Diario Azua / 19 de marzo 2026
Santo Domingo – El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) puso fin a las especulaciones que circulaban sobre un posible retorno de la República Dominicana a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En una aclaración oficial, la Cancillería dominicana aseguró que no existen gestiones para adherirse a dicho organismo y que cualquier decisión de esa magnitud no es competencia exclusiva de su ministerio.
La respuesta surge tras las recientes denuncias del Instituto Duartiano y diversos sectores sociales, que alertaban sobre un supuesto intento de someter nuevamente al país al tribunal internacional, cuyas decisiones han chocado en el pasado con la Constitución dominicana.
Sin novedades desde Costa Rica
Para mayor claridad, consultas realizadas directamente a la sede de la Corte IDH en Costa Rica confirmaron la versión dominicana: "Hasta el momento no hay novedades ni información oficial" sobre un reingreso de Quisqueya al sistema interamericano.
Defensa de la soberanía y la Sentencia 168-13
El Mirex explicó que los intercambios recientes con órganos de la OEA han tenido un único objetivo: defender la posición del Estado dominicano. La Cancillería ha sido enfática en proteger las decisiones del Tribunal Constitucional, específicamente la sentencia TC/168/13 sobre nacionalidad y migración.
Según el informe del Mirex, las gestiones realizadas buscan:
Esclarecer interpretaciones erróneas sobre el marco legal dominicano.
Declarar la convencionalidad del régimen de nacionalidad establecido en la Constitución de 2010.
Propiciar el reconocimiento de que antiguas obligaciones internacionales han quedado extinguidas bajo la normativa vigente.
Un proceso complejo que involucra otros poderes
La Cancillería recordó que un movimiento de esta naturaleza requeriría un consenso entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Tribunal Constitucional (TC). Los rumores se intensificaron tras especulaciones en redes sociales sobre un encuentro entre el canciller Roberto Álvarez y el presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, versión que ha sido aclarada en el marco de la defensa técnica de las leyes nacionales.
Con esta declaración, el Gobierno busca calmar las aguas en un debate que toca directamente la fibra del nacionalismo y la seguridad jurídica del país frente a organismos extranjeros.
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