El expresidente también sostendrá encuentros académicos, políticos, familiares y con dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Estados Unidos.

Diario Azua

Nueva York, EE. UU. / 14 diciembre 2025.-

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se encuentra en la ciudad de Nueva York desarrollando una agenda de trabajo que combina actividades académicas, institucionales, políticas y familiares, como parte de un plan previamente establecido.

Dentro de su agenda institucional, Fernández sostendrá un encuentro para la firma de convenios entre la Asociación de Abogados de Nueva York y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD–FUNGLODE en Estados Unidos), con el objetivo de fortalecer el Consejo Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. A través de estos acuerdos se contempla un programa de intercambio académico y profesional, mediante el cual jueces de Nueva York compartirán experiencias y conocimientos con jueces dominicanos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema judicial del país.

Como parte de su agenda académica, el exmandatario también sostendrá un encuentro con el doctor James Holtje, profesor de la Universidad de Columbia, en el marco de los vínculos académicos que impulsa FUNGLODE con importantes centros universitarios internacionales.

Asimismo, Fernández tiene previsto realizar una visita al Museo de Historia Natural de Nueva York, donde explorará posibles acuerdos de cooperación que permitan fortalecer el desarrollo y la proyección de los museos en la República Dominicana, como parte del interés de promover la cultura, la ciencia y la educación.

En el plano político, el líder de la Fuerza del Pueblo sostendrá encuentros con dirigentes y compañeros del partido en Nueva York y otras zonas cercanas, con quienes intercambiará impresiones sobre la situación nacional y los trabajos organizativos de la organización política en el exterior.

La agenda del expresidente incluye también un encuentro familiar de alto valor emocional, ya que se reunirá con su hermano Dalcio y su familia, con quienes no coincidía en la ciudad de Nueva York desde hace varios años. De igual forma, compartirá con su hija Yolanda América, quien recientemente concluyó sus estudios en Washington y se prepara para regresar a la República Dominicana.

Leonel Fernández salió del país el viernes pasado y tiene previsto regresar el próximo miércoles, completando una estancia de cinco días en Nueva York, durante los cuales desarrollará actividades en tres ejes fundamentales: académico-institucional, político-partidario y familiar, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento institucional, el intercambio internacional y el vínculo permanente con la diáspora dominicana.

 

Por Carmen Estévez / Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

El doctor Guillermo Moreno calificó como “el más grave atentado contra el derecho a la salud de los sectores populares y de los trabajadores” el entramado de corrupción descubierto en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), tras lo revelado por las investigaciones del Ministerio Público en el marco de la denominada Operación Cobra.

Moreno consideró correcta la decisión del presidente Luis Abinader de apoderar directamente al Ministerio Público para investigar y perseguir penalmente a los responsables, así como la disposición de que SENASA se constituya en actor civil para reclamar la reparación de los daños ocasionados.

El dirigente político destacó que las investigaciones han puesto al descubierto la existencia de una red de corrupción que operó durante al menos cinco años desde la propia dirección y administración de SENASA, encabezada por su entonces director ejecutivo, en coalición con funcionarios de áreas clave como Finanzas, Contabilidad, Consultoría Jurídica y Tecnología.

Hasta donde ha investigado el Ministerio Público, el monto del desfalco supera los RD$15,900 millones, al cierre de 2024.

Moreno subrayó que el aspecto más grave del caso es que los recursos sustraídos estaban destinados a garantizar servicios de salud a los sectores más pobres del país. “No se trata solo de cifras millonarias, sino del daño directo causado a millones de dominicanos de precarias condiciones de vida que dependen del sistema público de salud para sobrevivir frente a las enfermedades”, afirmó.

Asimismo, llamó al Ministerio Público a evitar que este expediente se diluya en el tiempo, como ha sucedido con otros casos de corrupción, advirtiendo que el olvido y el desinterés público son formas encubiertas de impunidad.

Sostuvo que las delaciones premiadas y la devolución de fondos deben servir únicamente como atenuantes, pero nunca como eximentes de responsabilidad penal afirmando que el daño moral que causa la corrupcion a la sociedad no se puede borrar con un pago económico.

Guillermo Moreno planteó que la investigación debe ampliarse a las clínicas, laboratorios, centros de vacunación, laboratorios, farmacias y a todos los que se asociaron con los directivos de SENASA en esta empresa criminal.

Moreno llamó al Ministerio público a ir en la investigación más allá de los directivos de SENASA pues un robo de esta magnitud, solo pudo hacerse por la acción u omisión de funcionarios e instituciones que tenían funciones de supervisión y control y que permitieron que esta estructura corrupta operara durante 5 años en la narices de todos.

Finalmente, Guillermo Moreno exhortó a las personas afectadas a querellarse ante el Ministerio Público y a reclamar la reparación de cualquier daño sufrido por sí mismo o respecto de algún familiar a consecuencias del robo a la salud cometido por los directivos de SENASA.

 Rossy Margarita Escotto Minaya, presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico-Internacional (FemRD) y Catalino Correa Hiciano, gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX)

Por Lujan Acevedo / Diario Azua
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) y la Federación de Mujeres Empresarias Dominico-Internacional (FemRD) firmaron un acuerdo de colaboración institucional orientado a ampliar el financiamiento formal para empresas lideradas por mujeres, especialmente en actividades dirigidas a la exportación, la salud, la construcción y proyectos con impacto social.

El acuerdo fue suscrito por el gerente general de BANDEX, Catalino Correa Hiciano, y la presidenta de la Federación, Rossy Margarita Escotto Minaya, quienes destacaron que esta alianza fortalece los esfuerzos para promover el crecimiento económico, la competitividad y la participación de las mujeres en la economía dominicana.

En el marco de esta colaboración, FemRD se encargará de identificar y canalizar hacia BANDEX a sus afiliadas con proyectos viables que requieran respaldo financiero, mientras que el banco evaluará cada caso de acuerdo con sus políticas de crédito y líneas especializadas para capital de trabajo, inversión y expansión, para fortalecer la formalización de los negocios y acompañar el crecimiento de las mujeres empresarias en todo el país.

“Como banco de desarrollo, en BANDEX tenemos el compromiso de impulsar el crédito productivo en condiciones favorables y acompañar a los sectores que generan valor, empleo e inclusión. Esta alianza nos permite enfocar nuestro respaldo a iniciativas empresariales lideradas por mujeres”, afirmó Catalino Correa Hiciano.

De su lado, Rossy Margarita Escotto Minaya señaló que el acuerdo “representa una vía concreta para acceder al financiamiento formal con el respaldo de un banco de desarrollo del Estado y una señal de confianza en la capacidad de las mujeres empresarias de seguir creando oportunidades y proyectos con impacto social”.

El convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones con el cumplimiento de la Ley 155-17 sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como con el rol de BANDEX, creado al amparo de la Ley 122-21, de canalizar recursos hacia sectores productivos estratégicos y con la misión de FemRD de fortalecer el liderazgo femenino y el crecimiento sostenible de las empresas dirigidas por mujeres en la República Dominicana.

Sobre BANDEX

El Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) es una entidad pública de desarrollo de la República Dominicana, cuyo objetivo es promover el financiamiento productivo, la innovación y la competitividad de las empresas dominicanas, con especial atención a las MIPYMES y los sectores de impacto social y ambiental.

La Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia abrió una nueva investigación contra tres agentes económicos por su presunta coordinación de ofertas en un proceso de compras del INABIE, ampliando así el número de expedientes iniciados durante el año.

Por Janet Báez / Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ordenó el inicio de una investigación de oficio por presunta colusión en compras públicas (artículo 5, literal “b” de la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia), contra las empresas Indermerica, S.R.L.; Paulino Moreta Cocina Industrial S.R.L.; y Andreina Ortiz Paulino basándose en indicios razonables de coordinación de ofertas y prácticas anticompetitivas en un proceso para el Programa de Alimentación Escolar convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

La resolución No. RII-DE-AAC-005-2025 establece que durante el análisis de la documentación de la licitación la Dirección Ejecutiva identificó múltiples coincidencias que refuerzan la hipótesis de una posible colusión entre los referidos agentes económicos, incluyendo vínculos societarios entre los oferentes, el uso compartido de los mismos números telefónicos en el registro mercantil y notario, así como la obtención de documentos claves como cartas de referencias bancarias con numeración consecutiva y en las mismas fechas.

Además, se identificaron similitudes en cuanto a la forma de redacción y ortografía en las informaciones agregadas a cada formulario con el mismo tipo y número de letra de los montos totales de las ofertas económicas, como también el uso de la misma compañía fumigadora con los mismos programas de control de plagas, estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del proceso de contratación.

“De la documentación recabada de las ofertas presentadas por los agentes económicos e investigados, esta Dirección Ejecutiva ha identificado indicios que, valorados en conjunto, configuran un esquema de conducta sistemático, el cual requiere que los agentes económicos investigados no actuaron como competidores independientes, sino como grupo coordinado que mantuvo una conducta específica durante el proceso de compra marcado con el número INABIE-CCC-LPN-2023-0049”, precisa la resolución.

La Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia aclara que esta resolución no prejuzga la culpabilidad de las empresas, sino que habilita la fase investigativa para contrastar los elementos disponibles y garantizar el derecho de defensa de los investigados, quienes se presumen inocentes hasta que una decisión final y firme determine lo contrario.

Con este nuevo proceso suman cinco las investigaciones iniciadas este año por la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia, las cuales involucran a 16 agentes económicos.

Gravedad de la práctica

La colusión es una práctica anticompetitiva mediante la cual dos o más empresas, postoras u oferentes, arriban a un acuerdo entre sí para no competir en el marco de un procedimiento de contratación convocado por el Estado, la misma constituye una infracción grave al ordenamiento que protege la libre competencia en todos los mercados.

La Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08 tipifica expresamente la colusión entre oferentes como práctica anticompetitiva. El artículo 5, literal “b”, incluye dentro de las prácticas concertadas prohibidas las conductas orientadas a “concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y subastas públicas”, siendo sancionables mediante multas conforme al artículo 61 de la referida ley.

Estas prácticas anticompetitivas distorsionan el mercado, elevando artificialmente los precios y reduciendo la eficiencia y transparencia en la provisión de bienes y servicios, afectando directamente el bienestar de los ciudadanos, por tanto, fortalecer los mecanismos de detección y sanción de esta práctica contribuye a promover un entorno más competitivo que incentive la participación de oferentes en igualdad de condiciones y asegure la integridad de los procesos licitatorios.

 

Por Mario Lara Valdez / Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) Distrito Nacional expresa su más enérgica condena al maltrato sufrido por el reportero del Listín Diario, Sauro Scalella, por parte de un oficial de seguridad del presidente Luis Abinader.

El incidente ocurrió el viernes pasado en el Polideportivo Club San Carlos, donde el presidente Abinader encabezaba un almuerzo navideño con motoconchistas. El reportero Scalella, acreditado para cubrir la agenda pública del jefe del Estado, intentó formular preguntas al presidente, pero fue interceptado por el mayor del Ejército Manuel Alejandro Fernández Tavares, encargado de la subdirección de Seguridad Estática de la Dirección de Avanzada Presidencial del CUSEP.

El Sindicato de la Prensa del Distrito Nacional condena enérgicamente el maltrato al reportero Sauro Scalella; además, exige una investigación sobre este incidente, que no debe volver a ocurrir porque envía un mensaje nefasto a los medios de comunicación y trabajadores de la prensa.

"La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y es esencial que se respeten los derechos de los periodistas para que puedan cumplir su función de informar a la sociedad de manera imparcial y objetiva", declaró Mario Antonio Lara Valdez, Secretario General del SNTP Distrito Nacional.

Por Alfredo Cruz Polanco

(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Diario Azua / 14 diciembre 2025

En la provincia de La Vega, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), están obstaculizando en gran medida, el desarrollo y el crecimiento económico de esta provincia, por un lado, por la actitud desenfrenada, agresiva y abusiva; el irrespeto, el autoritarismo, la prepotencia, arrogancia e imprudencia de su actual director provincial, el señor Claudio Antonio Ruiz Florentino, hacia los profesionales de la ingeniería, arquitectos y representantes de las empresas constructoras de viviendas y urbanizaciones.

Dicho señor los mantiene en una total zozobra, al presentarse a las obras con una parafernalia de militares fuertemente armados, amenazándolos con paralizarle y con destruirles las mismas, aun teniendo en su poder, todos los permisos exigidos por ese ministerio, el del Ayuntamiento de La Vega, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y el más importante, el del Ministerio de Viviendas y Edificaciones (MIVED), acusándolos de haber adquirido los mismos de manera irregular.

El pasado jueves, en las instalaciones de la Regional Norcentral del CODIA de La Vega, se realizó un importante encuentro de profesionales y representantes de empresas de la construcción, con la presencia del ministro de Medio Ambiente, señor Armando Paíno Henríquez y del director provincial, al que se les pusieron en conocimiento todas las quejas y maltratos que están siendo víctimas los profesionales de la construcción, los cuales solicitaron que el actual director provincial de medio ambiente sea removido de inmediato de esa posición.

Esta situación ha provocado una parálisis en el sector de la construcción en esta provincia, uno de los más dinámicos de su economía, el cual está afectando, también, al desarrollo económico y financiero de la misma, pues las ventas de las viviendas se han caído, por lo que se acordó hacerle llegar una comunicación urgente al señor Presidente de la República, Luis Abinader, firmada por todos los asistentes, para que interponga sus buenos oficios al respecto.

Lo lamentable y penoso del caso es que el liderazgo, la dirigencia política del partido y los altos funcionarios del gobierno en esta provincia, aún conociendo la crisis que ha generado en el sector de la construcción, el director provincial de medio ambiente, se lo haya informado al Presidente de la República.

En cuanto a la agencia local de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de La Vega, aunque promociona tener como visión una imagen de que es una administración cercana al contribuyente, en la práctica esta institución, en vez de ser un ente facilitador y de soluciones, se ha convertido en un obstáculo y en un escollo para el desarrollo y el crecimiento económico de esta provincia, por las trabas y dificultades que esta le pone a los contribuyentes.

En estos momentos, las instituciones financieras y crediticias están confrontando graves problemas con la DGII en sus operaciones, por la tardanza y lentitud de esta para la aprobación y el registro de las hipotecas de los inmuebles que son dados en garantías de préstamos. Dichas hipotecas están tomando desde 15 días hasta un mes, a veces más, para su aprobación y registro.

En cuanto al pago de los impuestos sucesorales, a pesar de la insistencia y gran interés que muestran los contribuyentes para pagar los impuestos correspondientes, la DGII pone muchas trabas para investigar, tasar y estimar el monto a pagar, alegando escasez de personal, lo que deja mucho que desear, puesto que siendo la institución que más recursos le genera al Estado dominicano, carezca de los recursos humanos (colaboradores) necesarios para atender las demandas de los contribuyentes.

Una simple solicitud para una certificación original del Pliego de Modificaciones sobre el pago de los impuestos sucesorales, necesaria para el proceso de una determinación de herederos con partición (subdivisión), tarda más de seis meses para su preparación, porque no hay quien gestione los expedientes en los archivos que se encuentran fuera de la institución, lo que obstruye el desarrollo económico de la provincia, pues todo el proceso se paraliza.

Siempre se argumenta la falta de colaboradores, lo que se traduce en una falta de gerencia y de dirección administrativa, pues no se concibe que una institución como la DGII, en un momento en que la tecnología y la inteligencia artificial juegan un papel fundamental, no cuente con estos avances tecnológicos y con el personal calificado y suficiente para atender en tiempo real, las solicitudes de los contribuyentes. Muchas veces la agencia local solo cuenta con un cajero para atender a tantos contribuyentes, lo que les ocasiona perjuicios y una gran pérdida de tiempo.

La eficiencia, eficacia, calidad y la entrega oportuna de las informaciones solicitadas, en una institución pública como esta, se valora por la rapidez y agilización de los servicios que ofrecen los colaboradores a los usuarios.

Este es de los pocos países, que aún requiriendo aumentar sus recaudaciones fiscales, los contribuyentes tienen que insistir, perder tiempo, a veces hasta rogar, para poder pagar sus impuestos, pues muchas veces tienen que pagar recargos por retrasos involuntarios, pues la institución recaudadora se la pone muy difícil. Con instituciones así, ningún país puede alcanzar un grado de crecimiento y de desarrollo económico sostenido.

El autor es Contador Público Autorizado y Máster en Relaciones Internacionales

Ex diputado al Congreso Nacional y ex Miembro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016

 

Por Oscar López Reyes

Diario Azua / 14 diciembre 2025.-

Roedores humanos de siete leguas, que encubren su codicia y deslealtad en los invisibles desajustes de su química cerebral, inescrupulosamente han pululado en las vísceras de los gobiernos de la Era Democrática, cuyos mandantes han popularizado frases que, en su mayoría, perduran como retóricas en los entresijos de la impunidad esencialmente judicial. A contrapelo, los corruptos cabalgan con el peor lastre: la inexorable condena de la sociedad, bifurcada desde el Ministerio Público y la difusión mediática.

La oración que más resuena, por la vigencia en el presente ciclo, es la del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona: “Tengo amigos, pero no cómplice”, que replica cuando altos funcionarios de su Gobierno han tenido que salir del tren administrativo, por su involucramiento en el peculado. Está en el candelero el insaciable ortopedista y traumatólogo Santiago Hazim, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa, agosto de 2020-agosto de 2025), quien se cobija bajo rejas, imputado por el Ministerio Público de un desfalco inicialmente cuantificado en 15 mil millones de pesos. ¿Acaso sufría, sin darse cuenta, de una anomalía en la corteza prefrontal?

Antes de rememorar los estribillos de los presidentes de la Era Democrática, nos preguntamos si después de este salvajismo, el presidente Abinader Corona percutirá aún más el hacha de hierro batido, sin soltarla ni un instante, contra los envilecidos? ¿Se logrará, con la Inteligencia Artificial, detectar a tiempo el perfil delictivo-conductual de los aspirantes a cargos públicos?, ¿Quién acomete una inhumanidad como la adjudicada a un médico, más que un tonto-ingenuo padece de un trastorno antisocial de personalidad?, ¿cuántos más enfermos que Hazim -y con acusaciones menores- inundan las cárceles? y, ¿habrá, incuestionablemente, sanciones ejemplificantes para los miserables implicados en semejante defraudación?

“Tente quieto”, les dirían los abogados a los incriminados, para significarles que no estamos en China ni en Cuba, y que en la República Dominicana las leyes están preparadas para que los que tengan arraigo (dinero, propiedades, etc.) escapen del castigo penitenciario. En diciembre de 2025, la justicia del gigante asiático dispuso el fusilamiento del exbanquero Bai Tianhui (una sola bala de punta hueca en la nunca), por aceptar 156 millones de dólares en sobornos, y el Tribunal Supremo Popular de la mayor isla del Caribe sentenció a cadena perpetua a su exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, por cohecho y otros delitos.

En otro tercio o ángulo, la democracia disfrutada en la República Dominicana, también en el 2025 han sido dados pasos crecidos para actualizar y superar falencias del sistema de justicia, con la aprobación de la nueva legislación de Contrataciones Públicas (Ley 47-25), el novedoso Código Penal (Ley 74-25) y la modificación del Código Procesal Penal (Ley 97-25). Estas piezas amplían la fiscalización y el control en la administración pública, y la sancionabilidad penal a los infractores, en la búsqueda del escarmiento, la prevención de transgresiones y el cuidado de la dignidad humana.

Pasma con estupor el señorío de la hábil inteligencia, el cauteloso disimulo, la capacidad de manipulación, el encubrimiento y el engaño -en el poder de la influencia y la presión- tanto de extragobiernos o fácticos (no elegibles popularmente, como asociaciones empresariales y sin fines de lucro, iglesias, medios de comunicación, gremios profesionales y laborales, etc.), como de ciertas esferas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Actos de esos conspicuos derivan -sin mover los labios ni sus tranzas de rostros anchos- en acomodamientos domiciliarios a quienes han perpetrado actos atroces, como los de Senasa.

Conscientes de la proliferación epidérmica de funcionarios con fisonomía corruptible -con cabezas peliagudas, colas largas y patas cortos- así como de ciudadanos de pelaje gris oscuro, los mandatarios dominicanos elegidos democráticamente en el período 1962-2025 han tirado gritos de reconocimiento de la plaga, compasión y advertencia:

1.- Juan Bosch y Gaviño: Propagó y observó con rigor los principios ético-morales. Aceptó la renuncia de su secretario de Industria y Comercio, Diego Bordas Hernández, luego de una bien sustentada denuncia de que favoreció con un contrato a una empresa de su propiedad. Hito: A los 7 meses, Bosch se convirtió en el primer presidente en ser DERROCADO por sus medidas contra privilegios y malversaciones.

2.- Joaquín Balaguer: “… si existiera corrupción, esta siempre se detendría en la puerta de mi despacho”, y “busco, con la linterna de Diógenes, a un hombre honesto”. Caracterización: Permisivo ante el enriquecimiento ilícito generalizado, con dos ñapas penales idiosincráticas: Aduanas e Hydro-Quebec. Novedad: PROGENITOR de la corrupción y la impunidad.

3.- Antonio Guzmán Fernández: Propuso reducir la discrecionalidad de los fondos públicos y los favores en la administración pública. Rasgos: Rígido en la honestidad. Hubo escasas denuncias sobre timadores, y no avaladas. Ocurrencia: primer presidente en SUICIDARSE por descubrimiento de corrupción.

4.- Salvador Jorge Blanco: “Manos limpias” en el Gobierno fue su consigna de campaña electoral. Signo: Temeroso, manipulable y complaciente. Instrucciones punitivas resaltantes: Corde, CDA e Inespre. Originalidad: El primer presidente dominicano en ser sometido a la Justicia y guardar PRISION por supuesta sobrevaluación en compras de mercancías militares.

5.- Leonel Fernández Reyna: Prometió Tolerancia Cero con sustracción de bienes gubernamentales y que no habrá padrinos para los corruptos. Trazo: permisivo hasta la saciedad. Instrumentaciones tribunalicias típicas: Peme, Super Tucanos, Sun Land, Indrhi y CDE. Suceso: El registro primario de los más GIGANTESCOS escándalos de sobornos y estafas, con 66 auditorías no investigadas, presentadas por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República.

6.- Hipólito Mejía Domínguez: “Los ladrones son el mayor problema del país”. Brotaron como expedientes clásicos el Plan Renove y el subsidio del GLP. Marca: Relajamiento del poder. Acontecimiento: El primer presidente en denunciar un fraude por 55 mil millones (Baninter), que se tradujo en su EXCLUSION de la presidencia de la República para otro mandato.

7.- Danilo Medina Sánchez: “El que se equivoque deberá pagar”. Síntoma: Hacerse de la vista gorda ante quienes, con el dolo, acumularon voluminosas riquezas, y terminaron en sumarios inconfundibles: Odebrecht, “Peaje sombra” y operaciones Antipulpo, Coral, Caracol, Medusa y Calamar. Cualidad: romper RÉCORD de sometimientos judiciales a parientes y partidarios.

8.- Luis Abinader Corona: “Tengo amigos, pero no cómplice”. Señal: Consistente y flexible, según tareas y razonamientos. Causas peculiares: Senasa, Intrant, Inabie y Lotería. Hecho: Primer presidente en separar de funciones gubernamentales a más de 40 cercanos colaboradores políticos (solicitud de renuncia y desvinculación) y tramitar ENJUICIAMIENTOS judiciales por la comisión de irregularidades gerenciales.

Asentado que la apropiación indebida viaja como una infección sistémica por todos los torrentes sanguíneos del Estado en conductores disímiles, y por los señalamientos precedentes, colegimos que ha sido aupada por la afectividad a parientes, amistades y correligionarios; la creencia ciega en la honorabilidad de compañeros de batallas, la satisfacción exagerada de compromisos electorales y el clientelismo. Uno de los mencionados, que ha resucitado como un inocente gallito de peleas, llegó a pedirle al Ministerio Público que archivara expedientes con graves imputaciones, emulando al buen pastor con sus ovejas.

En esa mecha ardiente radica la diferenciación entre los ocho jefes de Estado singularizados: su postura frente a las defraudaciones, impertérrita como Bosch y Guzmán. Quiénes con salmos, bendiciones, silbidos amorosos y sacramentos, que otean con urbanidad en el globular de Judas Iscariote, caminan en la confabulación más perniciosa. Quiénes agachan, no destapan, guardan en indultos y no acuden a la justicia, por cobardía o para supuestamente no “desconsiderar” a sujetos vinculados a héroes, mártires o figuras públicas, se desvían por la tangente y comprometen su responsabilidad jurídica e histórica.

Para cumplir con la solemne misión de resguardar el patrimonio público, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, propender al máximo bienestar colectivo y honrar su memoria histórica con la grandeza de su reputación, a los mandatarios le conviene borrar la ternura empática y receptiva individualizada, y junto a sus subordinados pronunciar un solo idioma: la actuación ética y transparente. Y, para perpetuar esa notoriedad, están compelidos a someter a la Justicia a los hijos de Jesucristo -si cometen felonías- para así homenajear a Jesucristo en su condena a los pecados y en la redención de los marginados.

El autor: Escritor, gremialista, catedrático y columnista de El Nacional y decenas de digitales.

 

Testigos establecen que hasta el momento del inicio del proceso por corrupción en su contra el ahora imputado acudía al SeNaSa de manera cotidiana y hacía vida social con toda normalidad

Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

Durante el conocimiento de la medida de coerción por corrupción administrativa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy no fue acreditada ante el juez por ningún médico forense la supuesta situación de salud que alega el imputado con el propósito de evadir la prisión preventiva que se corresponde a la gravedad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

“La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, indica el Ministerio Público.

“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para evadir el proceso, pero todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en el SeNaSA y en su vida social privada”, señaló el Ministerio Público.

“Ahora el procesado alega unas complejidades de salud de las que no se ha aportado evidencia”, precisa.

Recordó que el procedimiento para que un tribunal pondere un informe médico, en materia judicial, es que un perito designado por el Ministerio Público o tribunal establezca la condición de salud del procesado, situación que no ha ocurrido en el caso del principal imputado de los arrestados en la Operación Cobra.

Hazim Albainy encabezaba la red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones a costa del Estado dominicano y a través del SeNaSa, entidad en la que desfalcaron con más de 15 mil millones de pesos.

Durante la audiencia del caso celebrada el pasado viernes, en la que el Ministerio Público solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, Hazim Albainy alegó una condición de salud que su defensa salió a pregonar ante los medios informativos.

El órgano del sistema de administración de justicia estableció ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva es la medida más adecuada para aplicar a varios imputados, encabezados por Hazim Albainy y el consultor Jurídico del SeNaSa Germán Robles, quienes figuran entre los imputados que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.

El Ministerio Público establece que en relación a Hazim se dan todos los criterios de gravedad de un caso altamente complejo y grave, entre las que destacan:

-La pluralidad de víctimas e imputados

-El grave daño causado a la sociedad.

-La condición de funcionario de Hazim Albainy, lo que implicaba una posición de garante del correcto funcionamiento y servicios de salud frente a los millones de afiliados a la ARS pública.

-La naturaleza de los delitos, al tratarse de hechos que afectan un bien jurídico de gran relevancia, como lo es el derecho fundamental a la salud.

-Las falsificaciones y adulteración de documentos que hicieron los imputados por años para ocultar sus acciones criminales.

-Se trata de una red de crimen organizado que operó con la sistematicidad y estructuración que caracterizan a una organización criminal.

-El hecho de que el principal imputado tomó acciones para la ocultación de bienes que obtuvo producto de sus acciones criminales.

-Las maniobras planificadas con alevosía que desplegó Hazim Albainy para evitar que investigados en el proceso hablaran con el Ministerio Público.

El proceso

Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.

Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal. De acuerdo con sus testimonios pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios de esa entidad estatal.

En el proceso el Ministerio Público ha presentado un legajo importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Por José Gregorio Calderón Tejeda / Diario Azua

La Vega, Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, encabezó este viernes su acostumbrado compartir y almuerzo navideño con los adultos mayores del Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana, en La Vega, reafirmando su compromiso solidario con esta comunidad y llevando un mensaje de esperanza, apoyo y acompañamiento en esta época tan especial del año.

La jornada inició con un show artístico a cargo de destacados cantautores, entre ellos: Pastor Micky, Cinthya Montero, CDK, Braho, Charly, Eddy Soto y Carlos Brito, quienes ofrecieron interpretaciones llenas de emotividad y alegría para el disfrute de los residentes del centro, creando un ambiente cálido y festivo.

Como parte del encuentro, los adultos mayores participaron de un almuerzo navideño preparado especialmente para compartir en un ambiente de hermandad, celebrando juntos el espíritu de la Navidad y fortaleciendo los lazos de cariño que se han creado con los años entre la ONDA y esta institución.

Durante el acto, Gonell Cosme realizó además la entrega de donaciones de medicamentos y productos de primera necesidad, reafirmando su compromiso de continuar contribuyendo al bienestar y dignificación de los adultos mayores que allí residen.

El evento contó con el respaldo de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM), representada por su presidente, Valerio de León, quien valoró positivamente esta iniciativa de solidaridad y apoyo continuo.

En sus palabras, visiblemente emocionado, Gonell Cosme expresó su profunda satisfacción de poder aportar a esta noble causa y destacó el invaluable trabajo que realiza Sor Teresa de Jesús Madera, directora del centro y miembro de la congregación religiosa Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Resaltó su entrega, vocación de servicio y dedicación al cuidado de los adultos mayores, calificando su labor como “extraordinaria y ejemplar”.

La actividad concluyó en un ambiente de alegría, gratitud y hermandad, consolidando un año más la tradición de apoyo y solidaridad impulsada por la ONDA en favor de quienes han dedicado su vida al servicio y construcción de nuestra sociedad.

Danilo Medina, Presidente del PLD, reitera que en esa organización y su dirigencia, está la esperanza de redención del pueblo dominicano

Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

Cuando concluyan las diferentes etapas de la nueva Línea Organizativa y Electoral en los meses venideros, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá una estructura orgánica preparada para ganar indiscutiblemente las próximas elecciones.

La afirmación es del ex presidente de la República, Danilo Medina, en las palabras que pronunció para cerrar la asamblea de evaluación de la implementación de la Línea Organizativa y Electoral realizada la mañana de este sábado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del PLD.

Explicó que enlazar políticamente los organismos del PLD se requiere dominar la “carpintería política”, dominio que se obtiene con la experiencia y la visión realista del dirigente.

Medina definió a los enlaces como los constructores del nuevo Partido de la Liberación Dominicana que surgirá de la implementación de la Línea Organizativa y Electoral, dictada en el X congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez.

Exhortó a los presentes a doblar el trabajo organizativo porque “no le podemos fallar al Partido, porque sería fallarle al país. En nosotros está la esperanza de redención del pueblo dominicano”, dijo Danilo Medina.

En sus palabras el Presidente del PLD exhortó a motivar a los jóvenes a integrarse de manera directa en el trabajo político, destacando el amplio nivel de simpatías hacia el PLD de la juventud.

La actividad realizada por el PLD se trató de una asamblea de dirigentes nacionales en la que se hizo una evaluación de la implementación de la Línea Organizativa y Electoral (LOE), con las exposiciones realizadas por Mayobanex Escoto, Secretario de Organización, Danilo Díaz, de Asuntos Electorales, Domingo Jiménez Reyes, de Tecnología y Rubén Bichara, de la Secretaría de Enlaces y Coordinador de la Comisión de la LOE

La mesa de dirección del encuentro estuvo integrada por Danilo Medina, Presidente del PLD, Johnny Pujols, secretario general, los vicepresidentes Zoraima Cuello e Yván Lorenzo y los miembros de la Comisión Rubén Bichara, Danilo Díaz, Mayobanex Escoto, Domingo Jiménez, Miriam Cabral, Alexis Lantigua y Emerson Vegazo , una nutrida representación del Comité Político, sobre todo los que realizan labor de enlazamiento y supervisión y la presidenta de la Provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo.

Participaron en la asamblea los miembros del Comité Político, que son supervisores de Enlaces, y Enlaces en provincias y Circunscripciones Electorales, los Enlaces en provincias, municipios, así como los presidentes de Comités Provinciales y Municipales., también los subsecretarios en las Secretarías de Enlaces y Comunicación Interna, Asuntos Electorales, Organización y Tecnología de la Información y Comunicación.

La agenda de la actividad se desarrolló con la introducción del moderador de la actividad, Héctor Olivo, con las palabras de apertura a cargo de Mayobanex Escoto, la presentación de los avances en la implementación de la nueva línea organizativa con Danilo Díaz, Domingo Jiménez trazó las orientaciones del procesos en la Plataforma LOE, Rubén Bichara con las motivaciones generales y el cierre con el Presidente del PLD, Danilo Medina.

La entusiasta asamblea, con una asistencia que desbordó las expectativas, estuvo cargada de alegría y dinamismo que se manifestaba en las intervenciones de los participantes.

Danilo Medina hizo el relato de experiencias vividas como activista nacional (los ahora enlaces) con el líder histórico del PLD, Profesor Juan Bosch, quien le encomendó tareas que pudo cumplir a cabalidad.

Cristina Lizardo, miembro del Comité Político del PLD, en su rol de coordinadora de la Comisión de Celebraciones y Conmemoraciones, aprovechó para anunciar las actividades que tiene programada la organización para el lunes 15 de diciembre, fecha de la fundación del partido que arriba a sus 52 años.

“El gobierno tiene que servir de intermediario y ponernos de acuerdo con el tema de la cesantía”

Ángelo Viro plantea continuar discutiendo la cesantía antes de aprobar la reforma del Código de Trabajo

Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), licenciado Ángelo Viro, afirmó que el sector empresarial está consciente de que hay que hacer una reforma fiscal integral.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, señaló que el gobierno debe someter ante el Congreso una reforma fiscal integral.

“Es decir, la grande empresa, la pequeña empresa, todos estamos conscientes de esto. Y realmente, para que esto pueda suceder, el gobierno tiene que someter esa reforma fiscal”, subrayó.

El dirigente empresarial recordó que el presidente Luis Abinader ha dicho en muchas oportunidades que no va a someter otra reforma fiscal, frente a lo cual tendrá su razón, pero cree que indudablemente se está perdiendo tiempo.

“Estamos perdiendo tiempo porque más adelante, y también el mismo gobierno lo está sintiendo, porque a nivel público las inversiones que se están haciendo no se sienten”, significó.

Viro dijo que se requiere una reforma fiscal porque el gobierno necesita más dinero.

Resaltó la importancia para el sector empresarial que el Ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, es un funcionario muy activo, que está escuchando a todos los sectores, pero no se ha hablado de reforma.

Plantea que la venta este año no ha sido el reflejo de lo que se esperaba, pero tampoco no ha sido un año negativo para el país.

Sostuvo que República Dominicana es de los pocos países que ha mantenido una estabilidad macroeconómica y a nivel social.

“Creo que esa es la cosa más importante que tenemos que cuidar y mantener. Después el crecimiento un poquito más, un poquito menos, es todo relativo”, adujo.

El dirigente empresarial manifestó que en la parte productiva, las zonas francas han tenido un gran logro, pasando de 180,000 a 200.000 a nivel de empleos.

La cesantía debe seguir discutiéndose antes de aprobar la reforma en el Congreso

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), licenciado Ángelo Viro, considera que se debe seguir discutiendo el tema de la cesantía antes de aprobar la reforma del Código de Trabajo en el Congreso Nacional.

“El gobierno tiene que servir de intermediario y ponernos de acuerdo. Nos conocemos todos. Cuando salimos de las discusiones somos todos amigos, nos queremos y todo está ahí”, enfatizó.

Entiende que la discusión se debe ver desde una óptica diferente y no como que el empresario quiere quitar ese derecho, sino que se produzca una modificación.

“El sector empresarial ha gritado a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales que era bueno que se revisara y se actualizara, no eliminarla”, acotó.

Comentó que hay muchas pequeñas y medianas empresas que todavía están en el sector informal y eso no aporta absolutamente nada ni a nadie.

Entiende que el sector empresarial necesita tener más productividad, crear más empleo formal y de mayor calidad.

Viro alertó que la pequeña empresa puede hasta quebrar, lo mismo que una empresa porque no tiene recursos para poder liquidar y pagar a esos empleados que ya tienen 10 años o 12 años.

“Entonces estamos buscando de haber hecho propuestas de poner un tope de ahora en adelante. Lo que tienen el derecho adquirido se mantiene igual, pero no hemos visto realmente esto como... el sector sindical lo ve como una pérdida de un beneficio”, agregó.

 

Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

Al acoger la petición del Ministerio Público, una jueza de un tribunal de San Cristóbal dictó auto de apertura a juicio en contra de los acusados por la explosión en una fábrica de plástico ocurrida en San Cristóbal, el 14 de agosto de 2023, dejando unas 38 víctimas mortales y decenas de heridos, así como nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas.

Por el caso fueron enviados a juicio los propietarios de la fábrica de plástico Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como la empresa Vidal Plast, donde se originó la fuerte explosión con ondas expansivas que ocasionó el siniestro.

Todos los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público, representado por los fiscales Fadulia B. Rosa Rubio, Laura Segura Cordero, José Guerrero Jiménez, Ingris Guerrero Polanco y Daryl Montes de Oca, fueron admitidos por la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, Loyda Amador, quien dictó el auto de apertura a juicio contra los procesados.

Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Daryl Montes de Oca representaron al Ministerio Público en la audiencia donde se ordenó el envío a juicio de los acusados.

El Ministerio Público indica en el expediente que los procesados ocasionaron la explosión mortal, producto de su torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos previstos para las actividades comerciales de almacenamiento de plásticos y de salud y medioambientales.

Sobre el caso, indica que ocurrió a las 3:10 de la tarde, del 14 de agosto de 2023, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, (Antiguo Mercadito), de San Cristóbal.

Explica que al lugar del siniestro se presentaron los miembros del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, quienes después de identificar que no estaban ante un incendio provocado por la electricidad, sino, por una sustancia desconocida, lograron determinar que el detonante de dicha explosión fue el químico de nombre Autofina-Luporox A 70S (Peróxido Orgánico 5.2).

Dicho químico es utilizado en las industrias de plástico y caucho para la fabricación y modificación de polímeros, los cuales tienen diversos usos en el quehacer cotidiano.

Este químico potencia el material a diluir, convirtiéndolo en más provechoso para los fines a los que se dedicaba la empresa procesada, señala el expediente.

Precisa que, por la imprudencia de manejar y almacenar en un ambiente cerrado sin acondicionamiento, al lado de residuos de plásticos, combustionó el 14 de agosto de 2023 en la gran explosión que retumbó en la ciudad de San Cristóbal, ya que el gas que circundaba en el lugar producto del peróxido orgánico de años almacenados allí, encontró su punto con la acumulación centrada y desmedida que guardaba dicho local.

En el relato de los hechos, el expediente detalla que la inobservancia de los reglamentos cometida por los procesados empezó a dar señales de alerta el día 18 de marzo de 2023, cinco meses antes del siniestro. Señala que en la citada fecha cuando trabajadores se encontraban realizando labores de herrería saltó una chispa hacia el área donde se encontraba el almacenaje de plástico, acción que desató una reacción química de denso humo irritante y calor que le ocasionó quemaduras a uno de los empleados.

El amplio documento está sustentado con 128 elementos de pruebas, testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales en contra de los acusados por la explosión, caso que fue declarado de tramitación compleja.

El Ministerio Público los acusa de violar los artículos 319 del Código Penal, 153, numeral 2, de la Ley General de Salud 42-01, y 175, numeral 7, 176, 183 y 187 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Cinco de los procesados por falsificación de documentos públicos irán a juicio

Diario Azua

Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. / 14 diciembre 2025.-

Luego de acoger la aplicación del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un juez de instrucción de Santiago condenó en juicio abreviado, y a penas de 6, 5 y 3 años de prisión, a ocho personas procesadas a partir de la Operación Colibrí, la cual enfrentó la red que tramitó miles de documentos falsos, públicos y privados.

En el juicio fueron condenados a seis años de prisión Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas, mientras que Yanuel Morales Rodríguez (Google) fue sentenciado a 5 años y José Carlos Montero a 3 años de prisión, quienes aceptaron su culpabilidad en el caso durante el proceso penal abreviado realizado por las fiscales litigantes Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, en representación de la Fiscalía de Santiago.

Respecto a los imputados Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya, luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, el tribunal ordenó su envío a juicio.

La investigación del caso estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral y contó con el apoyo de agentes encubiertos adscritos a la Dirección de Seguridad Civil ante la Junta Central Electoral, y como querellantes a la Consultoría Jurídica del órgano electoral y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.

Los imputados admitieron su culpabilidad en la falsificación de documentos públicos, incluyendo actas de nacimiento, cédulas de identidad y títulos universitarios y de propiedad, así como licencias de conducir y permisos para porte de armas, con el objetivo de venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, admitió el acuerdo, disponiendo la suspensión de la pena de manera parcial, tomando en cuenta el tiempo que duraron en prisión los imputados. Entre las reglas establecidas durante la suspensión de la pena se encuentra: residir en el último domicilio aportado por el acusado y en caso de cambio de residencia deberán notificarlo al juez de Ejecución de la Pena.

Además, los procesados deberán abstenerse de realizar maniobras, actos o acciones para cometer estafas por cualquier medio que constituya una conducta dolosa, típica y antijurídica en perjuicio de la sociedad, incluyendo los medios electrónicos y aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación o formación que les permitan desarrollar un trabajo digno y acorde con las buenas costumbres.

La decisión señala que en caso de incumplimiento de las reglas deberán cumplir la pena en prisión.

El grupo delictivo operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, dedicándose a tramitar los documentos falsos, los cuales pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país.

Más de 600 páginas del expediente describen el modo en que esta estructura se conformó, aliando a sus filas a personas que jugaban diversos roles para la falsificación de los documentos.

La Fiscalía de Santiago, en diligencias que realizó junto a un equipo de expertos y oficiales encubiertos de la Junta Central Electoral, aportó más de 800 elementos de pruebas, incluyendo los plásticos que incautó mediante allanamientos judicialmente avalados, que eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.

La investigación del Ministerio Público arrojó, además, que los trabajos captados por los denominados “buscones” o tributarios eran tramitados a quienes los ejecutaban, dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.

Los procesados se encargaban de borrar el contenido de las actas originales preservando el papel de seguridad en que las mismas eran impresas, para luego imprimir la información falsa, generando un documento con todas las características de seguridad del original.

La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al proceso es por la violación a los artículos 265, 266, 147, 150, del Código Penal Dominicano; artículo 13, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; que tipifican la asociación de malhechores, falsificación de escritura autentica o pública y falsedad en escritura privada.