La procuradora general Yeni Berenice Reynoso. (FUENTE EXTERNA)
Diario Azua / 12 de julio 2026
SANTO DOMINGO — La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, fijó una postura contundente frente al debate legislativo nacional al manifestar su firme oposición a cualquier intento de retrasar la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, cuya fecha oficial de vigencia está pautada para el próximo 3 de agosto.
A través de sus canales oficiales, la jefa del Ministerio Público advirtió de manera categórica que frenar la implementación de la pieza legislativa representa un beneficio directo para los infractores de la ley. "Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad. Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026", aseveró la magistrada, haciendo un llamado a los diferentes sectores de la vida pública a priorizar el bienestar institucional del país.
Reynoso expuso la severa encrucijada que enfrentan a diario los fiscales, jueces y defensores al verse obligados a combatir fenómenos delictivos complejos y transnacionales mediante una normativa del siglo XIX. Explicó que el código actual fue diseñado en sus orígenes para regular las interacciones de una sociedad predominantemente rural, resultando completamente ineficaz ante las dinámicas actuales del crimen organizado y los delitos informáticos derivados de la era digital.
https://x.com/YeniBerenice/status/2076377716157243893?s=20
Presión social y revisión express en el Congreso
Los pronunciamientos de la procuradora surgen en un contexto de intensa discusión legislativa. Diversos sectores médicos, jurídicos y de la sociedad civil organizada han arreciado sus críticas contra la pieza por entender que vulnera derechos, tipifica de forma ambigua la negligencia médica y la difamación, e impone restricciones que atentan contra la libertad de prensa, por lo que manifestantes llegaron a catalogarla como una "ley mordaza" en recientes protestas en la Plaza de la Bandera.
Ante este panorama, el Congreso Nacional instaló una comisión especial bicameral presidida por el diputado Wandy Batista para evaluar la modificación de al menos 18 artículos cuestionados. El Poder Legislativo persigue el consenso y la corrección de estos apartados antes de que culmine el mes de julio, evitando alterar el calendario que mantiene bajo cuenta regresiva la renovación del sistema de justicia penal dominicano.
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