Fotografía de archivo del 26 de septiembre de 2025 que muestra una vista panorámica de una sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su sede principal en Nueva York (EE.UU.). Cuba llevará este lunes al Consejo de Derechos humanos de la ONU su esfuerzo diplomático para recabar apoyo internacional frente al asedio petrolero de EE.UU. (EFE)
Diario Azua / 22 de febrero 2026
La Habana – El Gobierno de Cuba se prepara para un lunes decisivo en el Consejo de Derechos Humanos de la #ONU. Tras una intensa gira de emergencia por las principales capitales del mundo, el canciller Bruno Rodríguez llega a Ginebra con una misión crítica: denunciar lo que la isla califica como un "asedio petrolero" por parte de #Washington, que ha empujado al país al borde del colapso energético.
Una gira de "vida o muerte"
La ofensiva diplomática no es casual. La decisión de Estados Unidos de bloquear el flujo de crudo desde Venezuela principal proveedor de la isla y la amenaza de aranceles a terceros países que suministren combustible, han forzado a Cuba a activar un plan de contingencia extremo para sobrevivir "sin petróleo del exterior".
En calidad de enviado especial del Partido Comunista de Cuba (#PCC), Rodríguez ha recorrido una ruta estratégica en las últimas semanas:
Aliados históricos: Inició en Vietnam, reforzando lazos con la cúpula del Partido Comunista asiático.
Potencias globales: Mantuvo reuniones de alto nivel con Vladímir Putin en Rusia y con autoridades en China.
Puente europeo: Visitó Madrid y París, logrando compromisos preliminares de ayuda humanitaria por parte del gobierno español de José Manuel Albares.
El abismo de la emergencia total
A pesar del despliegue diplomático, los resultados tangibles siguen siendo inciertos. Mientras el Gobierno cubano intenta recabar apoyo internacional para frenar las sanciones, la población enfrenta una realidad de apagones y escasez que la administración actual describe como una "situación de emergencia total".
La comparecencia de mañana ante la #ONU busca internacionalizar el conflicto y presionar por un alivio a las restricciones que, según La Habana, violan los derechos fundamentales de su población al paralizar la economía y los servicios básicos.
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