrain), llevaremos una propuesta acabada para que el Presidente restituya la ya desaparecida Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, para que se encargue de adquirir todo lo que compra el gobierno. Durante muchos años esa Dirección existió y en lo adelante, puede operar con grandes beneficios para el Estado. Aparte de esa institución, otra entidad deberá manejar los contratos y concesiones, poniendo al frente de ambas a hombres probos, que en política hay muchos, incluyendo claro está, en el PRM, pero hay que establecer que a los mismos hay que pagarles muy bien y garantizarles estabilidad futura, para que no se vean tentados a hacer lo mismo de siempre.
De corruptos han sido acusados todos los gobiernos, unos más, otros menos por lo que hay que quitarle el matiz político o persecutor por razones partidarias, todos hemos sido víctimas en nuestras organizaciones políticas, en su momento. Tengo fresco en la memoria todo lo que hubo de pasar mi buen amigo Salvador Jorge Blanco en el gobierno del Doctor Balaguer, que uso esa arma para desacreditar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y mantenerse en el poder 10 años más, después de los oprobiosos “12 años”, en los que la corrupción campeó por sus fueros.
Si hay algo que desestimuló profundamente al idealismo nacional fueron las grandes trabas que impidieron la llegada al poder de los honestísimos Prof. Juan Bosch y de mi padre, José Francisco Peña Gómez, ejemplos vivos de probidad absoluta.
Sin embargo hay que reconocer el interés del hoy Presidente Abinader en tomar correctivos y hacer un gobierno honesto. Él quiere predicar con el ejemplo y por ello, viene a mi memoria una respuesta del Dr. Peña Gómez a un amigo que le inquirió sobre por qué él había dejado como funcionario a alguien que sindicaban como corrupto, nada menos que al frente de un departamento en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuando le tocó ser Sindico (Alcalde). Le expresó mi padre a ese amigo que “su comportamiento será honesto, porque el ejemplo que le daría su jefe lo obligaría a actuar de igual manera”, y así pasó, ese funcionario terminó siendo uno de los más correctos y eficientes. Pareciese que lo motivó el ejemplo del líder.
Esa experiencia de nuestro ejemplar líder negro y de alma blanca, como la del hoy mandatario, fue recogida en la obra del Dr. José Rafael Abinader Wasaf, educador, político y funcionario público honesto cuyo patrimonio lo logró en el sector privado, sin vincular jamás sus actividades empresariales con el sector estatal. En efecto, en su libro arriba citado el Dr. Abinader expresó lo siguiente, cito: “La corrupción, lo mismo que la honestidad, desciende de la más alta jerarquía administrativa a los estratos inferiores. Si el jefe es honesto y exige esa virtud a sus subalternos, estos no tienen otra alternativa que actuar según el ejemplo que les da su superior. Si es al revés, la podredumbre se adueña de la oficina.”
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