El Parque Nacional Jaragua, ubicado en la región sur de República Dominicana. (Fuente Externa)
Diario Azua / 5 de febrero 2026
SANTO DOMINGO – Una reciente y controversial sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha encendido las alarmas en el sector ambiental dominicano. El fallo ordena al Estado la reducción de los límites del Parque Nacional Jaragua para favorecer a los herederos de Elías Gadala-María, cuyas tierras fueron expropiadas tras la caída de la dictadura de Trujillo al ser identificado como testaferro del régimen.
El conflicto: ¿Conservación o explotación turística?
La disputa legal se basa en la Ley 266-04, promulgada por el expresidente Hipólito Mejía apenas días antes de concluir su mandato en 2004. Esta ley creó un "Polo Turístico" que solapa sus límites con el Parque Jaragua y la emblemática Bahía de las Águilas.
Bajo esta premisa, la empresa Inversiones del Sur reclamó la propiedad de más de 12.5 millones de metros cuadrados dentro del parque, con el objetivo de incorporarlos al mercado inmobiliario y comercial.
Un precedente peligroso para el SINAP
El Ministerio de Medio Ambiente ha rechazado categóricamente la decisión, advirtiendo que este fallo pone en riesgo la integridad de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Según los abogados del Estado, cualquier modificación a la extensión de un parque nacional requiere de una ley orgánica, aprobada por las dos terceras partes del Congreso, un requisito que no cumple la normativa utilizada por el TSA.
"Esta sentencia temeraria debilita la integridad del Sinap y expone ecosistemas estratégicos a presiones económicas e intereses particulares", advirtió el exministro Francisco Domínguez Brito.
Sombras del pasado trujillista
El trasfondo histórico añade una capa de complejidad al caso. El actual gerente de Inversiones del Sur, Ricardo Alfredo Gadala-María Nasser, busca recuperar tierras que el Estado confiscó originalmente por sus vínculos con la dictadura. Grupos ambientalistas, encabezados por Luis Carvajal, denuncian que este es un intento sistemático por "materializar el despojo de tierras públicas" bajo el velo de la legalidad.
¿Qué está en juego?
Si la sentencia se mantiene, se abriría la puerta a:
Explotación comercial de la franja marítima del Parque Jaragua, Judicialización masiva de otras áreas protegidas , por parte de particulares, Pérdida de biodiversidad en una de las zonas de conservación más estrictas del Caribe y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas ha calificado la interpretación del tribunal como "temeraria", alertando que omisiones administrativas no pueden prevalecer sobre la protección ambiental establecida por ley.
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