El ex presidente Hipólito Mejía afirma que en América Latina y El Caribe, la corrupción se apropia de recursos económicos públicos y privados que, bien usados, podrían servir al bien común, deberían servir para mejorar la calidad de vida de las familias, el fortalecimiento institucional y una distribución más equitativa de la riquezas de los países de la región.
Afirmó que una evidencia de esa realidad es que sólo en el año 2015 la corrupción costó en el área cerca de ciento cuarenta y dos mil novecientos veinte millones de dólares, cifra que representa el tres por ciento de lo que se produce en la región.
El ex Presidente Mejía disertó sobre el tema " Política y Corrupción" en la Octava Conferencia Regional. de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), celebrada en un hotel del este del país.
Mejía expresó: "Quiero hacer algunas propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Una legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa legislación debe establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo lugar, es imperativo fortalecer la competitividad, la cual, más que la panacea contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado y es otra como forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad obliga a cumplir con normas internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el mercado causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia.
En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes que ser instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
El modelo a superar es aquel que usa la asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente como garantía para que la población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, "Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida"
En quinto lugar, los últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.
En las elecciones esas instituciones han sido instrumentos al servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de los otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una profunda modificación del sistema electoral.
Es obvio que la mayoría de los candidatos del partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando no se ejerce, debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del adecentamiento de la política, condición imprescindible para enfrentar la corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degradada alimenta la corrupción.
"Se asume, sentenció, que la corrupción ocurre cuando se usa el poder que otorga la cercanía con el aparato político oficial, para apropiarse en beneficio personal y privado de recursos destinados al bien común. La corrupción, pues, es una negación de la transparencia".
El ex mandatario señaló al destacar la relación entre política y corrupción que se fundamenta en la combinación de control extraordinario que disfruta el aparato estatal de recursos naturales, empresas e instituciones unido a la debilidad institucional.
"Es precisamente para acceder y mantener ese control que muchos políticos y empresarios invierten dinero, compran conciencias, debilitan instituciones, desmovilizan a la sociedad, controlan medios de comunicación, usan el clientelismo, practican la extorsión, promueven el favoritismo, alimentan el nepotismo, y, cuando es necesario, recurren al terror y al miedo", dijo.
Relación entre política y corrupción
"En otras palabras, la corrupción en la región no es un fenómeno natural ni espontáneo. Es la expresión de un proyecto de control social que tiene actores, nombres y apellidos", señaló
Entre las causas que explican el origen y la reproducción de ese proyecto de control, es imperativo resaltar sus efectos económicos, medioambientales, sociales y políticos que causa el flagelo en la sociedad y en los ciudadanos.
Expresó que entre los efectos económicos se destacan el daño que hace a la competitividad, particularmente por la falta de transparencia, resaltando que la opacidad de las reglas del juego favorece la competencia desleal, el tráfico de influencia, y el soborno.
Recalcó "La ineficiencia y las distorsiones en las actividades comerciales y empresariales son inherentes a esa realidad en nuestros países".
Manifestó que "La grosera contaminación de nuestros ríos y mares, la grave deforestación de nuestras áreas protegidas, y la extracción no regulada de nuestros recursos mineros, son ejemplos inocultables de este fenómeno. Y eso ocurre a pesar de la existencia de leyes y regulaciones para evitarlo".
"Muchos partidos políticos, como ocurre en la República Dominicana con el Partido de la Liberación Dominicana, son verdaderas corporaciones, cuyo objetivo central es mantenerse en el poder para beneficiar a su élite. Apoyan en políticas clientelistas y reparten las migas a los pobres, para mantenerlos atrapados en el círculo vicioso de la pobreza", enfatizó
"Es de consenso que cuando esos partidos controlan las instituciones que regulan los procesos electorales y así, debilitan nuestra democracia, como ocurre en República Dominicana, provocando el desinterés en la política que tiene parte de nuestra población, que se expresa en una creciente abstención electoral, es una expresión del daño que hace la corrupción al tejido social de nuestros países", dijo.
Los políticos corruptos se nutren en la desmovilización social.
En esa parálisis colectiva fenómeno que se expresa en la indiferencia y en la no participación en la protesta pública.
"A pesar de la fuerza de ese esquema, nos parece insuficiente porque soslaya, de la esfera política pública, al poder fáctico y a la sociedad civil. En efecto, ambas instancias sociales, sin ser formalmente parte del funcionariado político, pueden tener y tienen una extraordinaria influencia política", recalcó.
Consecuentemente, expresó, pueden inclinar la balanza a favor de la transparencia o de la corrupción y como se ha visto recientemente en varios países de la región, que en condiciones particulares, empresas privadas han sido actores claves en procesos de corrupción que amenazan la competitividad, la estabilidad política y la paz social.
A su entender causas de la corrupción son, fundamentalmente, de tres tipos.
En primer lugar, están las causas de naturaleza económica, es decir, el mundo del intercambio de bienes y servicios, usualmente regulado por las leyes del mercado.
En segundo lugar, existen las causas político-institucionales, es decir, los espacios normados por las leyes donde los gobernantes y los gobernados ejercen los derechos y deberes establecidos por la Constitución y las Leyes. Ese es el mundo institucional del contrato social que busca asegurar la gobernabilidad y el bien común.
La ruptura de ese contrato social, especialmente la pérdida de confianza en las instituciones, es una grave amenaza a la democracia.
Y, en tercer lugar, están las causas culturales, es decir, la manera en que en el presente los ciudadanos y las ciudadanas de un país valoran y se vinculan a la corrupción, la transparencia y la política, a partir de sus vivencias históricas colectivas y las expectativas personales y grupales.
Resalto que es de primer orden, entender las dimensiones éticas y morales de las causas culturales de la corrupción, para corregir el grave mal, ya que no sólo hace daño a las instituciones y a las leyes, sino que también corrompe el alma de los pueblos.
Al preguntarse ¿Cuál debe ser el rol de los partidos políticos, los empresarios, los trabajadores organizados, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Mejía expresó: "Quiero, en esta última parte de mi intervención, abordar estas preguntas ineludibles haciendo algunas propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. La rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es un componente esencial de ese fortalecimiento institucional.
Una dimensión crucial de ese consenso es la legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa legislación, para que sea efectiva, debe también establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo lugar, es imperativo fortalecer la competitividad de nuestras economías como forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad, más que ser en sí misma la panacea contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado.
Asimismo, la competitividad obliga a cumplir con normas internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el mercado causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Para tal fin, entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor, en ese sentido, que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia.
En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes que como instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
En ese sentido, el modelo a superar es aquel que usa la asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Para superar la pobreza que abunda en nuestra región, es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente. Esa capacitación es la garantía para que la población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, "Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida"
En quinto lugar, los últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral que en las últimas elecciones han sido instrumentos del servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de los otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una modificación del sistema electoral.
Sin lugar a dudas, la mayoría de los candidatos del partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando se inhibe, debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del adecentamiento de la política. Esa es una condición necesaria para enfrentar la corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degradada alimenta la corrupción.
Ejemplos recientes en RD
El primer ejemplo se refiere al abuso del poder para mantenerse en el gobierno.
Este fenómeno toma dimensiones extraordinarias con el Presidente Leonel Fernández en las elecciones del 2008, quien abusó del uso de los recursos públicos para financiar su campaña buscaba la reelección
El reparto fue tan grosero que se creó un déficit multimillonario para financiar su campaña, debilitando así la capacidad del gobierno para resolver problemas urgentes de interés común, tales como la producción de alimentos, la educación y el mejoramiento de la infraestructura, entre otros.
Otro ejemplo del abuso del poder absoluto es como se hizo la elección avasallante de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y la de los miembros de los Tribunales Superiores, es decir, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. El gobierno usó su mayoría mecánica para imponer a miembros y allegados del Partido de la Liberación Dominicana.
Al hacer lo mismo en la Contraloría General de la República y en la Cámara de Cuentas, se garantizó la suprema jugada de la impunidad y la corrupción en la República Dominicana.
Estas maniobras han permitido al PLD y a sus gobiernos, blindar esos tribunales para que los favorezcan y no sancionen la corrupción rampante que caracteriza su ejercicio del poder.
Otra demostración relevante de la corrupción en el país es la conversión de la Junta Central Electoral en una caja de resonancia de los dictados y necesidades de justificación de las trampas de toda índole, usadas por el Partido de la Liberación Dominicana para mantenerse en el poder.
Del ministerio público
A ese blindaje de los Tribunales Superiores, hay que agregar la inamovilidad de los miembros del Ministerio Público, quienes han sido reducidos, hace tiempo, al rol de empleados del Poder Ejecutivo, con las manos atadas.
Esa falta de independencia les impide actuar por sí, ya que saben que con un simple decreto pueden ser enviados a sus casas.
Dado que el Procurador General de la República es designado por decreto, se trata de otro funcionario público cuya lealtad está y estará en función de los intereses del mandatario, por encima del interés general de la sociedad.
La frecuencia con que se archivan expedientes de acusación de actos de corrupción de altos funcionarios, evidencia el tratamiento que se le da a los expedientes, irrespetando los procedimientos judiciales y la Ley.
Jueces
Es grave que los Jueces del Poder Judicial sean seleccionados con un estricto criterio partidista.
Asimismo, los jueces de los Tribunales Inferiores son mantenidos en sus cargos bajo la mirilla política del gobierno que los selecciona, los supervisa, los traslada, los degrada y los juzga, en un ejercicio vertical que permite el control de esos funcionarios, para beneficio de la corrupción.
Es la propia Ley 327-98 de Carrera Judicial la que pone las decisiones judiciales en manos de los “superiores jerárquicos” a la independencia de los magistrados del aparato judicial.
Construcciones ilegales
La construcción de obras es una de las principales fuentes de corrupción en los gobiernos, pese a todas las leyes, reglamentos, concursos, concesiones, siempre hay resquicios que permiten estar seguros de que se cometen actos ilegales.
La campaña de construcción de escuelas que lleva a cabo el gobierno comenzó a cojear cuando se denunció la sobrevaluación de terrenos escogidos para levantar las edificaciones.
Muchos de estos trabajos se iniciaron en solares cuyos tenedores no demostraron la legalidad de la ocupación de la propiedad, y cuando ingenieros y constructores avanzaron grandes sumas de dinero que el gobierno no les cubicó o no les ha pagado, aunque los trabajos fueron realizados, todo lo cual se presta al tráfico de influencias.
La tanda extendida
El horario escolar extendido es un barril sin fondo que consume miles de millones de pesos para proporcionar comida y refrigerios a los estudiantes de la escuela primaria, sin que se conozcan los necesarios concursos para seleccionar los proveedores con mayor experiencia, mayor higiene, mayores conocimientos de nutrición. Esos alimentos son muchas veces procesados sin que haya las condiciones adecuadas.
Como estoy de acuerdo con el programa de tanda extendida, hago estas críticas con la intención de que las deficiencias sean superadas y que el mismo se amplíe para que comprenda todas las escuelas y todos los estudiantes, luego de que se hagan los arreglos pertinentes.
La prensa y la corrupción
Para que la prensa cumpla con su papel de informar, divulgar, opinar, entretener, requiere de independencia.
La prensa dominicana dista mucho de cumplir, con responsabilidad, de informar nada más que la verdad, toda la verdad. Una maraña de intereses distrae las noticias de modo que digan y no digan, amaguen y no den, que diciendo no dejen de decir.
El Gobierno como principal corruptor, emplea periodistas profesionales como relacionadores de las instituciones públicas, para mantenerlos bajo control.
Sin embargo, las redes sociales vienen a llenar el vacío que crea la prensa convencional, ya que son, por naturaleza, ágiles, más rápidas, más instantáneas, sin que sean menos seguras que los diarios tradicionales.
En resumen, las redes sociales son hoy un componente fundamental de la voz ciudadana contra la corrupción.
El contrabando
Otra fuente de corrupción es el contrabando, que ingresa por los puertos y aeropuertos del país, muchas veces con la complicidad de autoridades, en una práctica que se multiplica con el tiempo y los cada vez más sofisticados modos de actuar de los delincuentes.
El contrabando, la subvaluación, la complicidad de autoridades de aduana y altos funcionarios, forman otro de los fuertes eslabones de la corrupción, que afecta al fisco, a la competitividad y la transparencia.
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
Uno de los casos más extremos de corrupción en el gobierno dominicano involucra a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, una institución que cuenta con un presupuesto elevado.
Las irregularidades en la asignación de obras, así como el soborno para su pago, se hicieron evidentes cuando, en las mismas oficinas de esa entidad, se suicidó el arquitecto David Rodríguez García, acosado por la desesperación.
Había construido una escuela básica ubicada en la Provincia Monte Plata, la cual fue inaugurada por el Presidente de la República, pero la obra no fue saldada sino casi un año después de esa fecha, justamente el día del suicidio del mencionado profesional. En una nota manuscrita, el arquitecto Rodríguez García reveló las extorsiones que le hicieron varios funcionarios la OISOE.
Este proceso todavía se ventila en los tribunales.
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
En el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), un alto ejecutivo ha sido acusado de desfalco y prevaricación. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), lo acusó por prevaricación, falsedad, desfalco, delito de mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, estafa contra el Estado dominicano y abuso de confianza. El expediente refleja que en esa institución se firmaron contratos con 38 empresas, por un monto de 904 millones de pesos. Una sola compañía fue beneficiada con nueve contratos, de los cuales ocho fueron suscritos en un solo día.
Funglode
Un ejemplo del peso de la corrupción política en el país es la Fundación Global y Desarrollo (FUNGLODE), cuyo jefe es el Presidente Leonel Fernández.
Esa fundación, arrastra una larga cadena de violaciones a la Constitución y las Leyes, incluyendo uso de fondos públicos, conflicto de intereses, prevaricación, y recaudación ilícita de fondos.
A pesar de que prominentes abogados presentaron una querella formal, con pruebas sólidas de la corrupción vinculada a FUNGLODE, la justicia decidió cerrar definitivamente el caso.
La parcialidad de la justicia dominicana se pone en evidencia con este escandaloso caso.
Debemos preguntar: ¿Cuántos millones se han gastado en Funglode?
Los Súper Tucanos
La gravedad del tema que nos ocupa tiene vínculos internacionales inocultables.
Esa realidad se hace evidente con la compra de varios aviones de la marca Súper Tucanos comprados por el Gobierno Dominicano a la empresa brasileña EMBRAER durante la gestión del Presidente Leonel Fernández.
Como ha admitido recientemente la EMBRAER, esa compra estuvo manchada por la corrupción. En efecto, en esa transacción se sobrevaloró el precio de los aviones, y se pagaron comisiones por más de tres millones de dólares a funcionarios dominicanos.
Se ha denunciado que, en este caso, se cometieron otras irregularidades, especialmente en el monto de los seguros. En conjunto, se habla de más de diez millones de dólares pagados de forma no transparente el perjuicio de la República Dominicana.
Este delicado hecho de corrupción, que se ha convertido en uno de los más importantes a nivel internacional, muy especialmente en los EEUU y en Brasil, se trató de minimizar en la República Dominicana a pesar de haber sido nosotros el país más afectado.
Sin la investigación del caso en los EEUU y Brasil, nada habría pasado en nuestro país.
El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están obligados a aclarar este caso.
Mientras tanto, nosotros estaremos vigilantes hasta que sean condenados los responsables.
Otros casos relevantes
Un caso relevante lo constituye el de un poderoso ex Ministro, acusado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, de la comisión de delitos de Lavado de Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, Declaración Jurada de Bienes y que también fue vinculado a contratos irregulares.
En este caso, para sorpresa del Ministerio Público, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el archivo de los dieciocho meses de indagatorias sobre ese expediente.
Otro caso muy sonado lo constituye la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar un auto de “no ha lugar” a favor de un reconocido dirigente político y ex funcionario del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, acusado de la comisión de actos de corrupción, cuyo súbito enriquecimiento ha constituido una piedra de escándalo, sin precedentes en el escenario nacional.
Sector salud
Uno de los escándalos más oscuros lo constituye las irregularidades en la construcción de nuevas infraestructuras para el sector salud.
En unos la inversión final ha duplicado los montos originalmente presupuestados, mientras que las instalaciones existentes acusan un progresivo deterioro de sus estructuras.
Subvaluación y subsidios
Un área de preocupación es el impacto que, sobre el desempeño de la economía, tienen las subvaluaciones, los subsidios innecesarios, la evasión fiscal y los privilegios injustos.
Un ejemplo relevante de este hecho es el de los bonos para la adquisición de combustibles, que involucra sumas millonarias sin la debida transparencia.
En la comisión de estos males, tanto delinquen los funcionarios corruptos, que alteran documentos a cambio de dinero y privilegios, como los contribuyentes que se aprovechan de ellos para pagar menos impuestos y timar al fisco.
Importaciones y permisos
La falta de transparencia en las importaciones es una penosa muestra de la falta de transparencia en nuestro país.
Con frecuencia, se hacen importaciones de bienes agropecuarios que perjudican a los productores nacionales. Llama la atención que se importen bienes agropecuarios justo en el momento en que los productores agropecuarios inician sus cosechas.
Paradójicamente, esas importaciones son de productos que el gobierno dice apoyar de manera prioritaria, tales como café, cebolla, arroz, ajo, leche, carnes, habichuelas y algunos vegetales.
La importación de café, pone en evidencia la desprotección a nuestra agricultura de montaña y a los productores agrícolas.
En efecto, nuestro país ha pasado de ser un exportador a ser un importador neto de este grano. De una producción promedio de 900,000 quintales al año, en los últimos dos años, sin embargo, la producción se redujo a menos de 300,000 quintales.
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