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Diario Azua / 21 de febrero 2026
LA HABANA / CARACAS – La histórica alianza estratégica entre Cuba y Venezuela atraviesa su momento más crítico tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Una investigación reciente revela que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comenzado a desmantelar la presencia de asesores de seguridad y agentes de inteligencia cubanos en el Palacio de Miraflores y en la unidad de contrainteligencia (#DGCIM), cediendo ante la creciente presión de la administración de Donald Trump.
Un cambio de guardia histórico
Fuentes cercanas al asunto confirman un giro radical en la seguridad de la presidencia venezolana. Por primera vez en décadas, la protección de la mandataria ha pasado de las fuerzas de élite cubanas a manos de guardaespaldas venezolanos. Este movimiento se produce tras el operativo militar estadounidense en Caracas para capturar a Maduro, que resultó en la muerte de 32 funcionarios cubanos integrados en las fuerzas armadas venezolanas.
Colapso energético y crisis sanitaria en la Isla
La ruptura no solo es política, sino que amenaza con una catástrofe humanitaria en #Cuba. El bloqueo petrolero impuesto por Washington ha cerrado el "grifo" de crudo que Caracas suministraba a la isla, dejando a Cuba en una oscuridad casi total desde mediados de diciembre.
El Ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, ha advertido que el sistema sanitario está "al borde del colapso". Las cifras son alarmantes:
5 millones de enfermos crónicos en riesgo por falta de fármacos.
16,000 pacientes de cáncer con tratamientos de radioterapia interrumpidos.
32,000 mujeres embarazadas enfrentando riesgos críticos por la falta de suministro eléctrico en centros maternos.
Escasez extrema de alimentos básicos como pan y leche para pacientes hospitalizados.
Tensiones internas y represión carcelaria
Mientras los médicos y asesores regresan masivamente a la isla, la tensión social interna ha comenzado a estallar. El Ministerio del Interior cubano confirmó recientemente el uso de la fuerza para "restablecer el orden" tras un motín en la prisión de alta seguridad de Canaleta. Testigos y ONG denuncian el uso de balas de goma, gas pimienta y violencia física contra los reclusos, quienes protestan por las precarias condiciones de vida y la falta de atención médica.
La administración de Delcy Rodríguez parece priorizar la supervivencia política frente a las sanciones estadounidenses, mientras que La Habana se enfrenta a un "asedio energético" que pone en duda la viabilidad de su modelo de resistencia.
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