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diarioazua
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Cabe resaltar que lamentablemente esa naciente población ha tenido que chuparse cortes del servicio de agua, obligando con esto a muchos residentes quizás viviendo precariedades económicas producto de la pandemia y todas sus secuelas.
Entre República Dominicana y Haití no hay un gran trecho con respecto a la parte administrativa del Estado, allí el desorden es generalizado pero aquí es solo de arriba hacia abajo.
Ahí en Ciudad Juan Bosch de Santo Domingo, el día de pago es el vente de cada mes, pero si usted el 21 o unos días después a pagar su tarifa, con el servicio cortado, la CAASD le cobra sin ninguna explicación, por esas horas o días después de la fecha de corte, de manera inhumana, le chapea el bolsillo al usuario con 661 pesos, a pesar de que las tarifas no llegan en la gran mayoría de los casos a los 300. El usuario está obligado a pagar la tarifa correspondiente, más 661 pesos o sea alrededor de mil pesos; ah pero el mal no se para ahí, sino que después que el usuario paga, solo le dicen que debe esperar 72 para reconectarle. Y esto es el agua para vivir, no pero alguien debe tomar el control sobre esta situación de parte del gobierno.
Suponemos que en un país con orden las instituciones del Estado no deben estar poniendo penalidades que desde lejos se les nota la desproporción y el sin sentido, pero como existe una corriente dentro de varios funcionarios de instituciones que deben brindar servicio en Ciudad Juan Bosch de que hay que limitar las cosas que hacen posible que ese sea un lugar digno para vivir y para muestra basta un botón con la acción de CAASD de abrir una válvula de salida del acueducto en contra del proyecto que aun está creciendo.
En República Dominicana al que le dan un decreto para dirigir una institución considera que fue una llave de una caja fuerte llena de papeletas, para contarlas.
La pregunta es de qué nos sirve una Cámara de Diputados, un Senado, Proconsumidor, Defensor del Pueblo si ante estas quejas y lamentos del pueblo a sus miembros nada les importa.
Ojalá se digne un legislador a proponer interpelar a quien dirige la CAASD para que explique claro, conciso y preciso el por qué de esa desproporción y su arbitrariedad cuando lo que administra es una institución que tiene que ver con el suministro del agua y que el Estado está llamado a brindar a su población, que es un servicio más que fundamental, de vida de salud. Pero lamentable eso no va a ocurrir.
No es posible y no tiene explicación alguna que por unos día de retraso del pago 249 pesos usted sea obligado a pagar 661 de penalidad, lo demasiado grande hasta Dios lo ve.
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