Por José Francisco Peña Guaba
Nuestra nación siempre ha tenido mucha desconfianza en los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral.
Esa es una realidad que viene desde la fundación misma de la República, ya que los integrantes de este organismo, históricamente, le han servido más a los regímenes autoritarios que a los gobiernos verdaderamente democráticos.
Es de triste recordación el papel jugado por jueces que, en el ayer, se prestaron a todos tipos de fraudes contra la voluntad soberana del pueblo, plegándose la mayoría de los miembros de su dirección a la voluntad del Presidente de turno, resultando probada su complicidad en varios casos, en virtud de lo cual el país se ha visto abocado a confrontaciones y gravísimas crisis institucionales, como la última del 1994, donde estuvimos a punto de una guerra civil.
En cada momento de nuestro devenir histórico, personas reputadas como “honorables” o “correctas” le permitieron a partidos oficialistas el control de sus estructuras operativas, cometiéndose abusos incalificables contra la voluntad popular, como ocurrió en 1986 cuando no se contó el voto de doble rayado, de manera que no se consignaron más de 80 mil votos emitidos a favor de Jacobo Majluta. Con argucias legales se le arrebató ese triunfo al PRD, dándole entrada de nuevo al Dr. Balaguer, en este caso muy particular con el apoyo de fuerzas combinadas de la oposición, el gobierno, el alto empresariado y una parte de la Iglesia, sectores que bautizaron ese hecho para traer de nuevo al palacio presidencial al insigne hijo de Navarrete.
Son muy contadas las luces que ha habido en ese organismo. Como padeciendo una maldición, la mayoría de sus directivos sufrieron la ignominia del fracaso, por permitir abusos de triste recordación, en todos los niveles de elección. A muchos les ha resultado más fácil acomodarse a los dictados de los inquilinos de la mansión de Gazcue que responder a los dictados de sus conciencias o que respetar la voluntad libérrima del soberano, cuando se ha expresado en las urnas. No ha existido todavía un sólo fraude electoral cometido por ningún gobiernos… que no haya tenido la colaboración, por acción u omisión, de la Junta Central Electoral.
Los actuales integrantes de la JCE llegaron a esta con un gran prestigio personal y profesional. Castaños Guzmán, su Presidente y sus integrantes, los doctores Roberto Saladín Selín, Carmen Imbert Brugal, Henry Mejía Oviedo y Rosario Graciano de los Santos son personas de una hoja de vida sin mácula, gente seria y honesta que sin querer se han visto en el ojo del huracán, ello así porque han estado sometidos a todo tipo de presiones de la clase política, y si vamos a decir la verdad, de todos los litorales.
En los casi 27 años que tengo en contacto permanente con la JCE he visto de todo, como en esta ocasión en la que he palpado la buena fe de sus miembros, manchada por las inobservancias de una parte de su personal, que ha generado decisiones cuestionadas. Como ejemplo se tiene lo sucedido con las primarias del 6 de Octubre, que la Junta debió anular aunque fuera sólo por el solo hecho de admitir que se permitió la votación en centros o recintos hasta pasada la medianoche, donde ya se estaban hacía horas dando boletines de resultados. Fuera de cualesquiera otras consideraciones ese único hecho invalidó totalmente las primarias.
Escuché decir a observadores de UNIORE, sobre las primarias, que en todo el tiempo que tenían observando elecciones nunca habían visto que se daban resultados con la gente votando y haciéndolo en un porcentaje altísimo. A mis amigos de la JCE en ese momento les faltó capacidad decisoria para enmendar el error cometido. Esa situación, más los constantes llamados de atención y observaciones que se les hicieron, casi hasta la necedad, demostrándoles que el sistema automatizado tenía grandísimas debilidades sin que nos prestaran atención, nos llevó a las “suspendidas elecciones de Febrero”. Ahí estallaron los cuestionamientos. Juro que me apenó ver a tan prestigiosos letrados siendo apostrofados por una legión de indignados ciudadanos frente a la sede de la JCE.
Sé que los miembros del órgano comicial se encuentran lastimados por las frecuentes y hasta permanentes críticas de los partidos de oposición como de una parte importante de la clase media. Sé que sienten, no sin cierta razón, que ellos también tienen la presión de los partidos aliados del gobierno, así como se ven obligados a aplicar criterios y dictámenes diferentes y no compatibles con sus criterios, originados en instancias judiciales pero que, en ocasiones no se corresponden con lo establecido por las leyes Electoral y de Partidos y en algunos casos ni siquiera con el más elemental sentido de la racionalidad, bajo el criterio de que “el desacato no es una opción.”
No admitir que con la llegada del Doctor Castaños Guzmán se creó una mayor armonía y colaboración con los Partidos sería innoble: él, como ningún otro presidente de la JCE, le abrió su despacho a los partidos, a todos sin excepción. En todos los años que llevo vinculado a los quehaceres electorales por estar al frente de una organización política reconocida, nunca se habían hecho más reuniones con los actores del sistema de partidos y los administradores del proceso, que en esta gestión. Eso es justo reconocerlo, como también son ciertos los excesos en los que se ha incurrido, cuestionando innecesariamente y a veces en términos personales a los miembros del Pleno de la JCE, lo que ha ocurrido particularmente a través de las redes sociales. No se ha querido entender que los magistrados también tienen familia y una honra personal que salvar. En el caso de quien esto escribe, vaya para ellos el agradecimiento de nuestra organización política y del FOPPPREDOM, por el trato recibido.
Los informes de la OEA, IFES UNIORE como los de otros auditores del proceso electoral ha hecho mucho daño a la gestión actual, al decir de algunos. Sin embargo, yo lo veo diferente a la mayoría de los dirigentes políticos, pues creo que esas instituciones, con reputados técnicos y experiencias, debieron ser enfáticos en dar sus opiniones y criterios mucho antes de que ocurrieran los hechos, que no eran secreto para nadie.
Una gran parte de los partidos políticos sabíamos qué sucedería y si lo vimos venir, también los representantes de esas instituciones, que prevalidas de su prestigio institucional no fueron, sin embargo, lo suficientemente responsables como para decirle a la Junta y al país a lo que nos abocábamos con el sistema automatizado, como tampoco se previeron ni solucionaron los errores graves sucedidos en las primarias, por lo cual lo allí pasado es una culpa compartida que no le podemos endilgar únicamente a los miembros del Pleno de la JCE.
Las elecciones municipales de marzo, hay que reconocerlo, se realizaron “bien” en el sentido de que no hubieron mayores problemas, lo que nos hace entender que en el sistema manual la experiencia y el control por parte de la JCE están garantizados. Vamos camino a la realización de las elecciones de julio, que tienen unas características muy especiales dado que serán realizadas en medio de la pandemia del Covid 19.
Siendo honestos, lo que allí suceda es más responsabilidad de la clase política, en especial del PLD y el PRM, que han forzado la situación para realizar unos comicios en tan difíciles condiciones.
Advierto que la Junta está haciendo lo que puede, aunque son tantos los inconvenientes que si salen de ahí bien librados será heroico lo que realizarán, porque todas las circunstancias son adversas, por situaciones tales como el improbable voto del exterior, las continuas aprobaciones de estados de emergencia, las restricciones a derechos constitucionales de los ciudadanos que van en contra posición a una proclama electoral de apertura de campaña, el temor al contagio del personal de los colegios y de las juntas municipales, los recursos perdidos por los partidos por las suspendidas elecciones de febrero y el muy difícil montaje de las mismas por la obligatoria presencia de delegados y personal de logística del órgano con la alta posibilidad al contagio del coronavirus.
Vamos a unas elecciones sabiendo que se verá un drástico descenso en la concurrencia de electores, en el cumplimiento de un rígido protocolo sanitario para evitar la propagación aún más del virus a la población y que está primera vuelta no sea un factor o vector contagioso importante de la pandemia, que haga estallar la posibilidad de celebrar una segunda vuelta electoral, como las encuestas dicen se espera habrá de realizarse.
Ante la inminente realidad de llevar a cabo estas elecciones de julio, los actores del proceso –partidos, electores y JCE– debemos tener un espíritu de colaboración y comprensión de nuestras debilidades. No sería justo pedir a los miembros del Pleno que lo resuelvan todo, porque hay cosas que no están en sus manos. Hoy la oposición recela de la permisividad de parte del Pleno ante las reiteradas violaciones a las leyes Electoral y de Partidos, realizadas por el partido oficialista. El problema parece ser que se encontraron el estado de emergencia con la campaña electoral y la asistencia social o económica a los sectores más vulnerables de la nación por la pandemia, si bien en la oposición se advierte con claridad el manejo unilateral de las asignaciones realizadas por el gobierno, que no es nada inocente, todo lo contrario, detrás de todos esos programas (Solidaridad, Quédate en Casa y Pa ti, sobre todo) se oculta el burdo interés electoralista de aprovecharse de la crisis sanitaria creada por el coronavirus.
La JCE tiene una cita con la historia. Si no actúan con determinación, podrían meter al país, por inacción, en una gravísima crisis política que es lo que nos falta para que se forme una tormenta perfecta, con las graves secuelas que en todos los órdenes está dejando el Covid 19. Yo sigo apostando a que los actuales miembros del Pleno de la JCE tienen clara conciencia de la situación de la nación, a que ellos saben que hay gente dispuesta a dinamitar el proceso electoral. El compromiso no es con ninguno de nosotros los políticos, ni con los partidos, ni siquiera con aquellos que con su voto en el Senado los llevaron ahí. Ellos tienen un compromiso ciudadano, con el pueblo, con el soberano al que le deben obligada obediencia. Que impongan el veredicto sin permitir coacción alguna a los electores, que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, esa es la tarea fundamental de la JCE. Estoy seguro que los miembros del Pleno de la JCE se pondrán del lado correcto de la historia, al margen de banderías partidarias: ellos sólo deberán escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios. ¡La nación así lo espera y ellos no pueden fallarle!
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