Diario Azua / 15 de julio 2026
CARACAS. – La magnitud de la tragedia que sacudió al norte de Venezuela el pasado 24 de junio sigue revelando su peor cara. El balance oficial de víctimas mortales se ha elevado a 4,734 personas, luego de que las autoridades confirmaran el fallecimiento de 173 ciudadanos en las últimas horas, según el reporte ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
A casi un mes del doble sismo, la emergencia humanitaria no da tregua. El informe gubernamental mantiene el registro de heridos en 16,740, mientras que la cifra de personas que perdieron la totalidad de sus hogares asciende a 17,907.
Refugios saturados y réplicas sin fin
El impacto social del desastre mantiene a miles de familias en vilo:
20,903 personas continúan viviendo en condiciones de vulnerabilidad dentro de los 107 campamentos temporales habilitados de emergencia en Caracas y estados aledaños.
El miedo sigue latente en las calles tras registrarse un acumulado de 1,275 réplicas desde el día del desastre. La última de ellas, un temblor de magnitud 3.9 localizado el pasado viernes cerca de Naiguatá (estado de La Guaira), provocó pánico generalizado y nuevas evacuaciones preventivas.
El plan habitacional: Ante el déficit de hogares, el Gobierno venezolano inició un censo biométrico para evaluar los daños. Se calcula que será necesaria la construcción de unas 25,000 nuevas viviendas para los damnificados. Las autoridades prometieron la entrega de las primeras 200 estructuras en el transcurso de esta semana.
Asistencia y una tregua política frente a la crisis
El reporte oficial indica que se ha brindado asistencia logística y alimentaria a 128,324 familias y atención médica a 33,652 pacientes en las zonas del desastre, aunque el Ejecutivo no ha ofrecido detalles específicos sobre el alcance de estas operaciones.
En medio del dolor colectivo, la catástrofe parece haber forzado un histórico punto de encuentro político. El Gobierno y un sector clave de la oposición anunciaron que, a partir del 1 de agosto, pondrán en marcha un plan de coordinación conjunta enfocado tanto en la atención de las secuelas del desastre como en el fortalecimiento institucional de la democracia venezolana.
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