Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader encabezó ayer el acto de firma del Reglamento de Aplicación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, marcando el inicio de una etapa de mayor rigor y transparencia en el gasto del Estado. Tras cumplirse el plazo de 180 días desde su promulgación en julio de 2025, la normativa entra oficialmente en vigencia.
Puntos clave de la reforma
El mandatario fue enfático al señalar que el cumplimiento de este reglamento es obligatorio y sin excepciones para todos los ministerios, direcciones y órganos públicos.
Eficiencia sobre burocracia: Abinader aclaró que la reforma no busca paralizar al Estado, sino hacerlo más previsible y confiable.
Trazabilidad total: El nuevo modelo asegura que cada decisión deje un rastro verificable, estableciendo responsabilidades claras para los funcionarios.
Apoyo técnico: El Gobierno acompañará a las instituciones mediante capacitaciones para servidores públicos y proveedores durante esta transición.
Novedades de la Ley 47-25
La nueva legislación introduce cambios significativos que impactan tanto la economía como la ética gubernamental:
Impulso a Mipymes: Se incrementa del 20% al 30% la reserva del presupuesto de compras para las Mipymes y Mipymes dirigidas por mujeres.
Cero tolerancia a la corrupción: Se endurece el régimen de consecuencias, incluyendo penas de prisión para funcionarios que negocien con el Estado.
Digitalización obligatoria: El uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) es ahora indispensable.
Sostenibilidad: Se integran criterios medioambientales en los procesos de compra.
"Contratar es gobernar; decidir con quién y cómo se contrata genera un impacto directo en la confianza ciudadana", afirmó Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.
Implementación gradual
Carlos Pimentel explicó que, aunque la ley ya es vigente, su ejecución será gradual y ordenada siguiendo un cronograma técnico. Para formalizar los próximos pasos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitirá este jueves una resolución orientativa para todas las instituciones del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
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