La medida arancelaria se utiliza como una herramienta de coerción comercial para obligar a los países a vetar la importación y manufactura de mercancías bajo esquemas de trabajo forzoso.
Diario Azua / 25 de julio 2026
La medida impulsada por la administración de Donald Trump castiga las exportaciones locales por supuestas deficiencias en la regulación contra el trabajo forzoso. El diferencial frente a competidores con tasa del 10% amenaza sectores clave como dispositivos médicos, confecciones y tabaco.
El sector exportador dominicano enfrenta uno de sus mayores desafíos comerciales en años recientes. La decisión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar un arancel adicional del 12.5% a todas las mercancías procedentes de la República Dominicana ha encendido las alarmas del Gobierno y de los principales gremios empresariales.
La resolución, ejecutada en el marco de 60 investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de EE. UU., sanciona a 54 economías que, según Washington, carecen de controles efectivos para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.
La medida golpea el centro neurálgico del comercio exterior dominicano: Estados Unidos representa el 49.6% de las exportaciones totales del país, y el 88.7% de esos envíos proviene del régimen de zonas francas.
Líneas de producción más expuestas:
Confecciones y textiles: Es el segmento más vulnerable estructuralmente. Enfronta una brecha competitiva frente a países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que pagarán una tasa base del 10%.
Dispositivos y aparatos médicos: Aunque opera bajo manufactura por contrato para multinacionales que pueden amortiguar los costos a corto plazo, corre el riesgo de fuga de inversiones a mediano plazo hacia jurisdicciones con menores aranceles.
Industria del tabaco: Tras absorber incrementos desde 2025, el nuevo gravamen erosiona los márgenes de los cigarros premium ante competidores clave como Honduras.
Otros rubros afectados: Disyuntores eléctricos, joyería, calzado, artículos plásticos, preparaciones farmacéuticas y cacao en grano.
Desventaja estructural y ausencia de exenciones
Un análisis de la firma consultora Naut & Associates, liderado por la especialista Katrina Naut, advierte sobre la gravedad de que la República Dominicana no obtuviera un anexo de exenciones sectoriales. Mientras otras 12 economías y bloques (como la Unión Europea, Reino Unido, El Salvador, Guatemala y Ecuador) negociaron exenciones específicas o compromisos bilaterales antes del cierre del proceso el 23 de julio, el país quedó desprovisto de mecanismos de flexibilización.
El diferencial de 2.5 puntos porcentuales frente a competidores directos de Centroamérica y Asia (como México, Bangladesh y Camboya) crea una clara desventaja en manufactura ligera. A esto se suma el riesgo reputacional de figurar en la lista de países sancionados por trabajo forzoso, lo que podría derivar en inspecciones más severas de la Aduana de EE. UU. (CBP) y retenes de mercancías.
"La ausencia de un mecanismo de exención sectorial bajo el DR-CAFTA configura una desventaja competitiva estructural para el país en los sectores que sostienen el empleo formal de sus zonas francas."
Análisis de Naut & Associates
Reacción empresarial: Diálogo, serenidad y estrategia unificada
La cúpula empresarial dominicana ha reaccionado con prudencia, apostando a la diplomacia comercial y la articulación público-privada para mitigar los efectos.
CONEP y AIRD: Hicieron un llamado a la cautela para evaluar a fondo las implicaciones técnicas y estructurar una estrategia nacional que proteja la competitividad y la confianza de los inversionistas.
ADOEXPO: Calificó la medida como un reto que exige coordinación permanente con las autoridades gubernamentales para buscar vías de entendimiento con Washington.
ADOZONA: Expresó honda preocupación por la incertidumbre que genera este arancel en las cadenas regionales de suministro, recordando que el sector de zonas francas dominicano ha sido históricamente un socio estratégico de los Estados Unidos.
La prioridad en la agenda nacional se centra ahora en entablar un diálogo de alto nivel con las autoridades estadounidenses para negociar compromisos bilaterales en materia laboral que permitan revisar la tasa arancelaria a la brevedad.
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