Diario Azua/ 15 de julio 2026
El abogado Ariel Roberto Contreras denuncia que la institución le negó cobertura para su tratamiento de tiroides mientras se desviaban miles de millones de pesos en la entidad.
A pesar de contar con nueve sentencias a su favor, incluyendo fallos del Tribunal Constitucional, la aseguradora estatal incurrió en desacato.
SANTO DOMINGO, R.D. – Bajo la premisa de que "la corrupción mata y no es un delito sin víctimas", el abogado y paciente oncológico Ariel Roberto Contreras Medos formalizó una demanda contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y presentó una querella penal contra los exfuncionarios y relacionados implicados en el entramado de corrupción denominado "Operación Cobra".
Contreras Medos denuncia que, mientras la cúpula de la institución presuntamente desviaba miles de millones de pesos pertenecientes a los fondos de salud pública, a él se le negó de manera sistemática y cruel la cobertura de su tratamiento de yodo radiactivo, vital para combatir el cáncer de tiroides que padece. Esta negativa lo obligó a enfrentar un grave deterioro en su estado de salud, sumado a un desgastante calvario judicial.
Desacato institucional frente a nueve sentencias judiciales
El caso del jurista expone una grave falta de institucionalidad. Contreras Medos logró obtener nueve sentencias a su favor emitidas por los máximos órganos judiciales del país, entre ellos el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.
A pesar de los mandatos legales que obligaban a la ARS estatal a garantizar su derecho a la salud, SeNaSa prefirió mantener una postura de desacato. Según la denuncia, la entidad optó por destinar recursos del Estado en litigios temerarios y prolongar la batalla legal antes que cumplir con la ley y proteger la vida del afiliado.
Exigen que imputados respondan con su patrimonio
Con esta acción legal, el accionante no solo busca justicia frente al atropello administrativo, sino que exige que los responsables de la red de corrupción paguen con su patrimonio personal y con penas de cárcel por el severo daño físico, emocional y económico causado.
"El dinero destinado a la salud del pueblo dominicano no puede seguir financiando la macro-corrupción", puntualizó el demandante, haciendo un llamado a que el sistema judicial actúe con firmeza contra quienes mercantilizan con la vida de los pacientes vulnerables.
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