En el centro, el presidente Abinader junto a demás funcionarios y empresarios durante el primer picazo para la construcción terminal de cruceros en Samaná, el único proyecto de alianza público-privada que se ha logrado ejecutar. (FUENTE EXTERNA)
Santo Domingo – Lo que inició en 2020 como la gran promesa para transformar la infraestructura dominicana se encuentra hoy en una encrucijada. A seis años de la promulgación de la Ley 47-20, el balance de las Alianzas Público-Privadas (APP) revela un panorama de claroscuros: aunque el marco legal fue "cocinado" en la gestión de Danilo Medina y "degustado" por la administración de Luis Abinader, solo uno de los 26 proyectos depositados ha logrado concretar un contrato definitivo.
El proyecto del Puerto Duarte en Arroyo Barril, con una inversión de 90 millones de dólares, se mantiene como el único éxito tangible de una lista que incluye ambiciosas obras como la Autopista del Ámbar y la Inspección Técnica Vehicular, ambas actualmente "patinando" en la burocracia estatal.
El ascenso imparable de los Fideicomisos
Ante la lentitud de las APP, el Gobierno ha encontrado en los fideicomisos públicos un vehículo más ágil para ejecutar proyectos de alto impacto. Figuras como RD Vial, que solo en 2025 recaudó más de 12,300 millones de pesos, y el Fideicomiso Punta Catalina, que transfirió al Estado 258.4 millones de dólares el año pasado, demuestran la eficiencia de este modelo.
Desde la creación de la Fiduciaria Reservas en 2013, se gestionan más de 1,200 fideicomisos, abarcando desde el desarrollo turístico de Pedernales hasta el transporte masivo (Fitram) para el monorriel de Santo Domingo.
¿Por qué no arrancan las APP?
Expertos y empresarios coinciden en que la Ley 47-20 es un marco "complejo y poco adaptable". El empresario Manuel Estrella llegó a calificar las APP como un "fracaso" debido a las dilaciones, mientras que consultores como Carlos Bonelly Ginebra advierten que el país arrastra una "mala memoria" de concesiones pasadas (como la carretera de Samaná) que obliga a un rigor extremo.
El reto de la transparencia
La principal advertencia de los especialistas es clara: aunque los fideicomisos sean más rápidos, no deben eximirse de los estándares de evaluación y control que rigen a las APP. Cuando hay dinero público o servicios esenciales de por medio, el riesgo fiscal oculto siempre es una amenaza si no se firman expedientes sólidos.
Con el Gobierno redefiniendo el marco legal para abril, la pregunta sigue en el aire: ¿Logrará República Dominicana destrabar las grandes infraestructuras o seguirá dependiendo exclusivamente del modelo de fideicomisos?
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