Por Margarita Feliciano
Diario Azua / 25 enero 2026.-
La salud mental se ha convertido en uno de los desafíos sociales más urgentes de la República Dominicana, aunque continúa relegada en la agenda pública. El aumento sostenido de la ansiedad, la depresión, los trastornos emocionales, la violencia intrafamiliar y de género, así como las crisis conductuales, evidencia una realidad que el Estado no puede seguir ignorando.
En este contexto, resultan especialmente pertinentes las declaraciones del senador Omar Fernández, quien ha señalado que en el país existen recursos económicos, pero falta voluntad política para garantizar apoyo real y sostenido a las familias con condiciones vinculadas a la salud mental y al neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista (TEA). Sus palabras colocan sobre la mesa una verdad ineludible: la salud mental no puede seguir siendo tratada como un tema secundario ni marginal.
La salud mental no se limita a los casos extremos. Incluye condiciones ampliamente documentadas por la ciencia, como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y los trastornos del desarrollo neurológico, cuyo impacto social es profundo. En el caso del espectro autista, la falta de diagnóstico temprano, atención especializada y acompañamiento integral mantiene a miles de familias en una situación de abandono institucional, obligándolas a enfrentar altos costos o a prescindir de terapias esenciales.
Frente a esta realidad, el Estado dominicano debe asumir un rol activo mediante políticas públicas integrales, que garanticen tanto la atención como la formación de profesionales especializados. Es necesario establecer incentivos reales para cursar carreras y especialidades como psicología clínica, psiquiatría, neurología, neuropsicología y atención al espectro autista, mediante la subvención estatal de al menos el 50 % del costo académico, acompañada de un compromiso de servicio social obligatorio por un período mínimo de un año en instituciones públicas. De esta manera, se fortalece el sistema sin desvalorizar la formación profesional y se asegura atención accesible para quienes más lo necesitan.
Asimismo, se impone la creación de una institución nacional exclusiva para la salud mental, que concentre la atención especializada. Este centro debería contar con psicólogos, psiquiatras, neurólogos y especialistas del espectro autista, ofreciendo asistencia gratuita a personas de escasos recursos y servicios pagos a quienes puedan costearlos, permitiendo así su sostenibilidad financiera.
Dicha institución debe incluir también un ala especializada para la atención e internamiento de personas con trastornos mentales severos que hoy deambulan por las calles sin protección ni tratamiento. Este ingreso no debe concebirse como castigo, sino como una medida de cuidado, dignidad y seguridad, tanto para ellos como para la sociedad, reconociendo que aun en condiciones de enajenación mental siguen siendo seres humanos y ciudadanos con derechos fundamentales, especialmente el derecho a la salud.
Invertir en salud mental no solo reduce la violencia y la exclusión social; fortalece las familias, mejora la convivencia ciudadana y construye una sociedad más segura y humana. Las advertencias están hechas, las propuestas existen y el debate ha sido abierto. Ahora corresponde al Estado transformar el discurso en acciones concretas. La salud mental no puede seguir esperando.
La autora es miembro de la Dirección Central y vicesecretaria general de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo
%20(1)%20(2)%20(2)%20(1)%20(1).jpg)
No hay comentarios
Publicar un comentario