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Por Dr. Amín Cruz
Diario Azua / 25 junio 2021.-
“La libertad de expresión es la matriz, la condición indispensable de casi cualquier otra forma de libertad. “Benjamín Cardozo.
En 2020, la COVID-19 convulsionó el mundo, la pandemia y las medidas adoptadas para combatirla tuvieron consecuencias para la población en todos rincones del planeta, pero además evidenciaron agravándolas a veces las desigualdades y las constantes de abuso existentes.
El Informe 2020/21 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en 149 países durante 2020 y ofrece una perspectiva global, refleja los motivos de preocupación de Amnistía internacional y presenta sus llamamientos a la acción dirigidos a gobiernos y otros actores.
Por debajo de ese heroísmo, la pandemia puso al descubierto las devastadoras consecuencias del abuso estructural e histórico de poder. La pandemia de COVID-19 tal vez no defina quiénes somos, pero sin duda ha puesto en evidencia lo que no deberíamos ser. La gente lo vio claro y volvió a alzar la voz: para protestar contra la desigualdad; para protestar contra la violencia policial utilizada de manera desproporcionada contra las personas negras, las minorías y la gente pobre o sin hogar, y para protestar contra la exclusión, el patriarcado, la retórica de odio y la conducta cruel del liderazgo supremacista.
El año 2020 volvió a darnos lecciones que seguimos ignorando, poniendo así en peligro a las generaciones venideras: la interdependencia de la familia humana, la universalidad de lo que “nosotros, los pueblos” necesitamos de la gobernanza en tiempos de crisis, y la indivisibilidad de nuestro propio futuro y el que estamos creando para nuestro planeta. En otras palabras, ha vuelto a mostrarnos la esencia de los derechos humanos.
Continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año. En mayo se tuvieron noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, estaba involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno.
La campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos.
En agosto, un juez federal impuso una pena de 50 años de cárcel para un autor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach, muerta a manos de varios hombres armados en su domicilio de Chihuahua en 2017. En septiembre, una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales acusó al presidente de actuaciones que afectaban a la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a la prensa al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa.
El organismo también destacó el nivel de violencia que existe en el país en contra de las mujeres y niñas, los migrantes, los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, así como la falta de garantías de seguridad para los trabajadores de la salud.
Por lo que se refiere al tema de las desapariciones cometidas tanto por agentes estatales como por particulares, el informe señaló que dichos abusos seguían siendo motivo de preocupación, mientras los sospechosos de responsabilidad penal gozaban de una impunidad casi absoluta
El estudio indicó que en México continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo demuestra el hecho de que en 2020 fueron asesinados 24 activistas civiles y al menos 19 comunicadores.
Se destacó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantuvo medidas de resguardo para mil 313 personas (887 defensores y 426 periodistas), pero el fideicomiso que lo sustentaba se extinguió y sus fondos pasaron al presupuesto público general.
A propósito de la libertad de reunión, el informe recordó que el año pasado “las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género. En varios casos, la policía respondió empleando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos.
Periodistas y defensores de derechos humanos especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y grupos delictivos.
Existe evidencia de que se está empleando vigilancia digital en espacios públicos, sin ningún tipo de marco jurídico ni supervisión para ello, de maneras que podrían tener un efecto amedrentador sobre la libertad de reunión y el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.
Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión.
Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar agresiones contra periodistas ha iniciado más de mil investigaciones, presentado cargos en 217 casos de delitos y obtenido 14 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.
México también es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 20 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca son investigados ni juzgados.
En 2012, el gobierno estableció el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico y ayuda a periodistas a reubicarse temporalmente cuando surgen amenazas graves.
Un estudio de 2019 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó los problemas que enfrentaba el Mecanismo para coordinar las medidas de protección, proporcionar recursos y establecer procedimientos claros. Seis periodistas han sido asesinados bajo la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia.
En octubre de 2020, el gobierno eliminó el fideicomiso público que proveía los fondos para costear las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo.
Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura. México también es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos.
Nos encontramos en una encrucijada. Debemos romper las ataduras que degradan la dignidad humana. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con valentía y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad
Nos falta aún la humanización del mundo.
“Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia.” Simone de Beauvoir
Dr. Amín Cruz, PhD, diplomático, historiador, educador, periodista, escritor, CEO presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de prensa, Padre de la Prensa Hispanoamericana y Latinoamericana, residente en New York
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